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Sentencia AP-577-21 — Registro 15725

Resumen

Se interpuso recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el delito de apropiación indebida. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión del expediente se desprende que el objeto de este recurso de amparo, tiene relación con el hecho que en el presente caso se ha acusado al imputado del delito de apropiación indebida de un bien mueble consistente en una maquinaria de fabricación de tubo PVC; según la acusación el imputado DEOK KWAN KOH se ha apropiado indebidamente de esa maquinaria, sin embargo de la revisión del expediente y los alegatos realizados por el propio imputado se desprende que él se declara dueño de dicho bien por haberlo obtenido por sucesión de su señora madre la difunta SOON JA KIM, tal y como consta en la escritura pública 244 que contiene el testamento abierto de fecha uno (01) de noviembre de dos mil trece (2013) en cuya clausula cuarta declara como legatario al imputado DEOK KWAN KOH, del bien que se le acusa de haberse apropiado indebidamente, también es meritorio destacar que del expediente se desprende un segundo testamento otorgado por el señor IL HWAN KOH que hace dueño de la maquinaria en disputa a su hijo CHANG HWAN KOH, quien bajo ese supuesto se la vendió a la señora KAREN WALESKA VALLADARES, que es la persona que ha motivado la presente acusación penal, es decir en el presente caso hay dos títulos que aparentemente justifican la legítima propiedad del bien mueble objeto del debate en esta acusación y por lo tanto esta Sala es de la opinión, que la validez de uno u otro título no puede ser dirimida por el Tribunal Penal, sino por la Jurisdicción Civil, quien se encargara de determinar de manera correcta por ser su competencia objetiva, cuál de las dos personas es legalmente el dueño por sucesión del bien objeto de disputa. En el presente caso de autos, se reitera que es la Jurisdicción Civil la que se debe de encargar de dirimir este asunto, ya que la jurisdicción penal seria competente para conocer del mismo, en el caso que solamente hubiera un título que acredite como dueño a uno u otro de los litigantes en este juicio, pero al haber dos títulos esta Sala es de la opinión que la Jurisdicción Civil debe determinar en aplicación del Derecho Privado, cuál de los dos títulos es legalmente valido, para solamente así acreditar al legitimo dueño del bien mueble consistente en la maquinaria de fabricación de tubo PVC, objeto de controversia en el presente proceso, por lo tanto se debe desestimar esta acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Allan Wady Castro Parada, a favor de la señora Karen Waleska Valladares Díaz, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Deok Hwan Koh por suponerlo responsable del delito de Apropiación Indebida en perjuicio de la señora Karen Waleska Valladares Díaz. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha ocho de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente Fiscal, la Abogada Claudia Rodríguez, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Deok Hwan Koh por suponerlo responsable del delito de Apropiación Indebida en perjuicio de la señora Karen Waleska Valladares Díaz. (Folios 2-3 del tomo I de los antecedentes) 2) En fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, resolvió: “SOBRESEER DEFINITIVAMENTE la causa instruida contra DEOK HWAN KOH, de generales conocidas en la presente causa, por suponerlo responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de la señora KAREN WALESKA VALLADARES, se suspenden las medidas cautelares que fueron impuestas en audiencia de imputado y se ordena extender carta de libertad definitiva a favor de dicho imputado, lo anterior sin perjuicio del recurso que puedan hacer las partes.” (Folios 756-760 v de la pieza del A-quo) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Allan Wady Castro Parada, en su condición antes citada, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, resolvió: “…1) Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Acusador Privado; 2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 798-795 v del expediente del Ad-quem) 4) Que el recurrente, Allan Wady Castro Parada, compareció ante este Tribunal, en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor de la señora Karen Waleska Valladares Díaz, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha siete de febrero de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Allan Wady Castro Parada, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado Allan Wady Castro Parada, a favor de la señora Karen Waleska Valladares Díaz, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor Deok Hwan Koh por suponerlo responsable del delito de Apropiación Indebida en perjuicio de la señora Karen Waleska Valladares Díaz. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, ha mostrado un criterio no apegado a derecho, al confirmar la Sentencia emitida por el A-Quo que determino que es una acción de índole civil, sin observar que se cumplen los requisitos o presupuestos legales del tipo penal de apropiación indebida, al encontrarse en el expediente que la propietaria de la Maquinaria es la señora Karen Waleska Valladares Díaz, que en el transcurso del tiempo el señor DEOK KWAN KOH ingresa a la fuerza a la empresa y se apodera y no deja ingresar a nadie, refiere que la comisión de este delito de apropiación indebida se acredita con el título de propiedad y no con evasivas o con una herencia, para acreditar dicha propiedad acompaño toda la documentación requerida para ese efecto y que la señalada venta fue mucho tiempo antes de la herencia testamentaria que alega el imputado, demostrando con la factura que el propietario o dueño de la empresa Kohplastic DE R.L. de C.V. es su representada y no la señora SOON JA KIM, ella es la dueña de las demás maquinas, es decir las otras tres.- Que con dicha resolución la Corte de Apelaciones se parcializo, al poner en precario el bien jurídico lesionado como es la propiedad de su defendida, la señora Karen Waleska Valladares Díaz, ya que no se encuentra inscrito en el registro de la propiedad la tradición de dominio para que surta efectos a terceros, señalando que no existió problemas cuando la relación contractual era con KOHPLASTIC DE R.L. DE C.V., ya que con el ingreso y apoderamiento de la empresa KOHPLASTIC DE R.L. DE C.V., fue a la fuerza según declaraciones ofertadas por los testigos es decir la señora Karen Waleska Valladares Díaz, en su condición de víctima y el señor CHANG KWAN KOH, en su condición de Gerente General de la Empresa KOHPLASTIC DE R.L. DE C.V., en su resolución proferida por la Juzgadora al entrar y pensar mecanismos o criterios sobre la situación civil que debe de dilucidarse entre hermanos y no con su representada Karen Waleska Valladares Díaz. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión del expediente se desprende que el objeto de este recurso de amparo, tiene relación con el hecho que en el presente caso se ha acusado al imputado del delito de apropiación indebida de un bien mueble consistente en una maquinaria de fabricación de tubo PVC; según la acusación el imputado DEOK KWAN KOH se ha apropiado indebidamente de esa maquinaria, sin embargo de la revisión del expediente y los alegatos realizados por el propio imputado se desprende que él se declara dueño de dicho bien por haberlo obtenido por sucesión de su señora madre la difunta SOON JA KIM, tal y como consta en la escritura pública 244 que contiene el testamento abierto de fecha uno (01) de noviembre de dos mil trece (2013) en cuya clausula cuarta declara como legatario al imputado DEOK KWAN KOH, del bien que se le acusa de haberse apropiado indebidamente, también es meritorio destacar que del expediente se desprende un segundo testamento otorgado por el señor IL HWAN KOH que hace dueño de la maquinaria en disputa a su hijo CHANG HWAN KOH, quien bajo ese supuesto se la vendió a la señora KAREN WALESKA VALLADARES, que es la persona que ha motivado la presente acusación penal, es decir en el presente caso hay dos títulos que aparentemente justifican la legítima propiedad del bien mueble objeto del debate en esta acusación y por lo tanto esta Sala es de la opinión, que la validez de uno u otro título no puede ser dirimida por el Tribunal Penal, sino por la Jurisdicción Civil, quien se encargara de determinar de manera correcta por ser su competencia objetiva, cuál de las dos personas es legalmente el dueño por sucesión del bien objeto de disputa. En el presente caso de autos, se reitera que es la Jurisdicción Civil la que se debe de encargar de dirimir este asunto, ya que la jurisdicción penal seria competente para conocer del mismo, en el caso que solamente hubiera un titulo que acredite como dueño a uno u otro de los litigantes en este juicio, pero al haber dos títulos esta Sala es de la opinión que la Jurisdicción Civil debe determinar en aplicación del Derecho Privado, cuál de los dos títulos es legalmente valido, para solamente así acreditar al legitimo dueño del bien mueble consistente en la maquinaria de fabricación de tubo PVC, objeto de controversia en el presente proceso, por lo tanto se debe desestimar esta acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 141 del Código Procesal Penal; 1 y 37 de la Ley del Ministerio Publico; 1 y 12 letra c) del Reglamento Interno de la Sala de lo Constitucional; 1 y 242.8 del Código Penal (Decreto 144-83); FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-577-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL