Sentencia AP-210-21 — Registro 15722
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto con relación a la privación de bienes de la (fallecida). Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 95, 103 y 106 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “-CONSIDERANDO (11): Que del estudio de la acción constitucional promovida, esta Sala advierte que el garantista se contradice en sus alegatos, pues manifiesta que la documentación soporte fue secuestrada en el mini mercadito y depósito de la Pepsi, en donde realizaba sus actividades comerciales la señora Teresa de Jesús Cruz García, señala que esa misma documentación fue presentada por el Ministerio Publico como medio de prueba, donde se prueba sus actividades lícitas y que no se le permitió ejercer su derecho de defensa en sede administrativa ni en sede judicial. Revisada y analizada la pieza de antecedentes, se puede verificar que el recurrente ha comparecido a las diferentes audiencias señaladas en el proceso de Privación de Dominio, por lo cual ha tenido acceso a toda la documentación que se ha presentado, también ha tenido la oportunidad de presentar prueba, como en efecto así lo hizo en audiencia oral.-CONSIDERANDO (18): Que analizados los fines que impulsaron la creación de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, esta Sala es del criterio que la restricción al derecho a la propiedad privada se encuentra justificada en objetivos colectivos de importancia tal que, con la creación de la ley se busca lograr la erradicación de la delincuencia organizada, logrando con ello evitar que los miembros que integran estos grupos se beneficien de ellos y pueden legalizar aquellos bienes cuyos titulares si fuere el caso de encontrarles, no encuentran la forma de demostrar la procedencia licita de dichos bienes; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada que invoca el recurrente, toda que ves que el mismo se encuentra limitado por una ley que se encuentra en vigencia y conforme a ella ha procedido tanto el A-quo como el Ad-quem a declarar procedente la Solicitud de Privación de Dominio sobre los bienes propiedad de la señora TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA, en virtud de no haber cumplido con la obligación que le impone el artículo 42[7] en relación con el artículo 11 numeral 1[8] de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.-CONSIDERANDO (19): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el derecho de defensa, debido proceso y a la propiedad privada, pues como bien se ha señalado los derechos no son absolutos y pueden ser limitados en procura de lograr el bienestar de la colectividad de habitantes, siempre y cuando estén desarrollados en una ley, tal y como lo ordena la misma ley suprema, situación que sucede en el caso en estudio. “
Legislación citada
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 40 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 42 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 80 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, art. 81 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso lo que conlleva de igual forma la vulneración al derecho a la defensa, al realizar a su criterio una mala interpretación y aplicación de los medios de prueba ofertados por la defensa. Arguye el pedidor que el juez de Letras de privación de Dominio al momento de hacer un análisis para emitir la resolución no valoró y no le dio credibilidad a los medios de prueba aportados, tampoco lo hizo la Corte de Apelaciones al declarar sin lugar el recurso y confirmar la resolución que declara la procedencia de privación del dominio que ostentaba la señora Teresa de Jesús Cruz García; de lo anterior es menester entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal que dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. -CONSIDERANDO (8): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[3] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”.-CONSIDERANDO (9): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar la resolución que corresponda, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho de defensa, que el Tribunal de Alzada hizo una mala interpretación y aplicación de la prueba presentada por la defensa, argumentando también que no se le permitió presentar prueba en sede administrativa ni mucho menos en sede judicial, ya que toda la documentación soporte fue secuestrada en el allanamiento realizado y presentada en la solicitud de privación de dominio. En el caso en estudio esta Sala puede apreciar que en la audiencia de proposición de prueba celebrada en fecha veintiocho de noviembre del dos mil once, en la Solicitud de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito el Apoderado legal de la señora Alejandrina García, no se opone a que se admitan las pruebas que fueron presentadas por el Ministerio Público, asimismo en la misma audiencia propone diferentes medios de prueba (folios 44v y 45 de la pieza de antecedentes) los que son evacuados en la audiencia correspondiente celebrada en fecha cinco de enero del dos mil doce (folio 238-250 de la pieza de antecedentes).-CONSIDERANDO (11): Que del estudio de la acción constitucional promovida, esta Sala advierte que el garantista se contradice en sus alegatos, pues manifiesta que la documentación soporte fue secuestrada en el mini mercadito y depósito de la Pepsi, en donde realizaba sus actividades comerciales la señora Teresa de Jesús Cruz García, señala que esa misma documentación fue presentada por el Ministerio Publico como medio de prueba, donde se prueba sus actividades lícitas y que no se le permitió ejercer su derecho de defensa en sede administrativa ni en sede judicial. Revisada y analizada la pieza de antecedentes, se puede verificar que el recurrente ha comparecido a las diferentes audiencias señaladas en el proceso de Privación de Dominio, por lo cual ha tenido acceso a toda la documentación que se ha presentado, también ha tenido la oportunidad de presentar prueba, como en efecto así lo hizo en audiencia oral.-
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, a favor de la señora ALEJANDRINA ESPINOZA GARCIA, heredera Ab-Intestato de la señora TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha siete (7) de febrero del año dos mil veinte (2020), que declaró No Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, contra la resolución de fecha nueve (9) de enero del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Letras de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, con relación a la privación de bienes de la señora TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA (fallecida), SANTOS REYNALDO SIERRA PAVON, HUBERT ADOLFO GARCIA ROSALES.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 95, 103 y 106 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha diecinueve (19) de agosto del año dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, la Abogada OLGA DAMARIS HERNANDEZ MARCIA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando SOLICITUD DE PRIVACION DEFINITIVA DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO, sobre los bienes que poseía la señora TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA, (fallecida), así como los señores SANTOS REYNALDO SIERRA PAVON y HUBERT ADOLFO GARCIA ROSALES. (Folios 01 al 09 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha nueve (9) de enero del año dos mil doce (2012), el Juzgado de Letras de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, RESUELVE: 1) DECLARA CON LUGAR la solicitud presentada por el Ministerio Publico declarando procedente la privación del dominio que ostentaban los señores TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA (fallecida), SANTOS REYNALDO SIERRA PAVON y HUBERT ADOLFO GARCIA ROSALES. (Folios 255 al 261de la pieza de los Antecedentes).-3) Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil veinte (2020), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia Nacional en Materia de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, FALLO: “1) DECLARAR NO HA LUGAR LOS RECURSOS DE APELACION 2) CONFIRMA la resolución apelada…”. (Folio 370 al 374 de la Pieza de los Antecedentes).-4) El recurrente Abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, compareció ante este Tribunal, en fecha uno (1) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), reclamando amparo a favor de la señora ALEJANDRINA ESPINOZA GARCIA, heredera Ab-Intestato de su madre señora TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA (Q.D.D.G), afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha siete (7) de febrero del año dos mil veinte (2020), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 95, 103 y 106 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha siete (7) de febrero del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”-CONSIDERANDO (2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha siete de febrero del año dos mil veinte, por la Corte de Apelaciones Penal de lo Penal de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con relación a la solicitud de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, promovida por el Ministerio Público en contra de los señores TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA, SANTOS REYNALDO SIERRA PAVON Y HUBER ADOLFO GARCIA ROSALES, resolución por la cual el Tribunal Ad-quem resolvió declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación y confirma la resolución apelada.-CONSIDERANDO (3): Que el impetrante en amparo expone en el libelo de la acción constitucional promovida, que en la audiencia probatoria de la solicitud de privación de dominio de bienes de origen ilícito, se acredito las sentencias tanto del Tribunal de Sentencia, como de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se les absolvía de toda responsabilidad penal y de la ilicitud de los de los medios de prueba obtenidos por el Ministerio Publico, para sostener la tesis acusatoria, así como las pruebas obtenidas para sostener la solicitud de Privación de Dominio. Argumenta que el juzgador no le dio credibilidad a los medios de prueba aportados por la defensa, por lo que considera que con la resolución que priva de los bienes de la señora Teresa de Jesús Cruz García a favor del Estado, sin ninguna prueba que sustente que hayan sido obtenidos de manera ilícita, se han vulnerado el derecho de defensa, debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada consagrados en la Constitución de la República, ya que la prueba ofertada por el Ministerio Publico para la solicitud de privación de dominio de dichos bienes, fue prueba obtenida en un allanamiento que fue declarado ilícito por parte del Tribunal de Sentencia. Argumenta el pedidor que el Ministerio Publico sustrajo y decomisó toda la documentación, bienes y mercaderías encontradas en el allanamiento realizado y que posteriormente no le permitieron probar su licitud, al no permitirle ejercer el derecho de defensa en sede administrativa y en sede judicial, ya que toda la documentación soporte fue sustraída por el Ministerio Publico, dejándola indefensa.-CONSIDERANDO (4): Que en relación a la resolución impugnada, el impetrante señala que el Ad-quem efectúa una apreciación errónea de los artículos 82, 90, 95, 103 y 106 Constitucionales, haciendo apreciaciones que no se acredito que los bienes sean de procedencia lícita, tomando como elemento que no se ha acreditado que las actividades o negocios que permitieron a la señora Teresa de Jesús Cruz García, el aumento de su capital, cuando del proceso resulta que la documentación soporte fue la secuestrada en el mini mercadito y depósito de la Pepsi, que ésta tenía, realizaba y realizó sus actividades comerciales por años, donde sustrajeron documentación soporte de la licitud de los bienes y que después fue presentada por el Ministerio Publico como medio de prueba, donde se prueba sus actividades lícitas y que no le permitieron ejercer el derecho de defensa en sede administrativa ni en sede judicial tal como lo manda el artículo 14 y 39 de la Ley de Privación de Definitiva de Dominio de Bienes de origen Ilícito, al no permitirle acceder a esa documentación, que con ella probaba el origen lícito de sus actividades comerciales que por años mantuvo. Argumenta también que la Corte de Apelaciones resuelve interpretando y aplicando mal los medios de prueba ofertados por la defensa, con lo cual se vulnera el debido proceso y derecho de defensa. De igual forma señala el garantista que está probada la licitud de los bienes que en vida hizo la señora Teresa de Jesús Cruz García.-CONSIDERANDO (5): Que tal y como ya hemos referido, en este Libelo, la presente Acción Constitucional de amparo fue promovida por el Abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, al considerar que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 82, 90, 95, 103 Y 106 de la Constitución de la República, siendo de importancia para el estudio de la presente acción constitucional determinar a continuación lo prescrito en cada una de estas disposiciones constitucionales; artículo 82: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la Republica tienen libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones en la forma que señalan las leyes”; artículo 90: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.”; Artículo 95: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”; Artículo 103: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”; Artículo 106: “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la Ley o por resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada”.-CONSIDERANDO (6): Que el amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, vulnera garantías o derechos fundamentales, en relación a lo preceptuado en el artículo 183 constitucional, por lo que, en el caso de autos en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Segunda Instancia vulnera en perjuicio del recurrente los derechos alegados como vulnerados. El Tribunal de alzada en la motivación argumenta: “…2.- La extinción de dominio es acción pública, jurisdiccional, autónoma, directa y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad, en virtud del cual se le asigna un efecto a la ilegitimidad del título del que se pretende derivar el dominio, independientemente de que tal ilegitimidad genere o no un juicio de responsabilidad penal.- A ella no le son trasladables las garantías constitucionales referidas al delito, al proceso penal y a la pena por no tratarse de una institución que haga parte del ejercicio del poder punitivo del Estado.- Si bien a ella no le resulta aplicable la presunción de inocencia, el Estado no se encuentra legitimado para presumir la ilícita procedencia de los bienes objeto de extinción de dominio, pues este se haya en la obligación ineludible de recaudar un compendio probatorio que le permita concluir, de manera probatoriamente fundada, que el dominio sobre unos bienes como en el caso de mérito, no tiene una explicación razonable en el ejercicio de actividades lícitas sino ilícitas.- Satisfecha esa exigencia el afectado tiene derecho a oponerse a la declaratoria de la extinción del dominio, al ejercer ese derecho, el actor debe aportar las pruebas que acrediten la legítima procedencia de los bienes objeto de la acción pues, como titular del dominio, es quien se encuentra en mejor condición de probar ese hecho.- Continua argumentando la Corte en el numeral 5.- “Durante el proceso las partes tuvieron la oportunidad dentro del período probatorio de justificar la procedencia lícita de los bienes y productos financieros que fueron incautados; pero no se encuentra acreditada la actividad lícita que permitiera tener los productos financieros o la procedencia lícita de los referidos bienes”. Por último, argumenta en el numeral 6.- La defensa de la señora Alejandrina Espinoza García, en sus agravios expresa que la sentencia de privación se fundamenta en prueba ilícita, la que fue declarada así por el Tribunal de Sentencia; pero el punto importante es que no se ha acreditado las actividades o negocios que permitieron a la señora Teresa de Jesús Cruz García, el incremento del capital…”.- CONSIDERANDO (7): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. El impetrante estima que el Tribunal Ad-quem ha vulnerado el debido proceso lo que conlleva de igual forma la vulneración al derecho a la defensa, al realizar a su criterio una mala interpretación y aplicación de los medios de prueba ofertados por la defensa. Arguye el pedidor que el juez de Letras de privación de Dominio al momento de hacer un análisis para emitir la resolución no valoró y no le dio credibilidad a los medios de prueba aportados, tampoco lo hizo la Corte de Apelaciones al declarar sin lugar el recurso y confirmar la resolución que declara la procedencia de privación del dominio que ostentaba la señora Teresa de Jesús Cruz García; de lo anterior es menester entonces señalar lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal que dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. -CONSIDERANDO (8): Que conforme lo manda el artículo 202 citado en el acápite anterior, la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[3] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”.-CONSIDERANDO (9): Que al valorar las pruebas el Juez debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada; en tal sentido, la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse la Sala en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.-CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en como un Juez o tribunal debe valorar los medios de prueba evacuados en una audiencia, a efecto de dictar la resolución que corresponda, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho de defensa, que el Tribunal de Alzada hizo una mala interpretación y aplicación de la prueba presentada por la defensa, argumentando también que no se le permitió presentar prueba en sede administrativa ni mucho menos en sede judicial, ya que toda la documentación soporte fue secuestrada en el allanamiento realizado y presentada en la solicitud de privación de dominio. En el caso en estudio esta Sala puede apreciar que en la audiencia de proposición de prueba celebrada en fecha veintiocho de noviembre del dos mil once, en la Solicitud de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito el Apoderado legal de la señora Alejandrina García, no se opone a que se admitan las pruebas que fueron presentadas por el Ministerio Público, asimismo en la misma audiencia propone diferentes medios de prueba (folios 44v y 45 de la pieza de antecedentes) los que son evacuados en la audiencia correspondiente celebrada en fecha cinco de enero del dos mil doce (folio 238-250 de la pieza de antecedentes).-CONSIDERANDO (11): Que del estudio de la acción constitucional promovida, esta Sala advierte que el garantista se contradice en sus alegatos, pues manifiesta que la documentación soporte fue secuestrada en el mini mercadito y depósito de la Pepsi, en donde realizaba sus actividades comerciales la señora Teresa de Jesús Cruz García, señala que esa misma documentación fue presentada por el Ministerio Publico como medio de prueba, donde se prueba sus actividades lícitas y que no se le permitió ejercer su derecho de defensa en sede administrativa ni en sede judicial. Revisada y analizada la pieza de antecedentes, se puede verificar que el recurrente ha comparecido a las diferentes audiencias señaladas en el proceso de Privación de Dominio, por lo cual ha tenido acceso a toda la documentación que se ha presentado, también ha tenido la oportunidad de presentar prueba, como en efecto así lo hizo en audiencia oral.-CONSIDERANDO (12): De lo anterior, concluye esta Sala de lo Constitucional que no se observa en el caso sub júdice, vulneración del derecho de defensa y debido proceso, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, tuvo acceso a la documentación presentada por el Ministerio Publico, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (13): Que asimismo el recurrente hace alusión a la vulneración del derecho a la propiedad privada, limitándose a transcribir el contenido de los artículos 103 y 106 que por su orden rezan: “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”; Artículo 106 “Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la Ley o por resolución fundada en Ley, y sin que medie previa indemnización justipreciada”. Argumenta también el pedidor, que está probada la licitud de los bienes que en vida hizo la señora Teresa de Jesús Cruz. Por ello en base al principio iura novit curia, ésta Sala procede a analizar si existe vulneración o no del derecho a la propiedad privada, que alude vulnerado el garantista.-CONSIDERANDO (14): Que la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio, tiene como finalidad la lucha contra la criminalidad organizada; la acción de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, tiene características especiales, pues es de orden público, autónomo e independiente de cualquier otra acción en los términos establecidos en la Ley que la regula, ya sea que se trate de acción o acciones de naturaleza penal, que se haya o hayan iniciado simultáneamente con la acción de privación de definitiva del dominio o de la cual esta última se haya desprendido o en la que se hubiese originado. La acción de privación definitiva del dominio es de naturaleza jurisdiccional de carácter real, de contenido patrimonial, es un proceso especial, en donde puede que haya o no un titular responsable.- CONSIDERANDO (15): Que la acción de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito se rige por el principio de retrospectividad, conforme el cual la privación definitiva del dominio se declarará, cualquiera que sea la época de adquisición o destinación ilícita de los bienes productos, instrumentos o ganancias, si concurren cualquiera de las causales del artículo 11 de la Ley que regula el procedimiento de privación de dominio; entendiendo esta, situación en consideración a la finalidad con la que fue creada la ley, pues Honduras es un Estado de Derecho, que busca asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; de allí que los derechos fundamentales no son absolutos y pueden ser limitados por el Estado, precisamente para garantizar el bienestar general de sus habitantes, siendo la persona humana el fin supremo de la sociedad y el Estado[4]; asegurando además el principio constitucional que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general. Entiende esta Sala que la acción de privación de dominio está encaminada a limitar el derecho a la propiedad privada, cuando se den cualquiera de los presupuestos que regula el artículo 11 de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; en el acto impugnado en vía de Amparo, el tribunal de segunda instancia ratifica la sentencia dictada por el A-quo, quien declara procedente la acción de privación definitiva del dominio sobre varios bienes, fundamentándose el fallo en el numeral 1 y 4 de la norma antes indicada, que por su orden señalan: “Cuando se trate de bienes, productos, instrumentos o ganancias que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen”; “Cuando los bienes, productos, instrumentos, ganancias o negocios de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas o sean destinados a estas actividades ilícitas o cuando correspondan al objeto del delito”.-CONSIDERANDO (16): Que nuestra Carta Magna, en el artículo 103, reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley; como hemos referido antes, los derechos no son absolutos y el derecho a la propiedad se puede ver limitado por las causas que la misma Constitución establece, siempre y cuando se encuentren desarrollados en una ley. La ley de privación del dominio de origen ilícito, fue creada precisamente para evitar o combatir la criminalidad organizada, como mecanismo de control global dirigido a evitar que a través de la adquisición de bienes con origen ilícitos, los miembros de la delincuencia logren legalizar y disfrutar de esos bienes; por ello la necesidad de la creación de mecanismos legales que conduzcan a privarlos del goce y disfrute de dichos bienes, ya que la adquisición y disfrute de bienes de origen ilícito no contribuye en ninguna forma a lograr el fin que persigue el artículo 103 constitucional.-CONSIDERANDO (17): Que en relación al derecho a la propiedad privada el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[5] preceptúa: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; en esa misma línea el numeral 1 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.”; al respecto y específicamente en lo establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Alejandra Gonza[6] señala que el derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana no es absoluto, el primer inciso parece tener en cuenta, -cree la autora-, las posibles limitaciones, intromisiones o interferencias al uso y goce de la propiedad impuestas por el Estado; Gonza señala asimismo que la Corte Interamericana ha establecido que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en el artículo 21 de la Convención si tal restricción responde “a los intereses de la sociedad”, sostiene que para la Corte, los conceptos de “orden público” o el “bien común”, derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención.-CONSIDERANDO (18): Que analizados los fines que impulsaron la creación de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, esta Sala es del criterio que la restricción al derecho a la propiedad privada se encuentra justificada en objetivos colectivos de importancia tal que, con la creación de la ley se busca lograr la erradicación de la delincuencia organizada, logrando con ello evitar que los miembros que integran estos grupos se beneficien de ellos y pueden legalizar aquellos bienes cuyos titulares si fuere el caso de encontrarles, no encuentran la forma de demostrar la procedencia licita de dichos bienes; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada que invoca el recurrente, toda que ves que el mismo se encuentra limitado por una ley que se encuentra en vigencia y conforme a ella ha procedido tanto el A-quo como el Ad-quem a declarar procedente la Solicitud de Privación de Dominio sobre los bienes propiedad de la señora TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA, en virtud de no haber cumplido con la obligación que le impone el artículo 42[7] en relación con el artículo 11 numeral 1[8] de la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.-CONSIDERANDO (19): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el derecho de defensa, debido proceso y a la propiedad privada, pues como bien se ha señalado los derechos no son absolutos y pueden ser limitados en procura de lograr el bienestar de la colectividad de habitantes, siempre y cuando estén desarrollados en una ley, tal y como lo ordena la misma ley suprema, situación que sucede en el caso en estudio. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 96, 103, 183, 184, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 15 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 5, 6, 11, 40, 41, 42, 80, 81 y 82 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE, a favor de la señora ALEJANDRINA ESPINOZA GARCIA, heredera Ab-Intestato de su madre la señora TERESA DE JESUS CRUZ GARCIA, contra la resolución de fecha siete de febrero del año dos mil veinte, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la magistrada Reina Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de octubre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0210-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.
[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[3] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.
[4] Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras.
[5] Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
[6] Christian Steiner/Patricia Uribe (Editores) Convención Americana sobre Derechos Humanos. Obra publicada con la colaboración de varios autores, incluida Alejandra Gonza, en el marco de la cooperación internacional de la Fundación Honrad Adenauer. Magna Terra Editores, diciembre de 2014, Guatemala. Pág. 509.
[7] Artículo 42. “La Obligación de Acreditar el Origen Lícito. El afectado o titular de los bienes, productos o instrumentos sujetos a proceso de privación definitiva del dominio debe acreditar a través de los medios probatorios que considere idóneos, el origen lícito de sus bienes, productos, instrumentos o ganancias, para que estos no resulten afectados de conformidad con esta Ley.”
[8] Artículo 11. Procedencia de la Acción de Privación Definitiva del Dominio. La acción de privación definitiva del dominio de los bienes, productos, instrumentos o ganancias procederá y será declarada la privación de éstos, mediante sentencia dictada por el órgano jurisdiccional, en cualquiera de los casos siguientes: 1) Cuando se trate de bienes, productos, instrumentos o ganancias que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen.”