Sentencia AP-228-22 — Registro 14431
Resumen
Se interpuso recurso de amparo, relacionado a la querella por suponerlo responsable de los delitos de estafa y otros fraudes.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio del acto reclamado y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; más aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se inadmitirá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de febrero del año dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, a favor de ROBERTO ISABEL BRIZZO OSEGUERA, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno, emitido por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, que conoció de un recurso de apelación de hecho que fue presentado contra el auto emitido en fecha dos (02) de noviembre del año dos mil veintiuno, por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, relacionado a la querella instruida contra el señor ROBERTO ISABEL BRIZZO OSEGUERA, por suponerlo responsable de los delitos de ESTAFA y OTROS FRAUDES en perjuicio de la empresa denominada LANGOSTINOS DEL PACÍFICO S.A. CONSIDERANDO: Que el recurrente indica que interpone la presente acción de amparo toda vez que se inadmitieron medios de prueba que ha su criterio son pertinentes en la defensa de su representado por lo que hizo uso del recurso de apelación el cual fue declarado sin lugar por el A-quo procediendo en recurso de apelación de hecho, el cual también fue declarado sin lugar por el Ad-quem, no compartiendo el recurrente los dos argumentos por los que la Alzada deniega su recurso de apelación de hecho. CONSIDERANDO: Que el recurrente estima que con el acto reclamado se han quebrantado los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 86, 87, 89, 90, 93, 94 entre otros de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que entre los documentos que el recurrente acompaña a su escrito de interposición del recurso de amparo se encuentra la resolución que constituye el acto reclamado, del cual se desprende que la Alzada para emitir su pronunciamiento se fundamentó en lo dispuesto en los artículos 351, 354 y 356 del Código Procesal Penal en el sentido de que esta norma procesal dispone numerus clausus las resoluciones que están sujetas al recurso de apelación, por lo que resulta improcedente el recurso de apelación de hecho que intentara el impetrante toda vez que la inadmisión de un medio de prueba no esta comprendida dentro del artículo 354 de la ya aludida norma procesal, agrega además el Ad-quem que la resolución de fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil veintiuno, fue notificada en estrados a las partes por lo que el término para interponer el recurso de apelación de hecho le precluyó al repitente en fecha lunes uno (01) de noviembre del año dos mil veintiuno, motivos estos por los que declaró sin lugar el recurso de apelación de hecho del impetrante. CONSIDERANDO: Que de lo anteriormente expuesto, aprecia que el Ad-quem indicó con claridad los motivos que llevaron a denegar el recurso de apelación de hecho de lo cual esta Sala no ha logrado advertir la existencia real de una afectación constitucional, toda vez que lo resuelto en la resolución denunciada se limita a lo dispuesto en la ley, de manera que no se puede alegar una violación al debido proceso por el hecho de no obtener una respuesta acorde a sus pretensiones. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que en materia de amparo el pronunciamiento de la Justicia Constitucional relativo a las violaciones alegadas por la persona natural o jurídica que inste su actividad, debe centrarse sobre la existencia o no de la violación constitucional alegada, en el acto concreto reclamado en amparo. Sin embargo, de lo expuesto en el considerando que antecede, del estudio del acto reclamado y de la jurisprudencia establecida por esta Sala de lo Constitucional, se evidencia la inexistencia de una violación por parte de la autoridad recurrida a los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; más aún es evidente que el acto reclamado se trata de un asunto propio de la instancia correspondiente. CONSIDERANDO: Que al alegarse violaciones de mera legalidad, en materia de Justicia Constitucional el pronunciamiento del Juez Constitucional debe versar exclusivamente con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional planteada, garantizando como consecuencia su eficacia, material y formal, al punto que de existir la violación a la legalidad denunciada, ésta se convierta por virtud del principio, automáticamente en una violación al debido proceso, por ende de rango Constitucional, situación que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisado el acto reclamado en amparo, por las razones expuestas en la motivación de esta resolución. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente declarar inadmisible el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se inadmitirá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 45, 46 numerales 1) y 9), 48, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de amparo interpuesto por el Abogado CESAR ERNESTO BAQUEDANO, a favor de ROBERTO ISABEL BRIZZO OSEGUERA, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil veintiuno, emitido por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, por mera legalidad al existir ya pronunciamiento de las autoridades competentes y continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0228-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.