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Sentencia AP-462-21 — Registro 15510

Resumen

Resolución que confirma auto de formal procesamiento en relación a la causa instruida contra impetrante, por suponerla responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA,considerando recurrente que ninguna de las pruebas de descargo fue considerada, atendiendo a que no se hace alusión alguna de las misma

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Los recurrentes entienden que este derecho a un debido proceso supone la adecuada motivación de la resolución recurrida, fundamentada en un razonamiento intelectivo derivado de su análisis particular; asimismo estiman que se ha vulnerado el debido proceso al carecer la resolución recurrida en Amparo de un razonamiento intelectivo derivado de un análisis exhaustivo de toda la prueba presentada en audiencia inicial. A criterio de los amparistas no se visualiza por ningún lado de la motivación, la consignación previa y taxativa de la fundamentación fáctica y probatoria que articule lógicamente los contenidos de la imputación y su respectivo descargo, con lo cual se fundamenta la infracción al debido proceso al no darse cabal cumplimiento al precepto contenido en el artículo 92 de la Constitución de la República; consecuencia de ello se confirma el auto de formal procesamiento por el delito de Apropiación Indebida. Es de importancia entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal en relación al tema en estudio: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(17): Que siendo evidente la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, asimismo la inobservancia de disposiciones de la ley adjetiva penal, en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra de la encausada Lilliam Margoth Martínez Artica, se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar CON LUGAR la acción constitucional invocada por los recurrentes, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que el dictado de la Resolución en fecha (Sic) dos días del mes de febrero de dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, vulnera la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; quebrantando la resolución impugnada lo dispuesto en el artículo 141, 202 y 297 del Código Procesal Penal, preceptos procesales penales que establecen las reglas de valoración de la prueba, así como los presupuestos necesarios a determinar en una Audiencia Inicial a efecto de decretar un Auto de Formal Procesamiento. CONSIDERANDO (19): Que el otorgamiento del amparo, en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, en relación al Auto de Formal procesamiento dictado en contra de la encausada Lilliam Margoth Martínez Artica, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos plasmados en el presente fallo constitucional, sea congruente con el derecho al debido proceso que ha sido vulnerado con la decisión adoptada"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AÍDA CERRATO CHINCHILLA, a favor de la señora LILLIAM MARGOTH MARTÍNEZ ARTICA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dos (02) de febrero del año dos mil “veinte” (error material en la consignación de la fecha, se entiende que fue emitida el 2 de febrero de 2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la resolución de Auto de Formal Procesamiento, dictado en Audiencia Inicial por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la causa instruida contra la señora LILLIAM MARGOTH MARTÍNEZ ARTICA, por suponerla responsable del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA en perjuicio de la señora JOSSELINE GISSELLE MEJIA LOPEZ. Estiman los recurrentes que la decisión jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de lo penal de Francisco Morazán, contiene vulneraciones a derechos constitucionales, contenidos en los artículos 90, 92 y 96 de la Constitución de la República; invocando igualmente con carácter vinculante el artículo 8.1 (garantías judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (08) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán, la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores JIMMY CRISTOPHER MAIRENA BANEGAS Y (Sic) LILIAM MARGOT MARTINEZ ARTICA, por suponerlos responsables del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de la señora JOSSELINE GISSELLE MEJIA LOPEZ. (Folios del 1-8 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 2) Que en fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial, en la cual Resolvió: (Sic): “…por lo que el tribunal considera que si encaja la conducta de la imputada en el tipo penal de apropiación indebida, razón por la cual el tribunal manteniendo siempre la acusación del Ministerio Público impone AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra LILIAM MARGOT MARTINEZ ARTICA, por el delito de APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de JOSSELINE GISSELLE MEJIA LOPEZ, en cuanto a las medidas cautelares se le mantendrán las mismas que le fueron dictadas en la audiencia declaración de imputado. Sirven de fundamento a la presente resolución los artículos 242 numeral 8 del Código Penal, 173 numeral 6 y 7, 294 numeral 3, 298 del Código Procesal Penal…” (Folios del 184–204fv de la pieza de antecedentes del A-Quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AÍDA CERRATO CHINCHILLA, en su condición de Apoderados Legales de la señora LILLIAM MARGOTH MARTÍNEZ ARTICA, por suponerla responsables del delito de APROPIACIÓN INDEBIDA, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en fecha (Sic) dos (02) de febrero del año dos mil veinte (2020), mediante la cual Falló: (Sic): “1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada; 2) CONFIRMA el auto de formal procesamiento de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en la causa instruida contra LILIAM MARGOTH MARTINEZ ARTICA como autora del delito de APROPIACION INDEBIDA en perjuicio de JOSSELINE GISSELLE MEJIA LOPEZ…” (Folios del 266-269 de la pieza de antecedentes del A-Quo) 4) Que los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AÍDA CERRATO CHINCHILLA, comparecieron ante este Alto Tribunal en fecha catorce (14) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de la señora LILLIAM MARGOTH MARTÍNEZ ARTICA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos (02) de febrero de dos mil veinte (2020), error material en la consignación de la fecha, se entiende que fue emitida el dos (2) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos contenidos en los artículos 90, 92 y 96 de la Constitución de la República; con carácter vinculante el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (Folios del 1–18 de los autos) 5) Que en fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 53 de los autos) CONSIDERANDO(1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO (2): Que se conoce en Amparo la resolución dictada en fecha (Sic) “dos días del mes de febrero de dos mil veinte”, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, entendiendo este Alto Tribunal que la fecha correcta es de dos (2) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), en relación a las demás actuaciones realizadas; a través de la cual se resuelve DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa de la encausada Lilliam Margoth Martínez Artica, contra la resolución de fecha veintiséis (26) de febrero del año dos mil veinte (2020) dictada en audiencia inicial por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, consecuencia de ello CONFIRMA el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo por el delito de APROPIACIÓN INDEBIDA. CONSIDERANDO (3): Que, en el recurso de Amparo promovido ante este Alto Tribunal, los recurrentes invocan como infringidas las garantías constitucionales contenidas en los artículos 90, 92 y 96 de la Constitución de la República, se invoca asimismo con carácter vinculante el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los recurrentes exponen en el desarrollo de las garantías constitucionales violentadas, la violación a la garantía de concurrencia de los supuestos formales para el dictado de auto de formal procesamiento, contenido en el artículo 92 constitucional, en relación con el contenido del artículo 294 del Código Procesal Penal. Asimismo, exponen la violación al deber de motivación de las resoluciones como garantía del debido proceso y del derecho a ser oído en juicio. Los recurrentes exponen en forma amplia la violación a los supuesto formales para el dictado del auto de formal procesamiento, en tal sentido exponen que en un Estado de Derecho, el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, mismo que impone a los órganos jurisdiccionales la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho; sostienen que la resolución recurrida se limita prácticamente a efectuar una transcripción literal de antecedentes procesales acontecidos en audiencia inicial, pero lo que resulta verdaderamente lesivo es como en el apartado de “MOTIVACIÓN”, la Corte de Apelaciones acoge como razonamiento propio y sin ningún tipo de censura, la exposición de los hechos imputados por el Ministerio Público soslayando la autoridad recurrida los argumentos esgrimidos por esa representación en cuanto a la improcedencia del dictado de un auto de formal procesamiento y en consecuencia formulando una “MOTIVACIÓN” carente de un razonamiento intelectivo derivado de un análisis exhaustivo de toda la prueba presentada en audiencia inicial. En otras palabras -sostienen los recurrentes-, no se visualiza por ningún lado de la “MOTIVACIÓN” la consignación previa y taxativa de la fundamentación fáctica y probatoria que articule lógicamente los contenidos de la imputación y su respectivo descargo, con lo cual se fundamenta la infracción al debido proceso al no darse cabal cumplimiento al precepto contenido en el artículo 92 de la Constitución de la República, ya que no se acredita la actividad probatoria mínima de la existencia de un delito, más allá de las suposiciones efectuadas por el ente acusador y que lamentablemente la Corte de Apelaciones la da por cierta, sin efectuar siquiera de manera mínima un análisis de la prueba que fue presentada por la defensa. Reafirman los recurrentes que resulta obvio que ninguna de las pruebas de descargo fue considerada, atendiendo a que no se hace alusión alguna de las misma. CONSIDERANDO (4): Que en lo atinente a la vulneración del artículo 96 de la Constitución de la República, que desarrolla lo atinente al principio de retroactividad de la ley penal mas favorable, los recurrentes no realizan una exposición lo suficiente clara y precisa en cuanto a la vulneración de este derecho fundamental, pues se limitan en expresar que la Corte de Apelaciones estaba en la obligación de efectuar el análisis correspondiente a la luz del Código Penal Vigente y en aplicación retroactiva de la ley penal más favorable aplicar el artículo 371 que tipifica de manera clara y sin dar lugar a interpretaciones subjetivas, los elementos objetivos del tipo penal para la configuración del ilícito, para luego pasar a exponer las incidencias que se dieron en la audiencia inicial y la prueba aportada tanto por el Ministerio Público y la Defensa; lo que a criterio de los recurrentes no fue suficiente a efecto de decretar auto de formal procesamiento en contra de su representada, por el delito de Apropiación Indebida. CONSIDERANDO (5): Que, en relación a la vulneración del deber de motivar las resoluciones, los pedidores de Amparo, lo relacionan con la vulneración al debido proceso contenido en el artículo 90 constitucional y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consecuencia de ello la vulneración del artículo 141 del Código Procesal Penal. Los recurrentes aducen que el debido proceso exige que al imputado se le respeten sus derechos y garantías en el proceso penal. Una de esas garantías es que las resoluciones judiciales -a excepción de las providencias- deben estar debidamente motivadas para darle una debida explicación de las resoluciones que le afectan, Tal como lo precisa el Art. 141 del Código Procesal Penal. Si en la exposición de la motivación, la resolución judicial de forma arbitraria o incoherente expresa razones no acordes al significado probatorio, se estará afectando la garantía de motivar las resoluciones judiciales y por ende el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Los recurrentes entienden que este derecho a un debido proceso supone la adecuada motivación de la resolución recurrida, fundamentada en un razonamiento intelectivo derivado de su análisis particular; asimismo estiman que se ha vulnerado el debido proceso al carecer la resolución recurrida en Amparo de un razonamiento intelectivo derivado de un análisis exhaustivo de toda la prueba presentada en audiencia inicial. A criterio de los amparistas no se visualiza por ningún lado de la motivación, la consignación previa y taxativa de la fundamentación fáctica y probatoria que articule lógicamente los contenidos de la imputación y su respectivo descargo, con lo cual se fundamenta la infracción al debido proceso al no darse cabal cumplimiento al precepto contenido en el artículo 92 de la Constitución de la República; consecuencia de ello se confirma el auto de formal procesamiento por el delito de Apropiación Indebida. Es de importancia entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal en relación al tema en estudio: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. CONSIDERANDO (7): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, observando en la respectiva motivación que se haga en la resolución, la valoración en su conjunto de la prueba evacuada en audiencia, valoración que el órgano jurisdiccional debe realizar con arreglo a la sana crítica. En este caso, es de vital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, al confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra de la encausada Lilliam Margoth Martínez Artica, cumple con esa exigencia. CONSIDERANDO (9): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en acápite anteriores, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[3] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (10): Que, según la doctrina[4], en la valoración individualizada de los medios de prueba, el Tribunal tendrá que razonar “…sobre [cada una de] las pruebas que se han practicado y sobre el grado de convencimiento que cada una le ha proporcionado y [sólo después], en función de la plural incidencia de todas ellas, sobre por qué ha llegado a una determinada conclusión y no a otras…”. De este modo se evita la elusión de una verdadera motivación fáctica so pretexto de una mal entendida “apreciación conjunta de la prueba”. Asimismo, se ha dicho que la sana crítica pretende superar, dentro de un proceso de progresiva racionalización de la valoración del material probatorio, el sistema de “prueba legal”, pero también el criterio de la “íntima convicción” y de la “apreciación en conciencia”, como modalidades de la “libre apreciación de la prueba”. Las reglas de la sana crítica, se han equiparado a las llamadas “máximas de experiencia”. Citando a STEIN, el autor indica que éste las definió –en palabras tantas veces transcritas- como “…definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretende tener validez para otros nuevos…”. Como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica, el órgano sentenciador ha de esforzarse por demostrar en su sentencia que las aplicadas por él responden a un sentir generalizado en su comunidad. CONSIDERANDO (11): Que de acuerdo a lo previsto por el artículo 92 de la Constitución de la República, el Auto de Formal Procesamiento solamente podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: 1) Evidencia probatoria de la existencia de un delito; y, 2) Indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional analizando los argumentos vertidos en relación a la vulneración del debido proceso por la inobservancia del artículo 92 constitucional, deviene en la necesidad de señalar que al respecto es jurisprudencia emanada de este Alto Tribunal que la disposición constitucional contenida en el artículo 92, es desarrollada en el Código Procesal Penal, en sus artículos del 294 al 299, los cuales se refieren precisamente a los requisitos materiales que debe reunir el auto de formal procesamiento, o en su defecto el sobreseimiento definitivo o provisional. En ese orden de ideas y conforme al fallo constitucional con registro de expediente SCO-0369-2016[5], el auto de formal procesamiento conforme al requerimiento constitucional solo exige evidencia probatoria de la existencia de un delito; no siendo por tanto exigible la plena prueba de la existencia del delito, como antes lo hacia el texto original del artículo 92 constitucional. De manera que, con la reforma constitucional, el constituyente derivado ha relevado al Ministerio Público de acreditar con certeza y sin duda posible los elementos objetivos y subjetivos de tipo. Mas adelante la referida sentencia dispone que el juez de letras debe dictar el auto de formal procesamiento, salvo que se acredite en forma plena, evidente e incontrastable de que: a) el hecho no existió; b) que éste no se encuentra tipificado como delito; o c) que se haya extinguido la acción penal. En todos estos casos deberá dictar el sobreseimiento definitivo, de conformidad a lo que establece el artículo 296 del Código Procesal Penal. Sobre esto último indica la referida sentencia, el juez a quo para dictar auto de sobreseimiento definitivo debe tener la plena certeza de la concurrencia de las causales mencionadas[6]. CONSIDERANDO (13): Que el artículo 296 del Código Procesal Penal establece en numerus clausus los supuestos en los cuales se podrá dictar un sobreseimiento definitivo. En ese orden de ideas, en caso de no proceder el dictado de un sobreseimiento definitivo el artículo 297 de la norma procesal ut supra preceptúa que el Juez resolverá, según corresponda: 1) Dictar auto de prisión; y 2) Declarar al reo imputado cuando se trate de delitos que no merezcan pena de privación de la libertad. Para decretar el auto de prisión el Juez considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. Como en líneas anteriores se dijo, con la reforma sufrida en el precepto 92 constitucional, invocado como vulnerado por los recurrentes, no se precisa acreditar con certeza y sin duda posible los elementos objetivos y subjetivos de tipo, no obstante a ello, esto no es indicativo de libertad, a efecto que el órgano conocedor del proceso pueda dictar auto de formal procesamiento en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento, pues ello debe marchar en concordancia con los demás elementos exigibles para el respeto de un debido proceso, como ser la valoración en forma conjunta y armónica de toda la prueba producida, que lleven a la convicción del por qué ha llegado a una determinada conclusión y no a otras, como bien lo señala la doctrina. CONSIDERANDO (14): Que al tenor de lo señalado en la normativa y doctrina citada y del análisis de la sentencia impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem transcribe los medios de pruebas que fueron aportados por el Ministerio Público y la Defensa en la audiencia inicial celebrada, para exponer en los acápites 7 y 8 “…Luego del análisis en conjunto de las pruebas de cargo, se viene en conocimiento inequívoco para esta Sala de Apelaciones que en el subexamine se ha acreditado de manera plena e incontrovertible la comisión del delito de APROPIACION INDEBIDA en perjuicio de la señora JOSSELINE GISSELLE MEJIA LOPEZ, así como el grado de participación que en la categoría de autores corresponde atribuir a los señores imputados JIMMY CRISTOPHER MAIRENA BANEGAS y LILIAM MARGOTH MARTINEZ ARTICA;… 8.-Las pruebas de cargo referidas en el numeral 4) que precede, conducen a establecer, sin ningún género de dudas, la comisión de ese ilícito penal de APROPIACION INDEBIDA, concurriendo el indicio racional que los imputados y particularmente la señora LILIAM MARGOTH MARTINEZ ARTICA, han tenido participación en el mismo, lo cual ha enervado su estado de inocencia…” -Lo subrayado es nuestro-. De la lectura de la resolución que se recurre en Amparo, este Alto Tribunal encuentra que la Alzada se olvidó de lo preceptuado en el artículo 202, en relación con el 297 del Código Procesal Penal. Ello en el orden de la valoración conjunta de la prueba y los presupuestos exigidos para el dictado de un auto de prisión; si bien en la audiencia inicial solo se requiere una minina actividad probatoria, pues en esta etapa del proceso no se requiere el determinar con certeza la participación del imputado en el hecho que se acusa, lo cierto es, que para dictar un auto de formal procesamiento conforme el requerimiento constitucional, se exige evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Asimismo, entiende este Alto Tribunal que al tenor del supra indicado artículo 297, la referida Corte devenía obligada en motivar debidamente las razones tanto fácticas como jurídicas que la llevaron a confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra de la procesada LILLIAM MARGOTH MARTINEZ ARTICA, es decir demarcar los elementos del tipo penal y no solo limitarse a enunciar que existe la concurrencia de los mismos. Es importante en este punto indicar, que la motivación externada por el Tribunal de Alzada no cumple con los lineamientos establecidos en la doctrina a efecto de evidenciar que la valoración de la prueba haya cumplido con las exigencias de la sana crítica que establece la ley, lo que implica que como no se concreta legalmente el contenido de esas reglas de la sana crítica, el órgano sentenciador ha de esforzarse por demostrar en su sentencia que las aplicadas por él responden a un sentir generalizado en su comunidad. CONSIDERANDO (15): Que la valoración de la prueba es el proceso que tiene que realizar el tribunal para determinar si son ciertos los hechos afirmados por las partes, por haber quedado suficientemente probados o si no han quedado probados por no haber sido objeto de la prueba necesaria o adecuada –En la audiencia inicial bastará con una mínima actividad probatoria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa- esa labor de valoración la realiza el órgano sentenciador mediante un estudio que hace de la prueba sustentándola en las leyes de la lógica, las reglas de psicología y la experiencia común. La prueba vertida en juicio es examinada mediante un razonamiento fáctico; se analiza la declaración del testigo, el contenido de un documento y luego cada elemento de prueba se confronta con una determinada máxima de experiencia para concluir si estos actos son creíbles o no lo son y, así se llega a la valoración de cada elemento de prueba[7]. CONSIDERANDO (16): Que, como corolario de lo anterior, podemos afirmar que, la resolución impugnada en amparo, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en relación a confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en audiencia inicial en contra de la encausada LILLIAM MARGOTH MARTINEZ ARTICA, sin la debida observancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba y en franca inobservancia de los presupuestos contenidos en el precepto 141 y 202 de la norma procesal penal aplicable, ha vulnerado la garantía genérica del debido proceso, en perjuicio de los recurrentes en amparo, sin perjuicio de señalar que en esta etapa del proceso, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausada ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador, no obstante a ello por imperativo legal, el juzgador deviene obligado en establecer la concurrencia de evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales que el imputado es autor o cómplice, a efecto de poder decretar el auto de prisión y ello deriva de una correcta y adecuada valoración armónica y en su conjunto de la prueba propuesta en la audiencia de inicial, en orden a mantener la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución de la República consagra en favor del imputado. CONSIDERANDO (17): Que siendo evidente la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, asimismo la inobservancia de disposiciones de la ley adjetiva penal, en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al confirmar el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra de la encausada Lilliam Margoth Martínez Artica, se ha vulnerado en perjuicio de la recurrente, la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (18): Que por todas las razones de hecho y derecho desplegadas en el libelo de este fallo, procede declarar CON LUGAR la acción constitucional invocada por los recurrentes, al advertir esta Sala de lo Constitucional, que el dictado de la Resolución en fecha (Sic) dos días del mes de febrero de dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, vulnera la garantía genérica del debido proceso, en virtud de la cual se establece que nadie puede ser juzgado sino es con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; quebrantando la resolución impugnada lo dispuesto en el artículo 141, 202 y 297 del Código Procesal Penal, preceptos procesales penales que establecen las reglas de valoración de la prueba, así como los presupuestos necesarios a determinar en una Audiencia Inicial a efecto de decretar un Auto de Formal Procesamiento. CONSIDERANDO (19): Que el otorgamiento del amparo, en el caso que nos ocupa, debe traer como efecto o consecuencia que la resolución impugnada sea inaplicable, en relación al Auto de Formal procesamiento dictado en contra de la encausada Lilliam Margoth Martínez Artica, de tal manera que el Tribunal de Alzada debe dictar una nueva resolución en la que con acopio de los diferentes elementos plasmados en el presente fallo constitucional, sea congruente con el derecho al debido proceso que ha sido vulnerado con la decisión adoptada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los Artículos 1, 80, 89, 90 párrafo primero, 92, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 32 del Código Penal; 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 141, 202, 294 y 297 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, 72, y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) OTORGANDO la Acción constitucional de Amparo interpuesta por los Abogados EDUARDO JAIR LÓPEZ ZÚNIGA y CELESTE AÍDA CERRATO CHINCHILLA, a favor de la señora LILLIAM MARGOTH MARTÍNEZ ARTICA, contra la Resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha (Sic) dos días del mes de febrero de dos mil veinte. 2) Que la autoridad recurrida proceda a dictar nueva resolución con observancia de lo plasmado en los acápites correspondientes, ante la inobservancia de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, asimismo la inobservancia de disposiciones de la ley adjetiva penal, en la motivación externada, ello en relación a la confirmatoria del auto de formal procesamiento dictado por el A-quo en contra de la encausada LILLIAM MARGOTH MARTÍNEZ ARTICA. Y MANDA: Que, con certificación de esta sentencia, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina A. Hercules Rosa.- Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-462-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.

[4] Rigoberto Cuéllar Cruz, Jesús Fernández Entralgo, Juan Luis Gómez Colomer, Et al, DERECHO PROCESAL PENAL DE HONDURAS (Manual Teórico-Práctico). LITOCOM, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2004. Págs. 466, 467 y 468.

[5] Sentencia de fecha 22 de noviembre del año 2016. Garantía de amparo promovida por el Ministerio Público a favor del Estado de Honduras.

[6] Ver considerando número 5 de la sentencia en comento, en el acápite intitulado “Examen practicado por la Sala de lo Constitucional para verificar si existe la vulneración denunciada por el amparista”. Sobre el mismo thema decidendi las resoluciones impugnadas invocan también el fallo constitucional con registro de expediente SCO-0278-2019 de fecha 18 de octubre del año 2019.

[7] Manuel Estrella Ruiz y Manuel Antonio Fortín Aguilar, Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano” Valoración de la prueba. Presunción de Inocencia. Indusio pro reo. Tegucigalpa, abril de 2001. págs. 1 y 2.