Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-489-21 — Registro 14554

Resumen

Resolución en consulta que revocó sobreseimiento provisional y ordenó que el juzgado de letras procediera a dictar auto de formal procesamiento en contra de recurrente por el delito de facilitación intencional de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. III. También es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. IV. En el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, argumentos relacionados primordialmente con aspectos relativos a la valoración probatoria, cuestionando la forma en la que se han valorado elementos probatorios por parte del Tribunal Ad Quem, y censurando el hecho de haber ordenado la revocación de lo resuelto por el juez de instancia, lo que consideró como una violación a la prohibición de la reforma peyorativa que proclama el artículo 350 del Código Procesal Penal. V. Esta Sala debe insistir que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. VI. Como es sabido, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, por medio del cual se procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico. VII. Dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional. VIII. No obstante, y como también lo hemos sostenido, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. IX. En el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal. X. Esta Sala advierte que en el asunto objeto de examen, el Tribunal de Alzada basó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en contra del imputado, en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual condujo razonablemente al Tribunal a considerar que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el mismo. XI. Con respecto a la alegada reforma peyorativa que se argumenta ha sido causada por el Tribunal de Alzada, sabemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal establece la prohibición de reforma peyorativa disponiendo que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación y sólo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre algún aparte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano que dictó la resolución recurrida. Del análisis de lo actuado se observa que se recurrió por vía de apelación en este caso la decisión del juez de instancia de: 1) Recalificar de oficio el delito Tráfico ilícito de drogas imputado por el Ministerio Público; y, 2) Decretar un sobreseimiento provisional a favor del inculpado Marlon David Saravia Cardona. Del antecedente resulta claro que ha sido el Ministerio Público quien, no conforme con la decisión del juez de instancia, recurrió la misma en apelación, siendo su pretensión, conforme fue explicada en los agravios formulados, que lo resuelto por el A Quo debía ser revocado y se dictase en su lugar un auto de formal procesamiento por el delito de Tráfico ilícito de Drogas en el que se fundó el requerimiento fiscal que dio inicio al proceso. La decisión de la Alzada fue la de estimar en forma parcial el recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución del A Quo y ordenar que se dictase auto de formal procesamiento en contra del imputado por un delito de (sic) Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, de ahí que resulte evidente que el Tribunal de Alzada no ha incurrido en la prohibición peyorativa como lo argumenta el postulante, por cuanto la revocación de la resolución recurrida fue impetrada por el Ministerio Público y la sentencia de apelación no agravó lo pretendido por el ente fiscal, a contrario sensu, la modificación acordada por la Alzada se fijó en un delito cuya pena es inferior inclusive a la del delito por el cual se instó el proceso en contra del imputado, por lo que el argumento del quejoso resulta claramente infundado en este respecto. XII. Así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o de los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. XIII. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida al imputado en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. XIV. De todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. XV. En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ALEXANDER LUNA ZÚNIGA, a favor del señor MARLON DAVID SARAVIA CARDONA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticuatro (24) de marzo dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, con relación a la causa instruida contra el señor MARLON DAVID SARAVIA CARDONA por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90, 92, 304 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho (28) de julio del dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el Abogado BLAS ARTURO DOMÍNGUEZ, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento contra el señor MARLON DAVID SARAVIA CARDONA por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN Y TRAFICO ILÍCITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–10 de la pieza del A-Quo). 2) Que en fecha tres (03) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado en Audiencia Inicial Decretó: (SIC): “…SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del ciudadano MARLON DAVID SARAVIA CARDONA, por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE DROGA PARA CONSUMO PERSONAL en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, en apego a lo que establece el artículo 295 del Código Procesal Penal, que establece: El Juez dictara sobreseimiento provisional si no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que los imputados hayan tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si las tuvo y existe, además la posibilidad de que en el futuro se incorpore nuevos elementos de prueba, lo cual deben señalarse de manera concreta en la resolución respectiva. Si dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha del sobreseimiento provisional surgen nuevos elementos de prueba que den base para decretar auto de prisión. Todo lo anterior se dicta sin menoscabo del derecho de presunción de inocencia que les asiste al imputado, el cual esta constitucionalmente establecido y también legalmente reglamentado, sin perjuicio de establecer que el suscrito no es órgano jurisdiccional para dictar el fallo definitivo. Por lo que se le ordena a la secretaría del despacho extienda la carta de libertad provisional en virtud del sobreseimiento provisional, se ordena la inmediata libertad del acusado librar los oficios correspondientes al Centro Penal de esta ciudad…”. (Folios 15-22 de la pieza del A-Quo). 3) Habiendo sido recurrida en apelación la anterior resolución por parte de la Abogada WUENDY AGUILAR UMANZOR, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, se dictó sentencia en fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por parte de la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la cual falló: (SIC): “…PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada WUENDY AGUILAR UMANZOR, en su condición de Fiscal del ministerio público.- SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCIÓN de fecha 03 de agosto del año 2017, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Debiendo señalar Audiencia Ad-Hoc mediante la cual dictara AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO por el delito de FACILITACIÓN INTENCIONAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS...”. (Folios 15–19 de la pieza del Ad-Quem). 4) Que el Abogado OSCAR ALEXANDER LUNA ZÚNIGA, compareció ante este Tribunal en fecha veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del Señor MARLON DAVID SARAVIA CARDONA, contra la resolución de fecha veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90, 92, 304 de la Constitución de la República. (Folios 01–15 del Presente Recurso). 5) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 41 del Presente Recurso). DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 1. La garantía de amparo es una garantía constitucional reconocida por nuestro Estado de conformidad con el artículo 183 de la Constitución de la República, el cual establece que toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. 2. La acción de amparo se encuentra regulada en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual tiene por objeto, según dispone su artículo 1º, desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional. De conformidad con la ley, la acción de amparo se substanciará con a arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. 3. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 4. En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. 5. A la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. OBJETO DEL RECURSO I. El acto reclamado por vía de la presente acción constitucional de amparo lo constituye la sentencia emitida en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, la cual se denuncia ante esta Sala por parte del recurrente, de ser violatoria de la garantía a un debido proceso, al estado de inocencia y del derecho de defensa en perjuicio del imputado Marlon David Saravia Cardona. II. La sentencia impugnada decidió declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada en audiencia inicial por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha tres de agosto del año dos mil diecisiete, que había determinado dictar un sobreseimiento provisional a favor del referido imputado. III. La intervención de los órganos jurisdiccionales en este asunto se inició con la presentación de un requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público, ante el ya mencionado Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, en contra del señor Marlon David Saravia Cardona, a quien se imputó la comisión del delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas, fundamentado en el artículo 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. IV. En audiencia inicial celebrada ante el juzgado de instancia, se decidió por un lado la recalificación del delito imputado de posesión y tráfico ilícito de drogas al de posesión de drogas para consumo personal inmediato, y por el otro, estimando un sobreseimiento provisional a favor del imputado, al considerar el juzgador que no logró acreditarse la participación del imputado en los hechos. V. Como ya queda dicho, la decisión del A Quo fue recurrida en apelación por parte del Ministerio Público ante la Corte de Alzada, la cual dictó resolución en fecha 6 de marzo de 2020, revocando el sobreseimiento provisional en referencia, y ordenando que el juzgado de letras procediera a dictar auto de formal procesamiento en contra del imputado por el delito de facilitación intencional de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA 1. Conociendo del recurso de apelación interpuesto, el Tribunal de Alzada consideró que con los medios probatorios aportados en el proceso se logró establecer tanto la existencia de los elementos del tipo penal antes descrito, así como los indicios racionales de participación del imputado en el mismo. Para el Tribunal de Alzada, con el dictamen toxicológico se acreditó tanto la existencia la droga decomisada como su cantidad, la cual según su parecer no resultó ser compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, de ahí que considerase la revocación de lo resuelto por el A Quo. 2. El Tribunal de Alzada apreció que la resolución del A Quo se contrapuso a las disposiciones de ley, determinando que en el proceso fueron acreditados los elementos del tipo penal de facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, así como el indicio de participación del imputado en el mismo, de conformidad con los elementos probatorios presentados en la audiencia inicial. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL RECURRENTE 1. Para el impetrante la Corte de Apelaciones violentó la garantía a un debido proceso al reformar en perjuicio del imputado la resolución impugnada, lo cual consideró como violatorio al artículo 89 constitucional y al 350 del Código Procesal Penal referente a los alcances de la sentencia que resuelve un recurso, contemplando la prohibición de la reforma peyorativa. 2. El recurrente a su vez cuestionó la valoración de los elementos probatorios que hiciera el Tribunal de Alzada, objetando que el Ministerio Público no logró acreditar los elementos del tipo en el proceso de mérito, censurando la falta de congruencia de la resolución emitida por la Alzada, la cual según el quejoso calificó situaciones legales que “no encajan al caso concreto” y que ésta no realizó un “análisis profundo y sin reservas sobre el fondo del asunto” al emitir una decisión carente de soporte legal en perjuicio de su defendido. RAZONAMIENTO DE LA SALA I. Esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión. II. Hemos insistido en que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. III. También es necesario insistir que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo. Estas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la jurisdicción penal y como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. IV. En el caso que nos ocupa, el recurrente ha presentado como fundamento para sustentar las violaciones constitucionales alegadas, argumentos relacionados primordialmente con aspectos relativos a la valoración probatoria, cuestionando la forma en la que se han valorado elementos probatorios por parte del Tribunal Ad Quem, y censurando el hecho de haber ordenado la revocación de lo resuelto por el juez de instancia, lo que consideró como una violación a la prohibición de la reforma peyorativa que proclama el artículo 350 del Código Procesal Penal. V. Esta Sala debe insistir que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. VI. Como es sabido, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, por medio del cual se procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico. VII. Dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[1], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional. VIII. No obstante, y como también lo hemos sostenido, la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada—como ya hemos dicho previamente— a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso. IX. En el presente caso, el recurrente presenta diversas alegaciones que se refieren a aspectos de valoración probatoria que a criterio de esta Sala resultan infundadas para efecto de sustentar su acción de amparo, pues su cuestionamiento surge claramente de una mera inconformidad con la valoración del Ad Quem, misma que a criterio de esta Sala ha sido debida y correctamente razonada, y además derivada de la prueba aportada en el proceso, tal y como lo dispone nuestro ordenamiento jurídico procesal. X. Esta Sala advierte que en el asunto objeto de examen, el Tribunal de Alzada basó su decisión de ordenar que se dictara un auto de formal procesamiento en contra del imputado, en el hecho que existe esta mínima actividad probatoria de la que hablamos, la cual condujo razonablemente al Tribunal a considerar que el acusado pudo tener participación en los hechos que se le imputan, de ahí que resulten méritos para que el proceso penal incoado en su contra continúe, sin perjuicio obviamente de lo que resulte de la subsiguientes etapas que conforman el mismo. XI. Con respecto a la alegada reforma peyorativa que se argumenta ha sido causada por el Tribunal de Alzada, sabemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal establece la prohibición de reforma peyorativa disponiendo que la sentencia que resuelva un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación y sólo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre algún aparte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano que dictó la resolución recurrida. Del análisis de lo actuado se observa que se recurrió por vía de apelación en este caso la decisión del juez de instancia de: 1) Recalificar de oficio el delito Tráfico ilícito de drogas imputado por el Ministerio Público; y, 2) Decretar un sobreseimiento provisional a favor del inculpado Marlon David Saravia Cardona. Del antecedente resulta claro que ha sido el Ministerio Público quien, no conforme con la decisión del juez de instancia, recurrió la misma en apelación, siendo su pretensión, conforme fue explicada en los agravios formulados, que lo resuelto por el A Quo debía ser revocado y se dictase en su lugar un auto de formal procesamiento por el delito de Tráfico ilícito de Drogas en el que se fundó el requerimiento fiscal que dio inicio al proceso. La decisión de la Alzada fue la de estimar en forma parcial el recurso de apelación interpuesto, revocar la resolución del A Quo y ordenar que se dictase auto de formal procesamiento en contra del imputado por un delito de (sic) Facilitación Intencional de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, de ahí que resulte evidente que el Tribunal de Alzada no ha incurrido en la prohibición peyorativa como lo argumenta el postulante, por cuanto la revocación de la resolución recurrida fue impetrada por el Ministerio Público y la sentencia de apelación no agravó lo pretendido por el ente fiscal, a contrario sensu, la modificación acordada por la Alzada se fijó en un delito cuya pena es inferior inclusive a la del delito por el cual se instó el proceso en contra del imputado, por lo que el argumento del quejoso resulta claramente infundado en este respecto. XII. Así entonces, esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación de los elementos del tipo, como la valoración probatoria, también propias de esa función, la que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o de los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. XIII. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio y será en todo caso durante la secuela del juicio en donde se decidirá lo pertinente en cuanto a la responsabilidad penal atribuida al imputado en este proceso, teniendo las partes plena libertad para presentar sus alegaciones y los fundamentos en los que basan sus pretensiones. XIV. De todo lo anteriormente relacionado, esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. La decisión emanada del Tribunal de segundo grado de considerar la conformación de los elementos del tipo y la probable participación del imputado en los hechos es una decisión que concierne a la justicia ordinaria, y ha sido acordada por la Alzada sin que se logre observar arbitrariedad en ella, o desatención a los principios constitucionales denunciados como transgredidos; por el contrario, se observa que la Corte de Apelaciones ha razonado sus apreciaciones, correspondiendo éstas a sus facultades legales y a las actuaciones del proceso, sin que se anteceda un quebramiento de sus principios o formas esenciales, como queda dicho. XV. En conclusión y por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el impetrante y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 294 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el abogado el Abogado OSCAR ALEXANDER LUNA ZÚNIGA, a favor del señor MARLON DAVID SARAVIA CARDONA, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veinticuatro (24) de marzo dos mil veintiuno (2021) por las razones que se han dejado aquí establecidas; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-489-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200