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Sentencia AP-193-21 — Registro 16138

Resumen

Sentencia declaró pacialmente ha lugar recurso de apelación, confirmó sobreseimiento definitivo a favor de imputadas en relación al delito de Trata de Personas en la modalidad de Servidumbre por trabajo doméstico en perjuicio de Testigo protegido clave EDEN, por considerar que no se materializa ninguno de los verbos rectores en dicho delito (facilitar, promover, ejecutar) por lo que el delito de trata de personas no se configura; Además, decretó sobreseimiento provisional a su favor por suponerlas responsables del delito de Lesiones Leves en perjuicio del mismo Testigo; La Autoridad recurrida Confirmó el Primer pronunciamiento del fallo recurrido y Revocó el segundo; en consecuencia ordenó al Juez A-Quo proceder a dictar Auto de Formal Procesamiento contra una de las imputadas en perjuicio del mismo Testigo Protegido; Resolución que no vulnera derechos fundamentales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"ha expresado la Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; cumplimentando así, no solo el rango de legalidad, sino que el de una legitimidad reforzada desde una perspectiva constitucional y convencional, cuya piedra de toque radica en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas a proceso. Por la garantía del debido proceso, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, se hace necesario mantener la inviolabilidad del derecho de defensa en el decurso del proceso; que se asegure el derecho a ser oído en toda causa, o procedimiento, y el conocimiento de la imputación; así como la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba, así como la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente. Lo cual conlleva como implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trata, con base al principio de legalidad. Asimismo, se reafirma que el sobreseimiento podrá solo acordarse por los motivos previstos en ley.[2]..."..."el artículo 52 de la Ley de Trata de Personas, aprobada en Decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, fue derogado expresamente con el advenimiento del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), publicado en la Gaceta No. 34, 940 del viernes 10 de mayo de 2019, según consta en el artículo 632 numeral 7) del Código Penal vigente; por lo cual, a efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y las defensas del orden jurídico constitucional, precaviendo en el presente caso, la subsistencia de defectos procesales y la aplicación indebida de normas derogadas por el ordenamiento vigente; se estima procedente otorgar la presente acción de amparo en favor de los intereses de la sociedad hondureña y del Estado de Honduras mismo; en vista la inobservancia de la garantía genérica del debido Proceso y al principio de reserva de ley, mediando la aplicación indebida de un tipo contenido en una norma penal especial (Artículo 52 de la Ley de Trata de Personas), derogada expresamente por lex posteriori, como queda visto y razonado..."..."se tendría bien servido el principio constitucional de seguridad jurídica, con la estimatoria de la presente garantía de amparo; pues si bien la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de mérito dentro del ámbito de su competencia, con motivación y amplio desarrollo dogmático jurídico - penal;[3] no menos cierto es que no se encuentra fundada jurídicamente en derecho vigente, general y pertinentemente aplicable; por lo cual, procede otorgar la presente acción de Amparo, a los efectos consabidos de que se emita nueva resolución por parte de la honorable Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, con motivación y fundamentación judicial acorde a derecho congruente, vigente y de fondo..."

Jerarquía: Reiterativa

…"ha expresado la Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; cumplimentando así, no solo el rango de legalidad, sino que el de una legitimidad reforzada desde una perspectiva constitucional y convencional, cuya piedra de toque radica en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas a proceso. Por la garantía del debido proceso, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, se hace necesario mantener la inviolabilidad del derecho de defensa en el decurso del proceso; que se asegure el derecho a ser oído en toda causa, o procedimiento, y el conocimiento de la imputación; así como la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba, así como la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente. Lo cual conlleva como implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trata, con base al principio de legalidad. Asimismo, se reafirma que el sobreseimiento podrá solo acordarse por los motivos previstos en ley.[2]..."..."el artículo 52 de la Ley de Trata de Personas, aprobada en Decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, fue derogado expresamente con el advenimiento del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), publicado en la Gaceta No. 34, 940 del viernes 10 de mayo de 2019, según consta en el artículo 632 numeral 7) del Código Penal vigente; por lo cual, a efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y las defensas del orden jurídico constitucional, precaviendo en el presente caso, la subsistencia de defectos procesales y la aplicación indebida de normas derogadas por el ordenamiento vigente; se estima procedente otorgar la presente acción de amparo en favor de los intereses de la sociedad hondureña y del Estado de Honduras mismo; en vista la inobservancia de la garantía genérica del debido Proceso y al principio de reserva de ley, mediando la aplicación indebida de un tipo contenido en una norma penal especial (Artículo 52 de la Ley de Trata de Personas), derogada expresamente por lex posteriori, como queda visto y razonado..."..."se tendría bien servido el principio constitucional de seguridad jurídica, con la estimatoria de la presente garantía de amparo; pues si bien la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de mérito dentro del ámbito de su competencia, con motivación y amplio desarrollo dogmático jurídico - penal;[3] no menos cierto es que no se encuentra fundada jurídicamente en derecho vigente, general y pertinentemente aplicable; por lo cual, procede otorgar la presente acción de Amparo, a los efectos consabidos de que se emita nueva resolución por parte de la honorable Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, con motivación y fundamentación judicial acorde a derecho congruente, vigente y de fondo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre del dos mil veintidós. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictado por la CORTE DE APELACIONES DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en relación la causa instruida contra las señoras XIOMARA ALISET CASTRO CARTAGENA Y MARIA MIRTALA HERNANDEZ VILLEDA, por suponerlas responsables del delito de TRATA DE PERSONAS EN MODALIDAD DE SERVIDUMBRE POR TRABAJO DOMESTICO y LESIONES LEVES en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE EDEN.- Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, el derecho contenido en los artículos 90 y demás aplicables de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha siete de febrero de dos mil veinte, el Ministerio Público a través de su Agente de Tribunales DENIS HERNANDEZ DUBÓN presentó requerimiento Fiscal contra la señora XIOMARA ALISET CASTRO CARTAGENA; posteriormente, en fecha siete de febrero de dos mil veinte, presentó requerimiento Fiscal contra la señora MARIA MIRTALA HERNANDEZ VILLEDA también conocida como MARITZA, ambas por suponerlas responsables del delito de TRATA DE PERSONAS EN MODALIDAD DE SERVIDUMBRE POR TRABAJO DOMESTICO en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO CLAVE EDEN.- (Folios 10–13 y 62-65 de la pieza principal de antecedentes) 2) Que en fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), una vez celebrada la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, emitió su resolución en la cual Resolvió: “… PRIMERO: Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITVO a favor de las imputadas XIOMARA ALISET CASTRO CARTAGENA y MARIA MIRTALA HERNANDEZ VILLEDA conocida como MARITZA por suponerlas responsables del delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE SERVIDUMBRE POR TRABAJO DOMESTICO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE EDEN. SEGUNDO Dictar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de las imputadas XIOMARA ALISET CASTRO CARTAGENA y MARIA MIRTALA HERNANDEZ VILLEDA conocida como MARITZA por suponerlas responsables del delito de LESIONES LEVES en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE EDEN. (Folios 105–111 de la pieza principal de antecedentes) 3) Que conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020), relacionada en el numeral que precede, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán emitió resolución en fecha once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020), en la cual Resolvió: “PRIMERO: DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DENIS HERNANDEZ DUBON, en su condición de representante del Ministerio Público. SEGUNDO: SE CONFIRMA EL PRONUNCIAMIENTO PRIMERO de la Parte Dispositiva de la resolución objeto de Apelación. TERCERO: SE REVOCA el pronunciamiento Segundo de la resolución objeto de Apelación, en consecuencia, que el Juez A quo proceda a dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra la imputada MARIA MIRTALA HERNADEZ VILLEDA conocida como MARITZA, por el delito de LESIONES LEVES, en perjuicio de testigo protegido EDEN…”. (Folios 03–34 de la segunda pieza de antecedentes) 4) Que en fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Secretaria de la Sala Constitucional, la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020), de la que se ha hecho relación en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria del artículo 90 de la Constitución de la República (Folios 1–36 del presente Recurso) 5) Que en fecha dos (02) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, y a la vez, omitió dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 35 del Presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha once (11) de diciembre del año dos mil veinte (2020) por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público, confirmando el primer resolutivo y revocando el segundo pronunciamiento, en la resolución del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, que, a la letra dice: “… PRIMERO: Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de las imputadas XIOMARA ALISET CASTRO CARTAGENA y MARIA MIRTALA HERNANDEZ VILLEDA conocida como MARITZA por suponerlas responsables del delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE SERVIDUMBRE POR TRABAJO DOMESTICO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE EDEN. SEGUNDO Dictar SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor de las imputadas XIOMARA ALISET CASTRO CARTAGENA y MARIA MIRTALA HERNANDEZ VILLEDA conocida como MARITZA por suponerlas responsables del delito de LESIONES LEVES en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE EDEN”; fundamentando la procedencia del resolutivo, en el análisis de la conducta delictiva intitulada Trata de Personas y los verbos rectores que configuran dicho tipo penal, estableciendo dogmáticamente su tipología como “delito proceso”, implicando que, si una conducta se ha materializado sin la intervención de alguno de los verbos rectores que siempre van en inicio de la construcción penal, aquella no constituye delito; lo cual ocurre en el presente caso, al no materializarse ninguno de los verbos rectores en el delito de marras (facilitar, promover, ejecutar), con lo cual el delito de trata de personas no se configura; acorde la tipificación penal de Trata de Personas que ofrecen los artículos 52, con referencia al artículo 6.1 de la Ley Contra la Trata de Personas. CONSIDERANDO (4): Que, en congruencia a lo anteriormente fundamentado, ha sostenido la Corte Ad Quem, que, debido a que el Ministerio Público ha incriminado la trata de personas en su modalidad de servidumbre, es necesario referirse específicamente a este fin o propósito; manifestando que si la finalidad es la explotación laboral o de reducción a servidumbre, o situaciones análogas, podría resultar de aplicación el delito de explotación laboral ilícita, hoy regulada en el artículo 292 del Código Penal. En la consideración fáctica del caso, concluye manifestando no se ha favorecido, facilitado o motivado esta actividad reprochable de Trata de Personas, cuya normativa penal tiene como fin de protección de la norma proteger a la persona humana contra actos atentatorios contra su dignidad y libertad, siendo, además, un tipo doloso, por lo cual el sujeto activo debe conocer todos los hechos constitutivos de la descripción típica y además querer su realización; lo cual se descarta en cuanto a la señora XIOMARA CASTRO, por no haberse dado la captación, ni tampoco el engaño; y la finalidad de trata como elemento subjetivo adicional, pues no se demostró quisiera la realización de tales actos, realizados por otras personas. Concatenado a ello, a la señora MARIA MIRTALA HERNANDEZ VILLEDA, se le ha imputado la conducta de retención, la cual se traduciría en la voluntad de cooperar, ayudar, facilitar, o contribuir a la sujeción de la víctima a servidumbre; pero no dándose los eslabones en la cadena del “delito proceso”, quedan solo los actos de lesiones leves contra la víctima; los cuales solo deben imputársele a ella, única conclusión a que se puede arribar válidamente del examen de la prueba testifical y pericial médico forense allegada a la causa. CONSIDERANDO (5): Que en formalización de su recurso de amparo, compareció la Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, en su condición de Agente de Tribunales de la fiscalía del Ministerio Público, expresando que dicha resolución contraviene y disminuye derechos fundamentales contenidos en los artículos 90 y demás aplicables de la Constitución de la República, precepto garante del derecho a un debido proceso, según el cual nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; percibiendo tal infracción al dispositivo garante, con relación a lo preceptuado en el artículo 141 del Código Procesal Penal, que establece el deber de motivación de las resoluciones judiciales dictadas en materia penal, ya que no se aprecia que el Ad Quem apoyara su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas evacuadas en la Audiencia Inicial; no explicando tampoco que circunstancias fueron tomadas en consideración para no atribuirle valor a la prueba de cargo aportada por el ente acusador. Para la garantista, tal inobservancia del mandato legal de valoración conjunta que requiere el debido proceso, se desprende de la inexistencia de concordancia entre el acervo probatorio aportado, el cual enlista la recurrente, y la conclusión final a que llegó el Tribunal de Justicia; los cuales, de haber sido valorados de manera conjunta por el Juzgador, dan lugar a apreciar que la declaración del testigo protegido EDENA consistió en la información de los hechos vividos, sustentada en el resto de elementos de prueba aportados al proceso, por ende, para acreditar la existencia de elementos concurrentes al decreto de Auto de Formal Procesamiento, a las personas imputadas, por su participación en el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE SERVIDUMBRE POR TRABAJO DOMÉSTICO. CONSIDERANDO (6): Que sigue señalando la amparista, Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, en abundancia de criterios sobre la procedencia del recurso, que no sólo falta de concordancia entre el acervo probatorio aportado, y la conclusión final a que llegó el Tribunal de Justicia, vicia la sentencia objeto de amparo; conduciendo a la indebida desestimación por parte de la Instancia del dictado del auto de formal procesamiento; sino que tal omisión e insuficiencia valorativa de la jurisdicción constituye inobservancia a los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales; y, con ello, violación al derecho que tiene toda persona de acceder a la justicia, mediante resoluciones razonablemente motivadas y fundadas en ley; en este caso, al acreditarse los presupuestos legitimadores para la aplicación del delito de Trata de Personas en la Modalidad de Servidumbre por Trabajo Doméstico, según calificada por el artículo 52 de la Ley de Trata de Personas (Sic.); el cual transcribe en sus elementos descriptivos de tipo; por todo lo cual solicita de la Sala el otorgamiento de la presente acción de amparo, en vista a existir ultraje a los derechos tutelados por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (7): Que participa el debido proceso legal de la búsqueda de la verdad, con respeto a las garantías procesales del imputado. De lo anterior, se desprende que es menester probar los hechos a quien ejerce la Acusación, no pudiendo presuponerse, o dar por equivalente análogo, ninguno de los requisitos de tipo. La acreditación debida del denominado tipo garantía,[1] significa que, sin la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de tipo, debidamente probados y razonados ante la jurisdicción penal, con base a legalidad escrita, previa y estricta; no podría tenerse como acreditada evidencia probatoria de la existencia de un delito, acorde la norma iusfundamental del artículo 92 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (8): Que, ha expresado la Sala de lo Constitucional, en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de debido proceso; cumplimentando así, no solo el rango de legalidad, sino que el de una legitimidad reforzada desde una perspectiva constitucional y convencional, cuya piedra de toque radica en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas a proceso. Por la garantía del debido proceso, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, se hace necesario mantener la inviolabilidad del derecho de defensa en el decurso del proceso; que se asegure el derecho a ser oído en toda causa, o procedimiento, y el conocimiento de la imputación; así como la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba, así como la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente. Lo cual conlleva como implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trata, con base al principio de legalidad. Asimismo, se reafirma que el sobreseimiento podrá solo acordarse por los motivos previstos en ley.[2] CONSIDERANDO (9): Que, el artículo 52 de la Ley de Trata de Personas, aprobada en Decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, fue derogado expresamente con el advenimiento del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), publicado en la Gaceta No. 34, 940 del viernes 10 de mayo de 2019, según consta en el artículo 632 numeral 7) del Código Penal vigente; por lo cual, a efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y las defensas del orden jurídico constitucional, precaviendo en el presente caso, la subsistencia de defectos procesales y la aplicación indebida de normas derogadas por el ordenamiento vigente; se estima procedente otorgar la presente acción de amparo en favor de los intereses de la sociedad hondureña y del Estado de Honduras mismo; en vista la inobservancia de la garantía genérica del debido Proceso y al principio de reserva de ley, mediando la aplicación indebida de un tipo contenido en una norma penal especial (Artículo 52 de la Ley de Trata de Personas), derogada expresamente por lex posteriori, como queda visto y razonado. CONSIDERANDO (10): Que, asimismo, se tendría bien servido el principio constitucional de seguridad jurídica, con la estimatoria de la presente garantía de amparo; pues si bien la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de mérito dentro del ámbito de su competencia, con motivación y amplio desarrollo dogmático jurídico - penal;[3] no menos cierto es que no se encuentra fundada jurídicamente en derecho vigente, general y pertinentemente aplicable; por lo cual, procede otorgar la presente acción de Amparo, a los efectos consabidos de que se emita nueva resolución por parte de la honorable Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, con motivación y fundamentación judicial acorde a derecho congruente, vigente y de fondo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 96, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1), y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-193-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En general, se habla se habla de tipo garantía al designar el principio de legalidad en materia penal.

[2] Ver: Romero Pradas, M.ª Isabel. El sobreseimiento. Valencia: Tirant monografías, 2002. Pág. 24.

[3]

Siguiendo la continuada línea jurisprudencial adoptada por la Sala de lo Constitucional – siguiendo el derecho comparado constitucional, en particular las sentencias SSTC 50/1984, 23/1987, 50/1988, 90/1990, 359/1993, 205/2000 proferidas por el Tribunal Constitucional (TC) español – según las cuales si bien no existe un derecho constitucional general al acierto judicial: “… (Si) podrán dar lugar al amparo constitucional cuando la interpretación y aplicación de la norma en que se funden resulte arbitraria o manifiestamente irrazonable, se apoye en una causa legal inexistente, o sea fruto de un error patente”. Vid. Montero Aroca, Juan y Flors Matíes, José. Amparo constitucional y proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch Editores, 2008. Págs. 80 y 81.