Sentencia AP-361-22 — Registro 15505
Resumen
con relación a la causa instruida contra el señor JEYSON NOE GALVEZ PEREZ, por suponerlo responsable de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “F”; PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; y TRÁFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...": Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, el quince de febrero de dos mil veintiuno; con relación a la causa instruida contra el señor JEYSON NOE GALVEZ PEREZ, por suponerlo responsable de los delitos de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA INACABADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “F”; PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; y TRÁFICO DE DROGAS EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-Quo el quince de febrero de dos mil veintiuno, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, pues su razonamiento no resulta coherente, al derivarse de la probanza que sí se acreditaron los actos ejecutivos tendiente a quitarle la vida al Testigo Protegido F, cuya acción no se consuma por la pronta reacción del ofendido, circunstancia que sin lugar a dudas permite arribar a la conclusión que su intensión si era dar muerte, y no solamente la de lesionar como lo infiere el Ad-Quem, quebrantando el debido proceso por no observar los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales y el principio de legalidad al realizar una interpretación errónea de la norma sustantiva. CONSIDERANDO: Que la ley dispone, que se dictará sobreseimiento definitivo: 1) cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión. CONSIDERANDO: Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación, declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado, y reforma la resolución recurrida en el sentido de dictar un sobreseimiento definitivo a favor del señor JEYSON NOE GALVEZ PEREZ, por el delito de TENTATIVA INACABADA DE HOMIDICIO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “F”, en lo demás se deja incólume el auto de formal procesamiento, al estimar que en el caso de estudio la prueba no acredita que el acusado iniciara la ejecución de actos encaminados a la comisión de un delito de Homicidio contra el Testigo Clave F, ya que la declaración de éste es de meridiana claridad, por lo tanto no se acredita el acto inicio de la conducta delictiva, es decir de iniciar a lesionar la integridad corporal de dicho Testigo, y que éste dejara de seguir en la no iniciada ejecución, por una causa ajena a su voluntad, siendo así no se acredita la existencia del hecho punible aún de manera indiciaria o probable. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 296 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la Resolución de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0361-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL