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Sentencia AP-279-21 — Registro 14551

Resumen

Acción de amparo interpuesta con relación a la causa instruida contra imputado, a quien se le supone responsable del delito de Maltrato por Transgresión,donde la defensa de éste solicitó audiencia de conciliación, declarada con lugar y la aplicación de medida alterna de Conciliación a favor del imputado y homologó los acuerdos supuestamente llegados con madre de menores ofendidos donde el Ministerio Público apeló dicha conciliación y sobreseimiento provisional dictado a favor de imputado,argumentando impetrante que se inobservó los requisitos establecidos en el artículo 45 del Código Procesal Penal,último párrafo que dispone: “…. en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, el órgano jurisdiccional no debe procurar la conciliación entre las partes, si no lo solicita en forma expresa la víctima o sus apoderados legales,siendo éste el caso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas  o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad  que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia..

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(11) Que, el Ius puniendi corresponde al Estado, la posibilidad de sanción ha estado dentro de sus atribuciones. La figura de la conciliación legalmente celebrada produce efectos procesales, ya que el acta que surge se constituye en un título o causa para reclamar. Así mismo, la naturaleza de las controversias que se resuelven en el acta de conciliación tiene los mismos efectos que una sentencia judicial ejecutoriada. El Código Procesal Penal, establece la figura de la conciliación en su artículo 45 disponiendo: “En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular y los que admitan la suspensión condicional de la persecución penal, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio. Además, dispone la homologación de los acuerdos a que llegaron las partes, así como la exigencia de cumplimiento de los mismos, sin dejar de establecer una prórroga para el cumplimiento de los acuerdos, de seis meses más, vencidos los mismos, y no habiéndose cumplido dichos acuerdos el procedimiento continuará como si no se hubiese conciliado, sin que puedan aplicarse de nuevo las normas de conciliación.” CONSIDERANDO:(12) Que del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que en el caso sub judice se cumplieron las normas establecidas en la ley adjetiva para la figura de la conciliación, así como que el Ad quem ha motivado y fundamentado su resolución en derecho, estimando que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada no quebranta los derechos fundamentales invocados por la recurrente, por lo que procede se Deniegue el amparo intentado. CONSIDERANDO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Sussy G. Coello García, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, con relación a la causa instruida contra el señor Santos Enrique García Sánchez, a quien se le supone responsable del delito de Maltrato por Transgresión, en perjuicio de J. E. G. H. y J. M. G. H.. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, compareció, el Abogado Henry Alexander Pineda, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Santos Enrique García Sánchez, a quien se le supone responsable a título de autor del delito de Maltrato por Transgresión, en perjuicio de J. E. G. H.. (Folios 1-2 del antecedente) 2) En fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, celebró audiencia de solicitud de aplicación de juicio expedito, en la cual resolvió que concurren los requisitos para acreditar los delitos en flagrancia establecidos en el artículo 440-A, B, C, D, asimismo, en cuanto a la medida cautelar, se decretó la medida de prisión preventiva establecida en el artículo 173 numeral 3 del Código Procesal Penal. (Folios 22-23 vuelto del antecedente) 3) En fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, celebró audiencia de conciliación, en la cual resolvió: “…Habiendo escuchado a la parte ofendida en este caso, la madre de los menores C. A. H. como madre de los menores J. E. G. H. y Y. M. G. H., quien manifiesto estar de acuerdo en la conciliación en los siguientes puntos 1) El señor SANTOS ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ se comprometa a pagarle la cantidad de CUARENTA MIL LEMPIRAS por derecho, a la mitad de la casa que tiene ella, que serán pagados en dos cuotas, una primera cuota de QUINCE MIL LEMPIRAS pagados el día LUNES DIECISISEIS DE SEPTIEMBRE DEL 2019 y la segunda cuota el LUNES DIECISEIS DE DICIEMBRE DEL 2019 dinero que será depositado a la cuenta de banco Atlántida numero 012200428394 a nombre de la señora CARMEN ALEYDA HERNÁNDEZ AGUILAR; 2) El señor SANTOS ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ se compromete a no acercarse a los niños ni a verter palabra soeces en contra de los niños ni a mi persona, ni que se acerque a la casa de la madre de los ofendidos ni al negocio que esta tiene en la calle empedrada de Marcala, La Paz; todo con fundamento en el artículo 45 del Código Procesal Penal. Haciéndole la advertencia al imputado que, si incumple uno de los acuerdos el proceso, se continuara como si no se hubiese conciliado, imponiendo un plazo de prueba de SEIS MESES para el cumplimiento de los acuerdos que finaliza el nueve de marzo del año 2020, Se revoca la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en fecha 22 de agosto del 2019, entregándole su carta de libertad provisional…” (Folios 64-65 del antecedente) 4) La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Henry Alexander Pineda, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, en fecha uno de febrero de dos mil veintiuno, falló: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ABOGADO HENRY ALEXANDER PINEDA, en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Marcala, departamento de La Paz, de fecha nueve (9) de septiembre del dos mil diecinueve (2019), mediante la cual resuelve tener por realizada la conciliación y por homologados los acuerdos allegados entre las partes.-SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, de la que se ha hecho mención en el acápite primero….” (Folios 8-11 del antecedente) 5) Que la recurrente, Abogada Sussy G. Coello García, compareció ante este Tribunal, en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha doce de agosto de dos mil veintiuno, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Sussy G. Coello García, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha uno de febrero del año do mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra las actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Marcala, departamento de La Paz, con relación a la causa instruida contra el señor SANTOS ENRIQUE GARCIA SÁNCHEZ, por suponerlo responsable del delito de MALTRATO POR TRANSGRESION, en perjuicio de los menores J. E. G. H. Y J. M. G. H.. CONSIDERANDO: (4) Que el representante del Ministerio Público en su condición de recurrente en la Formalización de la Acción de Amparo, expone: “que presentó requerimiento fiscal en el Juzgado Seccional de Marcala, departamento de La Paz, contra el señor SANTOS ENRIQUE GARCIA SANCHEZ, seguido el trámite correspondiente el referido Juzgado de Letras celebró audiencia de conciliación, en la cual resolvió declarar con lugar la solicitud presentada por el defensor privado del encausado, para la aplicación de la medida alterna de Conciliación a favor del imputado y homologó los acuerdos llegados por la señora CARMEN ALEYDA HERNÁNDEZ, como madre de los menores J. E. G. H. y J. M. G. H. y el señor SANTOS ENRIQUE GARCIA SANCHEZ, a quien se le hizo la advertencia que en caso de incumplimiento de los acuerdos se continuará con el proceso de mérito. El recurrente considera que la resolución impugnada violenta lo dispuesto en el artículo 90 constitucional que acoge el derecho del Debido Proceso por la vía de la tutela judicial efectiva, debido a que la decisión contenida no se encuentra contenida dentro de lo que manda el último párrafo del artículo 45 del Código Procesal Penal, el cual dispone los supuestos en que procede la aplicación de la figura desjudicializadora, de la Conciliación, así como la falta de motivación y argumentación en la resolución impugnada; por las siguientes fácticas y jurídicas.” CONSIDERANDO: (5) Que el impetrante manifiesta, que la resolución no se encuentra fundada en derecho ya que al confirmar la aplicación de la medida alterna de la Conciliación aprobada por el A-quo, inobservó los requisitos establecidos en el artículo 45 del Código Procesal Penal, que en su último párrafo dispone: “…. No obstante, lo antes dispuesto, en los delitos de carácter sexual, en los cometidos en perjuicio de niños y en las agresiones domésticas, el órgano jurisdiccional no debe procurar la conciliación entre las partes, si no lo solicita en forma expresa la víctima o sus apoderados legales. Requisitos esenciales que no concurren en el caso de autos. Señala que la Corte de Apelaciones no observó inconveniente jurídico para que se aplique la medida alterna de la conciliación”…. Señala que en el caso de autos se está frente una infracción penal cometida en perjuicio de dos menores de edad, que en cuya protección debe primar el interés superior de los niños. Correspondiéndole a la madre de ambos como la única facultada para representar a sus hijos en juicio y solicitar su aplicación. No obstante lo antes expuesto, de la lectura del acta de audiencia de preparación del juicio expedito y de la audiencia de conciliación, se desprende que han sido los apoderados defensores del encausado quienes anunciaron y solicitaron la aplicación del mecanismo que tiende a la desjudicialización en favor de su representado y no por la madre de los menores, quien en su intervención manifestó que el encausado los había sacado de la casa, sin pagarles un dinero que les debía y seguía maltratando a los niños, por lo que existen motivos fundados para estimar que la madre de los menores no estaba en condiciones de igualdad en la negociación, ni que los acuerdos han sido adoptados en procura de la compensación del daño emocional causado a los niños agredidos.” CONSIDERANDO: (6) Que el recurrente señala que el Ad quem en la resolución impugnada “inobservó los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales, conforme los requisitos esenciales establecidos en el artículos 141 del Código Procesal Penal, en tanto que su argumento motivacional se sustenta únicamente en los requisitos de punibilidad y la facultad de la madre para celebrar el acuerdo de conciliación, sin embargo no existe la motivación suficiente sobre el agravio planteado por el Ministerio Público, en cuanto cuestiona la decisión del A-quo de haber aprobado la conciliación por incumplir lo dispuesto en el artículo 45 del Código Procesal Penal.” CONSIDERANDO: (7) Que el Ad Quem deja establecidos como aspectos relevantes de las diligencias que conoce los siguientes: “El recurso de apelación es consecuencia de la resolución del Juez de primera instancia que admitió y celebró audiencia de conciliación en fecha 9 de septiembre del 2019, homologando los acuerdos pactados entre el imputado y las victimas, señalando que no desconoce que en el acuerdo de conciliación debe primar la satisfacción de las partes y en el acuerdo allegado no se observa amenaza o coacción ejercida para ninguna de las partes, cada medida alterna al proceso tiene sus propias características, requisitos y momentos procesales para aplicarse, en este caso concreto no es como lo pretende el recurrente, que la conciliación en caso de menores se debe remitir a los requisitos que señala el artículo 90 del Código de la Niñez y la Adolescencia que refiere: NO se permitirá ningún perdón expreso o tácito de parte del agraviado, de sus padres o de sus representantes legales, para los transgresores de los derechos de un niño, no es congruente el criterio de la parte recurrente, pues ambas figuras, la conciliación y el perdón expreso son diferentes e independientes y tienen señalados sus propios requisitos, por ejemplo el perdón expreso es una manifestación de la voluntad de la víctima de perdonar, el daño causado y la responsabilidad penal del acusado, en cambio en la conciliación, es un acuerdo entre ambas partes para poner fin al proceso, es decir, el perdón expreso es unilateral y la conciliación bilateral, por ende son distintas medidas alternas al proceso, en el caso concreto revisando las diligencias si bien es cierto el Juez dirigió la audiencia cumpliendo con su facultad de dirigir el proceso no encuentra este Tribunal evidencia de haber instado a que las partes concilien sus diferencias o como precursor para incitar a que la parte ofendida desista de continuar el curso del proceso de tal forma que no observa inconveniente jurídico, para que se aplique la medida alterna al proceso de la conciliación pues el delito de maltrato por transgresión tienen señalada la pena de reclusión de dos a cuatro años, el término medio de la pena no excede de seis años, tampoco observa motivos fundados para presumir que el acuerdo conciliatorio se ha dado mediante coacción o amenaza de alguno de los intervinientes y así mismo la madre de los menores de edad se encuentra facultada para representar a sus hijos en juicio y en consecuencia para celebrar el acuerdo de conciliación al cual han arribado con el procesado, por cumplirse los requisitos que exige el artículo 45 del Código Procesal Penal, referente a la medida alterna al proceso de conciliación. En consecuencia, declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y confirmó la resolución recurrida.” CONSIDERANDO: (8) Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[1]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[2]. CONSIDERANDO: (9) Que el Principio de Legalidad demanda una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento; es decir para las autoridades e instituciones públicas solo está permitido lo que la Constitución y la ley le permite,(las negritas son nuestras) y todo lo que no está autorizado les está vedado[3]. Siendo así, resulta que cualquier resolución o actuación fuera de este marco legal es arbitraria y confronta directamente la Constitución de la República. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos regula el principio de legalidad en el artículo 9, principio que está reservado a la ley formal es decir a las normas emanadas del Poder Legislativo y por los procedimientos de formación de la ley, con exclusión total de Reglamentos autónomos y casi total de los propios reglamentos ejecutivos de las leyes. Las exigencias de la ley procesal deben tener garantizada eficacia material y formal al punto de que en esta materia las violaciones a la mera legalidad se convierten automáticamente en violaciones al debido proceso[4]. CONSIDERANDO: (10) Que el Derecho de Defensa como una garantía procesal se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso, tanto en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 8 como en la jurisprudencia de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “(….) al referirse a las garantías judiciales o procesales consagradas en el artículo 8 de la Convención, esta Corte ha manifestado que en el proceso se deben observar todas las formalidades que “sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho” es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurarla adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[5] CONSIDERANDO: (11) Que, el Ius puniendi corresponde al Estado, la posibilidad de sanción ha estado dentro de sus atribuciones. La figura de la conciliación legalmente celebrada produce efectos procesales, ya que el acta que surge se constituye en un título o causa para reclamar. Así mismo, la naturaleza de las controversias que se resuelven en el acta de conciliación tiene los mismos efectos que una sentencia judicial ejecutoriada. El Código Procesal Penal, establece la figura de la conciliación en su artículo 45 disponiendo: “En las faltas, en los delitos de acción privada y en los de acción pública dependientes de instancia particular y los que admitan la suspensión condicional de la persecución penal, procede la conciliación entre víctima e imputado en cualquier momento hasta antes de la apertura a juicio. Además, dispone la homologación de los acuerdos a que llegaron las partes, así como la exigencia de cumplimiento de los mismos, sin dejar de establecer una prórroga para el cumplimiento de los acuerdos, de seis meses más, vencidos los mismos, y no habiéndose cumplido dichos acuerdos el procedimiento continuará como si no se hubiese conciliado, sin que puedan aplicarse de nuevo las normas de conciliación.” CONSIDERANDO:(12) Que del estudio de los Antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala aprecia que en el caso sub judice se cumplieron las normas establecidas en la ley adjetiva para la figura de la conciliación, así como que el Ad quem ha motivado y fundamentado su resolución en derecho, estimando que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada no quebranta los derechos fundamentales invocados por la recurrente, por lo que procede se Deniegue el amparo intentado. CONSIDERANDO:(13) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículos 4, 8, 13, 14, 45 del Codigo Procesal Penal. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha uno de febrero del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-279-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.

[2] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos , ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.

[3] Rodríguez Cesia Victor Manuel. El Debido Proceso y la Convención América Sobre Derechos Humanos. Pág.1304.

[4] Idem Pág.1305

[5] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128. párr. 132. Citando Caso Herrera Ulloa, párr. 147; Caso Maritza Urrutia, párr. 118; y Caso Myrna Mack Chang, párr. 202.