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Sentencia AP-389-22 — Registro 15506

Resumen

Acción de amparo declarado parcialmente con lugar con relación a la causa instruida contra impetrantes por suponerlos responsables del delito de Homicidio e inadmisión de medios de prueba

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), cuando señala que se debe de admitir la declaración del resto de los testigos que le fueron inadmitidos a la defensa privada por el Tribunal de sentencia en la audiencia de proposición de pruebas, y no solo de los tres (3) admitidos inicialmente, ya que al haber tomado esa decisión por considerar que los referidos testigos van a decir lo mismo que los otros, se vulnera el principio de defensa y debido proceso, en vista que aparte de coartarle el derecho de establecer con esos testigos inadmitidos los hechos que pretende acreditar, se le violenta el derecho que le asiste de presentar pruebas en juicio y manifestar libremente sus pretensiones.- De igual manera coincidimos con lo referido en la sentencia venida en revisión, en el sentido que a la defensa privada se le debe de admitir el medio de prueba testifical a través de la figura de protección relativa o más conocida como testigo protegido, ya que la persona propuesta para declarar en ese sentido, reúne los requisitos contemplados en el artículo 237 del Código Procesal Penal.- Y con el hecho que confirma la inadmisión del acta de registro personal propuesta por la defensa privada, al no haberse violentado derecho alguno, ya que el acta no cumple la pretensión probatoria de la defensa, en vista que los hechos imputados sucedieron en octubre del año dos mil dieciocho y ellos fueron detenidos el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019), o sea dos meses después, siendo lógico que al momento de su captura y su registro no portarían nada, por esa razón confirmamos el criterio referido en la sentencia venida en consulta también en relación a la inadmisión del acta de registro antes mencionada. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha treinta uno de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), cuando señala que se debe de admitir la declaración del resto de los testigos que le fueron inadmitidos a la defensa privada por el Tribunal de sentencia en la audiencia de proposición de pruebas, y no solo de los tres (3) admitidos inicialmente, ya que al haber tomado esa decisión por considerar que los referidos testigos van a decir lo mismo que los otros, se vulnera el principio de defensa y debido proceso, en vista que aparte de coartarle el derecho de establecer con esos testigos inadmitidos los hechos que pretende acreditar, se le violenta el derecho que le asiste de presentar pruebas en juicio y manifestar libremente sus pretensiones.- De igual manera coincidimos con lo referido en la sentencia venida en revisión, en el sentido que a la defensa privada se le debe de admitir el medio de prueba testifical a través de la figura de protección relativa o más conocida como testigo protegido, ya que la persona propuesta para declarar en ese sentido, reúne los requisitos contemplados en el artículo 237 del Código Procesal Penal.- Y con el hecho que confirma la inadmisión del acta de registro personal propuesta por la defensa privada, al no haberse violentado derecho alguno, ya que el acta no cumple la pretensión probatoria de la defensa, en vista que los hechos imputados sucedieron en octubre del año dos mil dieciocho y ellos fueron detenidos el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019), o sea dos meses después, siendo lógico que al momento de su captura y su registro no portarían nada, por esa razón confirmamos el criterio referido en la sentencia venida en consulta también en relación a la inadmisión del acta de registro antes mencionada. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha treinta uno de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), cuando señala que se debe de admitir la declaración del resto de los testigos que le fueron inadmitidos a la defensa privada por el Tribunal de sentencia en la audiencia de proposición de pruebas, y no solo de los tres (3) admitidos inicialmente, ya que al haber tomado esa decisión por considerar que los referidos testigos van a decir lo mismo que los otros, se vulnera el principio de defensa y debido proceso, en vista que aparte de coartarle el derecho de establecer con esos testigos inadmitidos los hechos que pretende acreditar, se le violenta el derecho que le asiste de presentar pruebas en juicio y manifestar libremente sus pretensiones.- De igual manera coincidimos con lo referido en la sentencia venida en revisión, en el sentido que a la defensa privada se le debe de admitir el medio de prueba testifical a través de la figura de protección relativa o más conocida como testigo protegido, ya que la persona propuesta para declarar en ese sentido, reúne los requisitos contemplados en el artículo 237 del Código Procesal Penal.- Y con el hecho que confirma la inadmisión del acta de registro personal propuesta por la defensa privada, al no haberse violentado derecho alguno, ya que el acta no cumple la pretensión probatoria de la defensa, en vista que los hechos imputados sucedieron en octubre del año dos mil dieciocho y ellos fueron detenidos el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019), o sea dos meses después, siendo lógico que al momento de su captura y su registro no portarían nada, por esa razón confirmamos el criterio referido en la sentencia venida en consulta también en relación a la inadmisión del acta de registro antes mencionada. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha treinta uno de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de agosto de dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que declaró ha lugar parcialmente el recurso de amparo promovido por el Abogado Luis Alfredo Chávez Antúnez, a favor de los señores José Danilo Castillo Reyes y Yefrin Ulises Martínez Baca, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha uno de septiembre dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores José Danilo Castillo Reyes y Yefrin Ulises Martínez Baca por suponerlos responsables del delito de Homicidio en perjuicio de Ever Noé Zhorto Perez. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, la Abogada Lilian Cuellar, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento en contra de los señores José Danilo Castillo Reyes y Yefrin Ulises Martínez Baca por suponerlos responsables del delito de Homicidio en perjuicio de Ever Noé Zhorto Perez. (Folios 1-5 del tomo I de los antecedentes) 2) En fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, celebró audiencia de proposición de pruebas, en la cual resolvió: “…este tribunal al abogado defensor no le admite el acta de registro personal, ya que al leer la pretensión probatoria dice que no se le encontró objeto alguno, no tendría sentido admitirlo si el ministerio público tampoco lo está proponiendo, tampoco le admite el acta de registro que tiene la misma esencia que el medio numero 1.1) consideramos inútil, en cuanto las pruebas testificales son bastantes vemos que hay demasiados testigos viendo las pretensiones probatorias de los mismos, hay testigos que van a decir lo mismo que otros, por lo que le vamos a pedir que escoja dos de los testigos que usted tiene en el listado que usted mejor considere, en cuanto al testigo protegido no le admitimos testigo con protección, el tribunal considera que el testigo que es presencial de los hechos y si sabe quién es la persona que le dio muerte al hoy occiso, es una persona que va declarar a favor de los imputados, porque si el testigo va señalar a una tercera persona que no es objeto en este proceso, la protección la vemos impertinente, por lo que le vamos a admitir dos personas de su listado y el que usted dice como protegido, pero que no va ser protegido, para que tenga tres testigos, tendrá que darnos las generales para efectos de su identificación, la inspección se le va admitir bajo el sentido que si se realiza la reconstrucción de hechos, pues recordemos que la inspección está dentro de la reconstrucción de hechos; por lo que se puede tener evacuada dentro de la misma reconstrucción; por lo que se le solicita señor defensor que haga mención de los testigos que va escoger… TRIBUNAL DELIBERA; Este tribunal quiere dejar en claro que no hay otra proposición de pruebas, esta es la audiencia de proposición de pruebas y se está celebrando la misma en la cual ustedes han propuesto su prueba, señor defensor las actas no se admiten porque carecen de utilidad, porque en las mismas no se les decomisó nada a los imputados, sus medios testificales, el Ministerio Público trae dos testigos protegidos desde hace como dos años, los cuales fueron valorados por un juez de garantía, además de estos a ella se le están admitiendo dos testigos, a usted también se le está admitiendo dos testigos y el testigos protegido el cual ya no va ser protegido y debe de darnos las generales en caso que usted lo proponga; la defensa continua manifestando que debe de dársele protección al testigo…” (Folio 304-308 del tomo II de los antecedentes) 3) En fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Luis Alfredo Chávez Antúnez, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores José Danilo Castillo Reyes y Yefrin Ulises Martínez Baca, en contra de la resolución de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, considerando que el mismo le violenta a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-6 de la pieza del A-quo) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS ALFREDO CHÁVEZ ANTÚNEZ, en su condición de Apoderado Defensor Privado, contra la resolución de fecha UNO (01) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE EL PROGRESO, YORO, en el proceso instruido contra JOSÉ DANILO CASTILLO REYES Y YEFRIN ULISES MARTINEZ BACA, por suponerlos responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de EVER NOE SORTO PEREZ. 2) Para restituir la vulneración a los derechos declarados, en esta sentencia, que el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, proceda a emitir de nueva cuenta la resolución debidamente motivada conforme a lo que manda el artículo 141 del Código Procesal Penal, esta Alzada, dejando plasmadas que admite los medios de prueba consistentes en testigo propuesto por la Defensa y el testigo protegido y que se rechaza el medio de prueba consistente en las actas de registro personal. Y MANDA: Que una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia…” (Folios 35-41 de la pieza del A-quo) 5) Que en fecha uno de marzo de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha uno de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que Declara HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Luis Alfredo Chávez Antúnez, a favor de los señores José Danilo Castillo Reyes y Yefrin Ulises Martínez Baca, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha uno de septiembre dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra los señores José Danilo Castillo Reyes y Yefrin Ulises Martínez Baca por suponerlos responsables del delito de Homicidio en perjuicio de Ever Noé Sorto Pérez. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, manifestando que se violentó el debido proceso al no haberse admitido en audiencia de proposición de pruebas por porte del Tribunal de Sentencia, la declaración de dos testigos que considera de vital importancia para buscar la verdad de los hechos, rechazándolos por ser inútiles y desproporcionales; De igual manera dice que de forma arbitraria se le inadmitió por no guardar relación con el proceso, el medio de prueba documental consistente en la denuncia 1703 realizada el 05 de agosto de 2021 por la testigo Ana Elsy Martínez Baca, por el delito de amenazas a muerte en contra del señor Geovanny Zhorto, en vista que este último llego amenazarla para que no dijera la verdad sobre los hechos objeto de la presente causa. Refiere que tampoco se le admitieron por parte del Tribunal de Sentencia las actas de registros personales de sus representados José Danilo Castillo Reyes y Yefrin Ulises Martínez Baca por inútiles al considerar que el acta de Registro no es considerada una prueba, por ser un documento administrativo; argumento que señala carece de sentido, en vista que debió de haberse admitido porque el oficial Alex Baca establece en el acápite de los resultados que a los encausados no se les encontró nada que los vincule directo o indirectamente con el hecho que se les imputa. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas. CONSIDERANDO SEIS (6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), cuando señala que se debe de admitir la declaración del resto de los testigos que le fueron inadmitidos a la defensa privada por el Tribunal de sentencia en la audiencia de proposición de pruebas, y no solo de los tres (3) admitidos inicialmente, ya que al haber tomado esa decisión por considerar que los referidos testigos van a decir lo mismo que los otros, se vulnera el principio de defensa y debido proceso, en vista que aparte de coartarle el derecho de establecer con esos testigos inadmitidos los hechos que pretende acreditar, se le violenta el derecho que le asiste de presentar pruebas en juicio y manifestar libremente sus pretensiones.- De igual manera coincidimos con lo referido en la sentencia venida en revisión, en el sentido que a la defensa privada se le debe de admitir el medio de prueba testifical a través de la figura de protección relativa o más conocida como testigo protegido, ya que la persona propuesta para declarar en ese sentido, reúne los requisitos contemplados en el artículo 237 del Código Procesal Penal.- Y con el hecho que confirma la inadmisión del acta de registro personal propuesta por la defensa privada, al no haberse violentado derecho alguno, ya que el acta no cumple la pretensión probatoria de la defensa, en vista que los hechos imputados sucedieron en octubre del año dos mil dieciocho y ellos fueron detenidos el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019), o sea dos meses después, siendo lógico que al momento de su captura y su registro no portarían nada, por esa razón confirmamos el criterio referido en la sentencia venida en consulta también en relación a la inadmisión del acta de registro antes mencionada. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha treinta uno de enero de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 237 y 317 del Código Procesal Penal; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal venido en Consulta bajo el número SCO-389-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL