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Sentencia AP-516-21 — Registro 15511

Resumen

Resolución que decretó la suspensión del ejercicio profesional por tres meses quien actuaba como defensor privado de imputado, a quien se le instruye proceso por suponerle responsable del delito de Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha cuatro de marzo del presente año dos mil veintiuno, infringen los derechos a la vida, libertad y el trabajado consignados en los artículos 65, 69 y 127 de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que se vulnera el derecho a la vida, en virtud que es el fin supremo, asegurar la integridad de una persona y estando imposibilitado por motivos de salud, contando con incapacidad médica, se le negó la posibilidad de justificar su incomparecencia a la audiencia señalada. Que la decisión tomada, interpreta de manera errónea el artículo 188 del Código Procesal penal, al no permitírsele presentar una justificación legal, ya que al suspenderle del ejercicio profesional se le esta dejando sin la posibilidad de poder continuar con su trabajado, que es el único sustento económico para su familia. Aunado a ello el Tribunal de Sentencia de Olancho viola la circular 02-2018 inciso H), emitida por la Corte Suprema de Justicia, misma que prohíbe la celebración de audiencia para examinar diligencias. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resuelve otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO EDUARDO SARMIENTO MIRALDA, contra la Resolución de fecha cuatro de marzo del presente año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho. Sostiene la Alzada en la sentencia que se consulta, que los preceptos 82 y 90 de la Constitución de la República han sido violentados al recurrente, en virtud que a pesar de haber presentado una fotocopia de constancia medica que reconoce su incapacidad laboral, extendida por un medico competente en el ejercicio de su profesión, la cual fue recibida por la Secretaria del Tribunal y agregada al expediente, sin embargo arbitrariamente, el Tribunal no le da valor a la constancia bajo argumentos que en ningún momento contradicen ni redarguyen de falsedad el contenido de la constancia, causando indefensión del solicitante y violentando el debido proceso. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO EDUARDO ARMIENTO MIRALDA, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional vulneración del derecho fundamental de defensa, entendido éste como el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO 6: Que en el caso sub júdice no se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 118[1] del Código Procesal Penal, a efecto de proceder el A-quo declarar el abandono de la defensa por parte del recurrente en amparo; ello es así porque a la audiencia programada para fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, consta en acta la comparecencia del Abogado Julio Sarmiento, a quien le fue vedada la intervención a efecto de justificar su incomparecencia a la audiencia señalada en fecha anterior, negándole asimismo el derecho a defenderse de una sanción como la impuesta de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, lo que supone la vulneración a los derechos a la defensa y debido proceso constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha catorce de mayo del año dos mil veintiuno, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Julio Eduardo Sarmiento Miralda, a favor de sí mismo, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, en fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, que decretó la suspensión del ejercicio profesional por tres meses al Abogado Julio Eduardo Sarmiento Miralda, quien actuaba como defensor privado del señor Pablo Francisco Chirinos Calix, a quien se le instruye proceso por suponerle responsable del delito de Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos a la vida, a la libertad y al trabajo, contenidos en los artículos 65, 69 y 127 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintiuno de diciembre del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, la Abogada Josselyn Marel Villeda, actuando como Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Pablo Francisco Chirinos Calix, por ponerlo responsable de los delitos de Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial y Almacenamiento Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido y Municiones, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios del 1-3 de la copia de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Habiéndose seguido el procedimiento, mediante auto de fecha nueve de marzo del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, resolvió: (Sic) “1.-DECRETAR: AUTO DE APERTURA A JUICIO en las presentes diligencias en contra del señor PABLO FRANCISCO CHIRINOS CALIX por suponérsele responsable del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, tipificado en el artículo 332-B, del Código Penal en relación con el artículo 32 del mismo cuerpo de ley, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS…” (Folios 92-93fv de la copia de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) El Tribunal de Sentencias del departamento de Olancho, en la audiencia de incidentes, nulidades y excepciones, celebrada en fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, resolvió: (Sic) “TRIBUNAL: No se mencionó lo que establece el tercer párrafo del artículo 118 que establece que el profesional del derecho que abandone la defensa sin causa justificada, como lo es en este caso, deberá ser suspendido en el ejercicio de su profesión por 3 meses, para los efectos correspondientes se dará cuenta el Colegio de Abogados de Honduras, por lo que ordenamos que se envíe el correspondiente oficio al C.A.H; con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, para poner en conocimiento lo resuelto por este Tribunal. Así mismo señalamos nueva fecha para audiencia de examinación para el DÍA JUEVES 18 DE MARZO DEL AÑO 2021 A LAS 9:00 A.M…” (Folios 123-124 del expediente del A-quo) 4) En fecha ocho de marzo del presente año dos mil veintiuno, compareció ante la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Julio Eduardo Sarmiento Miralda, interponiendo recurso de amparo a favor de Sí Mismo, contra la resolución referida en el numeral que antecede, estimando que con dicho acto, se le violentaron los derechos reconocidos en los artículos 65, 69 y 127 de la Constitución de la República. (Folios del 1-6 de la pieza de antecedentes de Amparo) 5) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo del año dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual resolvió: (Sic) “1.-OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO contra la resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencias de Juticalpa Departamento de Olancho en consecuencia dicha resolución no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir su derecho fundamental de defensa y debido proceso.” (Folios del 62-65 de la pieza de antecedentes de Amparo) 6) Que en fecha veintisiete de mayo del presente año dos mil veintiuno, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la acción de amparo penal venido en trámite de consulta obligatoria, conocido por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por el Abogado JULIO EDUARDO SARMIENTO MIRALDA, contra la resolución de fecha cuatro de marzo del presente año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, con relación a la suspensión en el ejercicio de la profesión por un periodo de tres meses al Abogado JULIO EDUARDO SARMIENTO MIRALDA, en la causa instruida contra el señor PABLO FRANCISCO CHIRINOS CALIX, por suponerle responsable del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama de fecha cuatro de marzo del presente año dos mil veintiuno, infringen los derechos a la vida, libertad y el trabajado consignados en los artículos 65, 69 y 127 de la Constitución de la República; sostiene el impetrante que se vulnera el derecho a la vida, en virtud que es el fin supremo, asegurar la integridad de una persona y estando imposibilitado por motivos de salud, contando con incapacidad médica, se le negó la posibilidad de justificar su incomparecencia a la audiencia señalada. Que la decisión tomada, interpreta de manera errónea el artículo 188 del Código Procesal penal, al no permitírsele presentar una justificación legal, ya que al suspenderle del ejercicio profesional se le esta dejando sin la posibilidad de poder continuar con su trabajado, que es el único sustento económico para su familia. Aunado a ello el Tribunal de Sentencia de Olancho viola la circular 02-2018 inciso H), emitida por la Corte Suprema de Justicia, misma que prohíbe la celebración de audiencia para examinar diligencias. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resuelve otorgar el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO EDUARDO SARMIENTO MIRALDA, contra la Resolución de fecha cuatro de marzo del presente año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho. Sostiene la Alzada en la sentencia que se consulta, que los preceptos 82 y 90 de la Constitución de la República han sido violentados al recurrente, en virtud que a pesar de haber presentado una fotocopia de constancia medica que reconoce su incapacidad laboral, extendida por un medico competente en el ejercicio de su profesión, la cual fue recibida por la Secretaria del Tribunal y agregada al expediente, sin embargo arbitrariamente, el Tribunal no le da valor a la constancia bajo argumentos que en ningún momento contradicen ni redarguyen de falsedad el contenido de la constancia, causando indefensión del solicitante y violentando el debido proceso. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que además de lo que ha expresado el ad quem, en su resolución sobre el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO EDUARDO ARMIENTO MIRALDA, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional vulneración del derecho fundamental de defensa, entendido éste como el derecho fundamental de una persona, sea esta física o jurídica a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia, se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales y administrativos, que aplica en todas las fases del proceso; así en el proceso penal en las etapas de instrucción, intermedia y juicio oral y en el proceso civil en las alegaciones, prueba y conclusiones de las partes en contienda. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, lo que forma parte inseparable del concepto del debido proceso. CONSIDERANDO 6: Que en el caso sub júdice no se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 118[1] del Código Procesal Penal, a efecto de proceder el A-quo declarar el abandono de la defensa por parte del recurrente en amparo; ello es así porque a la audiencia programada para fecha cuatro de marzo del año dos mil veintiuno, consta en acta la comparecencia del Abogado Julio Sarmiento, a quien le fue vedada la intervención a efecto de justificar su incomparecencia a la audiencia señalada en fecha anterior, negándole asimismo el derecho a defenderse de una sanción como la impuesta de tres meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, lo que supone la vulneración a los derechos a la defensa y debido proceso constitucionalmente reconocidos. CONSIDERANDO 7: Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada; por ello y en razón de lo antes expuesto es procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de mayo del presente año dos mil veintiuno. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-516-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Abandono de la Defensa. Defensor Emergente. Si el Defensor del imputado abandona la defensa y éste no nombra otro Defensor, el Juez ordenará su inmediata sustitución por un Defensor Público o de oficio. El responsable del abandono no podrá intervenir de nuevo en el proceso.

En casos complejos o prolongados el órgano jurisdiccional podrá nombrar en la etapa preparatoria del debate, o antes, si lo considera necesario, un Defensor Público sustituto para que asista a todos los actos del proceso. Este último, sin embargo, sólo podrá intervenir si el defensor en propiedad abandona el proceso.

El Profesional del derecho que abandone la defensa sin causa justificada, deberá ser suspendido por el Juez en el ejercicio de la profesión por tres (3) meses. Para los efectos correspondientes, se dará cuenta al Colegio de Abogados de Honduras.