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Sentencia AP-262-22 — Registro 15872

Resumen

Resolución que confirma auto de formal procesamiento con relación a la causa instruida contra, por suponerla responsable del delito de Trafico De Drogas, en perjuicio de La Salud Publica Del Estado De Honduras.,argumentando impetrante que Corte de Apelaciones con su resolución ha vulnerado el principio de no reforma en perjuicio, al reformar de facto y bajo arbitraria interpretación la resolución emitida por el Juzgado de Letras; castigandola al haber dado como probados hechos que, con base al principio de inmediación fueron descartados en la Audiencia Inicial,vulnerado por la Corte Ad Quem al ignorar que el consumo de drogas es una conducta despenalizada a partir de la vigencia del nuevo Código Penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(11): Que se aprecia por esta Sala de lo Constitucional que, tal como plantea la parte garantista, la motivación del fallo de la honorable Corte de Apelaciones, particularmente en los numerales 1 y 2, vistos los antecedentes del caso, no individualiza ajustadamente a derecho cuál de los diferentes verbos rectores y modalidades típicas, que preceptúa normativamente el artículo 311 y demás aplicables, en concordancia, del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017)[8], subsumen la conducta enjuiciada penalmente. Ello resultaría preceptivo, sin embargo, si de formalizar el procesamiento penal se trata, no pudiendo llevarse a cabo, en buen derecho, sino con base a legalidad previa, escrita y estricta; a manera poder constatar la resolución sub iudice ha seguido los parámetros de observancia de observancia debida al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que prescribe el juzgamiento por Juez regular en legalidad estricta, y prohíbe, a la vez, la retroactividad penal desfavorable; garantizando, a la vez, la sujeción de la función jurisdiccional al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten, a lo largo del proceso penal, a las partes procesales (bilateralidad y audiencia ante Juez Natural, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable; a un recurso ágil y efectivo proveído de conformidad a Ley, etc.).-CONSIDERANDO (12): Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no dio respuesta a los agravios expuestos por la Defensa, al confirmar el Auto de Formal procesamiento emitido por Juez Regular, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos, y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta de la prueba válidamente allegada al proceso, bajo el tamiz de la sana critica; conditio sine qua non para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando fundadamente el derecho que es pertinente y específicamente aplicable al caso (“applicatio legis ad factum”);[9] lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones Penal de su procedencia, a efecto se sirva efectuar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."4): Que, en formalización de su recurso de amparo, comparecieron los Abogados RIGOBERTO CUELLAR CRUZ y SONIA INES GALVEZ FERRARI, manifestando, que dicha resolución judicial vulnera los derechos fundamentales de la joven ANDREA CELESTE CASTILLO, estudiante de medicina, que sufre de drogodependencia; quien se encuentra sometida a enjuiciamiento penal por imputársele el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, al encontrársele en posesión de, aproximadamente 28.8 gramos de marihuana, así como de algunos implementos que se utilizan para consumo de ese tipo de drogas (pipas, trituradora, hookah, etc.); en virtud de la exposición de una serie de agravios constitucionales por ella sufridos, al ser imputada por el delito suprarelacionado; habiéndose demostrado que la finalidad de la droga decomisada era el autoconsumo, aspecto no controvertido en el proceso. Pese a ello, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán se empeñó en soslayar que, habiéndose derogado el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, resulta inconcebible pensar que frente a un nuevo Código Penal que se fundamenta en los principios de intervención mínima, legalidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, la fiscalía del Estado, el Juzgado de Letras y ahora, – por mayoría – el colegiado de la Corte de Apelaciones asuma erróneamente que ahora el delito de consumo de drogas se castiga de manera, incluso más severa que el precitado articulado de la anterior Ley; la cual, cabe recordar, sancionaba la conducta de consumo no con una pena de prisión, sino que con una medida de seguridad para lograr la rehabilitación del consumidor, y jamás su encarcelamiento.-CONSIDERANDO (5): Que, en formalización de su recurso de amparo, continuaron expresando los amparistas que la Corte de Apelaciones recurrida, no sólo confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras, sino que modificó los hechos que fueron probados en la audiencia inicial, al establecer aspectos que no fueron establecidos por el fiscal, en el momento de sus planteamientos, ni mucho menos la Juez de Letras en su resolución, consideraron acreditados; puesto que la discusión versó, por su parte, en establecer que el consumo de drogas ha sido despenalizado, mientras que, para el fiscal y la Juez, este constituye un subtipo atenuado del delito de tráfico; hechos que después fueron modificados de oficio, sin ser objeto de contradicción por las partes, dando lugar a pretender encuadrar una conducta despenalizada de consumo, dentro del delito de tráfico de drogas, bajo la autorización del artículo 311, párrafo tercero del Código Penal, el cual hace relación del consumo como parte integrante del tipo penal; según ha manifestado, en su contestación de agravios, la fiscalía del Ministerio Público, sin hacer referencia en modo alguno a que la marihuana estaba destinada a favorecer el consumo de terceros, extremo que nunca fue objeto de debate. Hace reiteración de los aspectos jurídicos expresados, el voto particular disidente del Tribunal, citado in extenso;[1] el cual consideró que la droga aportada, y los diferentes instrumentos que se utilizan para consumirla, asegurados en el vehículo, demuestran que la joven ANDREA CELESTE CASTILLO es consumidora de drogas y que su real intención al poseerlas no es más que consumirlas....(11): Que se aprecia por esta Sala de lo Constitucional que, tal como plantea la parte garantista, la motivación del fallo de la honorable Corte de Apelaciones, particularmente en los numerales 1 y 2, vistos los antecedentes del caso, no individualiza ajustadamente a derecho cuál de los diferentes verbos rectores y modalidades típicas, que preceptúa normativamente el artículo 311 y demás aplicables, en concordancia, del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017)[8], subsumen la conducta enjuiciada penalmente. Ello resultaría preceptivo, sin embargo, si de formalizar el procesamiento penal se trata, no pudiendo llevarse a cabo, en buen derecho, sino con base a legalidad previa, escrita y estricta; a manera poder constatar la resolución sub iudice ha seguido los parámetros de observancia de observancia debida al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que prescribe el juzgamiento por Juez regular en legalidad estricta, y prohíbe, a la vez, la retroactividad penal desfavorable; garantizando, a la vez, la sujeción de la función jurisdiccional al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten, a lo largo del proceso penal, a las partes procesales (bilateralidad y audiencia ante Juez Natural, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable; a un recurso ágil y efectivo proveído de conformidad a Ley, etc.)"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CUELLAR CRUZ y SONIA INES GALVEZ FERRARI, a favor de la señorita ANDREA CELESTE CASTILLO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), que declaró, por mayoría de votos, No ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la Abogada SONIA INES GALVEZ FERRARI, contra la resolución de fecha uno (1) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra la señora ANDREA CELESTE PENA CASTILLO, por suponerla responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando los recurrentes que tal decisión del Ad-Quem es violatoria a lo dispuesto en los artículos 80, 82, 84, 90, 94, 95, 98, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8, numeral 1) y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiocho (28) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada SANDRA GERALDINA RAMIREZ, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra la señora ANDREA CELESTE PENA CASTILLO, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PUBLICA.- (Folios 12 al 13 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha uno (1) de abril del año dos mil veintiuno (2021), el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra la señora ANDREA CELESTE PENA CASTILLO, a quien se le sigue proceso por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA, se le dictan medidas distintas a la de prisión Preventiva, establecida en el artículo 173 No. 6 del Código Procesal Penal. (Folios 33 al 34 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, declaró, por mayoría de votos lo siguiente: FALLO: “1) DECLARAR NO HA LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada Defensora SONIA INES GALVEZ FERRARI. 2) CONFIRMAR la resolución apelada”. Mientras que, el voto disidente, formulado a continuación por la Magistrada SANDRA LIZZETH AVELAR RAJO, resolvió lo siguiente: FALLO: “DECLARAR HA LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada Defensora SONIA INES GALVEZ FERRARI, decretándose REVOCAR el Auto de formal procesamiento decretado contra ANDREA CELESTE PENA CASTILLO, por el delito de TRAFICO DE DROGAS y dictarse a su favor SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. - (Folio 147 al 152 de la Pieza de Corte de Apelaciones).-4) Los recurrentes Abogados RIGOBERTO CUELLAR CRUZ y SONIA INÉS GALVEZ FERRARI, comparecieron ante este Tribunal, en fecha nueve (9) de febrero del año dos mil veintidós (2022), reclamando amparo a favor de la señora ANDREA CELESTE PENA CASTILLO, por suponerla responsable del delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PUBLICA, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 80, 82, 84, 90, 94, 95, 98, 303, 321 y 323 de la Constitución de la República; 8, numeral 1) y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-5) Que en fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en garantía constitucional de amparo la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), que, por mayoría de votos de sus miembros, resolvió declarar No Ha lugar el descripto recurso de Apelación interpuesto por la Abogada SONIA INES GALVEZ FERRARI, contra la resolución de fecha uno (1) de abril del año dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra la señora ANDREA CELESTE PENA CASTILLO, por imputársele el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; fallo en el cual se llega a concluir por el Tribunal Ad Quem la concurrencia de una acción típica que debe ser conocida y juzgada por la jurisdicción penal, a fin de que, evacuado que sea el trámite del juicio oral y público, después del contradictorio, se resuelvan los aspectos de fondo, tales como la existencia del hecho, participación o no de las personas acusadas, etc.; desestimándose, en consecuencia, la revocatoria de auto de formal procesamiento solicitada a instancias de la Defensa.-CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso de amparo, comparecieron los Abogados RIGOBERTO CUELLAR CRUZ y SONIA INES GALVEZ FERRARI, manifestando, que dicha resolución judicial vulnera los derechos fundamentales de la joven ANDREA CELESTE CASTILLO, estudiante de medicina, que sufre de drogodependencia; quien se encuentra sometida a enjuiciamiento penal por imputársele el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, al encontrársele en posesión de, aproximadamente 28.8 gramos de marihuana, así como de algunos implementos que se utilizan para consumo de ese tipo de drogas (pipas, trituradora, hookah, etc.); en virtud de la exposición de una serie de agravios constitucionales por ella sufridos, al ser imputada por el delito suprarelacionado; habiéndose demostrado que la finalidad de la droga decomisada era el autoconsumo, aspecto no controvertido en el proceso. Pese a ello, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán se empeñó en soslayar que, habiéndose derogado el artículo 26 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, resulta inconcebible pensar que frente a un nuevo Código Penal que se fundamenta en los principios de intervención mínima, legalidad, proporcionalidad y humanidad de las penas, la fiscalía del Estado, el Juzgado de Letras y ahora, – por mayoría – el colegiado de la Corte de Apelaciones asuma erróneamente que ahora el delito de consumo de drogas se castiga de manera, incluso más severa que el precitado articulado de la anterior Ley; la cual, cabe recordar, sancionaba la conducta de consumo no con una pena de prisión, sino que con una medida de seguridad para lograr la rehabilitación del consumidor, y jamás su encarcelamiento.-CONSIDERANDO (5): Que, en formalización de su recurso de amparo, continuaron expresando los amparistas que la Corte de Apelaciones recurrida, no sólo confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras, sino que modificó los hechos que fueron probados en la audiencia inicial, al establecer aspectos que no fueron establecidos por el fiscal, en el momento de sus planteamientos, ni mucho menos la Juez de Letras en su resolución, consideraron acreditados; puesto que la discusión versó, por su parte, en establecer que el consumo de drogas ha sido despenalizado, mientras que, para el fiscal y la Juez, este constituye un subtipo atenuado del delito de tráfico; hechos que después fueron modificados de oficio, sin ser objeto de contradicción por las partes, dando lugar a pretender encuadrar una conducta despenalizada de consumo, dentro del delito de tráfico de drogas, bajo la autorización del artículo 311, párrafo tercero del Código Penal, el cual hace relación del consumo como parte integrante del tipo penal; según ha manifestado, en su contestación de agravios, la fiscalía del Ministerio Público, sin hacer referencia en modo alguno a que la marihuana estaba destinada a favorecer el consumo de terceros, extremo que nunca fue objeto de debate. Hace reiteración de los aspectos jurídicos expresados, el voto particular disidente del Tribunal, citado in extenso;[1] el cual consideró que la droga aportada, y los diferentes instrumentos que se utilizan para consumirla, asegurados en el vehículo, demuestran que la joven ANDREA CELESTE CASTILLO es consumidora de drogas y que su real intención al poseerlas no es más que consumirlas.-CONSIDERANDO (6): Que, a continuación, expuso la defensa técnica una serie de agravios constitucionales que, resumidamente, se enuncian en la sentencia: 1. Observancia por los órganos jurisdiccionales al principio de Legalidad, la cual se ha vulnerado por la Corte Ad Quem al ignorar que el consumo de drogas es una conducta despenalizada a partir de la vigencia del nuevo Código Penal, conduciendo a la revocación tácita de la tutela judicial de su representada. 2. Garantía de legalidad penal y criminal, al perseguirse como delitos hechos y acciones a los cuales la Ley no otorga tal condición, criminalizándolos, inclusive, en forma agravada a la tipificada en la ley penal derogada. 3. Principio de Intervención Mínima del Derecho Penal, desarrollado expresamente en el artículo 2 del Código Penal, el cual reconocer que la actuación del derecho penal debe limitarse a los ataques más graves contra los bienes jurídicos más relevantes. 4. Principio de especificidad y la prohibición de analogía en materia penal, la cual se tiene como derivada de las exigencias dogmáticas de las garantías anteriores, en correlación a lo preceptuado en el artículo 1 del Código Penal, prohibición expresa a que se aplique la Ley Penal en casos distintos de los comprendidos expresamente en ella; explicándose en que la ley penal no se aplicará a casos distintos de los comprendidos expresamente en ella. Lo anterior tiene correlato en el presente caso, al haberse calificado analógicamente el delito de consumo de drogas, como un delito de tráfico de drogas.- CONSIDERANDO (7): Que, finalmente, prosiguió la defensa técnica con la expresada serie de agravios constitucionales: 5. Vulneración del principio de reformatio in pejus, en abierta contravención al artículo 350 del Código Procesal Penal, el cual cita íntegramente,[2] conjuntado a doctrina de Picó i Junoy, definiendo tal principio como la situación jurídica que se produce cuando la posición jurídica de la parte que interpone un recurso resulta empeorada exclusivamente como consecuencia de su recurso, sin que medie impugnación directa o incidental de la contraparte y sin que el empeoramiento sea debido a poderes de actuación de oficio del órgano jurisdiccional; lo cual significaría concretamente que los pronunciamientos de la sentencia de instancia que no hayan sido impugnados por ninguno de los litigantes quedan excluidos de toda posibilidad de revisión por parte del órgano jurisdiccional superior, al quedar delimitada la actividad decisoria de tal órgano, tanto subjetiva como objetivamente, por lo antes planteado.[3] Considera la representación procesal de la joven ANDREA CELESTE CASTILLO que la Corte de Apelaciones con su resolución ha vulnerado tal principio de la no reforma en perjuicio, al reformar de facto y bajo arbitraria interpretación la resolución judicial emitida por el Juzgado de Letras; castigando a la beneficiaria del recurso al haber dado como probados hechos que, con base al principio de inmediación fueron descartados en la Audiencia Inicial, tanto por la fiscalía como por el Juzgado de Letras: “ (…) como ciertamente lo fue el hecho de que no se acreditó, y no fue objeto de debate, el extremo de que la posesión de los 28.8 gramos de marihuana tenían como finalidad ´favorecer´ el consumo de terceros (…)”;[4] lo anterior verificando que los alegatos formulados en el recurso de apelación y, en la propia contestación de agravios, versaron siempre sobre el hecho de que la posesión de marihuana para consumo de su representada y acompañantes constituirían una conducta despenalizada por la ley y no un “subtipo” atenuado del tráfico de drogas. Finalmente, se invocó por los amparistas: 6. Derecho al Juez imparcial y predeterminado por la Ley, el cual consideran comprometido al haberse modificado de oficio los hechos debatidos y acreditados judicialmente en primera instancia, en perjuicio de su representada; con vista a la precitada infracción del principio de no reformatio in pejus. 7. Derecho al debido proceso, pues evidenciada la vulneración de los derechos y garantías fundamentales, ello se traduce consecuentemente, con una violación al derecho a un debido proceso, o proceso dotado de todas las garantías en contra de su representada; derechos y garantías salvaguardados en los artículos 80, 82, 84, 90, 94, 95, 98, 321 y 323 de la Constitución de la República. En conclusión, se colige el otorgamiento de amparo como la única forma de restituir efectivamente los derechos fundamentales conculcados a su representada; reconociéndose que la conducta a ella atribuida ha sido despenalizada y, por tanto, no puede ser objeto de persecución penal.-CONSIDERANDO (8): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En el caso particular de la jurisdicción penal, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete al juez o tribunal que conoce del asunto litigioso. En el presente caso, es objeto de amparo, la consideración del Tribunal Ad Quem respecto a la concurrencia de una acción típica que debe ser conocida y juzgada por la jurisdicción penal, fundamentándose jurídicamente en el tipo penal complejo enunciado en el artículo 311 del Código Penal.-CONSIDERANDO (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso, el cual implica, inter alia: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y calificación judicial ajustada a los hechos imputados.-CONSIDERANDO (10): Que la garantía del debido proceso lo cual conlleva observancia de la garantía de legalidad estricta, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate y ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional, garantizando, a la vez, los derechos de defensa y de estado de inocencia de los justiciables. Tal derecho garantía muestra correlación, indubitablemente, al principio acusatorio que se considera vulnerado con la resolución de apelaciones que deniega revocatoria al auto de formal procesamiento. Según ha planteado por la Defensa Técnica de la imputada: “…al reformar de facto y bajo arbitraria interpretación la resolución judicial emitida por el Juzgado de Letras; castigando a la beneficiaria del recurso al haber dado como probados hechos que, con base al principio de inmediación fueron descartados en la Audiencia Inicial, tanto por la fiscalía como por el Juzgado de Letras”; se impediría a la parte requerida penalmente ejercer plenamente su derecho a la defensa en el curso del proceso, al no acreditarse, y tampoco haber sido objeto de debate, que la posesión de los 28.8 gramos de marihuana a la joven ANDREA CELESTE CASTILLO conllevaba la finalidad de ´favorecer´ el consumo de terceros;[5] sino que tal conducta, considerada penalmente relevante por el Actor penal, recaía bajo la calificación jurídica de: “DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN”.[6] Cabe mencionar que el Agente Fiscal reiteraba, de algún modo, la posición planteada en la Audiencia Inicial;[7] en cuanto la calificación que estimaba apropiada al caso, sin hacer mención alguna a la premisa normativa de favorecimiento del consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.-CONSIDERANDO (11): Que se aprecia por esta Sala de lo Constitucional que, tal como plantea la parte garantista, la motivación del fallo de la honorable Corte de Apelaciones, particularmente en los numerales 1 y 2, vistos los antecedentes del caso, no individualiza ajustadamente a derecho cuál de los diferentes verbos rectores y modalidades típicas, que preceptúa normativamente el artículo 311 y demás aplicables, en concordancia, del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017)[8], subsumen la conducta enjuiciada penalmente. Ello resultaría preceptivo, sin embargo, si de formalizar el procesamiento penal se trata, no pudiendo llevarse a cabo, en buen derecho, sino con base a legalidad previa, escrita y estricta; a manera poder constatar la resolución sub iudice ha seguido los parámetros de observancia de observancia debida al artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que prescribe el juzgamiento por Juez regular en legalidad estricta, y prohíbe, a la vez, la retroactividad penal desfavorable; garantizando, a la vez, la sujeción de la función jurisdiccional al derecho de defensa y a las garantías procesales que asisten, a lo largo del proceso penal, a las partes procesales (bilateralidad y audiencia ante Juez Natural, a la notificación razonable de lo resuelto, en un plazo razonable; a un recurso ágil y efectivo proveído de conformidad a Ley, etc.).-CONSIDERANDO (12): Que, con base a lo antes relacionado, y efectuado un exhaustivo estudio de las diligencias, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la resolución impugnada no dio respuesta a los agravios expuestos por la Defensa, al confirmar el Auto de Formal procesamiento emitido por Juez Regular, dictado por la jurisdicción ordinaria en el ámbito de su competencia, a fin de construir la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme a los medios probatorios allegados a autos, y cumplir con el mandato legal de valoración conjunta de la prueba válidamente allegada al proceso, bajo el tamiz de la sana critica; conditio sine qua non para la conformación de la premisa fáctica (hechos probados), constatando fundadamente el derecho que es pertinente y específicamente aplicable al caso (“applicatio legis ad factum”);[9] lo cual no muestra, en definitiva, concreción sobre la cuestión jurídica sobre tipificación penal planteada, en la resolución jurisdiccional del presente caso. Por todo lo cual resulta meritorio otorgar la presente acción de Amparo y efectuar reenvío a la Corte de Apelaciones Penal de su procedencia, a efecto se sirva efectuar una nueva resolución supliendo y aclarando las falencias argumentativas y jurídicas aquí puestas de manifiesto.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 68, 80, 82, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 8, numeral 1), 9, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 54, 56, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito, para los efectos motivados en el último Considerando de la presente sentencia. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0262-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONA

[1] Ver el escrito de formalización de amparo a folios 46 y 47 de la pieza de amparo.

[2] Artículo 350 del Código Procesal Penal : « Asuntos sobre los que debe recaer la Sentencia y sus Alcances. Prohibición de Reforma Peyorativa (non Reformatio in pejus). La sentencia que resuelva un recurso sólo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación y sólo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente, y siempre que no agrave lo ya pretendido por ésta, ante el órgano que dictó la resolución recurrida ».

[3] Cita el libelo de formalización la obra: “Las garantías constitucionales del proceso”, del autor antes citado. (s.c.). Págs. 85 y ss.

[4] Ver el escrito de formalización de amparo a folio 54 frente de la pieza de amparo.

[5] Ver nota a pie de página número 4.

[6] Ver folio 128 frente de la primera pieza.

[7] Llevada a cabo en fecha 01 de abril de 2021, obra Registro Digital de la misma. El pronunciamiento del Ministerio Público obra a folio 35 frente de la primera pieza, segmentación de Audiencia 9:47-9:48.

[8] Para el caso, las definiciones y criterios establecidos en los artículos 321 y 322 del Código Penal vigente.

[9] SÁNCHEZ-OSTIZ, P. “Casos difíciles, teoría del delito y doctrina de la imputación”, en: ¿Casos difíciles o irresolubles?: Problemas esenciales de la Teoría del Delito desde el análisis de paradigmáticos casos jurisprudenciales (2010). MIRÓ LLINARES, F. (Dir.). Madrid: Dikynson. Págs. 86-87.