Sentencia AP-315-21 — Registro 14786
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerla responsable del delito de estafa en perjuicio de Anduro Manufacturing S A; De las actuaciones se determinó la existencia del mínimo indicio de participación de la imputada en el ilícito por lo que se confirma resolución impugnada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"de la revisión del expediente se desprende, que uno de los alegatos a la violación del debido proceso señalado en este recurso de amparo, recae en el argumento de la recurrente al señalar que previo a la incoación del proceso penal, era necesario la autorización de la denunciante para que el Ministerio Público pudiera ejercer la acción penal pública correspondiente.- En ese sentido es evidente que de la revisión del expediente judicial dicha autorización como tal no consta, sin embargo la denunciante en su momento acudió a las instalaciones del Ministerio Público, presentando una denuncia por los mismos hechos, el mismo objeto del debate, utilizando fundamentos de derecho en relación al presente caso, por consiguiente ha sido una práctica permanente por parte del Ministerio Publico y un criterio reiterado de esta Corte Suprema de Justicia, que la denuncia como tal expresa la voluntad de la denunciante o de la ofendida a efecto de que la entidad que ejerce la acción penal pública, sea quien lleve la acusación ante los tribunales de justicia, así que el hecho que no exista como tal una autorización de la víctima dentro del expediente, queda subsanada con la denuncia presentada por la parte denunciante, en este caso se señala nuevamente lo anterior, en vista que como ya se ha mencionado, la denuncia específicamente contiene la voluntad definitiva de la parte ofendida en el sentido que la represente el Ministerio Público.- De igual manera esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho que no se haya llevado a cabo la audiencia inicial dentro del plazo fijado en la normativa penal, no es causal para declarar la extinción de la acción penal, por no encontrarse dentro de los presupuestos establecidos para ese efecto en el artículo 42 del Código Procesal Penal y tampoco se prevé en el acápite donde se ubica la audiencia inicial, por no llevarse a cabo la misma dentro del plazo establecido, se deberá de extinguir la acción penal..."..."esta Sala considera que a la recurrente en ningún momento se le ha violentado el derecho a la defensa, en vista que se le ha permitido realizar todas las actuaciones establecidas en el proceso que se le está siguiendo, teniendo en todo momento una defensa técnica para representarla, y que ha llevado a determinar la existencia del mínimo indicio de participación de la imputada en el ilícito que se le señala de la manera prevista en el artículo 294 del Código Procesal Penal, debiendo desestimarse la presente acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, a favor de la señora MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la defensa de la señora María Suyapa Izaguirre Midence, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra la señora MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, por suponerla responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de LA EMPRESA ANDURO MANUFACTURING S.A.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 94, Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha cinco (5) de octubre del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro, departamento de Cortés, la Abogada DIANA NINOSKA FLORES ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MARCO ANTONIO FUNEZ MURILLO, JENNY ROSA CARTAGENA GOMEZ Y JORGE ALBERTO GAIDO ERAZO, por suponerlos responsables del delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA, y contra de MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, por el delito de ESTAFA CONTINUADA, todos en perjuicio de LA EMPRESA ANDUROP MANUFACTIRING S.A.- (Folios 1 al 8 de la pieza del Juzgado).-2) Que el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en Audiencia Inicial de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), “RESOLVIO: “ Dictar un Auto de Formal procesamiento en contra de la imputada MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, la medida Cautelar establecida en el artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal que consiste en que la imputada se presente cada QUINCE DIAS a la Secretaría del Juzgado de Letras Penal de la Ciudad de Tegucigalpa…” (Folio 1,091 al 1,102 de la pieza del Juzgado).-3) Que en Audiencia que dio inició en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), concluyendo en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés Resolvió: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Maria Suyapa Izaguirre Midence…”.- (Folios 19 al 29 de la Pieza del Corte de Apelaciones).-4) Que los recurrentes Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, comparecieron ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor de la señora Maria Suyapa Izaguirre Midence; afirmando los recurrentes que la resolución del Ad-quem, de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 94, Y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS Y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, a favor de la señora MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por los Abogados de la señora María Suyapa Izaguirre Midence, en contra de la resolución de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en donde el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó auto de formal procesamiento, en contra de la señora MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, por suponerla responsable de la comisión del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de la Empresa Anduro Izaguirre Midence.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS Y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, consideran que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que las acciones públicas dependientes de instancia particular, el Ministerio Público solo las puede perseguir a instancia de la victima, y en el caso que nos ocupa no existe dicha autorización.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión del expediente se desprende, que uno de los alegatos a la violación del debido proceso señalado en este recurso de amparo, recae en el argumento de la recurrente al señalar que previo a la incoación del proceso penal, era necesario la autorización de la denunciante para que el Ministerio Público pudiera ejercer la acción penal pública correspondiente.- En ese sentido es evidente que de la revisión del expediente judicial dicha autorización como tal no consta, sin embargo la denunciante en su momento acudió a las instalaciones del Ministerio Público, presentando una denuncia por los mismos hechos, el mismo objeto del debate, utilizando fundamentos de derecho en relación al presente caso, por consiguiente ha sido una práctica permanente por parte del Ministerio Publico y un criterio reiterado de esta Corte Suprema de Justicia, que la denuncia como tal expresa la voluntad de la denunciante o de la ofendida a efecto de que la entidad que ejerce la acción penal pública, sea quien lleve la acusación ante los tribunales de justicia, así que el hecho que no exista como tal una autorización de la víctima dentro del expediente, queda subsanada con la denuncia presentada por la parte denunciante, en este caso se señala nuevamente lo anterior, en vista que como ya se ha mencionado, la denuncia específicamente contiene la voluntad definitiva de la parte ofendida en el sentido que la represente el Ministerio Público.- De igual manera esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho que no se haya llevado a cabo la audiencia inicial dentro del plazo fijado en la normativa penal, no es causal para declarar la extinción de la acción penal, por no encontrarse dentro de los presupuestos establecidos para ese efecto en el artículo 42 del Código Procesal Penal y tampoco se prevé en el acápite donde se ubica la audiencia inicial, por no llevarse a cabo la misma dentro del plazo establecido, se deberá de extinguir la acción penal.-CONSIDERANDO NUEVE (9): En igual sentido esta Sala considera que a la recurrente en ningún momento se le ha violentado el derecho a la defensa, en vista que se le ha permitido realizar todas las actuaciones establecidas en el proceso que se le está siguiendo, teniendo en todo momento una defensa técnica para representarla, y que ha llevado a determinar la existencia del mínimo indicio de participación de la imputada en el ilícito que se le señala de la manera prevista en el artículo 294 del Código Procesal Penal, debiendo desestimarse la presente acción de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 3, 24, 28, 29, 32 y 34 del Código Procesal Civil; 1, 54 y 294 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0315-2021 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, a favor de la señora MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la defensa de la señora María Suyapa Izaguirre Midence, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa instruida contra la señora MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, por suponerla responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de LA EMPRESA ANDURO MANUFACTURING S.A.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 94, Y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha cinco (5) de octubre del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro, departamento de Cortés, la Abogada DIANA NINOSKA FLORES ZELAYA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MARCO ANTONIO FUNEZ MURILLO, JENNY ROSA CARTAGENA GOMEZ Y JORGE ALBERTO GAIDO ERAZO, por suponerlos responsables del delito de APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA, y contra de MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, por el delito de ESTAFA CONTINUADA, todos en perjuicio de LA EMPRESA ANDUROP MANUFACTIRING S.A.- (Folios 1 al 8 de la pieza del Juzgado).-2) Que el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en Audiencia Inicial de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), “RESOLVIO: “ Dictar un Auto de Formal procesamiento en contra de la imputada MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, la medida Cautelar establecida en el artículo 173 numeral 6 del Código Procesal Penal que consiste en que la imputada se presente cada QUINCE DIAS a la Secretaría del Juzgado de Letras Penal de la Ciudad de Tegucigalpa…” (Folio 1,091 al 1,102 de la pieza del Juzgado).-3) Que en Audiencia que dio inició en fecha doce (12) de enero del año dos mil veintiuno (2021), concluyendo en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés Resolvió: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la señora Maria Suyapa Izaguirre Midence…”.- (Folios 19 al 29 de la Pieza del Corte de Apelaciones).-4) Que los recurrentes Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, comparecieron ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de abril del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor de la señora Maria Suyapa Izaguirre Midence; afirmando los recurrentes que la resolución del Ad-quem, de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 80, 82, 90, 94, Y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por los Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS Y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, a favor de la señora MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno, que declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por los Abogados de la señora María Suyapa Izaguirre Midence, en contra de la resolución de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en donde el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó auto de formal procesamiento, en contra de la señora MARIA SUYAPA IZAGUIRRE MIDENCE, por suponerla responsable de la comisión del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de la Empresa Anduro Izaguirre Midence.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los Abogados BLANCA ARGENTINA GOMEZ MATAMOROS Y JOSE ANIBAL PINEDA BARRIENTOS, consideran que existe una vulneración al principio constitucional del Debido Proceso, al señalar que las acciones públicas dependientes de instancia particular, el Ministerio Público solo las puede perseguir a instancia de la victima, y en el caso que nos ocupa no existe dicha autorización.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito, omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley de Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que de la revisión del expediente se desprende, que uno de los alegatos a la violación del debido proceso señalado en este recurso de amparo, recae en el argumento de la recurrente al señalar que previo a la incoación del proceso penal, era necesario la autorización de la denunciante para que el Ministerio Público pudiera ejercer la acción penal pública correspondiente.- En ese sentido es evidente que de la revisión del expediente judicial dicha autorización como tal no consta, sin embargo la denunciante en su momento acudió a las instalaciones del Ministerio Público, presentando una denuncia por los mismos hechos, el mismo objeto del debate, utilizando fundamentos de derecho en relación al presente caso, por consiguiente ha sido una práctica permanente por parte del Ministerio Publico y un criterio reiterado de esta Corte Suprema de Justicia, que la denuncia como tal expresa la voluntad de la denunciante o de la ofendida a efecto de que la entidad que ejerce la acción penal pública, sea quien lleve la acusación ante los tribunales de justicia, así que el hecho que no exista como tal una autorización de la víctima dentro del expediente, queda subsanada con la denuncia presentada por la parte denunciante, en este caso se señala nuevamente lo anterior, en vista que como ya se ha mencionado, la denuncia específicamente contiene la voluntad definitiva de la parte ofendida en el sentido que la represente el Ministerio Público.- De igual manera esta Sala de lo Constitucional es del criterio que el hecho que no se haya llevado a cabo la audiencia inicial dentro del plazo fijado en la normativa penal, no es causal para declarar la extinción de la acción penal, por no encontrarse dentro de los presupuestos establecidos para ese efecto en el artículo 42 del Código Procesal Penal y tampoco se prevé en el acápite donde se ubica la audiencia inicial, por no llevarse a cabo la misma dentro del plazo establecido, se deberá de extinguir la acción penal.-CONSIDERANDO NUEVE (9): En igual sentido esta Sala considera que a la recurrente en ningún momento se le ha violentado el derecho a la defensa, en vista que se le ha permitido realizar todas las actuaciones establecidas en el proceso que se le está siguiendo, teniendo en todo momento una defensa técnica para representarla, y que ha llevado a determinar la existencia del mínimo indicio de participación de la imputada en el ilícito que se le señala de la manera prevista en el artículo 294 del Código Procesal Penal, debiendo desestimarse la presente acción de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 3, 24, 28, 29, 32 y 34 del Código Procesal Civil; 1, 54 y 294 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia. - Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. - NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.-Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de mayo del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0315-2021 .- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL