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Sentencia AP-285-21 — Registro 15035

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución con relación al aseguramiento de bienes propiedad. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 61, 90 Y 103 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida, resulta relevante hacer un breve análisis acerca de la figura del plazo razonable, es importante establecer el vínculo entre la Investigación criminal y el plazo razonable. EL PLAZO RAZONABLE es parte integrante de la garantía constitucional del Debido Proceso, contenida en el artículo 90 de la Carta Magna. “El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación al debido proceso alude a un lapso suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto procede que a toda persona se le investigue, no menos cierto es que para que ello ocurra debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable”. CONSIDERANDO (8) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la razonabilidad del plazo señalando: “La razonabilidad del plazo…, se debe apreciar en relación con la duración total del proceso desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. La Corte se pronuncia en el sentido de que, en materia penal, el plazo comienza en la fecha de la aprehensión del individuo. Cuando no es aplicable esta medida, pero se halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debiera contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso (…) particularmente en materia penal, (las negritas son nuestras) dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse”. De ahí que resulte irrazonable el hecho de que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal durante mucho tiempo en los que resulta imposible dar fin a la investigación.”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (9) Que, para determinar la razonabilidad del plazo de investigación, se debe acudir cuando menos a dos criterios: uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del Fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación”; Por lo que “el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen un Requerimiento fiscal ante el juez penal, se encuentra sometido a principios constitucionales donde prevalecen principios de lealtad para con la justicia, de objetividad, imparcialidad, prontitud y eficacia, que en el caso que nos ocupa se centran específicamente en la diligencia y eficacia en el desarrollo de las actividades de investigación, pero las mismas no pueden quedar abiertas indefinidamente, y en ese sentido la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en su artículo 33 último párrafo señala que: “Trascurrido el termino de doce(12)meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Publico haya promovido la acción de privación de dominio, estas pueden ser revocadas….” Sumado a lo anterior el artículo 69 de la ley de Lavado de Activos estipula lo siguiente: “DURACION DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. La situación jurídica de los bienes se debe resolver en el menor tiempo posible, cuando se obtenga los elementos de juicio para ello, atendiendo al respeto de los derechos de legalidad, debido proceso y defensa y preservando las garantías inherentes al derecho de propiedad. Estas medidas no pueden durar más de veinticuatro (24) meses…”. termino y ampliación que se encuentran vencidas y sin que hasta la fecha el Ente Acusador haya presentado acusación (Requerimiento Fiscal) en contra de los ahora recurrentes, violentando el debido proceso que les asiste a las partes procesales

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: (15) Que en el caso subjudice es evidente que la medida cautelar de aseguramiento de los bienes inmuebles y productos financieros de los recurrentes tiene seis años desde que se inició la gestión ante un órgano jurisdiccional que en su momento fue competente para conocer del asunto y luego se presenta la misma solicitud ante otro órgano jurisdiccional, creado al efecto para conocer del aseguramiento de bienes, no por ello puede desconocerse la existencia de la medida cautelar de aseguramiento sobre los bienes de los recurrentes y la ampliación de está solicitada por el Ministerio Público se encuentra vencida, por consiguiente ninguna causa puede quedar abierta indefinidamente al libre albedrio de las partes acomodando las disposiciones legales al antojo de quien está conociendo un asunto en el que se pueden quebrantar derechos de los ciudadanos. Que, por lo antes expuesto, ésta Sala considera que se ha vulnerado la Garantía Principio del Debido Proceso, Principio de Legalidad y el Derecho a la Propiedad, al no haberse realizado la investigación dentro de un plazo razonable que debe prevalecer en todo proceso, por lo que su inobservancia llevada a extremos irrazonables quebranta los derechos reconocidos por la Constitución y confrontan los Tratados Internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. por lo que es conforme a Derecho Otorgar el Amparo interpuesto. CONSIDERANDO: (16) Que esta Sala, como garante de la primacía constitucional, respeto y garantía de los derechos fundamentales y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales de los Recurrentes, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos por los argumentos expuestos en los acápites anteriores.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, a favor de los señores Bernabé Escalante Andrade y Elvia Marina Escalante Landaverde, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, en fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, con relación al aseguramiento de bienes propiedad de los señores Bernabé Escalante Andrade y Elvia Marina Escalante Landaverde. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 61, 90 Y 103 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Ministerio Público, a través de su Agente Fiscal la Abogada Marlen Rodríguez, compareció ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, presentando solicitud para que decretara la medida cautelar de aseguramiento sobre los bienes a nombre de los señores Bernabé Escalante Andrade y Elvia Marina Escalante Landaverde. (Folios 1-19 del antecedente) 2) En fecha diecisiete de agosto de dos mil veinte, el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, celebró audiencia de prórroga de medida de aseguramiento, en donde resolvió: “…otorgar la prórroga de la medida de aseguramiento por el término de 9 meses al Ministerio Público en el expediente 174-2019, es decir, que se vencería dicha prorroga el VEINTIDÓS (22) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021)…” (Folios 51-55 del antecedente) 3) La Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados Ritza Yolanda Antúnez Reyes y Luis Fernando Padilla Castellanos, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, resolvió: “…1.-Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto. 2.-CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN APELADA.” (Folios 56-61 del antecedente) 4) Que el recurrente, Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, compareció ante este Tribunal en fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor de los señores Bernabé Escalante Andrade y Elvia Marina Escalante Landaverde, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, les violenta a sus representados los derechos consagrados en los artículos 61, 90 y 103 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Luis Fernando Padilla Castellanos, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno, que Declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen ilícito, con relación al Aseguramiento de los bienes propiedad de los señores BERNABE ESCALANTE ANDRADE Y ELVIA MARINA ESCALANTE LANDAVERDE. CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la Formalización del Recurso de Amparo, manifiesta, que “comparece solicitando amparo por las violaciones de los derechos constitucionales de sus representados, a fin de que se le restablezca el Debido Proceso, Principio de Legalidad, la Propiedad Privada, quebrantada por la Corte de Apelaciones ahora impugnada. Expone el recurrente que en fecha 22 y 29 de agosto del 2016, el Ministerio Público solicitó ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, la medida cautelar de aseguramiento de bienes y productos financieros de sus representados, señala que sus poderdantes no tienen proceso penal pendiente, esto porque según información proporcionada en fecha 12 de febrero del 2016 a la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), su representado el señor BERNABE ESCALANTE ANDRADE se dedica a realizar actividades de Tráfico Ilícito de Drogas en la zona de La Entrada, departamento de Copán y producto de esa actividad ha realizado fuertes inversiones en la compra de inmuebles, vehículos y otros bienes, señalando que sus representados gozan de completa libertad ya que nunca han tenido proceso penal alguno. Sigue exponiendo el recurrente que desde hace cinco años tres meses se encuentra abierto un expediente investigativo por el ente fiscal en contra de su representado Bernabé Escalante, sin que hasta la fecha se haya podido establecer de manera pronta y objetiva el resultado de ningún tipo de investigación que indique responsabilidad alguna, e ilícitos del señor Escalante Andrade, por cuanto no se le ha efectuado imputación alguna, señala que el señor Escalante lleva una vida normal como cualquier ciudadano común, sin embargo todo este tiempo ha sido injusta y arbitrariamente privado de todos sus bienes y productos financieros, tiempo en el cual ya la medida de aseguramiento se encuentra vencida” CONSIDERANDO: (5) Que el impetrante “ señala que el 22 y 29 de agosto del 2019, se cumplieron los tres años que indica la ley de Lavado de Activos en su Artículo 69 para poder solicitar ante el órgano jurisdiccional la privación del dominio de los bienes a favor del Estado, no obstante el 22 de agosto del 2019, tiempo en el cual se vencieron los tres años el ente acusador arbitrariamente y en flagrante violación al debido proceso vuelve a solicitar nuevamente ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito la medida cautelar de aseguramiento de los bienes inmuebles y productos financieros de sus representados, solicitud realizada bajo el mismo argumento que hizo ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, por cuanto lo único que hizo el ente fiscal en su escrito de solicitud fue una transcripción literal de los mismos hechos, por lo que deduce esta representación que no ha existido ningún avance, ni ningún elemento nuevo de investigación y por otro lado tuvo que esperar el ente acusador el último días que se vencía la medida cautelar en el Juzgado de Letras Penal con jurisdiccional, para presentar nuevamente la solicitud de la medida cautelar de aseguramiento ante el Juzgado de Letras de Privación de dominio, con lo cual está haciendo uso doblemente del mismo término ya que la acción de privación de dominio es una sola, y al decretarse nuevamente la medida cautelar de aseguramiento por los mismos hechos y bienes se está ampliando arbitrariamente los plazos establecidos en la ley, mediante un ente judicial distinto aun y cuando el Poder Judicial es uno solo siendo este hecho violatorio del debido proceso, al incumplir las formalidades procesales contenidas en la ley de Lavado de Activos en su artículo 69. En ese sentido lo que debió solicitar el Ministerio Público ante el Juzgado de Privación de dominio de los bienes a favor del Estado de Honduras, tal como lo proscribe la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en su artículo 33 último párrafo, habida cuenta que los 3 años que se pueden tener asegurados ya se cumplieron en el Juzgado de Letras de Jurisdicción Nacional, a la fecha los bienes y productos financieros tienen aproximadamente cinco (5) años tres (3) meses de estar asegurados, en el año 2020, el Ministerio Público solicitó un año más de ampliación de la medida sin embargo el Juzgado de Letras de Privación de Dominio únicamente les otorgó solamente nueve meses más los cuales ya se encuentran vencidos.” CONSIDERANDO: (6) Que el Ad Quem en el párrafo de la Motivación de la Sentencia expone “La Finalidad de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en la lucha contra la criminalidad organizada de conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y demás Instrumentos Internacionales ratificados por Honduras, argumenta el Ad Quem que el veintitrés de agosto del dos mil diecinueve, se presentó en los Juzgados de Letras de Privación de Dominio solicitud de medidas cautelares de aseguramiento a diferentes bienes inmuebles y muebles de los recurrentes, señalando el Ad quem, que es un proceso autónomo e independiente. Manifiesta el Tribunal de Alzada que de acuerdo a la solicitud existe vinculación de los bienes muebles e inmuebles de los titulares de esos derechos, con supuestas actividades ilícitas relacionadas con el extraditado Héctor Emilio Fernández Rosa, alias “Don H”, además se señala su vinculación de los investigados con miembros del cartel de los Valle-Valle. Señalando en la solicitud referida, además a la señora Elvia María Escalante Landaverde. En consecuencia, declaró sin lugar el recurso de apelación instruido y confirmo la resolución apelada.” CONSIDERANDO (7): Que, del estudio de los antecedentes y la resolución recurrida, resulta relevante hacer un breve análisis acerca de la figura del plazo razonable, es importante establecer el vínculo entre la Investigación criminal y el plazo razonable. EL PLAZO RAZONABLE es parte integrante de la garantía constitucional del Debido Proceso, contenida en el artículo 90 de la Carta Magna. “El derecho al plazo razonable de la investigación preliminar (policial o fiscal) en tanto manifestación al debido proceso alude a un lapso suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto procede que a toda persona se le investigue, no menos cierto es que para que ello ocurra debe existir la concurrencia de una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable”. CONSIDERANDO (8) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la razonabilidad del plazo señalando: “La razonabilidad del plazo…, se debe apreciar en relación con la duración total del proceso desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva. La Corte se pronuncia en el sentido de que, en materia penal, el plazo comienza en la fecha de la aprehensión del individuo. Cuando no es aplicable esta medida, pero se halla en marcha un proceso penal, dicho plazo debiera contarse a partir del momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del caso (…) particularmente en materia penal, (las negritas son nuestras) dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse[1]”. De ahí que resulte irrazonable el hecho de que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación policial o fiscal durante mucho tiempo en los que resulta imposible dar fin a la investigación. CONSIDERANDO: (9) Que, para determinar la razonabilidad del plazo de investigación, se debe acudir cuando menos a dos criterios: uno subjetivo que está referido a la actuación del investigado y a la actuación del Fiscal, y otro objetivo que está referido a la naturaleza de los hechos objeto de investigación”; Por lo que “el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen un Requerimiento fiscal ante el juez penal, se encuentra sometido a principios constitucionales donde prevalecen principios de lealtad para con la justicia, de objetividad, imparcialidad, prontitud y eficacia, que en el caso que nos ocupa se centran específicamente en la diligencia y eficacia en el desarrollo de las actividades de investigación, pero las mismas no pueden quedar abiertas indefinidamente, y en ese sentido la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en su artículo 33 último párrafo señala que: “Trascurrido el termino de doce(12)meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Publico haya promovido la acción de privación de dominio, estas pueden ser revocadas….” Sumado a lo anterior el artículo 69 de la ley de Lavado de Activos estipula lo siguiente: “DURACION DE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. La situación jurídica de los bienes se debe resolver en el menor tiempo posible, cuando se obtenga los elementos de juicio para ello, atendiendo al respeto de los derechos de legalidad, debido proceso y defensa y preservando las garantías inherentes al derecho de propiedad. Estas medidas no pueden durar más de veinticuatro (24) meses…”. termino y ampliación que se encuentran vencidas y sin que hasta la fecha el Ente Acusador haya presentado acusación (Requerimiento Fiscal) en contra de los ahora recurrentes, violentando el debido proceso que les asiste a las partes procesales. CONSIDERANDO (10) Que el tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”) le da al Debido Proceso, está contemplado fundamentalmente en su artículo 8, el cual se debe relacionar con los incisos 2, 3, 4, 5, el artículo 7.5, el artículo 9, el artículo 10, el artículo 24, y el artículo 27, todos de la Convención Americana. La Convención Americana desarrolla algunos principios del debido proceso que en ella se anotan o se coligen y que son consecuencia de los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un “garanticísmo proteccionista” del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él: el del Estado que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. CONSIDERANDO (11) Que los Estados partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios (artículo 1.1 de la Convención) por constituir normas autoejecutables; es decir, normas incorporadas al derecho interno. Por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido dichas garantías mínimas dentro de su legislación interna, tienen la obligación internacional de “adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (artículo 2.1 de la Convención Americana). CONSIDERANDO: (12) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala aprecia que el Ministerio Público en las fechas 22 y 29 de agosto del año dos mil dieciséis, presentó solicitud ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia penal, de la medida cautelar de Aseguramiento de los bienes y productos financieros de los recurrentes, solicitud que fue admitida y en consecuencia se aseguraron los bienes de los ahora impetrantes. En fecha 22 y 29 de agosto del dos mil diecinueve, se cumplieron los tres años que indica la Ley de Lavado de Activos en su artículo 69, para poder solicitar la privación del dominio de los bienes a favor del Estado. No obstante que se habían cumplido los tres años que señala la ley, el día 22 de agosto del 2019, el Ministerio Público vuelve a solicitar nuevamente ante el Juzgado de Letras de Privación de dominio de Bienes de Origen Ilícito, la medida cautelar de aseguramiento de los bienes inmuebles y productos financieros de los recurrentes. Se aprecia que los hechos por los que acude ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de origen Ilícito son los mismos hechos que dieron lugar a la anterior petición de la medida cautelar de aseguramiento de los bienes de origen ilícito, en los que transcurrió el término señalado en la ley para que el Ministerio Público junto con los elementos de prueba recabados en su investigación durante más de tres años ejerciera la acción penal correspondiente, lo cual no sucedió, con la nueva petición presentada por el Ministerio Público se ha mantenido bajo dicha medida cautelar de aseguramiento de bienes inmuebles y muebles de origen ilícito por más de cinco años, pese a ello, el Ministerio Público en el mes de agosto del 2020, solicitó un año más de ampliación de la medida cautelar, sin embargo el Juzgado de Letras de Privación de Dominio únicamente le otorgó nueve (9) meses más, los que ya se han vencido. CONSIDERANDO (13): Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[2]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente. Este poder jurídico no puede ser utilizado al libre arbitrio pues tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internaciones de los que el Estado forma parte, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO: (14) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. Es así que la ley debe aplicarse en todo momento lo que no excluye los actos de investigación que también someten a un debido proceso. En el caso de autos el Ministerio Público ha tenido un tiempo razonable, suficiente para realizar una exhaustiva investigación que le permitiera dar cumplimiento a los plazos y términos establecidos en la ley a fin de ejercer la acción penal, presentando el requerimiento fiscal que hubiera sido posible de haber tenido los medios de prueba que lo respaldaran, pero, de acuerdo a los antecedentes es obvio que no existen. CONSIDERANDO: (15) Que en el caso subjudice es evidente que la medida cautelar de aseguramiento de los bienes inmuebles y productos financieros de los recurrentes tiene seis años desde que se inició la gestión ante un órgano jurisdiccional que en su momento fue competente para conocer del asunto y luego se presenta la misma solicitud ante otro órgano jurisdiccional, creado al efecto para conocer del aseguramiento de bienes, no por ello puede desconocerse la existencia de la medida cautelar de aseguramiento sobre los bienes de los recurrentes y la ampliación de está solicitada por el Ministerio Público se encuentra vencida, por consiguiente ninguna causa puede quedar abierta indefinidamente al libre albedrio de las partes acomodando las disposiciones legales al antojo de quien está conociendo un asunto en el que se pueden quebrantar derechos de los ciudadanos. Que, por lo antes expuesto, ésta Sala considera que se ha vulnerado la Garantía Principio del Debido Proceso, Principio de Legalidad y el Derecho a la Propiedad, al no haberse realizado la investigación dentro de un plazo razonable que debe prevalecer en todo proceso, por lo que su inobservancia llevada a extremos irrazonables quebranta los derechos reconocidos por la Constitución y confrontan los Tratados Internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. por lo que es conforme a Derecho Otorgar el Amparo interpuesto. CONSIDERANDO: (16) Que esta Sala, como garante de la primacía constitucional, respeto y garantía de los derechos fundamentales y los Tratados Internacionales que forman parte del Derecho Interno. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales de los Recurrentes, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos por los argumentos expuestos en los acápites anteriores. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8,9, de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículo 33 último párrafo de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; Artículo 69 de la ley de Lavado de Activos. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS, a favor del señor y la señora BERNABE ESCALANTE ANDRADE Y ELVIA MARINA ESCALANTE LANDAVERDE, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en Materia de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintiuno. SEGUNDO: Que, en consecuencia, a lo establecido por esta Sala, el Tribunal de Alzada, profiera nueva sentencia en concordancia a los Principios y Garantías que se han amparado y establecidos en el iter del presente fallo. Restableciendo los Derechos que han sido conculcados a los recurrentes. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, debiendo restablecerse los derechos de los recurrentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. - NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0285-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] [2] CIDH. Casos Juan Humberto Sánchez contra Honduras, Hilarie Constantine contra Trinidad y Tobago y Suárez Rosero contra Ecuador.

[2] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.

[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.