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Sentencia AP-419-22 — Registro 15228

Resumen

En Consulta las diligencias que contiene la sentencia que denegó el recurso interpuesto contra la resolucion en la que se ordena la suspensión en el ejercicio de la profesión por el periodo de tres meses al recurrente. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que según análisis de las diligencias respectivas, este A-Quem llega a la conclusión que el Tribunal de Sentencia como garante del proceso nombre defensor emergente al Abogado Raymundo Velásquez en su condición de defensor público para que esté presente en fecha ocho (8) de enero de dos mil veinte (2020) en la celebración de audiencia de proposición de prueba, haciendo la advertencia respectiva al abogado Carlos Roberto Montes para que comparezca quien queda notificado en legal y debida forma, que llegado el día y hora de la audiencia antes mencionada el abogado Montes Chirinos no comparece dejando en completo abandono a sus defendidos SIN justificar su actuar, fue hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) cuando ya se estaba celebrando el juicio oral y público el Tribunal d Sentencia decide suspender al profesional del derecho por el termino de tres (3) meses por la irresponsabilidad inexcusable del abogado privado, criterio que este A-Quem comparte, ya que el Tribunal de Sentencia en aras de proporcionar y mantener el derecho de defensa a los imputados de forma oportuna y diligente sigue cabalidad nuestra norma adjetiva artículo 118 del código Procesal Penal, constituyendo de esta manera el debió proceso a la causa, como se dijo protegiendo la integridad misma del julio y el derecho de defensa de los acusados, sin que se vislumbre algún derecho fundamental conculcado de los alegados por el recurrente contra su persona, ya que ese no presenta alguna justificación de su actuar procesal.” En su motivación, la Alzada se refirió de manera fundada y ordenada, a todas las alegaciones del quejoso, explicando con amplios razonamientos jurídicos porque las mismas resultaban injustificables, siendo la Corte categórica al afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (9): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de julio del dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha dos (02) de febrero de dos mil veintidós (2022), que denegó el recurso interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), mediante la cual se ordena la suspensión en el ejercicio de la profesión por el periodo de tres meses al recurrente, en las diligencias contentivas de la causa instruida contra los Señores LUIS ANTONIO SUAZO VALLE, MARVIN GEOVANY ACOSTA FLORES, JORGE ANTONIO URBINA ZAVALA, YONY MAURICIO VENTURA SANTOS y DARWIN GEOVANY MALDONADO ROMERO por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO, ASOCIACION ILICITA Y TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION, LA ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que el acto reclamado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece (13) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dicta auto resolutivo en la causa instruida contra los Señores LUIS ANTONIO SUAZO VALLE, MARVIN GEOVANY ACOSTA FLORES, JORGE ANTONIO URBINA ZAVALA, YONY MAURICIO VENTURA SANTOS y DARWIN GEOVANY MALDONADO ROMERO por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO, ASOCIACION ILICITA Y TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION, LA ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Se señala como fecha para Audiencia de Proposición de Pruebas, el día MIERCOLES VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), A LAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA (8:30 A.M.), la cual se llevara a cabo en la Sala Segunda de este Tribunal de Sentencia. SEGUNDO: En virtud de haberse señalado audiencia para la proposición de prueba, se ordena al funcionario correspondiente, citar a las partes procesales, con el propósito de que comparezca a la audiencia antes referida, indicándole a las partes que deben presentarse a dicha audiencia con los escritos de medios de prueba, señalando el número de folio en donde se encuentran los medios de prueba a proponer, los cuales deberán ser ofrecidos para la parte contraria y para el Tribunal en físico y en digital y en caso de no hacerlo dicha audiencia se reprogramara. NOTIFIQUESE.” (Folio 01 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), el citado Tribunal en Audiencia de Juicio Oral y Público Reprogramada, Resolvió: “Constituida la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, integrada por los Honorables Jueces, la Secretaria del Despacho, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República… Asimismo, la DEFENSA: No contamos con la representación legal de los imputados LUIS ANTONIO SUAZO VALLE, MARVIN GEOVANY ACOSTA FLORES, YONY MAURICIO VENTURA SANTOS y DARWIN GEOVANY MALDONADO ROMERO, en el entendido que en su momento se nombro como defensor emergente en este caso al Abogado RAYMUNDO VELASQUEZ, manifestando que esta en la disposición de tomar la representación legal de los imputados antes mencionados, igualmente los imputados mencionan que contaban con su defensor privado y que no sabían que este había abandonado el caso, solicitando tiempo al Tribunal para poner en conocimiento a sus familiares, no aceptando la defensa pública. Tanto el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República enuncian estar claros que es un derecho que les asiste a los imputados elegir a su defensa privada, pero existe el inconveniente que la prisión preventiva ampliada vence el tres (03) de octubre del mismo año, en ese sentido solicitaríamos si el Tribunal reprograma el juicio que no se contra el tiempo de mora ocasionado por la defensa establecido en el artículo 181 del Código Procesal Penal. EL TRIBUNAL DELIBERA: . . . este Tribunal ha tenido comunicación con el Abogado Montes, quien ha manifestado que se va a comunicar con los familiares de los imputados y que dentro de una hora se comunicara a efecto de determinar la inasistencia de los imputados de que sea el que los represente por lo que vamos a esperar la llamada de la defensa si podemos iniciar e juicio el día de mañana. RECEPTOR: Entable una comunicación con el Abogado Carlos Montes, me manifestó que no había tenido comunicación con los familiares de los imputados me manifestó que solo había tenido comunicación con uno de ellos, no lograron llegar a un acuerdo de sus honorarios y que él reside en la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro por lo cual no podría desplazarse el día de hoy ya que tiene una audiencia de libertad condicional el día siguiente, tratando de ir el día viernes pero no era seguro. JUEZ PRESIDENTE: Habiendo escuchado los encausados la posición en que se encuentra el Abogado Montes este Tribunal ha revisado minuciosamente el expediente en el cual se instruye la presente causa desde la audiencia preliminar el Abogado ha venido presentando inasistencia dentro de las audiencias no se presento a la audiencia preliminar alegando que tenia otra diligencia y en ese momento se le acepto, se volvió a señalar audiencia para otra fecha. El Tribunal considero que de manera oficiosa tenia que darle impulso procesal por lo tanto se requirió al Abogado Montes en diferentes fechas teniendo teniendo siempre otros asuntos pendientes, ante tanta ausencia injustificada se nombro al Abogado Raymundo Velásquez como Defensa emergente para que estuviera en la audiencia de proposición de medios de prueba, se le cito a esa audiencia al Abogado Montes y no se presentó sin justificar, por lo tanto haciendo una revisión de todo estas demoras consideramos que en el caso del imputado JORGE ANTONIO URBINA ZAVALA, se establece como tiempo de demora que son imputables a la defensa y serian sesenta y ocho días, en caso de los imputados LUIS ANTONIO SUAZO VALLE, MARVIN GEOVANY ACOSTA FLORES, YONY MAURICIO VENTURA SANTOS y DARWIN GEOVANY MALDONADO ROMERO, serian cuarenta y cinco días de demora imputables a la defensa, para que lo tomen en cuenta en relación al vencimiento de la prisión preventiva. Lo precedente es que se declare el abandono de la defensa en el expediente de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Código Procesal Penal, en consecuencia la suspensión del Abogado Carlos Montes, por un termino de tres meses a efecto de que él no pueda litigar en ningún Tribunal de la República haciendo la notificación al Colegio de Abogados de Honduras y a los Juzgados de toda la Nación.” (Folios 13–15 de la pieza del A-Quo) 3) Que en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veinte (2020), compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, el Abogado CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS, actuando en causa propia, presentando recurso de amparo contra actuaciones del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal.- En consecuencia en fecha veintiocho (28) de octubre del dos mil veinte (2020), este Honorable Tribunal Resolvió: (SIC): “1º DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el abogado CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, por no tener competencia para conocer del mismo; 2º Remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, por ser este el Tribunal competente.” (Folio 10 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha diecinueve (19) de enero de dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, admite SIN SUSPENSION el acto reclamado el recurso de amparo interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS, a favor de SI MISMO; en consecuencia, la citada Corte, dictó sentencia en fecha dos (02) de febrero de dos mil veintidós (2022), el cual Falló: (SIC): “DENEGAR la acción de amparo interpuesta.” (Folios 36-37 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que en fecha ocho (08) de marzo de dos mil veintidós (2022), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, remitió para su consulta a esta Sala de lo Constitucional el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 01 del Recurso de Mérito) CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se denuncia como acto reclamado lo dictado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), mediante la cual se ordena la suspensión en el ejercicio de la profesión por el periodo de tres meses al recurrente, en las diligencias contentivas de la causa instruida contra los Señores LUIS ANTONIO SUAZO VALLE, MARVIN GEOVANY ACOSTA FLORES, JORGE ANTONIO URBINA ZAVALA, YONY MAURICIO VENTURA SANTOS y DARWIN GEOVANY MALDONADO ROMERO por suponerlos responsables de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS Y TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO, ASOCIACION ILICITA Y TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION, LA ECONOMIA Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia que resolvió el recurso de amparo que conocemos, el Tribunal de Alzada fue del parecer porque se declarase la denegatoria de la acción interpuesta, en tanto que estimó que (SIC) “CONSIDERADO: Que el A-Quo en audiencia de juicio oral y público expone la decisión de haber suspendido en el ejercicio de la profesión al abogado Montes Chirinos por la siguiente razón, folio 14: “… ante tanta ausencia injustificada se nombró al abogado Raymundo Velásquez como defensor emergente para que estuviera presente en la audiencia de proposición de medios de pruebas la cual se llevó a cabo en fecha ocho de enero de dos mil diecinueve. Se le citó a esa audiencia evidentemente el abogado no se presentó sin justificar…” continua “…. Haciendo un relato de todas estas incidencias este Tribunal considera que ha tenido el expediente, este Tribunal considera que en el caso del abogado Carlos Monte, lo procedente es que se declare en abandono de la defensa en el expediente que nos ocupa de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Código Procesal Penal, en consecuencia la Suspensión del Abogado Carlos Montes por un término de tres meses a efecto de que él no pueda litigar en ningún Tribunal de la Republica haciendo la notificación al Colegio de Abogados de Honduras y a los Juzgados de toda la nación…”. CONSIDERANDO: Que el Ministerio Publico emite dictamen y es de la opinión que no se otorgue el recurso de amparo interpuesto, considera en su análisis jurídico que la conducta del abogado Carlos Roberto Montes ha sido reiterativa a faltar a la audiencia de proposición de prueba señalada y evacuada el día ocho (8) de junio del año dos mil veinte, ya que al abogado Montes a pesar de haber sido notificado y advertido no se presentó, ni justificó su inasistencia, que el reclamo de impetrante carece de fundamento legal, por lo tanto estima que la resolución atacada por este, no ha violentado las Garantías Constitucionales invocadas; por el contrario su mala conducta ha violentado el derecho de defensa y Asistencia técnica de sus representados, al no justificar sus inasistencias, el Ministerio Publico es del criterio que no se otorgue el recurso de amparo interpuesto por el abogado Carlos Roberto Montes Chirinos. CONSIDERANDO: Que según análisis de las diligencias respectivas, este A-Quem llega a la conclusión que el Tribunal de Sentencia como garante del proceso nombre defensor emergente al Abogado Raymundo Velásquez en su condición de defensor público para que esté presente en fecha ocho (8) de enero de dos mil veinte (2020) en la celebración de audiencia de proposición de prueba, haciendo la advertencia respectiva al abogado Carlos Roberto Montes para que comparezca quien queda notificado en legal y debida forma, que llegado el día y hora de la audiencia antes mencionada el abogado Montes Chirinos no comparece dejando en completo abandono a sus defendidos SIN justificar su actuar, fue hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) cuando ya se estaba celebrando el juicio oral y público el Tribunal d Sentencia decide suspender al profesional del derecho por el termino de tres (3) meses por la irresponsabilidad inexcusable del abogado privado, criterio que este A-Quem comparte, ya que el Tribunal de Sentencia en aras de proporcionar y mantener el derecho de defensa a los imputados de forma oportuna y diligente sigue cabalidad nuestra norma adjetiva artículo 118 del código Procesal Penal, constituyendo de esta manera el debió proceso a la causa, como se dijo protegiendo la integridad misma del julio y el derecho de defensa de los acusados, sin que se vislumbre algún derecho fundamental conculcado de los alegados por el recurrente contra su persona, ya que ese no presenta alguna justificación de su actuar procesal.” En su motivación, la Alzada se refirió de manera fundada y ordenada, a todas las alegaciones del quejoso, explicando con amplios razonamientos jurídicos porque las mismas resultaban injustificables, siendo la Corte categórica al afirmar que la acción de amparo intentada carecía de relevancia constitucional. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala asiente con las consideraciones externadas por el Tribunal de Alzada en la sentencia objeto de examen, en tanto que, efectivamente, no se advierte vulneración a los derechos y garantías constitucionales invocadas por el impetrante. CONSIDERANDO (8): Que la sentencia que se revisa hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual, no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie arbitrariedad o desafuero en perjuicio del quejoso. CONSIDERANDO (9): Que, a razón de lo anterior, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia revisada, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma, comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, quedando evidenciado para esta Sala que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, con lo cual ha hecho valer la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República. En consecuencia, resulta procedente, a criterio de esta Sala, CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la sentencia venida en consulta y así debe ser declarado. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha dos (02) de febrero de dos mil veintidós (2022), que denegó el recurso interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO MONTES CHIRINOS, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veinte (2020), mediante la cual se ordena la suspensión en el ejercicio de la profesión por el periodo de tres meses al recurrente.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los uno días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de julio de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0419=2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.