Sentencia AP-209-20 — Registro 15338
Resumen
Acto recurrido contra la resolución que declaró ha lugar recurso de apelación interpuesto contra sobreseimiento definitivo dictado por el a-quo, con relación a la causa instruida por supuesta responsabilidad de delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad que responden a una tutela judicial efectiva..." Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución jurídica del Ad-Quem, esta Sala Aprecia que ha respetado el principio de legalidad ciñéndose estrictamente a lo prescrito en la ley penal, de tal manera que hizo un análisis conforme a las reglas de la sana crítica; razonamiento que comparte esta Sala, mediante la cual explica de manera lógica, coherente y razonada al haber declarado con lugar el recurso de apelación y revocar el sobreseimiento definitivo de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI por el delito de malversación de caudales públicos; ordenando al A-Quo que profiera contra la imputada auto de formal procesamiento como autora de ese ilícito. Siendo así no son de recibo los motivos invocados por la impetrante en el recurso intentado, por todo ello la resolución objeto de impugnación ha sido dictado apegada al debido proceso, observando las exigencias, requisitos, solemnidades y análisis del caso concreto conforme lo señala la Constitución de la República, la Ley y las normas de derecho interno contenidas en los Tratados internacionales, por lo que debemos concluir que no han sido quebrantados los derechos invocados por la impetrante …"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de junio del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EVA LINETH BUSTILLO a favor del señora ASARIA JOSE AGULAR MAZZONI, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), que declaró HA LUGAR recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa instruida contra la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI, por suponerla responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90 Y 92 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil diecinueve (2019), las Abogadas ALBA HELLER PORTILLO y EGLA ANABELA GUIFARRO, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentaron ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, Requerimiento Fiscal contra de la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI, por suponerla responsable del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio 81 AL 86 la pieza de los antecedentes). 2) Que en Audiencia Inicial que dio inicio en fecha doce (12) de abril del año dos mil diecinueve (2019), concluyendo en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), el citado Juzgado dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: SOBRESEER DEFINITIVAMENTE a la señora AZARIA AGUILAR MAZZONI, por el delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA” (Folios 835 al 846 de los antecedentes). 3) Que en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: “1).- DECLARAR CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público.-2.- REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de fecha ocho de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa en la causa instruida contra la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI, por el delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINSTRACION PUBLICA; y ordena al a quo profiera contra la imputada auto de formal procesamiento como autora de ese ilícito…”.-(Folios 876 al 878 de los antecedentes). 4) La recurrente abogada EVA LINETH BUSTILLO, compareció ante este Tribunal, en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil veinte (2020), reclamando amparo a favor de la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 48 del Recurso de Amparo). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve, que resolvió un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, que revocó el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras Penal de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán con relación a la causa instruida contra la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI por suponerla responsable del delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente manifiesta que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones impugnada violenta el Derecho de Defensa, el Derecho al debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva, contenidos en la Constitución de la República. Dice la recurrente que se presentó Requerimiento fiscal contra la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI por el delito de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, llevándose a cabo la audiencia inicial en fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve, en donde el A-Quo decretó sobreseimiento definitivo por el delito imputado, presentando el Ministerio Público recurso de apelación contra dicha resolución, mismo que en fecha trece de noviembre de dos mil diecinueve fue declarado con lugar por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, pese a las probanzas que se evacuaron en audiencia que desvirtuaron la existencia del delito. Que como elementos de prueba se presentaron en audiencia inicial una denuncia administrativa y un pase de salida de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho. Dicha audiencia, se realizó para determinar la existencia de donde se encontraban físicamente los bienes. Sin embargo, la señora Asaria José Aguilar procedió a solicitar a varios empleados que explicaran el mal procedimiento de asignación de bienes, enviando un informe del problema de estas asignaciones y cargo de bienes y la falta de respuesta de varios jefes o personal que recibiría los mismos para determinar donde se encuentran. CONSIDERANDO (5): Que la impetrante considera que el razonamiento del Ad-Quem es contrario a derecho al no tomar en consideración los elementos de prueba aportados en audiencia inicial de manera aislada y en su conjunto, llegando a una conclusión incorrecta, pues no se utilizó la sana critica, ya que el proceso mediante el cual se llegó a la misma, denota inobservancia a las reglas de la sana critica como método de valoración de la prueba al no haberse valorado en la forma que demanda la normativa procesal, lo que genera que arribe a una valoración errónea y violente el debido proceso; contrario a lo que si había hecho el A-Quo al dictar el sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO (6): Que el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en audiencia inicial dictó resolución mediante la cual decretó sobreseer definitivamente a la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI por el delito malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública, por considerar que no se dan los elementos objetivos del tipo de malversación de caudales, por no apreciarse el tipo subjetivo que es el dolo de parte de la referida señora, ya que era de conocimiento de sus compañeros y jefe inmediato, porque habían tomado esos bienes muebles para festejos, por tanto, la señora Aguilar Mazzoni en ningún momento ocultó la procedencia de los mismos. Que de los hechos, resulta ser evidente y desproporcionado utilizar el derecho penal para castigar este tipo de hechos, ya que se trata de una falta tal como se establece en los artículos 64, 65, 66 y 69 del reglamento de personal del Instituto de la Propiedad. CONSIDERANDO (7): Que el Ad-Quem respecto al delito de malversación de caudales públicos señala que comete delito de malversación de caudales públicos, el funcionario o empleado público que se apropie de caudales, bienes o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo, o que, sin habérsele confiado, interviene en dichos actos por cualquier causa. En el caso en particular, aparece acreditado con la prueba de cargo, que la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI merece la condición jurídica de funcionaria pública por desempeñarse como jefe del departamento de bienes nacionales del Instituto de la Propiedad y como tal, se apropió de los bienes muebles cuya administración le había sido confiada a razón de su cargo, discrepando con el criterio del A-Quo al considerar tales hechos como falta, subordinando sin razón jurídica el articulo 370 del Código Penal que tipifica el ilícito penal a una norma subalterna como lo es el reglamento de personal del Instituto de la Propiedad. CONSIDERANDO (8): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad que responden a una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO (9): Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución jurídica del Ad-Quem, esta Sala Aprecia que ha respetado el principio de legalidad ciñéndose estrictamente a lo prescrito en la ley penal, de tal manera que hizo un análisis conforme a las reglas de la sana crítica; razonamiento que comparte esta Sala, mediante la cual explica de manera lógica, coherente y razonada al haber declarado con lugar el recurso de apelación y revocar el sobreseimiento definitivo de fecha ocho de mayo de dos mil diecinueve dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, contra la señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI por el delito de malversación de caudales públicos; ordenando al A-Quo que profiera contra la imputada auto de formal procesamiento como autora de ese ilícito. Siendo así no son de recibo los motivos invocados por la impetrante en el recurso intentado, por todo ello la resolución objeto de impugnación ha sido dictado apegada al debido proceso, observando las exigencias, requisitos, solemnidades y análisis del caso concreto conforme lo señala la Constitución de la República, la Ley y las normas de derecho interno contenidas en los Tratados internacionales, por lo que debemos concluir que no han sido quebrantados los derechos invocados por la impetrante. CONSIDERANDO (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 294, 300, 356, 357 del Código Procesal Penal y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada EVA LINETH BUSTILLO a favor del señora ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de noviembre del año dos mil diecinueve. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha tres de junio de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-209-2020.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL