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Sentencia AP-490-22 — Registro 15688

Resumen

Acto recurrido que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la del a-quo, con relación a la causa instruida por suponerlo responsable en el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas.

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la citada providencia, le fue notificada al recurrente en legal y debida forma mediante Constancia de notificación el día martes treinta de agosto de dos mil veintidós, siendo las dos de la tarde con cincuenta minutos; habiendo comenzado a correr el plazo concedido el día miércoles treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y venciendo el plazo concedido, a la media noche del día viernes dos de septiembre del mismo año, sin que el recurrente haya hecho uso del mismo..." ..." Que cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche del último día del plazo..." Que conforme lo dispone el artículo 50 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se declarará inadmisible la demanda de amparo que no hubiere sido corregida por el recurrente en el plazo señalado al efecto...." ..." Que, por las razones expuestas, al haber caducado el plazo concedido al recurrente para que enmendara su acción sin haber hecho uso del mismo, es procedente, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la citada Ley, declarar inadmisible el amparo de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia.-Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, que declaró ha lugar el recurso presentado por el Señor MARCO ANTONIO REYES SANCHEZ en condición propia y en Representación de los demás miembros de la Comunidad Indígena del Cacao, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en relación a la orden de desalojo en la causa instruida contra los Señores YADIRA MENDOZA FLORES, BERTA LIDIA ISAGUIRRE Y OTROS por suponerles responsables del delito de USURPACION en perjuicio de los Señores MARIO ROBERTO BANEGAS, RENE FRANCISCO BANEGAS Y OTROS. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18, 80, 82, 90, 94 y 346 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha siete (07) de junio de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el Abogado CARLOS EDEN SARMIENTO contra los Señores YADIRA MENDOZA FLORES, BERTA LIDIA ISAGUIRRE Y OTROS por suponerles responsables del delito de USURPACION en perjuicio de los Señores MARIO ROBERTO BANEGAS, RENE FRANCISCO BANEGAS Y OTROS. (Folios 01–117 del Tomo I de la pieza del A-Quo). 2).- Que en fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado antes citado dicto resolución de Audiencia Inicial, en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los imputados YADIRA MENDOZA FLORES, JOSE ELVER VEGA MURCIA, MOISES HERNANDEZ, JOSE FREDY HERNANDEZ, ANA RITA HERNANDEZ MEZA, CARLOS EDUARDO MENDOZA BENITEZ, JOSE ISMAEL LOPEZ IZAGUIRRE, ADA MENDEZ HERNADEZ, BERTA LIDIA IZAGUIRRE, EDWIN OBED LOPEZ ZALDIVAR Y TOMAS DIAZ por suponerlos responsable del delito de USUSRPACION en perjuicio de MARIO ROBERTO, RENE FRANCISCO, ROGER RAMIRO, JESUS ALEJANDRO, LILIAN SUYAPA, MARIANA CONCEPCION, todos de apellido BANEGAS PEÑA.- SEGUNDO: RATIFICAR a los imputados YADIRA MENDOZA FLORES, JOSE ELVER VEGA MURCIA, MOISES HERNANDEZ, JOSE FREDY HERNANDEZ, ANA RITA HERNANDEZ MEZA, CARLOS EDUARDO MENDOZA BENITEZ, JOSE ISMAEL LOPEZ IZAGUIRRE, ADA MENDEZ HERNADEZ, BERTA LIDIA IZAGUIRRE, EDWIN OBED LOPEZ ZALDIVAR Y TOMAS DIAZ, la medida cautelar sustitutiva de la prisión preventiva, contenida en el numeral 6 del artículo 173 del Código Procesal Penal que consiste en que los imputados YADIRA MENDOZA FLORES, JOSE ELVER VEGA MURCIA, MOISES HERNANDEZ, JOSE FREDY HERNANDEZ, ANA RITA HERNANDEZ MEZA, CARLOS EDUARDO MENDOZA BENITEZ, JOSE ISMAEL LOPEZ IZAGUIRRE, ADA MENDEZ HERNADEZ, BERTA LIDIA IZAGUIRRE, EDWIN OBED LOPEZ ZALDIVAR Y TOMAS DIAZ se presenten UNA VEZ AL MES al Juzgado de paz de Santa Cruz de Yojoa y la Señora ADA MENDEZ HERNANDEZ UNA VEZ AL MES ante el Juzgado de Paz de Utila, Islas de la Bahía, para tales efectos se deberá enviar los oficios correspondientes, debiendo rendir la respectiva caución juratoria.- TERCERO: En cuanto al desalojo solicitado por los entes acusadores, se ordenara el mismo una vez firme la presente Resolución. OBSERVACION: Si bien es cierto que las partes se habían citado para notificarse de la presente Resolución para el día ocho (8) de noviembre del año en curso, sin embargo se hace constar que se resuelve hasta esta fecha, en virtud del exceso de trabajo que impera en este Juzgado y así mismo por haber sido asignada la Juez conocedora de la causa a cubrir incapacidad del Juez del circuito especializado de Extorsión y en aras de no violentar el derecho a las partes a interponer los recursos que estimen pertinentes. NOTIFIQUESE.” (Folios 406–408 de la pieza del A-Quo). 3).- Que en fecha nueve (09) de enero de dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés dicta auto en el cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: ORDENAR EL DESALOJO de las personas que se encuentren usurpando el bien inmueble ubicado en la aldea el Cacao, del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortes, con una extensión de 164 manzanas y se encuentra inscrita la tradición de dominio a favor de los señores MARIO ROBERTO, RENE FRANCISCO, ROGER RAMIRO, JESUS ALEJANDRO, LILIAN SUYAPA, MARIANA CONCEPCION, todos de apellido BANEGAS PEÑA, con clave catastral R06-10-83, el cual fue adquirida por Herencia Ab-Intestato e inscrita bajo el número 4593 del Tomo 17 del Registro de la Propiedad de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes, a efecto de restablecerle el derecho de propiedad lesionado.- SEGUNDO: NOMBRAR como Juez (a) ejecutor (a) al Juez (a) de Paz, del Juzgado de Paz del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortes, para la práctica de dicho DESALOJO, mismo que deberá ejecutarse en primera instancia de manera pacífica, dentro del plazo de TREINTA DIAZ, contando el plazo otorgado a partir del día siguiente de notificados de la presente resolución; caso contrario procederá a ejecutarse el mismo por la fuerza pública, debiendo el Juez (a9 Ejecutor (a) realizar las diligencias necesarias para resguardar el orden y seguridad en el área de que se trata, tanto para su persona como para las personas que van a ser desalojadas del inmueble referido; para tales efectos líbrese atenta comunicación al referido Juzgado poniéndole en conocimiento lo ordenado para que tome las previsiones del caso a efecto de que no se violenten garantías establecidas en la Constitución de la República.- CUMPLASE.” (Folios 574–575 de la pieza del A-Quo). 4).- Que en fecha veinte (20) de febrero de dos mil veinte (2020), el Señor MARCO ANTONIO REYES SANCHEZ, en condición propia y en Representación de los demás miembros de la Comunidad Indígena del Cacao, confiriendo poder al Abogado SANTIAGO FLORES ROSALES, interpone recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de la Resolución de fecha doce (12) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) y el Auto de fecha nueve (09) de enero de dos mil veinte (2020); en consecuencia la citada Corte en fecha catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022) Falló: (SIC): “PRIMERO: DECLAR HA LUGAR el Recurso de Amparo interpuesto a favor del señor MARCO ANTONIO REYES SANCHEZ contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL, consistente en la resolución de fecha DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) que ordena el desalojo, en la causa instruida contra: YADIRA MENDOZA FLORES, BERTA LIDIA ISAGUIRRE, ANA RITA HERNANDEZ, JOSE ELVER VEGA MURCIA, EDWIN OBED LOPEZ ZALDIVAR, MOISES FERNANDEZ, CARLOS EDUARDO MENDOZA BENITEZ, JODE ISAMEL LOPEZ IZAGUIRRE, TOMAS DIAZ Y ADA MENDEZ HERNADEZ; por suponerles responsables del delito de usurpación en perjuicio de los señores MARIO RONERTO, RENE FRANCISCO, ROGER RAMIRO, JESUS ALEJANDRO, LILIAN SUYAPA, MARIANA CONCEPCION, todos de apellidos BANEGAS. SEGUNDO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de Amparo interpuesto a favor de YADIRA MENDOZA FLORES, ANA RITA HERNANDEZ, BERTA LIDIA ISAGUIRRE Y JODE ISAMEL LOPEZ IZAGUIRRE contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE ESTA SECCION JUDICIAL, consistente en la resolución de fecha DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019) que ordena el desalojo, en la causa instruida contra: YADIRA MENDOZA FLORES, BERTA LIDIA ISAGUIRRE, ANA RITA HERNANDEZ, JOSE ELVER VEGA MURCIA, EDWIN OBED LOPEZ ZALDIVAR, MOISES FERNANDEZ, CARLOS EDUARDO MENDOZA BENITEZ, JODE ISAMEL LOPEZ IZAGUIRRE, TOMAS DIAZ Y ADA MENDEZ HERNADEZ; por suponerles responsables del delito de usurpación en perjuicio de los señores MARIO RONERTO, RENE FRANCISCO, ROGER RAMIRO, JESUS ALEJANDRO, LILIAN SUYAPA, MARIANA CONCEPCION, todos de apellido BANEGAS.” (Folios 01–03 y 127-135 de la pieza del Ad-Quem) 5).- Que en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha catorce de marzo del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que OTORGA el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO REYES SANCHEZ, a favor de sí mismo y de la Comunidad Indígena conocida como “EL CACAO”, contra la resolución de fecha catorce (14) de marzo del dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Seccional Judicial de San Pedro Sula, Cortes, con relación a la orden de desalojo en la causa instruida contra Yadira Mendoza Flores, Berta Lidia Izaguirre y otros, por suponerlos responsable del delito de USURPACIÓN en perjuicio de los señores MARIO ROBERTO BANEGAS, RENE FRANCISCO BANEGAS Y OTROS. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, manifestando que se vulnera el debido proceso, al señalar que los posibles afectados con la orden de desalojo ordenado por el Tribunal de Sentencia son 9 pueblos originarios de honduras y en tal sentido les asiste los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, y en este caso al no aplicar los mandatos de este convenio se estaría violando, los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena, las 100 reglas de Brasilia, Convención Americana de Derechos Humanos y en consecuencia los artículos 15, 16, 18 y 94 de la Constitución de la República, violación de garantías que motiva este recurso, por tanto, desalojar a la comunidad indígena “El Cacao” sin ser vencido en juicio, será un acto de injusticia de parte de los operadores de Justicia. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas. CONSIDERANDO SEIS (6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022), en vista que el Juez de primera instancia ha ordenado el desalojo de manera general contra las personas que se encuentran usurpando el bien inmueble ubicado en la aldea el Cacao, del Municipio de Santa Cruz de Yojoa, departamento de Cortes, sin la identificación plena de las personas, siendo un requisito indispensable para proceder con el mismo, ya que únicamente se identificó como miembro de la comunidad del Cacao al señor Marco Antonio Reyes Sánchez; de igual manera no todos los testigos que declararon son imputados en el requerimiento fiscal que contiene la causa 0501-2017-00660 que está llevando al presente desalojo, solo el señor Tomas Díaz, entendiéndose por tanto, que no se puede llevar a cabo el desalojo de las personas a las cuales no se les ha presentado el requerimiento, ya que de hacerlo se le estaría violentado el debido proceso, que lleva implícito entre otras, el derecho a la defensa, en virtud que dichas personas no han sido oídas previamente y por tal razón no han tenido la oportunidad de defenderse, por lo que se debe de confirmar la sentencia definitiva venida en consulta de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 1, 15, 16, 18, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 227 del Código Penal Decreto 144-83; FALLA: Confirmado la sentencia de fecha catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.0”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0490-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.