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Sentencia AP-37-21 — Registro 14753

Resumen

Revocatoria de sobreseimiento definitivo y orden de auto de formal procesamiento contra imputados por suponerlos responsables de los delitos de Abuso De Autoridad en perjuicio de la Administración Publica Del Estado De Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(14): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso y derecho a la defensa, transgresiones que no se observan en el caso sub júdice, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fueron escuchados los recurrentes en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA y CESAR MARTINEZ ESCOTO, a favor de los Señores KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONIO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO y ROMEO UCLIDES GUEVARA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en fecha catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, revocando el sobreseimiento definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020) y ordenando el dictado de Auto de Formal Procesamiento, con relación a la causa instruida contra los Señores KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONIO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO y ROMEO UCLIDES GUEVARA por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 64, 69, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete (07) de febrero del dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la Abogada MARLYN LIZETH FLORES TORRES, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, ROMEO UCLIDES GUEVARA, JOSE ANDRES PAZ DIAZ, EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ, MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ, VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS, HILSY LOURDES SANABRIA ORTEGA, BAYARDO ALEMAN MEJIA, ROY DONALDO MENJIVAR BARAHONA, JHONNY LEONEL BARAHONA Y ANA MIREYA SUAZO, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–19 del Tomo I de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha seis (06) de marzo del año dos mil veinte (2020), el citado Juzgado en resolución dictada en Audiencia Inicial Decretó: (SIC): “SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los imputados: 1) MARLON ONIEL ESCOTO, 2) OSCAR OVIDIO REDONDO, 3) FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, 4) JOSE ANTONIO RAMIREZ ALVARADO, 5) JOSE ANDRES PAZ DIAZ, 6) KENNY SIREY NAJERA APARICIO, 7) EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, 8) RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ, 9) MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ, 10) JUAN ALBERTO CHAVARRIA, 11) ROMEO UCLIDES GUEVARA, 12) HILSY LOURDES SANABRIA ORTEGA, 13) CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, 14) JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA, 15) ROY DONALDO MENJIVAR BARAHONA, 16) JOSE LUIS CASTILLO LANZA, 17) JHONNY LEONEL BARAHONA, 18) VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS, 19) ANA MIREYA SUAZO.- 2) Se decreta sin lugar el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO solicitado por la Fiscalía del Ministerio Público en vista que no se ha acreditado un mínimo de indicios racionales en la presente causa sobre la participación del hecho cometido por parte del imputado como delito en la presente causa, así quedó demostrado con las pruebas aportadas en la presente audiencia inicial.- 3) Se ordena revocar las Medidas Cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado y enviar atentos oficios al Director de Migración y extranjeros para la revocación 4) QUEDANDO NOTIFICADO LAS PARTES EN ESTRADO.” (Folios 143–171 del Tomo I de la pieza del A-Quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARLYN FLORES Y YOJANA CASCO, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico y Abogada MARIA TERESA QUEZADA MASQUEZ, en su condición de Procuradora Judicial, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dicto resolución en fecha catorce (14) de octubre de dos mil veinte (2020), en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Declarar con Lugar el Recurso de Apelación presentado por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. SEGUNDO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO por tres (3) delitos de Abuso de Autoridad. TERCERO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES por siete (7) delitos de Abuso de Autoridad. CUARTO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA por tres (3) delitos de Abuso de Autoridad. QUINTO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a JOSE ANTONIO RAMIREZ ALVARADO por tres (3) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. SEXTO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a JOSE ANDRES PAZ DIAZ por dos (2) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. SEPTIMO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a KENNY SIREY NAJERA APARICIO por dos (2) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. OCTAVO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA por dos (2) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. NOVENO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ por dos (2) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ por dos (2) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO PRIMERO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a JUAN ALBERTO CHAVARRIA ARAUJO por seis (6) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO SEGUNDO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a ROMEO UCLIDES GUEVARA por cinco (5) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO TERCERO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS por tres (3) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO CUARTO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a HILSY LOURDES SANABRIA ORTEGA por tres (3) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO QUINTO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA por dos (2) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO SEXTO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a JOSE BAYARDO ALEMAN MEJIA por dos (2) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO SEPTIMO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a ROY DONALDO MENJIVAR BARAHONA por tres (3) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO OCTAVO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a JOSE LUIS CASTILLO LANZA por cuatro (4) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD. DECIMO NOVENO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVAN por un (1) delito de ABUSO DE AUTORIDAD. VIGESIMO: REVOCA el Sobreseimiento Definitivo; y ordena el dictado del Auto de Formal Procesamiento a ANA MIREYA SUAZO SUAZO por un (1) delito de ABUSO DE AUTORIDAD.” (Folios 20-46 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que los Abogados ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA y CESAR MARTINEZ ESCOTO, comparecieron ante este Tribunal en fecha trece (13) de enero de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo en su condición de Defensores Privados a favor de los Señores KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDIO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONIO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO y ROMEO UCLIDES GUEVARA, contra la resolución de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 64, 69, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01–18 del Presente Recurso) 5) Que en fecha veinte (20) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 66 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que los recurrentes Abogados ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA Y CESAR MARTINEZ ESCOTO, comparecieron en fecha trece de enero del año dos mil veintiuno, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Acción Constitucional de Amparo a favor de los señores KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO Y ROMEO UCLIDES GUEVARA, por considerar que la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), vulnera y quebranta los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que el caso en estudio se origina en fecha siete de febrero del año dos mil veinte, fecha en la que compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, la Abogada MARLYN LIZETH FLORES TORRES, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, ROMEO UCLIDES GUEVARA, JOSE ANDRES PAZ DIAZ, EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ, MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ, VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS, HILSY LOURDES SANABRIA ORTEGA, BAYARDO ALEMAN MEJIA, ROY DONALDO MENJIVAR BARAHONA, JHONNY LEONEL BARAHONA Y ANA MIREYA SUAZO, por suponerlos responsables de delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO (3): Que de la foliada, esta Sala observa que el asunto por el cual se recurre en Amparo, es en relación a la declaratoria CON LUGAR del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y la Procuradora Judicial; recurso de apelación que se interpuso contra la resolución adoptada por el A-quo en la Audiencia Inicial celebrada en fecha seis de marzo del año dos mil veinte, al decretar Sobreseimiento Definitivo, a favor de los encausados KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, ROMEO UCLIDES GUEVARA, JOSE ANDRES PAZ DIAZ, EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ, MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ, VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS, HILSY LOURDES SANABRIA ORTEGA, BAYARDO ALEMAN MEJIA, ROY DONALDO MENJIVAR BARAHONA, JHONNY LEONEL BARAHONA Y ANA MIREYA SUAZO, por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. La resolución emitida por el Tribunal de Alzada, declara CON LUGAR, el Recurso de Apelación, RECOVA en Sobreseimiento Definitivo y ORDENA el dictado de Auto de Formal Procesamiento a los imputados por delitos de Abuso de Autoridad. CONSIDERANDO (4): Que los Abogados ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA Y CESAR MARTINEZ ESCOTO, en el planteamiento de su acción constitucional, hacen relación a los hechos por los cuales el A-Quo dicto Sobreseimiento Definitivo, por considerar que el Ministerio Publico había sido incapaz de acreditar con las pruebas aportadas, suficientes elementos para acreditar el delito por el cual habían sido acusados los ahora encartados. Que la A-Quo con buen criterio hizo una correcta y amplia valoración de los elementos de prueba aportados tanto por el Ministerio Publico como por la defensa, haciendo una amplia y lógico razonamiento de las pruebas al amparo de las reglas de la sana critica. CONSIDERANDO (5): Continúan expresando los recurrentes que al haberse proferido una resolución por el Ad-Quem, sin haber profundizado en los argumentos planteados por la defensa, permiten que se violenten normas de carácter constitucional que encierran derechos fundamentales, como ser el derecho de defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Señalan los recurrentes que la Corte de Apelaciones recurrida, al revocar el Sobreseimiento Definitivo dejo de considerar las facultades que el Consejo Directivo Universitario tenía en relación al pronunciamiento para resolver el conflicto legal del que ha venido siendo objeto la Universidad Nacional de Agricultura. El Ad-Quem al desconocer el deber legal de los miembros del Consejo y considerar en su resolución que no debían participar en la toma de estas resoluciones, hizo a un lado la norma contenida en el artículo 40 del Reglamento del Estatuto de la Universidad de Agricultura que permitía y obligaba a los miembros del Consejo directivo Universitario participar y resolver el conflicto planteado durante su gestión. Continúan argumentando que el Ad-Quem omitió valorar que los encartados antes de ocupar cargos en el Consejo Directivo Universitario son profesionales de las ciencias agronómicas y que como tales tienen el derecho de recibir el beneficio que reconoce el arancel, derecho de igualdad que reconoce el artículo 61 de la Constitución y que la Corte con su razonamiento les deja sin protección y les ubica en una condición diferente al resto de profesionales de las ciencias agronómicas, resolución arbitraria que violenta la Tutela Judicial efectiva. CONSIDERANDO (6): Afirman asimismo los recurrentes que la resolución de que piden se les ampare, está llena de dogmatismo y es propiamente argumentativa, puesto que el Ad-Quem hace alusión a la doctrina, a la colisión normativa, pero la misma no se centra en revisar la abundante prueba documental pública y privada que acredito los extremos planteados por la defensa; asimismo al inobservar el contenido de los artículos 40 y 41 del Reglamento del Estatuto y que prevalezcan los preceptos 32 y 33 del mismo Reglamento, inobservando con esta actuación el Ad-Quem el debido proceso, por cuanto han conculcado la correcta aplicación de normas adjetivas al momento de valorar la prueba evacuada en audiencia inicial, causando con ello un grave detrimento al debido proceso y derecho de defensa, al haberse proferido un auto de formal procesamiento en contra de sus representados, considerándoles autores de una cantidad de delitos de Abuso de Autoridad, sin haber sido considerada la prueba de descargo aportada a lo largo de las anteriores audiencias, por cuanto la valoración practicada por el Tribunal de Apelaciones se limitó únicamente a la prueba aportada por el órgano acusador, de acuerdo a lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal que reza: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El Órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, imperativo categórico impuesto a los Tribunales de Justicia, pero que en el presente caso no fue aplicado este mandato, por cuanto de la simple lectura del fallo se puede colegir que en ningún acápite se habla de la prueba aportada por la defensa. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que se consideran vulnerados son el derecho de defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República que señalan por su orden: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”; “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”. CONSIDERANDO (8): Que en la motivación externada por el Tribunal en el fallo que es recurrido en Amparo, expone entre otras consideraciones fácticas y jurídicas lo siguiente: “SEPTIMO: …En este punto, a criterio de esta Corte, no tiene razón la juzgadora en sus conclusiones y en ese sentido no es posible desaparecer los hechos como tampoco es posible desaparecer a sus autores y es preciso recalcar, que el delito que se imputa es el 349 del Código Penal, por haber dictado órdenes contrarias a la ley y por haberse abstenido de cumplir cualquiera de esos ordenamientos, en referencia a los artículos 321, 323 y 364 de la Constitución de la República, 115 de la Ley General de la Administración Pública, 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 32, 33 y 46 del Reglamento General del Estatuto; como también es importante destacar que, por principios, debe entenderse que la Universidad como entidad de derecho público, es parte de la administración pública como “actividad permanente, concreta y práctica del Estado que atiende a la satisfacción de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran”; en afinidad con este principio la actividad administrativa del Estado debe cumplirse y desarrollarse en forma que satisfaga las necesidades e intereses públicos, por ser su fin. Por eso es que tanto interesa como actúa la administración para lograr sus finalidades, desde su organización; el contenido de sus actos; el procedimiento seguido y la emanación de acto para conformar la voluntad administrativa expresada en ese acto que se emite, por supuesto que siempre existirán administradores y administrados con límites propios según sus intereses, pero este proceso penal no trata de los intereses particulares de los 82 funcionarios y empleados en su condición particular que ciertamente tenían todo el derecho de pedir, presentar sus peticiones y obtener su respuesta en el plazo legal; por el contrario se trata de 19 funcionarios en el ejercicio de su actividad administrativa, como funcionarios, como administradores, que no podían desenvolverse con libertad absoluta, prescindiendo de todo el ordenamiento jurídico; ya que, debían desenvolverse con sujeción al ordenamiento porque de ese orden de cosas es que se deriva el Estado de derecho.”. “OCTAVO: Para la Corte los hechos acusados encuadran en la descripción típica que la ley realiza del delito de Abuso de Autoridad, descrito en el artículo 349.2 del Código Penal. Es importante reescribir que derivados de los indicios aportados, las resoluciones CDU-022-2011; CDU-25-2011, CDU-19-2013, CDU-26-2013, CDU-33-2014, CDU-37-2014, el acuerdo de conciliación, su homologación y la ampliación extrajudicial de la cuantía son posiblemente arbitrarios, por la grave infracción del ordenamiento jurídico, incluso del exceso y la desviación de poder… Estas consideraciones no deben entenderse como una negación o desconocimiento al derecho adquirido de este grupo de 82 trabajadores a la nivelación de salarios, pero las autoridades de la Universidad debían acudir a otros procedimientos, por ejemplo, mediante la integración de una comisión AH-DOC como esta permitido en el artículo 46 literal a) del Reglamento del Estatuto, debieron hacer las solicitudes de aprobación presupuestaría correspondiente. Sin embargo, los indicios demuestran que los 19 imputados, a toda costa lograron su cometido….”… “DECIMO PRIMERO: Este Tribunal de alzada, es proclive inexorablemente al Auto de Formal procesamiento, tomando en cuenta la prueba ofrecida en esta preparatoria, con la que se ha acreditado los elementos de tipificación del delito, la probable participación de los autores, sin apreciar eximente de responsabilidad, mucho menos los presupuestos procesales que informan el dictado del sobreseimiento definitivo, …”. CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En ese orden de ideas los impetrantes estiman que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso lo que conlleva de igual forma la vulneración al derecho a la defensa, al no realizarse a su criterio una valoración correcta del Reglamento del Estatuto de la Universidad Nacional de Agricultura, que en el artículo 40 les permitía y obligada a los miembros del Consejo Directivo Universitario participar y resolver el conflicto planteado durante su gestión; asimismo argumenta que no se realizó una valoración conjunta de la prueba propuesta por la defensa de los encausados, lo que culminó en consecuencia con un fallo que declara CON LUGAR el Recurso de Apelación, REVOCA el Sobreseimiento Definitivo y ORDENA el dictado de Auto de Formal Procesamiento en contra de los señores KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO, ROMEO UCLIDES GUEVARA, JOSE ANDRES PAZ DIAZ, EMILIO JAVIER FUENTES ZUNIGA, RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNANDEZ, MIRIAN ANABEL ALVARADO MUÑOZ, VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS, HILSY LOURDES SANABRIA ORTEGA, BAYARDO ALEMAN MEJIA, ROY DONALDO MENJIVAR BARAHONA, JHONNY LEONEL BARAHONA Y ANA MIREYA SUAZO, por delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. CONSIDERANDO (10): Sobre el primer argumento del pedidor, relativo a que el Ad-Quem no realizo una valoración correcta del Reglamento del Estatuto de la Universidad Nacional Agrícola, que en el artículo 40 les permitía y obligada a los miembros del Consejo Directivo Universitario participar y resolver el conflicto planteado durante su gestión; En ese sentido la Constitución de la República en el artículo 321 dispone: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad.”. Por ello, el Tribunal de Alzada en la resolución recurrida argumenta “que los 19 funcionarios en el ejercicio de su actividad administrativa, como funcionarios, como administradores, no podían desenvolverse con libertad absoluta, prescindiendo de todo el ordenamiento jurídico”; En base al ordenamiento jurídico, que en ese orden de ideas establece el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, reza: “Incurrirán en responsabilidad criminal y civil aquellos miembros de los órganos colegiados que participen en la deliberación o en la votación de asuntos en que tenga interés o lo tuviere su conyugue, sus parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También incurrirán en responsabilidad, cuando las decisiones del órgano colegiado lesionen los intereses del organismo a que pertenezca, exceptuando aquellos que hubiere razonado su voto en contra.”; Así el artículo 15 de la Ley de Procedimiento administrativo dispone: “Los funcionarios y empleados públicos que intervengan en el procedimiento administrativo podrán ser recusados cuando en ellos se dé alguna de las circunstancias siguientes: a)…, b)…; c)Tener interés personal en el asunto o en otro similar cuya resolución pudiera influir en la de aquél, o cuestión litigiosa pendiente con algún interesado;….”; aunado a las normas señaladas el Reglamento General del Estatuto de la Universidad Nacional de Agricultura, en el artículos 33 que dispone: “Los miembros del CDU incurrirán en responsabilidad legal cuando participen en la deliberación o en la votación de asuntos en que tengan interés o lo tuviere su conyugue, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo de afinidad.”. Por ello las actuaciones de los funcionarios públicos deben realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. “Lo negrito es nuestro”. CONSIDERANDO (11): Sobre el segundo argumento relativo a que el Ad-Quem no realizó una valoración conjunta de la prueba propuesta por la defensa de los encausados; es menester entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal invocado por el pedidor: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. CONSIDERANDO (12): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[1] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (13): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución vertida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, tal como se puede apreciar en los acápites decimo primero al vigésimo noveno, de la cual el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a revocar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (14): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar un Auto de Formal Procesamiento o un Sobreseimiento Definitivo, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que los recurrentes en amparo exponen la vulneración del derecho al debido proceso y derecho a la defensa, transgresiones que no se observan en el caso sub júdice, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fueron escuchados los recurrentes en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguyen vulnerados, específicamente se observa valoración conjunta, armónica y lógica de la prueba producida en la Audiencia Inicial, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO (15): Que asimismo los recurrentes hacen alusión a la retroactividad de la ley penal sustantiva, esta Sala de lo Constitucional no se pronuncia al respeto, por ser una cuestión de fondo que debe ser resuelta por los órganos de instancia y aunado a ello, revisados los antecedentes se puede constatar que ésta, no fue una cuestión sometida al conocimiento del Tribunal de Alzada, mediante el Recurso de Apelación, pues los ahora pedidores del recurso de Amparo, solo contestaron agravios expresados por el Ministerio Publico, más no peticionaron al Tribunal de Alzada se resolviera sobre la aplicación retroactiva de la Ley, si esa era su pretensión (ver contestación de agravios folios 264 al 305 de la pieza de antecedentes, Tomo I), por lo anterior esta Sala no se pronuncia sobre tal alegación; por ello vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma está ajustada a derecho, debidamente motivada y razonada de manera lógica y coherente, en relación a la decisión adoptada. En el caso de estudio se observa la aplicación de la Ley, lo que difiere de ser considerado una vulneración de derecho de defensa y debido proceso señalados por los recurrentes. CONSIDERANDO (16): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por los Abogados ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA Y CESAR MARTINEZ ESCOTO, a favor de los señores KENNY SIREY NAJERA APARICIO, CARLOS MANUEL ULLOA ULLOA, OSCAR OVIDO REDONDO FLORES, JOSE LUIS CASTILLO LANZA, FRANCISCO JAVIER MEDINA CABRERA, JUAN ALBERTO CHAVARRIA CALDERON, JOSE ANTONO RAMIREZ ALVARADO, MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO Y ROMEO UCLIDES GUEVARA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCION, en fecha catorce (14) de octubre del año dos mil veinte (2020). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Hercules Rosa. - NOTÍFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de abril de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0037=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.