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Sentencia AP-379-21 — Registro 14811

Resumen

Se interpuso sentencia amparo contra la resolución del recurso de apelación, actos que acaecieron en la causa instruida por el delito de asesinato. Estimando los amparistas que la decisión del ad quem es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82, 90, 92, 95, 183 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del principio de legalidad en relación con el artículo 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias da respuesta a lo demandado por la defensa técnica del encausado Brayan Roberto Manzanares Escobar en la formalización del amparo de mérito, encontrando que no procede el otorgamiento del amparo solicitado. En respuesta a lo expresado por los garantistas en su escrito de formalización, este alto tribunal aclara que no se encuentra previsto constitucionalmente lo solicitado por los amparistas en lo referente a que haga su propia valoración probatoria; y en ese sentido, dictar la procedencia o no de sobreseimiento o auto de formal procesamiento. Sobre estos temas la Sala cuenta con abundante y consolidada jurisprudencia, en cuanto a dejar sentado el parecer de que dichos temas corresponden ser dilucidados por los órganos de instancia. Así mismo que lo que corresponde determinar a este alto tribunal de justicia es lo que dispone el citado artículo 183 reformado constitucional y el 41 de la Ley sobre justicia constitucional. Teniendo en cuenta estos aspectos, este alto tribunal de justicia observa que lo referido por los demandantes de amparo en su escrito de formalización se circunscribe básicamente a denunciar la violación de los derechos de defensa, igualdad de partes y debido proceso, en virtud de los puntos siguientes: a) la corte de apelaciones valoró y dio crédito a un medio de prueba nulo, con el cual se tomó la decisión de revocar el sobreseimiento provisional y dictar en su lugar el auto de formal procesamiento en contra de Brayan Roberto Manzanares Escobar; b) dicho medio probatorio consiste en la declaración testifical del ciudadano identificado con clave F-18, obtenida en forma anticipada; c) la nulidad se basa en que dicha declaración se rindió sin la comparecencia del apoderado legal del encausado Brayan Roberto Manzanares; d) se citan como fundamentos legales normas procesales que niegan eficacia probatoria a los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución y convenios internacionales de derechos humanos; y e) otra razón para solicitar la nulidad del mencionado medio probatorio es que, en el acta correspondiente falta la firma de la defensora pública que estuvo presente durante la declaración del testigo F-18. Conforme a lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional entra a conocer el presente caso evitando hacer valoración probatoria en virtud de que eso corresponde exclusivamente a los órganos de instancia y se centra nada más en el examen que corresponde a la validez del medio de prueba cuestionado por los amparistas; asimismo establecer si lo denunciado por ellos, constituye una violación a los derechos invocados como conculcados. La invalidez de la prueba, alegada por los amparistas, se basa en dos argumentos: El primero de ellos es de índole formal relacionado con la falta de firma de la defensora al final del acta que contiene la declaración testifical; y la segunda es de carácter material, que consiste en que el encausado Brayan Roberto Manzanares Escobar, no contó al momento de esa declaración testifical de un defensor técnico jurídico que velara por sus derechos. Con relación al vicio de la falta de firma, cabe apuntar que en el acta consta que la abogada María del Mar Pagán estuvo presente en su condición de defensora, en dicha comparecencia testifical, inclusive consta que dicha profesional del derecho tuvo intervención en la misma haciendo preguntas al testigo F-18. De manera que, como bien señala la corte ad quem, su falta de firma en el acta no significa en absoluto la inexistencia de defensa técnica en dicha audiencia. Sobre este mismo punto cabe resaltar también que dicha audiencia no tiene relación directa con la imputación que se le hace a Brayan Roberto Manzanares, en virtud de que lo aprovechable en dicha declaración es que el testigo reconoce plenamente el encausado Wilson Javier López Acevedo, y que éste andaba acompañado por otra persona, también involucrada en estos hechos. De manera que, en realidad esta declaración, si bien involucra a alguien, por sí sola no identifica al señor Brayan Roberto Manzanares, quien en el momento de tomarse dicha declaración no había sido habido, ni imputado por la autoridad, razón que justifica no tener representación procesal en dicha audiencia testifical. De lo declarado por el testigo no existe nada que haga insoslayable la presencia de un defensor técnico jurídico representando a Brayan Roberto Manzanares Escobar. Por otro lado, en cuanto a la falta de firma, se hace notar que el alegato expuesto por los amparistas es una cuestión puramente de forma y no de contenido; pues, en ningún momento su alegato se dirige a establecer y demostrar la falta de defensa técnica en sí misma, lo cual si es un alegato en relación con los derechos de defensa y debido proceso; sino que, el alegato en realidad, versa sobre la falta de una firma en el acta levantada de una audiencia, hecho que no tiene nada que ver con el derecho de defensa sino de un lapsus calami o error material que puede ser, como bien indica la corte de apelaciones, un acto subsanable. Finalmente, pero no menos importante, es señalar que, siempre en relación con el asunto de la firma faltante debe imponerse de manera clara que, la firma que sí es imprescindible, y que sí da validez plena al acta levantada es la del secretario del despacho, porque en su carácter de fedatario público, es quien da fe de los comparecientes al acto; y de forma sucinta, lo actuado por cada uno de ellos. En todo caso, para la Sala de lo Constitucional, cabe agregar que, lo relacionado en el acta es prueba iuris tantum, que tiene fuerza probatoria plena, salvo prueba en contrario. Por lo que se debe agregar que, el alegato de los amparistas tendría acogida por este tribunal, si hubieran acreditado de manera fehaciente lo siguiente: a) la relación directa entre la declaración cuestionada con el encartado Brayan Roberto Manzanares como sujeto amparable, y por ende, la afectación que dicha declaración le causa; y, b) la falta de defensa técnica con relación a Brayan Roberto Manzanares, lo cual es muy distinto en este caso a la ausencia de un defensor suyo en un acto donde no se le menciona en absoluto. No concurriendo ninguno de estos elementos, se estima que no son de recibo ninguno de los alegatos sostenidos por los impetrantes. En virtud de todo lo anterior, procede denegar la garantía constitucional de que se hace mérito.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinte de abril del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por los abogados CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ FUENTES y PATRICIA RÍOS RIVERA, a favor del señor BRAYAN ROBERTO MANZANARES ESCOBAR, contra la resolución dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación al recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. Actos que acaecieron en la causa instruida contra el señor BRAYAN ROBERTO MANZANARES ESCOBAR por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de J. D. R. F., R. J. L. I. y L. R. T.. Estimando los amparistas que la decisión del ad quem es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82, 90, 92, 95, 183 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES 1. En fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, la abogada LILIAN AYALA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, interpuso ante el Juzgado de letras de lo penal de la sección judicial del departamento de Cortés, requerimiento fiscal en contra de los señores WILSON JAVIER LÓPEZ ACEVEDO y BRAYAN ROBERTO MANZANAREZ ESCOBAR por suponerlos responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de J. D. R. F., R. J. L. I. y L. R. T.. (Folios 1–28 de la pieza del a quo). 2. En fecha ocho de septiembre de dos mil veinte, el citado juzgado dictó en la audiencia inicial el auto que en su parte dispositiva dice: “PRIMERO: DECRETAR: UN AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra del imputado: BRAYAN ROBERTO MANZANAREZ ESCOBAR se le dicte un auto de formal procesamiento por el delito de ASESINATO en perjuicio de J. D. R. F., SE DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del señor BRAYAN ROBERTO MANZANAREZ ESCOBAR por el delito de ASESINATO en perjuicio de R. J. L. I. y L. R. T. M., imponer la medida cautelar del artículo 173 contenida en el numeral 3 del Código procesal penal. SEÑALANDO AUDIENCIA PRELIMINAR PARA EL DÍA JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE, HORA 10:30 dicho imputado debe de guardar prisión en la penitenciaría nacional Marco Aurelio Soto, separado de los reos que están condenados, en este acto se da por concluida, quienes firman para constancia ante la suscrita juez y secretaria adjunta del despacho que da fe.” (Folios 168–172 de la pieza del a quo). 3. En fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, la honorable Corte de apelaciones de lo penal de la sección judicial del departamento de Cortés, dictó sentencia conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada ANA IVETH AMADOR ANDINO actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público. En cuya parte dispositiva resolvió dictar el fallo siguiente: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución de fecha 8 de septiembre del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de letras penal de esta ciudad, en la presente causa. SEGUNDO: REVOCAR el sobreseimiento provisional dictado a favor del procesado BRAYAN ROBERTO MANZANARES ESCOBAR por el delito de ASESINATO en perjuicio de R. J. L. I. y L. R. T. M.. TERCERO: Se decreta auto de formal procesamiento contra el imputado B. R. M. E. por el delito de ASESINATO en perjuicio de R. J. L. I. y L. R. T. M.. CUARTO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada contra la resolución de fecha 8 de septiembre del año dos mil veinte, dictada por el juzgado de letras penal de esta ciudad, en la presente causa. QUINTO: CONFIRMAR el auto de formal procesamiento dictado contra BRAYAN ROBERTO MANZANARES ESCOBAR por el delito de ASESINATO en perjuicio de J. D. R. F.. SEXTO: CONFIRMAR la denegatoria de la nulidad decretada por la a quo.” (Folios 10–16 de la pieza del ad quem). 4. En fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, comparecieron ante este alto tribunal de justicia los abogados CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ FUENTES y PATRICIA RÍOS RIVERA, interponiendo acción de amparo a favor del señor BRAYAN ROBERTO MANZANARES ESCOBAR, y en contra de la resolución de fecha veinticinco de marzo de dos mil veintiuno dictada en segunda instancia, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 1, 80, 82, 90, 92, 95, 183 de la Constitución de la República. (Folios 1–8 de la presente garantía constitucional). 5. En fecha ocho de noviembre de dos mil veintiuno, este alto tribunal de justicia tuvo por formalizada en tiempo y forma la garantía constitucional de amparo; asimismo, omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 43 de la presente garantía constitucional). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 reformado de la Constitución[1], la acción de amparo es una garantía constitucional, por lo que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención americana sobre derechos humanos[2], en relación con el artículo 25 de la misma convención[3] y el 8 de la Declaración universal de los derechos humanos[4]. CONSIDERANDO TRES (3). Resumen de la formalización de la presente garantía. Los garantistas en su escrito de formalización piden que se otorgue la garantía constitucional de amparo por haberse violentado en perjuicio de su poderdante los derechos de defensa y debido proceso. En ese sentido, piden que se decrete nulidad de la resolución dictada por el tribunal de alzada; y además, que este alto tribunal de justicia declare la inadmisión del medio de prueba consistente en la declaración del testigo protegido con clave f-18; así mismo que se declare sin lugar el auto de formal procesamiento por el supuesto asesinato de los jóvenes R. J. L. I. y L. R. T. M.; y que se siga manteniendo el sobreseimiento provisional decretado en audiencia inicial, ya que se valoró un medio de prueba en el cual se violentó el debido proceso refiriéndose específicamente a la declaración testifical anticipada del testigo protegido con clave F-18. Para peticionar lo anterior, los impetrantes argumentan los puntos que a continuación se resumen. Explican que, en defensa de su poderdante opusieron oportunamente en la audiencia inicial, la petición de que no se admitiera el medio de prueba propuesto por el ente fiscal consistente en la declaración del testigo protegido con clave F-18; ya que dicho medio de prueba se obtuvo bajo la modalidad de prueba anticipada, pero sin la comparecencia del apoderado legal del encausado Brayan Roberto Manzanares. Según opinión de los demandantes de amparo, la comparecencia de la defensa era necesaria debido a que dicho testigo estableció claramente que sólo reconocía a uno de los imputados, en este caso al señor Wilson Javier López. Por lo que, al haberse rechazado la oposición de la defensa en relación con la admisión de dicho medio de prueba, violenta a su representado los derechos de defensa, debido proceso e igualdad de partes. En ese sentido explican que el Código procesal penal en sus artículos 165, 166 numerales 5 y 6 y 200 establecen que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales, establecidas en la constitución y los convenios internacionales relativos a los derechos humanos. Lo que a su juicio ocurrió, luego de haberse recibido la declaración del testigo protegido con clave F-18 sin la presencia de apoderado procesal. Posteriormente, los impetrantes relatan que se alegó eso mismo ante la corte de apelaciones, pero que dicho tribunal coincidió con el juez a quo, por lo que acuden en amparo. Recapitulando, los impetrantes piden a este alto tribunal de justicia, observar los folios 34 al 39 del expediente donde consta que el Ministerio Público hace la solicitud al juez para que nombre un apoderado procesal al imputado Wilson Javier López Acevedo, quien en ese momento se encontraba capturado, a efecto de tomar la declaración en forma anticipada al testigo protegido F-18; pero jamás pide que se le nombre apoderado procesal al imputado Brayan Roberto Manzanares, quien en ese momento no había sido capturado. Los comparecientes señalan que consta también en dichos autos que la juez a quo accedió a la petición del fiscal y que al momento de dictar su resolución ya menciona el nombre de su representado, el señor Brayan Roberto Manzanares como una de las personas acusadas en el presente caso. Al respecto, los impetrantes acotan que, la juez debió entonces nombrarle un defensor público para que estuviere presente en dicho acto judicial. Continúan relatando los impetrantes que el día de la audiencia en la corte de apelaciones, puso a la vista de ese honorable tribunal el acta de la declaración del testigo protegido F-18, misma que se encuentra a folio 71 del expediente, donde se pueden observar en sus firmas, los nombres de los intervinientes en este proceso, señalándole a dicho tribunal que aparte de que la juez a quo no le nombró un defensor a su ahora representado, en el lugar donde debía de calzar la firma de la abogada de la defensa pública María del Mar Pagán, se encuentra el sello de la secretaría, encontrándose escrito además que la abogada había abandonado la defensa del encausado en ese momento. Sin embargo, señalan los censores que, los magistrados declararon sin lugar lo solicitado por la defensa, a pesar de haberle expuesto todos estos actos que vulneran los derechos procesales de su representado. Para dicho tribunal era de aplicación lo dispuesto por el artículo 171 del Código procesal penal, el cual establece que los errores procesales pueden ser subsanados; sin percatarse de que el mismo artículo 171 en su último párrafo, dispone lo siguiente: “Salvo los casos expresamente previstos por este código, no puede retrotraerse el proceso a periodos ya precluídos, bajo pretexto de renovación del acto de rectificación del error o cumplimiento del acto omitido.” Por lo que los impetrantes piden que se le restablezca el derecho a la defensa a su representado, y no se admita el medio probatorio aludido, por estar viciado de nulidad debido a que no se le nombró un apoderado legal a su representado, generando su indefensión y violación del debido proceso. Los impetrantes interponen como segundo motivo de amparo el hecho de que la corte de apelaciones haya revocado el sobreseimiento provisional otorgado a su representado Brayan Roberto Manzanares con relación a los asesinatos perpetrados en contra de R. J. L. I. y L. R. T. M.. Al respecto, señalan que la corte de apelaciones motivó su resolución argumentando que, si bien es cierto el testigo protegido F-18 no miró a su representado en la escena del crimen, éste se percata de que anda con otras personas que no identifica. Luego, dicha corte estableció que con la declaración del testigo con clave DEA-18 se identifica a Brayan Roberto Manzanares cómo la persona que le da muerte al señor J. D. R. F.. De tal forma que, con ambas declaraciones de testigos, la corte de apelaciones concluyó la existencia de indicios de participación de su representado en la causa que se le imputa, y decidió revocar el sobreseimiento provisional en la audiencia inicial, el cual fue otorgado por el juez de letras de lo penal. Sobre ese extremo, los impetrantes señalan que, en la audiencia inicial, el juez de letras de lo penal motivó el sobreseimiento provisional a favor de su representado Brayan Roberto Manzanares Escobar, tomando en cuenta que el testigo protegido con clave F-18 fue claro en manifestar que el vio a Wilson López herir a los occisos, quienes fallecieron posteriormente en el hospital Mario Catarino Rivas. Dicho encausado fue condenado por el tribunal de sentencia sala primera, según lo expresado por la fiscal que conoció en aquella audiencia. Los impetrantes entonces reclaman que resulta notorio que la corte de apelaciones dio valor a un medio de prueba que debió declararse nulo por violentar el debido proceso y el derecho a la defensa de su representado. Al efecto, los impetrantes sobre esto señalan literalmente lo siguiente: “… ni siquiera llega más al fondo de la declaración del testigo protegido f-18, que éste en su declaración observa al señor Wilson López darle muerte a R. J. L. I. y L. R. T. M., pero antes de darle muerte observa que el señor Wilson López le hace un disparo al suelo y posteriormente decide darles muerte, esto se puede observar en el folio 71 en la declaración del testigo protegido.” De lo anterior, los impetrantes en amparo establecen lo siguiente: “Honorables magistrados al escuchar esta declaración es claro que el señor Wilson López comete el hecho criminal por su propia iniciativa y no como lo argumenta el Ministerio Público que fue mediante roles preconcebidos ya que el Ministerio Público no pudo probar ese extremo en la audiencia inicial con los medios de prueba aportados. En relación con la garantía constitucional de que no podrá proveerse auto de prisión sin que procesada plena prueba de haberse cometido un delito; que la plena prueba de la comisión de un ilícito, requiere la existencia de todos los elementos de prueba para la configuración del mismo, y que en el caso que nos ocupa siendo que a mi representado se le revoco el sobreseimiento provisional otorgado por el juez de letras en audiencia inicial por el supuesto delito de asesinato en perjuicio de los menores R. J. L. I. y L. R. T. M., por lo tanto el acusador debe acreditarlo de manera clara y precisa con elementos probatorios lícitos en el proceso.” CONSIDERANDO CUATRO (4). Resumen de la fundamentación de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. La honorable Corte de apelaciones penal de la sección judicial del departamento de Cortés, decidió por unanimidad de votos declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, consecuentemente revocó el sobreseimiento provisional dictado a favor del procesado Brayan Roberto Manzanares Escobar por el delito de asesinato en perjuicio de R. J. L. I. y L. R. T. M., por lo que decretó auto de formal procesamiento en su contra por ese delito; asimismo decidió declarar sin lugar la apelación interpuesta por la defensa para confirmar el auto de formal procesamiento dictado en contra del mismo encausado Brayan Roberto Manzanares Escobar por el delito de asesinato en perjuicio de una tercera persona de nombre J. D. R. F.; asimismo confirmar la denegatoria de la nulidad decretada por la juez a quo. El tribunal de alzada al momento de argumentar y fundamentar su decisión señala que procedió en primer lugar a revisar el acta de la declaración del testigo protegido F-18, para analizar si era procedente la nulidad alegada en esa instancia por el actual impetrante de amparo. El motivo de dicha nulidad gira en derredor al hecho de que en el acta de dicha audiencia no fue firmada por la defensora pública, razón por la cual su apoderado procesal señala que su representado B. R. M. E., no tuvo defensa técnica o representación legal en dicha audiencia. Al respecto, la corte de apelaciones afirma que aunque ciertamente la referida acta no está firmada por la defensora, no se puede colegir que el procesado Brayan Roberto Manzanares se encontraba sin representación procesal, porque de la misma acta se desprende que sí estuvo presente una defensora Pública, quien participó en dicha audiencia ejerciendo la labor propia de defensa, dado que formuló preguntas al testigo protegido; y si bien se aprecia, reconoce la corte de apelaciones, que al final no firmó el acta respetiva, dicha omisión es de naturaleza subsanable según lo dispone el numeral 7, párrafo final del artículo 132 del Código procesal penal, el cual dispone: "… la omisión de alguna de las anteriores menciones (entre ellas la firma de todos los intervinientes), podrá ser subsanada -posteriormente por cualquier elemento de prueba suficiente; …” (Extraído de la sentencia dictada por el tribunal ad quem). Finalmente, el tribunal de apelaciones sobre ese punto en particular, señala que en virtud de que se incurrió en el mencionado vicio durante la primera etapa del proceso, este puede ser subsanado posteriormente, pudiendo ser mediante una constancia de la juez a cargo de dicha audiencia, dando fe o indicando que la defensora estuvo presente; o bien, con la constancia de los otros intervinientes, incluido el agente fiscal o el propio testigo protegido que declaró, o el mismo imputado. En síntesis, para el tribunal de alzada, según se desprende de dicha acta, la defensora pública acudió a la audiencia de declaración de prueba anticipada, aunque no la haya firmado. En virtud de lo anterior, para el tribunal ad quem la razón asiste a la juez a quo cuando declaró sin lugar la nulidad solicitada por la defensa de dicha acta. Siempre en relación con dicha acta de prueba anticipada, la corte de apelaciones acota que la misma, se realizó en relación con el imputado W. J. L. y no por B. R. M.; pero que, dicho testigo protegido mencionó lo siguiente: "que él escuchó a Pichi (Wilson) que le dijo apúrate vámonos e iba en una bicicleta" y a la pregunta que al respecto le hace el Ministerio Público: ¿En el lugar de los hechos se hacía acompañar de otra persona? R: Yo sólo lo vi a él y le gritaba a otra persona y si andaban varios. De ello se desprende que en la acción que ocurrió en ese momento que observó dicho testigo protegido participaba más de una persona…” (Extraído de la sentencia dictada por el tribunal ad quem). Sigue argumentando la corte de apelaciones lo siguiente: “… [la anterior] declaración […] se complementa con la del testigo protegido con clave JPTP 2609-2018, y este testigo manifiesta que en ese mismo lugar y a esa misma hora, observó que un joven iba a la carrera e iba Pulga (Brayan) atrás de ese joven, continuó manifestando que luego entró a la casa y escuchó varios disparos, y que cuando miró que salió Pulga (Brayan) con un arma en la mano, medio se asomó, y con la misma miró, "que ellos iban a la carrera." (Extraído de la sentencia dictada por el tribunal ad quem). Seguidamente la corte de apelaciones pasa a referirse a otra declaración testifical, la rendida por el testigo JPTP 2609-2018, quien, habiendo presenciado los hechos declaró lo siguiente: "… de repente miré que iba un joven a la carrera e iba pulga (Brayan Manzanares) atrás de ese joven, que ingresó a la casa y después escuchó varios disparos, que miró que salió pulga con un arma en la mano, que medio se asomó y con la misma miró que ellos -iban a la carrera-…" La corte de apelaciones relata en relación a la declaración de este último testigo, lo siguiente: “… que miró que iba atrás del muchacho, escuchó los disparos, y le aclara al fiscal que el muchacho que iba corriendo era D. (víctima) y que atrás iba Pulga (el procesado Brayan). Describe a Pulga como una persona de estatura mediana, corte de pelo bajo, piel clara, ni gordo ni delgado y que tiene entre 20 a 25 años de edad: y a la pregunta, ¿si sabe algún nombre de Pulga? R. Yo el nombre de él lo sé, es Brayan, el apellido no lo sé; que observó que lo seguía con un arma de fuego corta color negro..., y al mostrársele fotografías reconoce a Brayan Roberto Manzanares, en la fotografía número 1. Luego a las preguntas de la defensa reiteró que vio a Pulga (Brayan) detrás de D. (víctima) y contestó que los ofendidos que resultaron muertos no andaban armados.” La corte de apelaciones, señala que, con las declaraciones de ambos testigos protegidos, y tomando en cuenta que en una de ellas (testigo F-18) hace falta una firma en el acta donde consta, la cual puede ser subsanada por disposición legal (art. 132 No. 7 del CPP párr. último), tiene por identificados a dos de los que participaron en dichas acciones, señalando a Brayan Roberto Manzanares y Wilson Javier López. Por lo que, bajo las reglas de la lógica inherentes de la sana crítica, establece que ambos participantes no actuaban en forma independiente, sino en forma conjunta. Especifica que uno de ellos (Wilson) se concentró en disparar a los dos menores que no hicieron intento de huir; y, el otro (Brayan), salió atrás del otro menor que ingresó a una casa, en donde acto seguido se escucharon disparos, resultando muerto este menor, mientras a los otros dos se los llevaron al hospital, donde murieron. El tribunal de apelaciones detalla que los hechos fueron cometidos en la colonia Sinaí, sector Rivera Hernández, en la misma fecha y hora indicada por los testigos, todo lo cual constituye un indicio racional de que los participantes no actuaron en forma independiente, sino conjunta y con la intención de dar muerte a las tres víctimas menores de edad. Por otra parte, se desprende de los hechos que esta acción no surgió por alguna reacción espontánea contra las víctimas, sino que llegaron precisa y directamente a dicho lugar en busca de las víctimas, para dispararles estando ellos desprevenidos. Para la corte resulta claro que entonces existía el plan previo y preconcebido de darle muerte a los tres, inclusive con una misma resolución delictiva al perseguir al joven que, buscando refugio en una casa fue seguido por uno de sus ejecutores, quien le disparó para darle muerte. Todo lo cual le hace apreciar que estos hechos no son constitutivos de homicidio sino del delito de asesinato, porque de ellos se puede desprender que hubo premeditación y alevosía. Expresa la corte, que tal como lo señaló la fiscal, fueron empleados por los hechores, medios (armas), modos o formas para asegurar su acción, sin riesgo para su persona que pudiera proceder de los ofendidos para su propia defensa, ya que estos se encontraban desarmados y desprevenidos, tal como lo dijo el testigo JPTP-2609-2018. En conclusión, para la corte de apelaciones resulta procedente dictar la revocatoria del sobreseimiento provisional decretado a favor de Brayan Roberto Manzanares Escobar por el delito de asesinato en perjuicio de R. J. L. I. y L. R. T. M.. Asimismo, por las mismas razones antes expuestas, resulta procedente denegar la pretensión del defensor del encausado Brayan Roberto Manzanares Escobar, en el sentido de que se le modifique el delito de asesinato a homicidio. CONSIDERANDO CINCO (5). Examen practicado por la Sala para verificar si existe quebrantamiento del principio de legalidad en relación con el artículo 321 de la Constitución de la República. La Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias da respuesta a lo demandado por la defensa técnica del encausado Brayan Roberto Manzanares Escobar en la formalización del amparo de mérito, encontrando que no procede el otorgamiento del amparo solicitado. En respuesta a lo expresado por los garantistas en su escrito de formalización, este alto tribunal aclara que no se encuentra previsto constitucionalmente lo solicitado por los amparistas en lo referente a que haga su propia valoración probatoria; y en ese sentido, dictar la procedencia o no de sobreseimiento o auto de formal procesamiento. Sobre estos temas la Sala cuenta con abundante y consolidada jurisprudencia, en cuanto a dejar sentado el parecer de que dichos temas corresponden ser dilucidados por los órganos de instancia. Así mismo que lo que corresponde determinar a este alto tribunal de justicia es lo que dispone el citado artículo 183 reformado constitucional y el 41 de la Ley sobre justicia constitucional. Teniendo en cuenta estos aspectos, este alto tribunal de justicia observa que lo referido por los demandantes de amparo en su escrito de formalización se circunscribe básicamente a denunciar la violación de los derechos de defensa, igualdad de partes y debido proceso, en virtud de los puntos siguientes: a) la corte de apelaciones valoró y dio crédito a un medio de prueba nulo, con el cual se tomó la decisión de revocar el sobreseimiento provisional y dictar en su lugar el auto de formal procesamiento en contra de Brayan Roberto Manzanares Escobar; b) dicho medio probatorio consiste en la declaración testifical del ciudadano identificado con clave F-18, obtenida en forma anticipada; c) la nulidad se basa en que dicha declaración se rindió sin la comparecencia del apoderado legal del encausado Brayan Roberto Manzanares; d) se citan como fundamentos legales normas procesales que niegan eficacia probatoria a los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la constitución y convenios internacionales de derechos humanos; y e) otra razón para solicitar la nulidad del mencionado medio probatorio es que, en el acta correspondiente falta la firma de la defensora pública que estuvo presente durante la declaración del testigo F-18. Conforme a lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Constitucional entra a conocer el presente caso evitando hacer valoración probatoria en virtud de que eso corresponde exclusivamente a los órganos de instancia y se centra nada más en el examen que corresponde a la validez del medio de prueba cuestionado por los amparistas; asimismo establecer si lo denunciado por ellos, constituye una violación a los derechos invocados como conculcados. La invalidez de la prueba, alegada por los amparistas, se basa en dos argumentos: El primero de ellos es de índole formal relacionado con la falta de firma de la defensora al final del acta que contiene la declaración testifical; y la segunda es de carácter material, que consiste en que el encausado Brayan Roberto Manzanares Escobar, no contó al momento de esa declaración testifical de un defensor técnico jurídico que velara por sus derechos. Con relación al vicio de la falta de firma, cabe apuntar que en el acta consta que la abogada María del Mar Pagán estuvo presente en su condición de defensora, en dicha comparecencia testifical, inclusive consta que dicha profesional del derecho tuvo intervención en la misma haciendo preguntas al testigo F-18. De manera que, como bien señala la corte ad quem, su falta de firma en el acta no significa en absoluto la inexistencia de defensa técnica en dicha audiencia. Sobre este mismo punto cabe resaltar también que dicha audiencia no tiene relación directa con la imputación que se le hace a Brayan Roberto Manzanares, en virtud de que lo aprovechable en dicha declaración es que el testigo reconoce plenamente el encausado Wilson Javier López Acevedo, y que éste andaba acompañado por otra persona, también involucrada en estos hechos. De manera que, en realidad esta declaración, si bien involucra a alguien, por sí sola no identifica al señor Brayan Roberto Manzanares, quien en el momento de tomarse dicha declaración no había sido habido, ni imputado por la autoridad, razón que justifica no tener representación procesal en dicha audiencia testifical. De lo declarado por el testigo no existe nada que haga insoslayable la presencia de un defensor técnico jurídico representando a Brayan Roberto Manzanares Escobar. Por otro lado, en cuanto a la falta de firma, se hace notar que el alegato expuesto por los amparistas es una cuestión puramente de forma y no de contenido; pues, en ningún momento su alegato se dirige a establecer y demostrar la falta de defensa técnica en sí misma, lo cual si es un alegato en relación con los derechos de defensa y debido proceso; sino que, el alegato en realidad, versa sobre la falta de una firma en el acta levantada de una audiencia, hecho que no tiene nada que ver con el derecho de defensa sino de un lapsus calami o error material que puede ser, como bien indica la corte de apelaciones, un acto subsanable. Finalmente, pero no menos importante, es señalar que, siempre en relación con el asunto de la firma faltante debe imponerse de manera clara que, la firma que sí es imprescindible, y que sí da validez plena al acta levantada es la del secretario del despacho, porque en su carácter de fedatario público, es quien da fe de los comparecientes al acto; y de forma sucinta, lo actuado por cada uno de ellos. En todo caso, para la Sala de lo Constitucional, cabe agregar que, lo relacionado en el acta es prueba iuris tantum, que tiene fuerza probatoria plena, salvo prueba en contrario. Por lo que se debe agregar que, el alegato de los amparistas tendría acogida por este tribunal, si hubieran acreditado de manera fehaciente lo siguiente: a) la relación directa entre la declaración cuestionada con el encartado Brayan Roberto Manzanares como sujeto amparable, y por ende, la afectación que dicha declaración le causa; y, b) la falta de defensa técnica con relación a Brayan Roberto Manzanares, lo cual es muy distinto en este caso a la ausencia de un defensor suyo en un acto donde no se le menciona en absoluto. No concurriendo ninguno de estos elementos, se estima que no son de recibo ninguno de los alegatos sostenidos por los impetrantes. En virtud de todo lo anterior, procede denegar la garantía constitucional de que se hace mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 64, 90 párrafo primero, 183, 303, 304 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 78 No. 5, de la Ley de organización y atribuciones de los tribunales; artículos 1, 2, 3 No. 2, 4, 5, 7, 9 No. 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por los abogados CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ FUENTES y PATRICIA RÍOS RIVERA, a favor del señor BRAYAN ROBERTO MANZANARES ESCOBAR, contra la resolución dictada por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación a un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación a la causa instruida contra el señor BRYAN ROBERTO MANZANARES por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de J. D. R. F., R. J. L. I. y L. R. TR.. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0379=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Vid. Artículo reformado por el decreto legislativo número 237-2012 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras, número 33,033 del veinticuatro de enero de dos mil trece, ratificado por el decreto legislativo número 10-2013 publicado en La Gaceta, diario oficial de Honduras número 33,086 del veintisiete de marzo de dos mil trece.

[2] Artículo 1 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Los Estados Parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[3] Artículo 25 de la Convención americana sobre derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[4] Artículo 8 de la Declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”