Sentencia AP-455-21 — Registro 14812
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró sin lugar un recurso de apelación con relación de los delitos de robo agravado y violación agravado. Estiman el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 60, 89 y 90 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado JOSE RUBEN CHINCHILLA GUERRA a favor del señor MIGUEL ALFREDO BARAHONA ELVIR, considerando que dicha resolución ha quebrantado los artículos 60, 89 y 90 de la Constitución de la República al estimar que la autoridad no puede ni debe traspasar más allá de sus atribuciones, el juzgador penal al emitir su resolución vacila en si hubo o no hubo violación y al formar su convicción solo lo hace con la declaración de la víctima sin considerar la prueba científica como lo es el dictamen médico legal. Asimismo, dicho juzgador no está autorizado a ejercer la acción penal, solo el Ministerio Público, por lo que, al no acreditar este último el delito, el A-Quo no puede calificar los hechos, ya que al hacerlo estaría implícitamente acusando al imputado, violentando de esta manera la garantía del debido proceso… CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, ha externado su criterio fundamentándose en: a) Que le merecen credibilidad las declaraciones que rindieran tanto la ofendida, como el testigo de nombre Kevin Ojanai Pineda Lagos, declaraciones por las cuales el Tribunal de Alzada, tiene por cierto los hechos en que se subsumen los delitos de violación agravada y robo agravado, por lo que estima esa alzada que por parte del imputado se realizó la acción, que en este caso produjo un resultado de violación agravada y robo agravado; b) Que en el caso de autos al existir una declaración de la víctima y del testigo, las mismas resultan vinculantes con las excoriaciones presentadas en el imputado y que constan en el dictamen médico legal, con lo cual a criterio de la referida Corte se constituye como un indicio racional, considerando que indicio es todo hecho, acto o circunstancia que lleve a la convicción de que el imputado ha participado en el hecho, tal como acontece en el caso de autos; y c) Que de las pruebas aportadas, la alzada estima que en el caso de autos se establecen los elementos del tipo penal de violación agravada y robo agravado, por lo que resulta procedente declarar no ha lugar el recurso impetrado por la defensa y confirmar el auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE RUBEN CHINCHILLA GUERRA, a favor del MIGUEL ALFREDO BARAHONA ELVIR, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril del año dos mil veintiuno, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal Seccional de Talanga, departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto del años dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor MIGUEL ALFREDO BARAHONA ELVIR, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO AGRAVADO Y VIOLACION AGRAVADO en perjuicio de Z. D. A.. Estiman el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los artículos 60, 89 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve de julio del año dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal Seccional de Talanga, departamento de Francisco Morazán, la Abogada RAMONA DOLORES VALDERRAMOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor MIGUEL ALFREDO BARAHONA ELVIR, por suponerlos responsables de los delitos de ROBO AGRAVADO Y VIOLACION AGRAVADO en perjuicio de Z. D. A.. 2) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, en la celebración de la Audiencia Inicia el Juzgado de Letras citado, RESUELVE: Primero: Acceder a lo solicitado por la Fiscal de Ministerio Publico.- Segundo: Decretar auto de formal procesamiento contra el imputado MIGUEL ALFREDO BARAHONA ELVIR, a quien se le supone responsable de los delitos de VIOLACION Y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la menor Z. D. A. S..- Tercero: Se le impone la medida cautelar de prisión preventiva por el termino de DOS (2) AÑOS.- Cuarto: Se declara Sin Lugar el sobreseimiento provisional solicitado por la defensa privada, aquí no hay sospecha sino indicio racional de la participación el imputado en los hechos. (Folios 580 y 581 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veintitrés de abril dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación; 2) CONFIRMAR la resolución apelada. (Folios del 70 al 74 de la pieza de antecedentes). 4) El recurrente Abogado JOSE RUBEN CHINCHILLA GUERRA, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de mayo del año dos mil veintiuno, reclamando amparo a favor del señor MIGUEL ALFREDO BARAHONA ELVIR, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintitrés de abril dos mil veintiuno, es violatoria de lo dispuesto en los 60, 89 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha seis de agosto del año dos mil veintiuno, esta Sala tuvo por formalizada la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto y confirma la resolución apelada; fundamentando la misma en que los indicios racionales de la participación del imputado lo constituyen la descripción de la victima referente a la violación de “la cipota y su novio”, igualmente la lesión en la espalda del imputado, que de la declaración de la víctima, se deja ver que la misma fue provocada en el lado derecho, justo en el mismo lugar en el que presenta el imputado excoriaciones según dictamen médico legal, pese a que en el momento del hecho este se encontraba con su cara cubierta, pero se considera indicio la lesión descrita y que la ofendida mantiene, asimismo lo reconoce por la voz. En consecuencia, se confirma el auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (4): Que en la formalización de su recurso de amparo, compareció el Abogado JOSE RUBEN CHINCHILLA GUERRA a favor del señor MIGUEL ALFREDO BARAHONA ELVIR, considerando que dicha resolución ha quebrantado los artículos 60, 89 y 90 de la Constitución de la República al estimar que la autoridad no puede ni debe traspasar más allá de sus atribuciones, el juzgador penal al emitir su resolución vacila en si hubo o no hubo violación y al formar su convicción solo lo hace con la declaración de la víctima sin considerar la prueba científica como lo es el dictamen médico legal. Asimismo, dicho juzgador no está autorizado a ejercer la acción penal, solo el Ministerio Público, por lo que, al no acreditar este último el delito, el A-Quo no puede calificar los hechos, ya que al hacerlo estaría implícitamente acusando al imputado, violentando de esta manera la garantía del debido proceso. CONSIDERANDO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, ha externado su criterio fundamentándose en: a) Que le merecen credibilidad las declaraciones que rindieran tanto la ofendida, como el testigo de nombre Kevin Ojanai Pineda Lagos, declaraciones por las cuales el Tribunal de Alzada, tiene por cierto los hechos en que se subsumen los delitos de violación agravada y robo agravado, por lo que estima esa alzada que por parte del imputado se realizó la acción, que en este caso produjo un resultado de violación agravada y robo agravado; b) Que en el caso de autos al existir una declaración de la víctima y del testigo, las mismas resultan vinculantes con las excoriaciones presentadas en el imputado y que constan en el dictamen médico legal, con lo cual a criterio de la referida Corte se constituye como un indicio racional, considerando que indicio es todo hecho, acto o circunstancia que lleve a la convicción de que el imputado ha participado en el hecho, tal como acontece en el caso de autos; y c) Que de las pruebas aportadas, la alzada estima que en el caso de autos se establecen los elementos del tipo penal de violación agravada y robo agravado, por lo que resulta procedente declarar no ha lugar el recurso impetrado por la defensa y confirmar el auto de formal procesamiento. CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones Penal referida, al considerar que el hecho imputado al señor Miguel Alfredo Barahona Elvir se subsume en los delitos de violación y robo, ya que tanto la declaración de la ofendida como del testigo resultan ser claras, congruentes y precisas en la narración del hecho y sus circunstancias, asimismo la prueba documental llevada a audiencia, se evidencia del dictamen preliminar de medicina forense de evaluación practicada a la ofendida, se desprende que si bien, el dictamen no establece lesiones en la vía vaginal ni en las áreas de pliegues anales de la víctima y se estima la inexistencia del tipo penal de violación, se olvida que es la falta de consentimiento una forma de violencia del acceso carnal, no quedándole dudas al tribunal que si existió fuerza e intimidación en el presente caso, por el uso de arma blanca en el hecho; asimismo, hay congruencia entre el dictamen médico legal del imputado y la declaración de la ofendida en cuanto a las excoriaciones en la espalda y brazo derecho. CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento del recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-455-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL