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Sentencia AP-562-21 — Registro 16307

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra el auto resolutivo dictado contra actuaciones del Ministerio Publico y del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional cn Materia ce Corrupción, en el marco del proceso de investigación y que dieron origen a una solicitud de diligencia previa. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 62, 64, 69, 82, 90, 94, 103, 106, 303, 313 numeral 2), 314, 321 y 322 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (9) Que la Sala de lo Constitucional al analizar la procedencia de la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, ya se ha pronunciado en otras sentencias, al respecto en la sentencia de fecha 05 de noviembre del 2019, y la sentencia de fecha 06 de enero del 2020, ambas sentencias recaídas en los AP 567, 569, 571, 573, 574, 577,578, 648 -2018, mediante la cual en su parte conducente deja establecido: “En el caso de autos, los encausados deben responder de sus actos u omisiones ante el Tribunal de Cuentas, por ser esta la entidad dispuesta constitucionalmente para verificar el cumplimiento de las obligaciones”, en lo que compete a los funcionarios públicos, el hecho de haberse prescindido de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas, supone en contra del investigado, la privación del derecho a ser sometido a un debido proceso, al habérsele disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca sí, existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso, se omite deliberadamente éste, agravándole su situación. CONSIDERANDO: (10) Que las supuestas acciones realizadas por el investigado no deben conllevar al reclamo y deducción de responsabilidad en vía penal, sin antes completar la vía administrativa ante la entidad competente, o sea el Tribunal Superior de Cuentas, en su condición de órgano fiscalizador del Estado, por disposición constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la justificación esgrimida por el legislador nacional, al momento de promulgar el Decreto legislativo número 10-2002-E, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, expresa: “Que es una aspiración nacional que el referido organismo inicie su funcionamiento con el propósito de cumplir y hacer cumplir el sistema de control externo, integral, exclusivo y unitario, instituido para garantizar la gestión y utilización legal, eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros, asegurar una conducta honesta y ética de los servidores públicos y de los particulares en su relaciones económicas patrimoniales con el Estado y vigilar la correcta administración del patrimonio estatal.” Para lo anterior, el sistema de fiscalización hondureño dispone en el artículo 4 de la citada ley, que en el cumplimiento de sus atribuciones contenidas en el artículo 3 anterior, se observe el carácter preeminente del Tribunal Superior de Cuentas para fiscalizar a posteriori, los fondos y bienes del Estado; lo cual no contradice ni se opone al ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público. Todo lo contrario, la preeminencia es un complemento que permite, que de manera previa a la acción penal, se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Dicha función o atribución fiscalizadora comporta lo que previene el artículo 7, o sea el control económico, financiero gestión y resultado, así como la probidad y ética públicas. Para una mayor claridad, el artículo 37 de la mencionada ley, ilustra que el sistema de control ejercido por el Tribunal Superior de Cuentas tiene por objeto, entre otros: “1) Vigilar y verificar que los recursos públicos se inviertan correctamente en el cumplimiento oportuno de las políticas, programas, proyectos y la prestación de servicios y adquisición de bienes del sector público. 2)… 3) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actuaciones, en su gestión oficial. 4) Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa para prevenir, investigar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 5) Promover el desarrollo de una cultura de probidad y ética públicas. 6) Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y combatir los actos de corrupción en cualquiera de sus formas, y, 7) Supervisar el registro, custodia, administración, posesión y uso de los bienes del Estado.” De igual forma para el control de probidad y ética públicas, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la atribución expuesta en el artículo 53 numeral 6, que dispone: “Promover, establecer, y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar, y, en general, combatir la corrupción …” También la ley le asigna el control de fiscalización, cuyo objeto de conformidad a lo que dispone el numeral 2 del artículo 74, manda entre otros puntos a que supervise, que los bienes que se destinan a organismos, órganos y particulares, sean usados para los fines legalmente determinados. CONSIDERANDO: (11) Que siempre en relación a este punto, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, desarrolla la fiscalización a posteriori, dividiéndola en control interno y externo. El primero de ellos o interno, consiste en un proceso permanente y continuo, realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión o administración. El segundo o externo, se refiere a la acción realizada por el Tribunal Superior de Cuentas con el propósito de fiscalizar a los sujetos pasivos, en los aspectos administrativos, legales, financieros o económicos, de gestión y de resultados. El control interno, según el numeral 2) del artículo 46, dispone el objetivo de proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. La Sala encuentra que el artículo 50, explica claramente el iter o procedimiento a seguir, en casos como el de mérito, en que presuntamente hubo infracciones a la obligación de administración y gestión de caudales públicos, señala el legislador que: “Si como resultado de sus funciones, las unidades de auditoría interna descubrieren hechos que puedan generar responsabilidad administrativa, deberán comunicarlo al titular de la entidad u órgano para que dicte las medidas correctivas que correspondan, dándole seguimiento a las decisiones adoptadas. En el caso de no adoptar o no aplicar medidas necesarias, la Unidad de auditoría interna, deberá comunicarlo al Tribunal en un plazo máximo de quince días. Cuando del examen de los actos o hechos se descubrieren indicios de responsabilidad civil o penal, el auditor interno de la entidad procederá a ponerlo en conocimiento del Tribunal, quien a la vez lo comunicará a la Procuraduría General de la República para que instruya las acciones civiles que fuesen procedentes y al Ministerio Público o al Procurador General de la República, cuando proceda, para el ejercicio de la acción penal.” Además, la ley de que se hace mérito, traza a partir del artículo 82 en adelante[1]: el procedimiento, impugnaciones y resoluciones que se verifican ante el Tribunal Superior de Cuentas en el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales. En términos generales, señala la ley, que el Tribunal, además de las fiscalizaciones y las otras actuaciones que lleva a cabo, podrá instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio o petición de parte interesada, cuando a su juicio considere que existe causa justificada para realizarla, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa, dando oportunidad a los servidores cuestionados a impugnar el resultado de la investigación fiscalizadora provisional. Trayendo a relación, lo expuesto al presente caso que se estudia, la Sala de lo Constitucional, determina de conformidad a lo establecido en el mencionado artículo 50, que ante la supuestas acciones calificadas como delictivas por el Ente Investigador, cometidas durante el período de la gestión del funcionario de la Corporación Municipal del Distrito Central, señor NASRY JUAN AZFURA ZABLAH debe seguirse y cumplirse dicho procedimiento de fiscalización. De manera que nunca debe procederse por la vía penal sin agotar el procedimiento legalmente establecido. Esto obedece a que el Derecho Penal es la última ratio o medio que tiene el Estado para deducir la responsabilidad de aquellos que infringen la ley, o como en este caso, las normas dispuestas en reglamentos. CONSIDERANDO: (12) Que lo antes expuesto se encuentra de conformidad con lo dispuesto por este Alto Tribunal en el considerando 30 de la sentencia SCO-0099-2018 y SCO-0588-2018 de fecha 30 de enero de 2019, en el cual se fijó lo siguiente: “Que el diseño constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho defensa, en los casos descritos según el artículo 222 de la Constitución.” Esto se amplía con lo establecido en el considerando 38 de la misma sentencia, en el que la Sala explica que, si bien es cierto estima que el Tribunal Superior de Cuentas no determina la responsabilidad penal, porque eso vulneraría una serie de libertades y derechos constitucionales, y además porque es una atribución que pertenece exclusivamente al ámbito jurisdiccional, o sea que es propia del Poder Judicial; si considera correcto, interpretar lo siguiente de conformidad con la Constitución, así: “el Tribunal Superior de Cuentas, como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos investigados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización.” Por lo que la infracción al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, todo lo cual constituye una causa para dictar Amparo a favor del investigado, en virtud de que se obviaron formalidades legales que repercuten en el derecho al Debido Proceso, Principio de Legalidad y Defensa del investigado. CONSIDERANDO: (13) Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; tal como acontece en el caso sub judice, por todo ello esta Sala estima que se han quebrantado los derechos constitucionales invocados por la amparista. En consecuencia, los motivos invocados por la impetrante son de recibo, por lo que debe estimarse la garantía constitucional de Amparo interpuesta. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto y el resto del ordenamiento jurídico.”

Legislación citada

  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 37 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 74 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Organica del Tribunal Superior de Cuenta, art. 46 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, a favor del señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, contra el auto resolutivo dictado contra actuaciones del MINISTERIO PUBLICO y DEL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en el marco del proceso de investigación y que dieron origen a una solicitud de diligencia previa presentada por el Ministerio Público en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, admitida por dicho Juzgado en fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en perjuicio del señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 62, 64, 69, 82, 90, 94, 103, 106, 303, 313 numeral 2), 314, 321 y 322 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, el Abogado GELMER HUMBERTO CRUZ, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando autorización de registro, inspección y secuestro de indicios en oficinas, en la línea de investigación contra los Señores NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, JOHNNY ROBERTO KAFATY SEGEBRE, SALOMON ANDRES KAFATY CHAPA Y OTROS a quienes se les adelanta investigación por suponerlos responsables de los delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÙBLICOS, FRAUDE, PREVARICATO ADMINISTRATIVO, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA Y LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–24 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), el citado Juzgado dicto Auto Resolutivo en el cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Admítase el escrito que antecede presentado por el Abogado GELMER HUMBERTO CRUZ en su condición de Agentes de Tribunales del Misterio Público, en el cual solicita orden de registro y secuestro de indicios, en formato digital o documental, evidencia física, equipo de cómputo y cualquier otra que resulte relevante a las investigaciones que pudiesen encontrar en la Alcaldía Municipal del Distrito Central específicamente en el edificio ubicado en el barrio El Centro frente a Clínicas Viera de la ciudad de Tegucigalpa señalándose la oficina del señor alcalde municipal señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, la Secretaría General y las oficinas Administrativas y los contenedores ubicados en la colonia 21 de octubre de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. SEGUNDO: Se expida mandamiento judicial en el que se ordene el registro, inspección y secuestro de indicios en formato digital, documental, evidencia física, equipo de cómputo y cualquier otra que resulte relevante a las investigaciones que se encuentre en los lugares antes indicados, realizándose el mismo el día martes primero (1) de junio del presente año dos mil veintiuno (2021) hasta la finalización de las diligencias, pudiendo asegurar el lugar a fin de evitar la pérdida, ocultación o destrucción de los mismos en los referidos inmuebles.- TERCERO: Se designa como Juez Ejecutor al Agente de Investigación JOSE ANTONIO GUTIERREZ VASQUEZ, con tarjeta de identidad número 1701-1991-01016, para realizar el registro e inspección y secuestro de información en formato digital y documental, evidencia física, equipo de cómputo y cualquier otra que resulte relevante a las investigaciones, en el edificio de las oficinas de la Corporación Municipal de Distrito Central, ubicado en el barrio El Centro frente a Clínicas Viera de Tegucigalpa. CUARTO: Se designa como Juez Ejecutor a la Agente de Investigación LUCY MARICELA COREA HERNANDEZ, con tarjeta de identidad número 0801-1983-01852, para realizar el registro, inspección y secuestro de información en formato digital y documental, evidencia física, equipo de cómputo y cualquier otra que resulte relevante a las investigaciones, en las oficinas y contenedores de la Corporación Municipal, ubicados en la colonia 21 de octubre de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. QUINTO: Se autoriza a los Jueces Ejecutores para que en la práctica de las diligencias se hagan acompañar y participen en la diligencia Fiscales, Agentes de Investigación y Técnicos de Inspecciones Oculares y demás Técnicos necesarios tanto de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de la Corrupción (UFERCO) como de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). SEXTO: Se ordena el secuestro de indicios que se podrían encontrar en formato digital y/o documental, evidencia física, equipo de cómputo y cualquier otra que resulte relevante a las investigaciones, entre otras las siguientes: a).- El expediente completo de los pagos realizados con su documentación soporte por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a la sociedad AMA HONDURAS S.A. (AMAHSA) en el periodo comprendido a partir del 1 de enero del año 2014 a la actualidad. B). - El expediente completo de los pagos realizados con su documentación soporte por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a la sociedad COMPAÑÍA Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. (COSEMSA) en el periodo a partir del 1 de enero del año 2014 a la actualidad. C). - Contratos suscritos con sus modificaciones, renovaciones y adendum entre la Corporación Municipal del Distrito Central y la empresa AMA HONDURAS S.A. (AMAHSA), actualizados a la fecha. d). - Contratos suscritos con sus modificaciones, renovaciones y adendum entre la Corporación Municipal del Distrito Central y la empresa COMPAÑÍA Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. (COSEMSA), actualizados a la fecha. e). - El expediente actualizado o los procesos mediante los cuales se seleccionó a las empresas AMA HONDURAS S.A. (AMAHSA) y COMPAÑÍA Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. (COSEMSA) para ofrecer los servicios prestados a la Corporación desde la etapa inicial a la fecha. f).- Libros, programas contables físicos y digitales de correspondencia electrónica (mensajería interna y externa) evidencia física, equipo de cómputo y cualquier otra que resulte relevante a las investigaciones, relacionada con la operatividad de la documentación que registre las operaciones contables y administrativas en general efectuadas por la administración de la Corporación Municipal y las empresas AMA HONDURAS S.A. (AMAHSA) y COMPAÑÍA Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. (COSEMSA), información en libros contables, computadoras o cualquier otro medio de prueba que sea relevante para el proceso. G).- Obtener información relacionada y que tenga conexión con los contratos de pago efectuados por la Corporación Municipal con las empresas AMA HONDURAS S.A. (AMAHSA) y COMPAÑÍA Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. (COSEMSA), consistente en: ventas de acciones, sesión de derechos, títulos valores, fusión de empresas, comprobantes de depósito o giros bancarios, facturas, escrituras de constitución de sociedades o de comerciante individual, libros de asambleas de accionistas, transferencia bancarias nacionales e internacionales, tarjeta de cuentas bancarias, libros contables, computadoras o cualquier otro medio de prueba que sea relevante para las investigación. SEPTIMO: Se decrete la RESERVA de la presente diligencia. OCTAVO: Que toda la información obtenida de la práctica de las diligencias se presente mediante informe rendido por los jueces ejecutores ante este despacho judicial para ser entregado al señor agente fiscal Abogado GELMER HUMBERTO CRUZ, para continuar con las diligencias iniciadas. NOVENO: Se señala fecha y hora para la juramentación de los Jueces Ejecutores el DÍA LUNES TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (31-05-2021) a la una y treinta minutos de la tarde (1:30 p.m.). NOTIFIQUESE.” (Folios 25–28 de la pieza del A-Quo) 3) Que la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, compareció ante este Tribunal en fecha dos (02) de junio de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo en su condición de Representante Procesal del Señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, contra el auto resolutivo de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), dictado por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 62, 64, 69, 82, 90, 94, 103, 106, 303, 313 numeral 2), 314, 321 y 322 de la Constitución de la República. (Folios 01–14 del Presente Recurso) 4) Que en fecha siete (07) de febrero de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 59 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama son las actuaciones realizadas por el Ministerio Público y del JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en el marco del proceso de investigación que dieron origen a una solicitud de diligencias previas, presentada por el Ministerio Público en fecha veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, admitida por dicho juzgado el veintiocho de mayo del mismo año, en la causa investigativa instruida en contra p del señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH CONSIDERANDO: (4) Que en la Formalización del recurso de Amparo la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, manifiesta “ que el acto recurrido en amparo consiste en las diligencias realizadas por el Ministerio Público en el marco del proceso de investigación instruido en contra de su representado y que dieron origen a una solicitud de diligencia previa presentada por el Agente de Tribunales GELMER HUMBERTO CRUZ,JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, la que fue admitida, afectado con ello la esfera jurídica y los derechos fundamentales de su representado, por pretender que un órgano jurisdiccional con absoluta falta de competencia valide las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público en su contra. Sigue exponiendo que la diligencia previa solicitada no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 28, párrafo 3ero. Numeral 2, de La Ley de Municipalidades, que reconoce a favor de los miembros de la Corporación Municipal, la prerrogativa del procedimiento especial de antejuicio, cuando por sus propuestas dentro de la ley y/o sus opiniones vertidas en relación con sus funciones, se le imputare un delito con absoluta falta de competencia por parte del JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, “donde fue presentada la diligencia previa para juzgarnos”, ya que al tenor de lo establecido en los artículos 420 y 422 del Código Procesal Penal la competencia corresponde a otro órgano jurisdiccional.” CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente expone, que la ley de municipalidades en su artículo 28, párrafo 3ero. Numeral 2, dispone: “El alcalde, vicealcalde y Regidores gozarán de las prerrogativas siguientes: 1) …2) No ser responsables por sus propuestas dentro de la ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones, en estos casos si se les imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los jueces…” De igual manera el artículo 420 del Código Procesal Penal señala: Del proceso a funcionarios judiciales, los jueces y magistrados contra quienes se pretenda proceder para deducirles responsabilidad por los delitos que cometa en el ejercicio de sus funciones, solo podrán ser encausados después de darle cumplimiento a lo establecido en el presente capitulo…”, de acuerdo a estas disposiciones el Ministerio Público deviene obligado a presentar el antejuicio ante el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de que como en el caso indicado, también resulta ineludible la existencia de una investigación previa por parte del Tribunal Superior de Cuentas, cuya preeminencia debe prevalecer sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia. En el marco del proceso de investigación iniciado contra sus representadas, dieron origen a una solicitud de diligencias previas, presentada en fecha 24 de agosto del año 2020, ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, lo que no obliga a sus representadas no le son aplicables por contravenir, disminuir, y tergiversar derechos constitucionales consagrados a su favor. Señala la recurrente que el órgano jurisdiccional carece absolutamente de falta de competencia para validar las actuaciones efectuadas por el Ministerio Público, ya que de acuerdo al artículo 420 y 422 del Código Procesal penal, la competencia le corresponde a otro órgano jurisdiccional.” CONSIDERANDO: (6) Que la impetrante invoca la Ley Orgánica del Tribunal Superior de –cuentas que dispone en su artículo 4, “Las disposiciones de esta ley constituyen un régimen especial que por su naturaleza, fines y competencias tienen preeminencia sobre cualquier otra ley general o especial que verse sobre la misma materia…” Señalando que la prevalencia del derecho sustancial a que se refiere la norma antes reproducida, significa que las formas o procedimientos son instrumentos, medios para la aplicación del derecho material, pero ello no le resta importancia a las normas procesales, sino que genera el juez u operador jurídico, aplique las formas procesales de forma flexible, dúctil o maleable, pues en la aplicación de las normas procesales se debe impedir el uso de formalismos o rigorismos excesivos o de interpretaciones del texto legal, absolutamente lineales o literales que impidan la normal consecuencia del fin que la norma o normas persiguen, omitiéndose el estudio del fondo del problema en consideración a la forma y solo a ella. Señala además que la función del Tribunal Superior de Cuentas es la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas, es el órgano competente para conocer sobre las investigaciones de los hechos relacionados con nuestro actuar, de suerte que el artículo 4 de su Ley constitutiva le otorga facultades y competencia suficiente para ello, razón por la cual y partiendo de que las normas que regulen estos procesos de investigación, tienen preeminencia sobre cualquier otra. Señala la recurrente que por todo ello se ha vulnerado el Debido Proceso y el Principio de Legalidad a su representado”. CONSIDERANDO: (7) Que el Juzgado de letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veintiocho de mayo del año dos mil veintiuno, dictó resolución en la petición presentada por el Ministerio Público, en relación a que se le autoricen los registros, inspecciones y secuestros de evidencia en oficinas, así como el nombramiento del Juez Ejecutor. Señala en sus antecedentes procesales que en fecha veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, La Unidad Fiscal Contra la Impunidad de la Corrupción (UFERCO), solicitó el registro e inspección y secuestro de evidencias en las oficinas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) a efecto de constatar que se han constituido sociedades mercantiles con el propósito de captar fondos públicos bajo los supuestos de proveer bienes y servicios (recolección de desechos sólidos) celebrando contrataciones millonarias entre la referidas empresas y la Alcaldía Municipal. Señala que en las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público se estableció que las personas naturales que constituyeron las sociedades mercantiles, que tienen contacto con la Corporación Municipal recibieron fondos sin justificación en relación al servicio que prestan, razón por la cual solicitó a la Corporación Municipal del Distrito Central el expediente completo de los pagos a la sociedad AMA Honduras, S.A., AMAHSA y Compañía y Servicios Múltiples, S.A., (COMSESA), en el período comprendido del 1 de enero del 2014, a la actualidad, así mismo los procesos de licitación mediante los cuales la corporación licitó, adjudicó y contrato a las empresas recolectoras de los desechos sólidos, aduciendo que solo recibió respuestas evasivas y no brindaron la información solicitada, por lo que el Ministerio Público considera que existe un notorio interés de los funcionarios Municipales de ocultar la información, lo cual dificulta la realización de una objetiva investigación. CONSIDERANDO: (8) Que en el párrafo de la Motivación Fáctica Y Jurídica deja establecido: “que el acuerdo No. 01-2016, contentivo de la normativa de creación del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, invoca además el artículo 58 del Código Procesal Penal de la competencia exclusiva de los asuntos que deben conocer los Jueces de Letras, señala que según la reforma del artículo 217 del mismo cuerpo legal, en cuanto al comiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación y persecución del delito, que sean importantes por su finalidad probatoria…, y siendo que el Ministerio Público previo a solicitar a ese despacho judicial el secuestro de documentos u objetos, solicitó la entrega de la referida información a las autoridades municipales a través de la Secretaria General Abogada Cossette López, y el Director de Administración y finanzas de la alcaldía Municipal del distrito Central señor Mario Zerón en cumplimiento a lo precitado en la respectiva reforma y siendo que la información requerida no fue entregada por la autoridad municipal es menester ordenar el secuestro. Así mismo se fundamenta en el artículo 272 del mismo Código, establece que en la investigación de la verdad la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente practicará todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes, en el presente caso el ente Fiscal en base a su solicitud relata que lo que se quiere determinar es la posible comisión de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, FRAUDE, PREVARICATO ADMINISTRATIVO, VIOLACION DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, siendo necesario el secuestro de indicios en formato digital o documental, evidencia física, equipo de cómputo y cualquier otra que resulte relevantes a las investigaciones. Por todo ello el Órgano Jurisdiccional, resolvió admitir la solicitud planteada por el Ministerio Público, ordenando la expedición del mandamiento judicial en el que se ordene el registro, inspección y secuestro de indicios en forma digital, documental, evidencia física, equipo de cómputo y cualquier otra que resulte relevante a las investigaciones que se encuentre en los lugares indicados en la solicitud presentada. Designó Jueces Ejecutores para la práctica de las diligencias y la reserva de las diligencias. CONSIDERANDO: (9) Que la Sala de lo Constitucional al analizar la procedencia de la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, ya se ha pronunciado en otras sentencias, al respecto en la sentencia de fecha 05 de noviembre del 2019, y la sentencia de fecha 06 de enero del 2020, ambas sentencias recaídas en los AP 567, 569, 571, 573, 574, 577,578, 648 -2018, mediante la cual en su parte conducente deja establecido: “En el caso de autos, los encausados deben responder de sus actos u omisiones ante el Tribunal de Cuentas, por ser esta la entidad dispuesta constitucionalmente para verificar el cumplimiento de las obligaciones”, en lo que compete a los funcionarios públicos, el hecho de haberse prescindido de este procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas, supone en contra del investigado, la privación del derecho a ser sometido a un debido proceso, al habérsele disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca sí, existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso, se omite deliberadamente éste, agravándole su situación. CONSIDERANDO: (10) Que las supuestas acciones realizadas por el investigado no deben conllevar al reclamo y deducción de responsabilidad en vía penal, sin antes completar la vía administrativa ante la entidad competente, o sea el Tribunal Superior de Cuentas, en su condición de órgano fiscalizador del Estado, por disposición constitucional. Al respecto, resulta ilustrativa la justificación esgrimida por el legislador nacional, al momento de promulgar el Decreto legislativo número 10-2002-E, que contiene la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, expresa: “Que es una aspiración nacional que el referido organismo inicie su funcionamiento con el propósito de cumplir y hacer cumplir el sistema de control externo, integral, exclusivo y unitario, instituido para garantizar la gestión y utilización legal, eficiente, eficaz y económica de los recursos financieros, asegurar una conducta honesta y ética de los servidores públicos y de los particulares en su relaciones económicas patrimoniales con el Estado y vigilar la correcta administración del patrimonio estatal.” Para lo anterior, el sistema de fiscalización hondureño dispone en el artículo 4 de la citada ley, que en el cumplimiento de sus atribuciones contenidas en el artículo 3 anterior, se observe el carácter preeminente del Tribunal Superior de Cuentas para fiscalizar a posteriori, los fondos y bienes del Estado; lo cual no contradice ni se opone al ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público. Todo lo contrario, la preeminencia es un complemento que permite, que de manera previa a la acción penal, se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del Tribunal Superior de Cuentas. Dicha función o atribución fiscalizadora comporta lo que previene el artículo 7, o sea el control económico, financiero gestión y resultado, así como la probidad y ética públicas. Para una mayor claridad, el artículo 37 de la mencionada ley, ilustra que el sistema de control ejercido por el Tribunal Superior de Cuentas tiene por objeto, entre otros: “1) Vigilar y verificar que los recursos públicos se inviertan correctamente en el cumplimiento oportuno de las políticas, programas, proyectos y la prestación de servicios y adquisición de bienes del sector público. 2)… 3) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma plena responsabilidad por sus actuaciones, en su gestión oficial. 4) Desarrollar y fortalecer la capacidad administrativa para prevenir, investigar y sancionar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 5) Promover el desarrollo de una cultura de probidad y ética públicas. 6) Fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y combatir los actos de corrupción en cualquiera de sus formas, y, 7) Supervisar el registro, custodia, administración, posesión y uso de los bienes del Estado.” De igual forma para el control de probidad y ética públicas, el Tribunal Superior de Cuentas tiene la atribución expuesta en el artículo 53 numeral 6, que dispone: “Promover, establecer, y fortalecer los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar, y, en general, combatir la corrupción …” También la ley le asigna el control de fiscalización, cuyo objeto de conformidad a lo que dispone el numeral 2 del artículo 74, manda entre otros puntos a que supervise, que los bienes que se destinan a organismos, órganos y particulares, sean usados para los fines legalmente determinados. CONSIDERANDO: (11) Que siempre en relación a este punto, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, desarrolla la fiscalización a posteriori, dividiéndola en control interno y externo. El primero de ellos o interno, consiste en un proceso permanente y continuo, realizado por la dirección, gerencia y otros empleados de las entidades públicas y privadas, con el propósito de asistir a los servidores públicos en la prevención de infracciones a las leyes y a la ética, con motivo de su gestión o administración. El segundo o externo, se refiere a la acción realizada por el Tribunal Superior de Cuentas con el propósito de fiscalizar a los sujetos pasivos, en los aspectos administrativos, legales, financieros o económicos, de gestión y de resultados. El control interno, según el numeral 2) del artículo 46, dispone el objetivo de proteger los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. La Sala encuentra que el artículo 50, explica claramente el iter o procedimiento a seguir, en casos como el de mérito, en que presuntamente hubo infracciones a la obligación de administración y gestión de caudales públicos, señala el legislador que: “Si como resultado de sus funciones, las unidades de auditoría interna descubrieren hechos que puedan generar responsabilidad administrativa, deberán comunicarlo al titular de la entidad u órgano para que dicte las medidas correctivas que correspondan, dándole seguimiento a las decisiones adoptadas. En el caso de no adoptar o no aplicar medidas necesarias, la Unidad de auditoría interna, deberá comunicarlo al Tribunal en un plazo máximo de quince días. Cuando del examen de los actos o hechos se descubrieren indicios de responsabilidad civil o penal, el auditor interno de la entidad procederá a ponerlo en conocimiento del Tribunal, quien a la vez lo comunicará a la Procuraduría General de la República para que instruya las acciones civiles que fuesen procedentes y al Ministerio Público o al Procurador General de la República, cuando proceda, para el ejercicio de la acción penal.” Además, la ley de que se hace mérito, traza a partir del artículo 82 en adelante[1]: el procedimiento, impugnaciones y resoluciones que se verifican ante el Tribunal Superior de Cuentas en el ejercicio de sus potestades constitucionales y legales. En términos generales, señala la ley, que el Tribunal, además de las fiscalizaciones y las otras actuaciones que lleva a cabo, podrá instruir sumarios administrativos o realizar investigaciones especiales de oficio o petición de parte interesada, cuando a su juicio considere que existe causa justificada para realizarla, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa, dando oportunidad a los servidores cuestionados a impugnar el resultado de la investigación fiscalizadora provisional. Trayendo a relación, lo expuesto al presente caso que se estudia, la Sala de lo Constitucional, determina de conformidad a lo establecido en el mencionado artículo 50, que ante la supuestas acciones calificadas como delictivas por el Ente Investigador, cometidas durante el período de la gestión del funcionario de la Corporación Municipal del Distrito Central, señor NASRY JUAN AZFURA ZABLAH debe seguirse y cumplirse dicho procedimiento de fiscalización. De manera que nunca debe procederse por la vía penal sin agotar el procedimiento legalmente establecido. Esto obedece a que el Derecho Penal es la última ratio o medio que tiene el Estado para deducir la responsabilidad de aquellos que infringen la ley, o como en este caso, las normas dispuestas en reglamentos. CONSIDERANDO: (12) Que lo antes expuesto se encuentra de conformidad con lo dispuesto por este Alto Tribunal en el considerando 30 de la sentencia SCO-0099-2018 y SCO-0588-2018 de fecha 30 de enero de 2019, en el cual se fijó lo siguiente: “Que el diseño constitucional de Honduras conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad posee una etapa administrativa inicial, donde todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante, para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos, que sean señalados por el Tribunal Superior de Cuentas; etapa previa a la judicialización, es garantía del derecho defensa, en los casos descritos según el artículo 222 de la Constitución.” Esto se amplía con lo establecido en el considerando 38 de la misma sentencia, en el que la Sala explica que, si bien es cierto estima que el Tribunal Superior de Cuentas no determina la responsabilidad penal, porque eso vulneraría una serie de libertades y derechos constitucionales, y además porque es una atribución que pertenece exclusivamente al ámbito jurisdiccional, o sea que es propia del Poder Judicial; si considera correcto, interpretar lo siguiente de conformidad con la Constitución, así: “el Tribunal Superior de Cuentas, como ente rector del control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito, posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcta la remisión que haga el Tribunal Superior de Cuentas, al constatar los indicios racionales de la comisión del delito, esto no significa que determina la responsabilidad penal de los supuestos investigados por el ente fiscal con base a la información proporcionada por dicho ente de fiscalización.” Por lo que la infracción al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, todo lo cual constituye una causa para dictar Amparo a favor del investigado, en virtud de que se obviaron formalidades legales que repercuten en el derecho al Debido Proceso, Principio de Legalidad y Defensa del investigado. CONSIDERANDO: (13) Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; tal como acontece en el caso sub judice, por todo ello esta Sala estima que se han quebrantado los derechos constitucionales invocados por la amparista. En consecuencia, los motivos invocados por la impetrante son de recibo, por lo que debe estimarse la garantía constitucional de Amparo interpuesta. CONSIDERANDO (14): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ELSA MARIA LOPEZ SPEARS, a favor del señor NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, contra el auto resolutivo de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en el marco del proceso de investigación y que dieron origen a una solicitud de diligencia previa presentada por el Ministerio Público en fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan las diligencias al lugar de su procedencia. - Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-562-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Deberá tomarse en cuenta las reformas contenidas en el Decreto legislativo número 134-2011 publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 32,626 del jueves 22 de septiembre de 2011, mediante el cual se reforman los artículos 2, 30, 32, 56, 63, 64, 84, 85, 86, 87, 88, 94, 99, 100,105, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.