Sentencia AP-44-22 — Registro 14754
Resumen
acción de amparo interpuesta por el Ministerio Público contra resolución que ordena sobreseimiento definitivo en la causa instruida contra imputados por suponerlos responsables del delito de Tráfico Ilegal de Personas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que la recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 80 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho de petición.-CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, la Alzada establece que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no se logró establecer la existencia del delito, es decir la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal y por ende no discurren los indicios racionales que lleven a suponer que los imputados han podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se les acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que entre los alegatos de la repitente refiere que la Alzada tergiversó lo expuesto por el ente acusador, aspecto que efectivamente se aprecia de la transcripción que realiza el Ad-quem de lo que fue expuesto por el ente fiscal, sin embargo, para el desarrollo de su motivación la Corte denunciada lo realiza remitiéndose a la prueba en cuestión, no advirtiendo esta Sala por tal motivo agravio en tal pronunciamiento.-CONSIDERANDO: Que la garantía del derecho de petición, desarrollada en el artículo 80 constitucional, se contrae a la libertad o poder que tiene toda persona natural o jurídica de recurrir a los tribunales para la solución de un proceso u oponerse a cualquier pretensión aducida en un pleito, en el que debe cumplirse con los requisitos constitucionales ordinarios o especiales en materia de procedimiento, para posibilitar el derecho de defensa y la producción de prueba en igualdad de condiciones para las partes, los cuales esta Sala aprecia no se le ha vulnerado en la presente causa.-CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, el Tribunal denunciado en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de marzo del año dos mil veintidós.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA MARCELA REYES HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecinueve, relacionadas a la causa incoada contra KEVIS JAIR LÓPEZ CRUZ y SERGIO AGUSTIN SANCHEZ ORTÍZ, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS en perjuicio de ELIO JESÚS HEREDIA PIÑA, MARÍA DE LA CALIDAD ZULUETA DUMAS, JESÚS MUÑOZ PEREZ, JESICA HADASA HEREDIA ZULUETA.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente estima que se aportó prueba necesaria para acreditar la concurrencia de los elementos del tipo penal por el que se acusa a los encausados así como la de la participación de éstos en el ilícito, siendo del parecer que la Alzada tergiversó lo expuesto por el ente acusador así como que realizó una interpretación antojadiza del medios de prueba señalando además la accionante que de la resolución que impugna no se desprende la fundamentación y motivos que justifiquen decretar un sobreseimiento definitivo, debiendo por tanto decretarse el auto de formal procesamiento correspondiente.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que la recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 80 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho de petición.-CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, la Alzada establece que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no se logró establecer la existencia del delito, es decir la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal y por ende no discurren los indicios racionales que lleven a suponer que los imputados han podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se les acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que entre los alegatos de la repitente refiere que la Alzada tergiversó lo expuesto por el ente acusador, aspecto que efectivamente se aprecia de la transcripción que realiza el Ad-quem de lo que fue expuesto por el ente fiscal, sin embargo, para el desarrollo de su motivación la Corte denunciada lo realiza remitiéndose a la prueba en cuestión, no advirtiendo esta Sala por tal motivo agravio en tal pronunciamiento.-CONSIDERANDO: Que la garantía del derecho de petición, desarrollada en el artículo 80 constitucional, se contrae a la libertad o poder que tiene toda persona natural o jurídica de recurrir a los tribunales para la solución de un proceso u oponerse a cualquier pretensión aducida en un pleito, en el que debe cumplirse con los requisitos constitucionales ordinarios o especiales en materia de procedimiento, para posibilitar el derecho de defensa y la producción de prueba en igualdad de condiciones para las partes, los cuales esta Sala aprecia no se le ha vulnerado en la presente causa.-CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, el Tribunal denunciado en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA MARCELA REYES HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0044-2022 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de marzo del año dos mil veintidós.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA MARCELA REYES HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecinueve, relacionadas a la causa incoada contra KEVIS JAIR LÓPEZ CRUZ y SERGIO AGUSTIN SANCHEZ ORTÍZ, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS en perjuicio de ELIO JESÚS HEREDIA PIÑA, MARÍA DE LA CALIDAD ZULUETA DUMAS, JESÚS MUÑOZ PEREZ, JESICA HADASA HEREDIA ZULUETA.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que la recurrente estima que se aportó prueba necesaria para acreditar la concurrencia de los elementos del tipo penal por el que se acusa a los encausados así como la de la participación de éstos en el ilícito, siendo del parecer que la Alzada tergiversó lo expuesto por el ente acusador así como que realizó una interpretación antojadiza del medios de prueba señalando además la accionante que de la resolución que impugna no se desprende la fundamentación y motivos que justifiquen decretar un sobreseimiento definitivo, debiendo por tanto decretarse el auto de formal procesamiento correspondiente.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que la recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 80 de la Constitución de la República, que reconoce el derecho de petición.-CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, la Alzada establece que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no se logró establecer la existencia del delito, es decir la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal y por ende no discurren los indicios racionales que lleven a suponer que los imputados han podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se les acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem.-CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que entre los alegatos de la repitente refiere que la Alzada tergiversó lo expuesto por el ente acusador, aspecto que efectivamente se aprecia de la transcripción que realiza el Ad-quem de lo que fue expuesto por el ente fiscal, sin embargo, para el desarrollo de su motivación la Corte denunciada lo realiza remitiéndose a la prueba en cuestión, no advirtiendo esta Sala por tal motivo agravio en tal pronunciamiento.-CONSIDERANDO: Que la garantía del derecho de petición, desarrollada en el artículo 80 constitucional, se contrae a la libertad o poder que tiene toda persona natural o jurídica de recurrir a los tribunales para la solución de un proceso u oponerse a cualquier pretensión aducida en un pleito, en el que debe cumplirse con los requisitos constitucionales ordinarios o especiales en materia de procedimiento, para posibilitar el derecho de defensa y la producción de prueba en igualdad de condiciones para las partes, los cuales esta Sala aprecia no se le ha vulnerado en la presente causa.-CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, el Tribunal denunciado en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa la impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA MARCELA REYES HERRERA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Resolución de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0044-2022 .- firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL