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Sentencia AP-568-21 — Registro 15133

Resumen

Sentencia otorgó recurso de apelación; revocó resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó sobreseimiento definitivo a favor de recurrente; Además se ordenó auto de formal procesamiento contra éste a quien se le supone responsable del delito de actos de lujuria agravados en perjuicio de menor de edad A L G A; La Autoridad recurrida consideró que la evidencia probatoria e indicio racional de participación de recurrente se conforma con la prueba documental que recoge lo afirmado en sede administrativa, compatible con la prueba pericial aportada para la acciones tipificadas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"En relación al caso que nos ocupa debe prevalecer lo dispuesto en el artículo 88 Constitucional “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”, disposición que es clara, precisa, sin ambigüedades por lo que ninguna autoridad puede cambiar una disposición constitucional a su libre albedrío sin incurrir en responsabilidad. Si bien es cierto el artículo 294 del Código Procesal Penal, en su último párrafo establece, que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria, esta mínima actividad no puede ser basada en prueba administrativa, provocando con ello, arbitrariedad en las decisiones judiciales, las que deben resguardar los principios fundamentales que integran el proceso penal, como ser oralidad, contradicción, e inmediación, mismos que no podrían observarse tratándose de pruebas que no han sido practicadas en sede judicial, tal como ocurre en el caso de mérito en donde el Tribunal recurrido ha incurrido en un grave quebranto procesal, al valorar prueba testifical rendida en sede administrativa, que aunque la Corte argumenta que se valoran como prueba documental, la misma sigue siendo declaraciones rendidas en sede administrativa, tales implicaciones constituyen un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa, pues es imposible controvertir una prueba que no ha sido evacuada con la presencia de un defensor y con control jurisdiccional, lo cual coloca al acusado en un estado de vulnerabilidad de su derecho de defensa, violentando con ello el principio del debido proceso..."..."como bien lo señala el amparista, la Corte Suprema de Justicia a través de esta Sala Constitucional ha sentado jurisprudencia en diferentes sentencias[8] sobre el asunto que se discute, así en la sentencia dictada en el Amparo Penal número 749-2014 en el CONSIDERANDO (12) argumenta: (SIC) “Que el Estado de Honduras acorde con los fundamentos de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, conforme los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho y la administración de justicia, desconociendo la supremacía constitucional. En el caso sub judice el Ad quem inobserva la disposición contenida en el artículo 88.3...destruyendo el procedimiento, al excluir la persona del Juez competente como aquel ante quien debe rendirse una declaración para que tenga validez en el proceso, y yendo más allá, sustituyendo la figura del Juez competente por la de, una persona que toma declaración administrativa, ya sea un representante del Ministerio Público, un investigador u cualquier otra, lo cual es inaceptable en el Estado de Derecho, respetuoso de la ley, de los derechos de las partes en el proceso y los principios en los que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. De acuerdo a este orden de ideas, Incluir en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, es un motivo para quebrantar el debido proceso, y una tutela judicial efectiva que debe garantizarse a las partes en conflicto.”..."..."al haberse determinado la vulneración del Debido Proceso, se vulnera en consecuencia el derecho de defensa expuesto por el recurrente en la exposición de su acción constitucional de amparo, siendo procedente otorgar la Acción de Amparo que ahora se conoce, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nueva resolución excluyendo del acervo probatorio valorado, las declaraciones que han sido rendidas en sede administrativa, por ser violatorias de garantías constitucionales, declaraciones que atentan contra la buena administración de justicia, desconociendo con ello la supremacía constitucional, lo que conlleva a degradar la consolidación de un verdadero Estado de Derecho; y si con las pruebas legalmente incorporadas al proceso el Ad-Quem no puede sustentar un Auto de Formal Procesamiento, deberá analizar si con las mismas, procede el dictado de un Sobreseimiento provisional o definitivo, en fundamento a lo establecido en los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal; en definitiva resolver haciendo observancia de las normas citadas previamente..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso sub examine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En relación al caso que nos ocupa debe prevalecer lo dispuesto en el artículo 88 Constitucional “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”, disposición que es clara, precisa, sin ambigüedades por lo que ninguna autoridad puede cambiar una disposición constitucional a su libre albedrío sin incurrir en responsabilidad. Si bien es cierto el artículo 294 del Código Procesal Penal, en su último párrafo establece, que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria, esta mínima actividad no puede ser basada en prueba administrativa, provocando con ello, arbitrariedad en las decisiones judiciales, las que deben resguardar los principios fundamentales que integran el proceso penal, como ser oralidad, contradicción, e inmediación, mismos que no podrían observarse tratándose de pruebas que no han sido practicadas en sede judicial, tal como ocurre en el caso de mérito en donde el Tribunal recurrido ha incurrido en un grave quebranto procesal, al valorar prueba testifical rendida en sede administrativa, que aunque la Corte argumenta que se valoran como prueba documental, la misma sigue siendo declaraciones rendidas en sede administrativa, tales implicaciones constituyen un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa, pues es imposible controvertir una prueba que no ha sido evacuada con la presencia de un defensor y con control jurisdiccional, lo cual coloca al acusado en un estado de vulnerabilidad de su derecho de defensa, violentando con ello el principio del debido proceso..."..."como bien lo señala el amparista, la Corte Suprema de Justicia a través de esta Sala Constitucional ha sentado jurisprudencia en diferentes sentencias[8] sobre el asunto que se discute, así en la sentencia dictada en el Amparo Penal número 749-2014 en el CONSIDERANDO (12) argumenta: (SIC) “Que el Estado de Honduras acorde con los fundamentos de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, conforme los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho y la administración de justicia, desconociendo la supremacía constitucional. En el caso sub judice el Ad quem inobserva la disposición contenida en el artículo 88.3...destruyendo el procedimiento, al excluir la persona del Juez competente como aquel ante quien debe rendirse una declaración para que tenga validez en el proceso, y yendo más allá, sustituyendo la figura del Juez competente por la de, una persona que toma declaración administrativa, ya sea un representante del Ministerio Público, un investigador u cualquier otra, lo cual es inaceptable en el Estado de Derecho, respetuoso de la ley, de los derechos de las partes en el proceso y los principios en los que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. De acuerdo a este orden de ideas, Incluir en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, es un motivo para quebrantar el debido proceso, y una tutela judicial efectiva que debe garantizarse a las partes en conflicto.”..."..."al haberse determinado la vulneración del Debido Proceso, se vulnera en consecuencia el derecho de defensa expuesto por el recurrente en la exposición de su acción constitucional de amparo, siendo procedente otorgar la Acción de Amparo que ahora se conoce, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nueva resolución excluyendo del acervo probatorio valorado, las declaraciones que han sido rendidas en sede administrativa, por ser violatorias de garantías constitucionales, declaraciones que atentan contra la buena administración de justicia, desconociendo con ello la supremacía constitucional, lo que conlleva a degradar la consolidación de un verdadero Estado de Derecho; y si con las pruebas legalmente incorporadas al proceso el Ad-Quem no puede sustentar un Auto de Formal Procesamiento, deberá analizar si con las mismas, procede el dictado de un Sobreseimiento provisional o definitivo, en fundamento a lo establecido en los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal; en definitiva resolver haciendo observancia de las normas citadas previamente..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso sub examine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En relación al caso que nos ocupa debe prevalecer lo dispuesto en el artículo 88 Constitucional “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”, disposición que es clara, precisa, sin ambigüedades por lo que ninguna autoridad puede cambiar una disposición constitucional a su libre albedrío sin incurrir en responsabilidad. Si bien es cierto el artículo 294 del Código Procesal Penal, en su último párrafo establece, que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria, esta mínima actividad no puede ser basada en prueba administrativa, provocando con ello, arbitrariedad en las decisiones judiciales, las que deben resguardar los principios fundamentales que integran el proceso penal, como ser oralidad, contradicción, e inmediación, mismos que no podrían observarse tratándose de pruebas que no han sido practicadas en sede judicial, tal como ocurre en el caso de mérito en donde el Tribunal recurrido ha incurrido en un grave quebranto procesal, al valorar prueba testifical rendida en sede administrativa, que aunque la Corte argumenta que se valoran como prueba documental, la misma sigue siendo declaraciones rendidas en sede administrativa, tales implicaciones constituyen un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa, pues es imposible controvertir una prueba que no ha sido evacuada con la presencia de un defensor y con control jurisdiccional, lo cual coloca al acusado en un estado de vulnerabilidad de su derecho de defensa, violentando con ello el principio del debido proceso..."..."como bien lo señala el amparista, la Corte Suprema de Justicia a través de esta Sala Constitucional ha sentado jurisprudencia en diferentes sentencias[8] sobre el asunto que se discute, así en la sentencia dictada en el Amparo Penal número 749-2014 en el CONSIDERANDO (12) argumenta: (SIC) “Que el Estado de Honduras acorde con los fundamentos de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, conforme los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho y la administración de justicia, desconociendo la supremacía constitucional. En el caso sub judice el Ad quem inobserva la disposición contenida en el artículo 88.3...destruyendo el procedimiento, al excluir la persona del Juez competente como aquel ante quien debe rendirse una declaración para que tenga validez en el proceso, y yendo más allá, sustituyendo la figura del Juez competente por la de, una persona que toma declaración administrativa, ya sea un representante del Ministerio Público, un investigador u cualquier otra, lo cual es inaceptable en el Estado de Derecho, respetuoso de la ley, de los derechos de las partes en el proceso y los principios en los que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. De acuerdo a este orden de ideas, Incluir en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, es un motivo para quebrantar el debido proceso, y una tutela judicial efectiva que debe garantizarse a las partes en conflicto.”..."..."al haberse determinado la vulneración del Debido Proceso, se vulnera en consecuencia el derecho de defensa expuesto por el recurrente en la exposición de su acción constitucional de amparo, siendo procedente otorgar la Acción de Amparo que ahora se conoce, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nueva resolución excluyendo del acervo probatorio valorado, las declaraciones que han sido rendidas en sede administrativa, por ser violatorias de garantías constitucionales, declaraciones que atentan contra la buena administración de justicia, desconociendo con ello la supremacía constitucional, lo que conlleva a degradar la consolidación de un verdadero Estado de Derecho; y si con las pruebas legalmente incorporadas al proceso el Ad-Quem no puede sustentar un Auto de Formal Procesamiento, deberá analizar si con las mismas, procede el dictado de un Sobreseimiento provisional o definitivo, en fundamento a lo establecido en los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal; en definitiva resolver haciendo observancia de las normas citadas previamente..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso sub examine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICIACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintidós.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ROSALES GARCIA, a favor del señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, contra la resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019), que declaró Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada JOSSELYN MARIEL VILLELA, contra la resolución de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, con relación a la causa instruida contra el señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la menor A. L. G. A..- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diecinueve de diciembre (19) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, la Abogada KARLA CAROLINA BARRALAGA PERREIRA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra el señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la menor A. L. G. A..- (Folios 01 al 04 de la pieza del antecedente).-2) Que en fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, RESUELVE: 1) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, sobre los hechos que se le imputan al señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la menor A. L. G. A.. (Folios 66 al 68 de la pieza del antecedente).-3) Que en fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019), la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, FALLO: “1) DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada JOSSELYN MARIEL VILLELA, contra la resolución proferida en fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).- 2) REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, por suponerle responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la niña A. L. G. A.…” (Folio 99 al 104 de la Pieza de Corte de Apelaciones).-4) El recurrente Abogado LUIS ENRIQUE ROSALES GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de junio del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, por suponerle responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la menor A. L. G. A., afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete (17) de junio del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha diecinueve de diciembre del año dos mil dieciséis, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, la Abogada KARLA CAROLINA BARRALAGA PEREIRA, en su condición de Agente del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el ciudadano LUIS MARIO GARCIA MEJIA, por suponerlo responsable del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de A. L. G. A..-CONSIDERANDO (3): Que en fecha dos de junio del año dos mil veintiuno, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado LUIS ENRIQUE ROSALES GARCIA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, contra la resolución de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resuelve DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada JOSSELYN MARIEL VILLEDA, contra la resolución proferida el veintitrés de diciembre del año dos mil dieciocho por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, que dicta un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en favor del señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, por el delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de A. L. G. A.; considera el recurrente en amparo que la resolución antes referida violenta los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 88 y 90 de la Constitución de la República. - CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en Amparo, Abogado LUIS ENRIQUE ROSALES GARCIA, expone en la interposición de la presente Acción, que la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en la resolución de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, violenta los derechos de su representado consagrados en la Constitución de la República, ya que la motivación jurídica en que basa su fallo, no está apegada a derecho, ya que dan valor probatorio a la declaración administrativa de dos testigos no presenciales y la Constitución en el artículo 88 establece que “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente, toda declaración obtenida con infracción de cualquiera de estas disposiciones es nula”, por lo cual no debió tomar en cuenta dichas declaraciones para revocar el sobreseimiento definitivo, además relaciona con una prueba pericial que también tiene vicios de nulidad ya que su representado no contaba con defensor y no fue tomada con las formalidades de prueba anticipada, violentándose el derecho de defensa, en relación al artículo 101 numeral 10 del Código Procesal Penal ya que no se puede hacer uso del principio de contradicción. CONSIDERANDO (5): Que expone el recurrente que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional, ha emitido jurisprudencia sobre las declaraciones rendidas ante Juez competente tal como se enmarca en el artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en el caso de las sentencias de amparo penal número AP749-14, AP-443-15, AP-022-15, AP-051-18. Argumenta que algunas de estas sentencias fueron sobre fallos emitidos por la misma Corte Tercera de Apelaciones, la cual hace caso omiso a la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema.-CONSIDERANDO (6): Que del examen de las diligencias esta Sala observa que la cuestión que se recurre en amparo, es la resolución de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, la cual RESUELVE: “I.- DECLARAR CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada JOSSELYN MARIEL VILLEDA, contra la resolución proferida el veintitrés de diciembre del dos mil dieciocho por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho- II.- REVOCAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA por suponérsele responsable de la comisión del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS en perjuicio de la niña A. L. G. A.. III.- ORDENAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra el señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA por suponérsele responsable de la comisión del delito de ACTOS DE LUJURIA AGRAVADOS, en perjuicio de la niña A. L. G. M.. IV.- SEÑALAR MEDIDAS.”-(Folios 332 al 381 de la pieza de segunda instancia).-CONSIDERANDO (7): Que de la lectura y análisis de los antecedentes, específicamente la resolución dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, esta Sala observa que dicho Tribunal motiva la resolución en la cual revoca el Sobreseimiento Definitivo y Ordena el Auto de Formal Procesamiento al señor LUIS MARIO MEJIA GARCIA, en base a las declaraciones rendidas en sede administrativa por las señoras Alexa Soledad Castellanos Alvarado y Alexa Isabel Aguilar Castellanos, la primera abuela materna y la segunda madre de la menor, como se puede apreciar en el numeral SEXTO de la resolución recurrida. Argumenta la Corte Tercera de Apelaciones en el numeral SEPTIMO que siendo que esas declaraciones no fueron realizadas frente a Juez competente, se valoran como prueba documental aportada al proceso, congruente con la prueba pericial propuesta por el Ministerio Publico. Por último, en el numeral OCTAVO, concluye el Ad-Quem que la evidencia probatoria y el indicio racional de participación del señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, se conforma con la prueba documental que recoge lo afirmado en sede administrativa, compatible con la prueba pericial aportada, que determinan las acciones tipificadas por el artículo 141 del Código Penal, y la identificación plena del encartado.-CONSIDERANDO (8): Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2].-CONSIDERANDO (9): Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la constitución y la ley le permite y todo lo que no está autorizado les está vedado[3]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del poder legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia material y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[4].-CONSIDERANDO (10): Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5].-CONSIDERANDO (11): Que respecto de los medios de prueba el código Procesal Penal en su artículo 198 establece su finalidad, que es: “el establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este código”. Entendiendo que los actos de prueba son la “actividad de las partes procesales dirigidas a ocasionar la evidencia necesaria para obtener la convicción del Juez o Tribunal decidor, sobre los hechos por ellas afirmados. Claro es que, para que esa actividad tenga validez y eficacia como prueba, debe ser intervenida por un órgano jurisdiccional, bajo la vigencia de los principios de contradicción e igualdad, y con respeto a las garantías constitucionales relativas a los derechos individuales…”[6]. Señala además la Corte Interamericana “que el inculpado tiene derecho a examinar a los testigos que declaran su contra y a su favor, en las mismas condiciones. Con el objeto de ejercer su defensa”[7]. Lo expresado coincide con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución de la República como Norma Suprema del Estado “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente” la disposición constitucional es clara y en armonía con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que no podrán inobservarse, puesto que son parte del Derecho Interno del Estado y desde el momento de su Ratificación el Estado deviene obligado a darle cumplimiento según los dispuesto en el artículo 1 y 2 de dicha Convención.-CONSIDERNADO (12): Que la Supremacía Constitucional es el pilar del ordenamiento jurídico del Estado, en consecuencia, la Constitución de la República es jerárquicamente superior a cualquier norma secundaria, por lo que el ordenamiento jurídico debe estar en armonía con la Constitución de la República y, si fuera el caso que una ley o una norma fuera contraria a las disposiciones constitucionales, debe prevalecer la Constitución de la República (las negritas son nuestras). En relación al caso que nos ocupa debe prevalecer lo dispuesto en el artículo 88 Constitucional “Que solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”, disposición que es clara, precisa, sin ambigüedades por lo que ninguna autoridad puede cambiar una disposición constitucional a su libre albedrío sin incurrir en responsabilidad. Si bien es cierto el artículo 294 del Código Procesal Penal, en su último párrafo establece, que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria, esta mínima actividad no puede ser basada en prueba administrativa, provocando con ello, arbitrariedad en las decisiones judiciales, las que deben resguardar los principios fundamentales que integran el proceso penal, como ser oralidad, contradicción, e inmediación, mismos que no podrían observarse tratándose de pruebas que no han sido practicadas en sede judicial, tal como ocurre en el caso de mérito en donde el Tribunal recurrido ha incurrido en un grave quebranto procesal, al valorar prueba testifical rendida en sede administrativa, que aunque la Corte argumenta que se valoran como prueba documental, la misma sigue siendo declaraciones rendidas en sede administrativa, tales implicaciones constituyen un obstáculo para el efectivo ejercicio del derecho de defensa, pues es imposible controvertir una prueba que no ha sido evacuada con la presencia de un defensor y con control jurisdiccional, lo cual coloca al acusado en un estado de vulnerabilidad de su derecho de defensa, violentando con ello el principio del debido proceso.-CONSIDERANDO (13): Que como bien lo señala el amparista, la Corte Suprema de Justicia a través de esta Sala Constitucional ha sentado jurisprudencia en diferentes sentencias[8] sobre el asunto que se discute, así en la sentencia dictada en el Amparo Penal número 749-2014 en el CONSIDERANDO (12) argumenta: (SIC) “Que el Estado de Honduras acorde con los fundamentos de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del poder legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, conforme los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho y la administración de justicia, desconociendo la supremacía constitucional. En el caso sub judice el Ad quem inobserva la disposición contenida en el artículo 88.3, que literalmente dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”. “Toda declaración obtenida con la infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurren en las penas que establezca la ley”. (las negritas son nuestras), destruyendo el procedimiento, al excluir la persona del Juez competente como aquel ante quien debe rendirse una declaración para que tenga validez en el proceso, y yendo más allá, sustituyendo la figura del Juez competente por la de, una persona que toma declaración administrativa, ya sea un representante del Ministerio Público, un investigador u cualquier otra, lo cual es inaceptable en el Estado de Derecho, respetuoso de la ley, de los derechos de las partes en el proceso y los principios en los que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. De acuerdo a este orden de ideas, Incluir en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, es un motivo para quebrantar el debido proceso, y una tutela judicial efectiva que debe garantizarse a las partes en conflicto.”-CONSIDERANDO (14): Esta Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en relación a la violación del Debido Proceso en las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, haciendo énfasis en que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las Leyes; en ese orden de ideas, la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.-CONSIDERANDO (15): Que al haberse determinado la vulneración del Debido Proceso, se vulnera en consecuencia el derecho de defensa expuesto por el recurrente en la exposición de su acción constitucional de amparo, siendo procedente otorgar la Acción de Amparo que ahora se conoce, debiendo en consecuencia el Tribunal recurrido dictar nueva resolución excluyendo del acervo probatorio valorado, las declaraciones que han sido rendidas en sede administrativa, por ser violatorias de garantías constitucionales, declaraciones que atentan contra la buena administración de justicia, desconociendo con ello la supremacía constitucional, lo que conlleva a degradar la consolidación de un verdadero Estado de Derecho; y si con las pruebas legalmente incorporadas al proceso el Ad-Quem no puede sustentar un Auto de Formal Procesamiento, deberá analizar si con las mismas, procede el dictado de un Sobreseimiento provisional o definitivo, en fundamento a lo establecido en los artículos 295 y 296 del Código Procesal Penal; en definitiva resolver haciendo observancia de las normas citadas previamente.-CONSIDERANDO (16): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso sub examine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera las demás garantías constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 64, 82, 88 párrafo último, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1.2 inciso f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 14.3 inciso e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: Otorgando el Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ROSALES GARCIA, a favor del señor LUIS MARIO GARCIA MEJIA, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve, en los términos dejados expuestos en el libelo de esta sentencia, debiendo el Tribunal recurrido dictar nuevamente la resolución de fecha diecisiete de junio del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0568-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[3] Rodríguez Cesia Victor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.

[4] Idem Pág.1305

[5] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.

[6] Cuella Cruz. Fernández Entralgo. Menciona Diego Diez siguiendo a Jimeno Sendra. Derecho Procesal Penal de Honduras, Manual Teórico - Práctico. Proyecto de fortalecimiento al Poder Judicial de Honduras. Septiembre 2004.Páginas 443,444.

[7]8 Idem cita n.p. [3],. párr. 184. Citando Caso Castillo Petruzzi y otros, párr. 154; Eur. Court H. R., case of Barberà, Messegué and Jabardo, párr. 78; y Eur. Court H. R., case of Bönishc judgment, párr. 32. Pág.116.

[8] Amparo Penal 749-2014; 022-2015; 051-2018.