Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-469-20 — Registro 14597

Resumen

Actuaciones de Autoridad recurrida amplió por seis meses el término de prisión preventiva de recurrente por suponerla responsable de delitos de lavado de activos y asociación ilícita en perjuicio de la Economía y la Seguridad interior del Estado de Honduras; así mismo declaró sin lugar recurso de reposición contra el auto de ampliación; La Sala concluye que es procedente sobreseer éste recurso al ser actos consumados de modo irreparable

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado el cual comprende las actuaciones dictadas por la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia en fechas tres, trece y catorce de abril del dos mil veinte, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, fueron resueltas respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."de lo establecido tanto en el artículo 316 de la Constitución de la República, como en el artículo 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se desprende que la Sala Constitucional, no tiene competencia para conocer de las resoluciones aprobadas por unanimidad de votos por las demás Salas de la Corte Suprema de Justicia, ya que éstas al ser aprobadas por unanimidad, adquieren el carácter de definitivas y se pronuncian en nombre de todo el pleno de este Tribunal Supremo, del cual forman parte los Magistrados integrantes de la Sala de lo Constitucional y como consecuencia, no puede conocer en amparo de las resoluciones dictadas por las demás Salas de la Corte Suprema de Justicia, como ha sido declarado en reiterados precedentes..."..."se aprecia que el acto reclamado ha sido dictado por una autoridad, cuyas resoluciones al dictarse por unanimidad adquieren el carácter de definitivas y no son objeto de ulterior recurso, por lo cual las mismas se consuman de modo irreparable al momento de adquirir su firmeza procesal..."..."por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral cinco, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que son actos consumados de modo irreparable..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de febrero del dos mil veintidos. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por los abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON Y JUAN SANCHEZ CANTILLANO, a favor de la señora DILCIA REBECA LARA TABORA; contra actuaciones dictadas por la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia en fechas tres, trece y catorce de abril del dos mil veinte, que mediante las cuales a petición del Ministerio Público se amplió por seis meses el término de la prisión preventiva, se desestimó un escrito presentado por la defensa de la imputada relacionado a desestimar la solicitud de ampliación de la medida presentada por el Ministerio Público y en caso de haber ampliación, solicita la ampliación de la misma; y declaró sin lugar un recurso de reposición respectivamente; con relación a la solicitud de ampliación del plazo de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público en la causa instruida contra la señora DILCIA REBECA LARA TABORA por suponerla responsable de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que los recurrentes motivan el mismo en la imposición de la prisión preventiva prolongada, más allá del plazo máximo, que se traduce en una decisión unilateral (sin presencia de las partes, específicamente de la defensa técnica de la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora) pues solo la hace depender del pedimento del Ministerio Público, tomando en cuenta una supuesta gravedad de las penas a imponer. Pero es el caso que el Ministerio Público, al solicitar la ampliación del plazo máximo, le está dando un carácter diferente, las utiliza como una verdadera pena anticipada, al hacer depender, en parte, la imposición de las mismas al pronóstico de una pena elevadísima a imponer a la señora Lara Tábora, como se ha dicho, las medidas cautelares, especialmente la prisión preventiva, son excepcionales, solamente debe recurrirse a ellas cuando no haya otras medidas idóneas y necesarias para garantizar los fines del proceso. CONSIDERANDO (2): Que en fecha tres de abril de dos mil veinte, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia emite auto en donde resuelve ampliar por seis meses el término de duración de la prisión preventiva impuesta a la imputada Dilcia Rebeca Tábora y otros, ampliación que se contará a partir de la finalización del término de duración de la medida impuesta. Asimismo, en fecha trece de abril del mismo año, la Sala de lo Penal dispone que la peticionaria se esté a lo dispuesto en el auto de fecha tres de abril mediante el cual se resolvió ampliar el término de duración de la prisión preventiva. Que en fecha catorce de abril de dos mil veinte, esa Sala dispone declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la abogada Doris Imelda Madrid Zerón, contra la resolución proferida en fecha tres de abril de dos mil veinte. CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado el cual comprende las actuaciones dictadas por la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia en fechas tres, trece y catorce de abril del dos mil veinte, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, fueron resueltas respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO (4): Que tal y como lo dispone el artículo 316 de la Constitución de la República: “La Corte Suprema de Justicia, estará organizada en Salas, una de las cuales es la de lo Constitucional. Cuando las sentencias de las salas se pronuncien por unanimidad de votos, se proferirán en nombre de la Corte Suprema de Justicia, y tendrán carácter de definitivas...”. CONSIDERANDO (5): Que conforme lo establece el artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales: “La competencia es la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.” CONSIDERANDO (6): Que tal y como lo establece el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en los casos no previstos en esta ley, el procedimiento para conocer de los asuntos que se sometan a la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo establecerá la propia Sala en las resoluciones que adopte de conformidad con la naturaleza del asunto. CONSIDERANDO (7): Que de lo establecido tanto en el artículo 316 de la Constitución de la República, como en el artículo 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se desprende que la Sala Constitucional, no tiene competencia para conocer de las resoluciones aprobadas por unanimidad de votos por las demás Salas de la Corte Suprema de Justicia, ya que éstas al ser aprobadas por unanimidad, adquieren el carácter de definitivas y se pronuncian en nombre de todo el pleno de este Tribunal Supremo, del cual forman parte los Magistrados integrantes de la Sala de lo Constitucional y como consecuencia, no puede conocer en amparo de las resoluciones dictadas por las demás Salas de la Corte Suprema de Justicia, como ha sido declarado en reiterados precedentes. CONSIDERANDO (8): Que conforme se desprende de la anterior motivación, se aprecia que el acto reclamado ha sido dictado por una autoridad, cuyas resoluciones al dictarse por unanimidad adquieren el carácter de definitivas y no son objeto de ulterior recurso, por lo cual las mismas se consuman de modo irreparable al momento de adquirir su firmeza procesal. CONSIDERANDO (9): Que según el artículo cuarenta y seis en su numeral 5) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es inadmisible, entre otros casos, el recurso de amparo: “Contra los actos consumados de modo irreparable”. CONSIDERANDO (10): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral cinco, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que son actos consumados de modo irreparable. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los abogados DORIS IMELDA MADRID ZERON Y JUAN SANCHEZ CANTILLANO, a favor de la señora DILCIA REBECA LARA TABORA; contra actuaciones dictadas por la Sala Penal de esta Corte Suprema de Justicia en fechas tres, trece y catorce de abril del dos mil veinte; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha ocho de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-469-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL