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Sentencia AP-268-22 — Registro 15683

Resumen

Acto recurrido que resuelve apelación contra la del a-quo, con relación a la causa instruida contra Bertha Ramírez Hernández, por suponerla responsable del delito de Homicidio. En perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..." ..." Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; por lo que estima esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal …"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., diecisiete de octubre del año dos mil veintidós. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS en fecha uno (01) de diciembre del año dos mil veintiuno, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra BERTHA RAMIREZ HERNANDEZ, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de LUIS SORTO. CONSIDERANDO: Que del análisis de los antecedentes y en específico de las alegaciones que ha formulado la recurrente para fundar su acción de amparo, puede apreciarse que éstas son propias de la instancia procesal ordinaria a la que fue sometido el asunto, como es el caso de determinar la nulidad de actuaciones, que fue decidido por el Tribunal de Alzada, por vía del recurso de apelación, para lo cual estima esta Sala, que se han seguido todas las formalidades exigidas por la ley. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la sentencia emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión de la nulidad a la que se opone la recurrente fue resuelto respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que una de las alegaciones en las que se basa su recurso, la impetrante refiere que la Alzada declara nulas las probanzas y la resolución apelada basada en una interpretación errónea de la ley, por lo que estima el acto reclamado carece de una motivación coherente. CONSIDERANDO: Que conforme la Constitución de la República en su artículo 321, los servidores del Estado no tienen mas facultades que las expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad; en este sentido, se ilustra a la recurrente que según lo dispone el Código Procesal Penal en sus artículos 4, 5, 9, 13, 14, 15 y 101 referentes a la inviolabilidad de la defensa la persona imputada tiene derechos entre los cuales es que en todo acto que impliquen elementos de prueba deba estar presente junto con su Defensor, consecuentemente su violación producirá nulidad absoluta de los actos que se produzcan sin la participación del Defensor de la persona imputada, con lo cual se aprecia que la decisión de la Alzada se ajusta a la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; por lo que estima esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS en fecha uno (01) de diciembre del año dos mil veintiuno; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha diecisiete de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-268-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL