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Sentencia AP-359-21 — Registro 14788

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación, revocó resolución que declaró con lugar excepción de falta de acción por considerar que el instrumento 135, matriz de la acusación, no se declaró nulo ante un órgano jurisdiccional civil; El Tribunal de Apelaciones declaró sin lugar dicha excepción y ordenó continuar con audiencia inicial contra recurrrente por suponerlo responsable del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del Código Penal y Procesal Penal no se observa que de forma previa a la incoación de una demanda por el delito de falsificación de documentos públicos sea necesario iniciar un proceso civil, ya que la competencia objetiva de esta última está regulada en el Código Procesal Civil y la competencia objetiva de un proceso penal, está regulado por el Código Procesal Penal.- De la lectura de la competencia objetiva de dichos tribunales, no se desprende que sea una competencia del Juzgado Civil la de determinar la falsedad o veracidad de un documento público, en todo caso lo que existe dentro del procedimiento probatorio, es la impugnación a documentación aportada en copia simple que no es el caso que nos ocupa; por lo mencionado esta Sala de lo Constitucional, no entiende que previo a la incoación de la acción penal que se ha venido en amparo, sea necesario previamente agotar un proceso civil, por no disponerlo de esa manera ni el Código Procesal Civil, ni mucho menos el artículo 54 del Código Procesal Penal, debiéndose declarar sin lugar el presente recurso de amparo..."

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA, a favor del señor DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (20219, que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JUNIOR ALEXANDER VIVAS MADRID, contra la resolución de fecha nueve (9) de octubre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en la causa instruida contra el señor DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO, por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 303 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1).- Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, el Abogado OZBEK YASMEEN CHAMORRO RAMOS, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Requerimiento Fiscas contra los señores ABRAHAM BODDEN DILBERT Y DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO, por suponerlos responsable del delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 02 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía, RESOLVIO: Después de lo evacuado en la presente audiencia este órgano jurisdiccional se pronuncia en cuanto a la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa privada la cual tiene como argumento la limitante que tiene el MP para perseguir o realizar la persecución penal mientras tanto el instrumento 135 que es la matriz de esta acusación no se declaró nulo ante un órgano jurisdiccional civil esto por ser influenciara del trafico jurídico, si ante la competencia penal se persigue un delito de falsificación sustentando por tanto que este instrumento es falso cuando el mismo todavía surte efecto ante terceros y no ha sido quebrantado en su eficacia el suscrito hace suyo los argumentaos de la defensa privada quien ha sido sustentado en jurisprudencia plasmada en la Sala de lo Constitucional…” (Folio 177 al 179 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, FALLA: “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JUNIO ALEXANDER VIVAS MADRID, en su condición de Fiscal del Ministerio Público como apelante.- SEGUNDO: REVOCA la resolución de fecha nueve de octubre en la que se declara con lugar la excepción de falta de acción impetrado por la defensa privada del imputado DEVER CALEB AVILES GERONIMO, declarándose sin lugar la misma.- TERCERO: Se ordena al A-quo continuar con el desarrollo de la audiencia Inicial…”…” (Folio 4 al 11 de la Pieza de Corte de Apelaciones) 4) El recurrente Abogado MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor del señor DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 303 y 321 de la Constitución de la República. (Folio 1 al 6 de la pieza de amparo) 5) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado MANUEL DE JESUS BARAHONA AVILA a favor del señor DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO, se dirige contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, de fecha diez de febrero de dos mil veintiuno, que declara Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de ala Bahía de fecha nueve (09) de octubre de dos mil veinte (2020), con relación a la causa instruida contra el señor DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO, por suponerlas responsables de la comisión del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Recurrente considera que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que debe declararse con lugar el presente amparo, en vista que la Excepción de Falta de acción interpuesta, posee como argumento la limitante que tiene el Ministerio Público para perseguir o realizar la persecución penal, mientras tanto el instrumento 135 que es la Matriz de esta acusación no sea declarado nulo ante un órgano jurisdiccional civil; si ante la competencia penal se persigue un delito de falsificación sustentado por tanto que ese instrumento es falso, cuando el mismo todavía surte efectos ante terceros y no ha sido quebrantado en su eficiencia, el suscrito hace suyo los argumentos de la defensa privada quien sostiene en Jurisprudencia plasmada en la Sala Constitucional en fechas 04 de enero de 1999, 30 de mayo de 2002, 21 de febrero de 2017, 20 de marzo de 2021, en la cual se plasma el criterio de la Sala y por tanto, de debe de entender que si ese instrumento público no se ha declarado falso o anulado en su proceso civil, sigue teniendo efecto, incluso se han realizado varios actos de traslado de dominio y por tanto no puede consecuentemente un proceso penal declarar como un hecho probado la falsedad de ese instrumento, ya que la sentencia penal no tendrá efecto anulatorio sino condenatorio. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que del estudio del Código Penal y Procesal Penal no se observa que de forma previa a la incoación de una demanda por el delito de falsificación de documentos públicos sea necesario iniciar un proceso civil, ya que la competencia objetiva de esta última está regulada en el Código Procesal Civil y la competencia objetiva de un proceso penal, está regulado por el Código Procesal Penal.- De la lectura de la competencia objetiva de dichos tribunales, no se desprende que sea una competencia del Juzgado Civil la de determinar la falsedad o veracidad de un documento público, en todo caso lo que existe dentro del procedimiento probatorio, es la impugnación a documentación aportada en copia simple que no es el caso que nos ocupa; por lo mencionado esta Sala de lo Constitucional, no entiende que previo a la incoación de la acción penal que se ha venido en amparo, sea necesario previamente agotar un proceso civil, por no disponerlo de esa manera ni el Código Procesal Civil, ni mucho menos el artículo 54 del Código Procesal Penal, debiéndose declarar sin lugar el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 90, 183, 303, 304, 313 Numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 2, 3.2, 5, 6, 7, 8, 9.2, 41, 54, 56 y 119 demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 25, 26, 27, 54 y 141 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-359-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL