Sentencia AP-399-21 — Registro 15507
Resumen
Resolución que ordena sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida contra imputado, por el delito de Tentativa de Femicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(8): Que del estudio de la presente causa se observa que lo recurrido en amparo es la resolución de fecha cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021), emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copán, que declaro sin lugar el Recurso de Apelación y ordena sobreseer de manera definitiva la presente causa, producto del recurso de apelación interpuesto por: 1).- La defensa del imputado del señor José Pedro Mauricio Vásquez Castillo, en contra de la resolución de fecha once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), que le declara sin lugar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva; 2).- Por el representante del Ministerio Público, en contra de la resolución emitida en audiencia inicial el cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020).- El recurrente ha interpuesto este recurso de amparo manifestando que se le ha violentado el debido proceso por falta de motivación de la sentencia, emitida por la Corte de Apelaciones con respecto a lo resuelto por el Juez de Primera Instancia en audiencia inicial y revisión de medida cautelar; circunstancia que no consta en esta causa, en vista que la Corte de Apelaciones ha sido amplia en determinar que no concurren la totalidad de los presupuestos para que exista el tipo penal de tentativa de femicidio, al desarrollarle de manera explícita el contenido del artículo 15 del Código Penal (Decreto 144-83), que de manera clara le refiere que la tentativa de femicidio no se llevó a cabo por no cumplirse con uno de los requisitos establecidos en el mencionado artículo, consistente en que el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, al estar acreditado que no existió intervención alguna que le impidiera cometerlo, demostrando de esa manera que no tenía la intención de darle muerte a la ofendida señora Delmy Pineda Castillo.- De igual manera al alegarse vulneración al debido proceso, definimos este como el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona; Del concepto antes referido se determina que no se ha vulnerado dicho principio, ya que se ha dado estricto cumplimiento a lo señalado en las diferentes etapas previstas en el proceso penal, en este caso, la etapa preparatoria contemplada en el artículo 264 del Código Procesal Penal, al haberse evacuado la denuncia presentada, realizado la investigación preliminar, la interposición en su contra del requerimiento fiscal, audiencia inicial evacuando todo lo referido en la misma, que termino con la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia resolviendo que no se daban los presupuestos para la existencia del delito de tentativa de homicidio; Por esas razones, se determina la inexistencia de la violación aducida por el recurrente y por lo tanto, se debe desestimar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final "
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 202 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, en fecha once de noviembre de dos mil veinte, con relación a la causa instruida contra el señor José Pedro Mauricio Vásquez Castillo, por el delito de Tentativa de Femicidio en perjuicio de la señora Delmy Pineda Castillo. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1).- Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial Gracias, departamento de Lempira, la Abogada Jennifer Ortega Salazar, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra el señor José Pedro Mauricio Vásquez Castillo, por el delito de Tentativa de Femicidio en perjuicio de la señora Delmy Pineda Castillo. Folios 1-2 del antecedente) 2).- En fecha cuatro de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, celebró audiencia inicial en la cual decretó: “…PRIMERO: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor JOSÉ PEDRO MAURICIO VASQUEZ CASTILLO, por suponerlo responsable del delito de LESIONES MENOS GRAVES, en perjuicio de DELMY PINEDA CASTILLO. SEGUNDO: Se le impone la medida establecida en el articulo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal como ser la PRISIÓN PREVENTIVA por falta de arraigo patrimonial, social o familiar y el valor del daño que deba indemnizar que garantice que el señor JOSÉ PEDRO MAURICIO VASQUEZ CASTILLO, se le someterá a las demás secuelas del proceso. TERCERO: Se declara sin lugar el auto de formal procesamiento por el delito de TENTATIVA DE FEMICIDIO solicitado por el Ministerio Público. CUARTO: …QUINTO: …” (Folios 51-58 de la pieza del A-quo) 3).- En fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, la Abogada Tania Dasary Madrid Herrera, en su condición de Defensora Pública y representante procesal del señor José Pedro Mauricio Vasquez Castillo, solicitando revisión de medida cautelar. (Folio 66 del expediente del A-quo) 4).- En fecha once de noviembre de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Gracias, departamento de Lempira, resolvió: “…PRIMERO: Declara NO HA LUGAR la sustitución de medida al imputado JOSÉ PEDRO MAURICIO VASQUEZ CASTILLO por el delito de LESIONES MENOS GRAVES en perjuicio de DELMY PINEDA CASTILLO. SEGUNDO: …” (Folios 78-81 del expediente del A-quo) 5).- Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Tania Dasary Madrid Herrera, en su condición de Defensora Pública del señor José Pedro Mauricio Vasquez Castillo, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, resolvió: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante del Ministerio Público, de igual manera el recurso interpuesto por la Defensa Técnica del imputado; SEGUNDO: QUE SE PROCEDA A SOBRESEER DEFINITIVAMENTE LA CAUSA.” (Folios 3-11 del expediente del Ad-quem). 6).- Que la recurrente, Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, compareció ante este Tribunal, en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-Quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. 7).- Que en fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ CORE a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, de fecha cuatro de marzo del dos mil veintiuno, que declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán de fecha once de noviembre de dos mil veinte. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Recurrente considera que existe una vulneración al Debido Proceso, al señalar que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, mediante sentencia emitida en fecha cuatro de marzo del dos mil veintiuno, omitió el deber de motivación reconocida en nuestra Constitución de la República y desarrollado en los artículos 141 y 202 del Código Procesal Penal, al no haber apoyado su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas evacuadas en audiencia inicial, así como tampoco explica que circunstancias tomo en consideración para no atribuirles valor probatorio a la prueba de cargo aportada por el ente acusador; lo que a su vez constituye una inobservancia del mandato legal de valoración conjunta que requiere el Debido Proceso. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio de la presente causa se observa que lo recurrido en amparo es la resolución de fecha cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021), emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copán, que declaro sin lugar el Recurso de Apelación y ordena sobreseer de manera definitiva la presente causa, producto del recurso de apelación interpuesto por: 1).- La defensa del imputado del señor José Pedro Mauricio Vásquez Castillo, en contra de la resolución de fecha once (11) de noviembre de dos mil veinte (2020), que le declara sin lugar la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva; 2).- Por el representante del Ministerio Público, en contra de la resolución emitida en audiencia inicial el cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020).- El recurrente ha interpuesto este recurso de amparo manifestando que se le ha violentado el debido proceso por falta de motivación de la sentencia, emitida por la Corte de Apelaciones con respecto a lo resuelto por el Juez de Primera Instancia en audiencia inicial y revisión de medida cautelar; circunstancia que no consta en esta causa, en vista que la Corte de Apelaciones ha sido amplia en determinar que no concurren la totalidad de los presupuestos para que exista el tipo penal de tentativa de femicidio, al desarrollarle de manera explícita el contenido del artículo 15 del Código Penal (Decreto 144-83), que de manera clara le refiere que la tentativa de femicidio no se llevó a cabo por no cumplirse con uno de los requisitos establecidos en el mencionado artículo, consistente en que el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, al estar acreditado que no existió intervención alguna que le impidiera cometerlo, demostrando de esa manera que no tenía la intención de darle muerte a la ofendida señora Delmy Pineda Castillo.- De igual manera al alegarse vulneración al debido proceso, definimos este como el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona; Del concepto antes referido se determina que no se ha vulnerado dicho principio, ya que se ha dado estricto cumplimiento a lo señalado en las diferentes etapas previstas en el proceso penal, en este caso, la etapa preparatoria contemplada en el artículo 264 del Código Procesal Penal, al haberse evacuado la denuncia presentada, realizado la investigación preliminar, la interposición en su contra del requerimiento fiscal, audiencia inicial evacuando todo lo referido en la misma, que termino con la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia resolviendo que no se daban los presupuestos para la existencia del delito de tentativa de homicidio; Por esas razones, se determina la inexistencia de la violación aducida por el recurrente y por lo tanto, se debe desestimar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 9.2, 41, 42 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 15, 136 y 396 del Código Penal decreto 144-83; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-399-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL