Sentencia AP-172-21 — Registro 14550
Resumen
Resolución que decretó Sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida contra imputados por suponerlos responsables de los delitos de Allanamiento de Morada y Abuso de Autoridad en perjuicio de recurrente y la Administración Publica del Estado De Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(16) Que esta Sala de lo Constitucional, después del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida aprecia que ciertamente las partes evacuaron los medios de prueba que consideraron pertinentes para hacer valer sus pretensiones, sin embargo no fue posible acreditar ante el Juzgador la identidad de las personas que pudieron haber participado en los hechos invocados como acciones delictivas, y, es que el proceso penal solo será justo en la medida en que se dé cumplimiento a las normas previamente establecidas en la ley, como garantía para las partes intervinientes en el proceso, es así que para juzgar un ciudadano debe haberse individualizado como persona a través de su identificación por los medios previstos legalmente, en ese orden de ideas es claro que consta en los antecedentes que no fue posible tal identificación de los supuestos imputados. por ello esta Sala considera que la resolución dictada por el Ad quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que no procede acceder al otorgamiento del amparo intentado. En consecuencia, siendo que la resolución impugnada es clara y precisa, señalando el Tribunal de Alzada las razones que tuvo en cuenta para dictarla y dando respuesta a la pretensión de la impetrante conforme a derecho, no procede otorgar el amparo del que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO:(17) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."(16) Que esta Sala de lo Constitucional, después del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida aprecia que ciertamente las partes evacuaron los medios de prueba que consideraron pertinentes para hacer valer sus pretensiones, sin embargo no fue posible acreditar ante el Juzgador la identidad de las personas que pudieron haber participado en los hechos invocados como acciones delictivas, y, es que el proceso penal solo será justo en la medida en que se dé cumplimiento a las normas previamente establecidas en la ley, como garantía para las partes intervinientes en el proceso, es así que para juzgar un ciudadano debe haberse individualizado como persona a través de su identificación por los medios previstos legalmente, en ese orden de ideas es claro que consta en los antecedentes que no fue posible tal identificación de los supuestos imputados. por ello esta Sala considera que la resolución dictada por el Ad quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que no procede acceder al otorgamiento del amparo intentado. En consecuencia, siendo que la resolución impugnada es clara y precisa, señalando el Tribunal de Alzada las razones que tuvo en cuenta para dictarla y dando respuesta a la pretensión de la impetrante conforme a derecho, no procede otorgar el amparo del que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO:(17) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
(16) Que esta Sala de lo Constitucional, después del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida aprecia que ciertamente las partes evacuaron los medios de prueba que consideraron pertinentes para hacer valer sus pretensiones, sin embargo no fue posible acreditar ante el Juzgador la identidad de las personas que pudieron haber participado en los hechos invocados como acciones delictivas, y, es que el proceso penal solo será justo en la medida en que se dé cumplimiento a las normas previamente establecidas en la ley, como garantía para las partes intervinientes en el proceso, es así que para juzgar un ciudadano debe haberse individualizado como persona a través de su identificación por los medios previstos legalmente, en ese orden de ideas es claro que consta en los antecedentes que no fue posible tal identificación de los supuestos imputados. por ello esta Sala considera que la resolución dictada por el Ad quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que no procede acceder al otorgamiento del amparo intentado. En consecuencia, siendo que la resolución impugnada es clara y precisa, señalando el Tribunal de Alzada las razones que tuvo en cuenta para dictarla y dando respuesta a la pretensión de la impetrante conforme a derecho, no procede otorgar el amparo del que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO:(17) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que, en todo proceso penal existe la figura del imputado, persona sobre la que recae la supuesta participación en un hecho delictivo, individuo que debe estar plenamente individualizado a fin de que las potestades punitivas del Estado se dirijan contra una persona cierta y determinada, respecto de la que deben existir elementos válidos que permitan presumir su participación en la comisión de un delito, solo de esa manera podrá garantizarse la persecución penal. El artículo 102 del Código Procesal Penal, establece que es indispensable la identificación penal del imputado y se hará tomando como base su cédula de identidad, en defecto de esta se le identificará tomando sus datos personales relacionados con su nombre y apellido, sexo lugar y fecha de nacimiento entre otros, dispone además aquellos casos en que haya negativa de colaborar la identificación podrá hacerse por medio de testigos en la forma prescrita para los reconocimientos o por otros medios lícitos que se estimen útiles.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 102 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de febrero de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, a favor del Señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintidós (22) de octubre dos mil diecinueve (2019), que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico y Acusadora Privada contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO; con relación a la causa instruida contra los Señores RUDY ARIEL BRIZUELA MEJIA, SANDRO EXEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ y OTROS por suponerlos responsables de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio del señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiséis (26) de julio del dos mil dieciocho (2018), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, el Abogado WALTER MENDOZA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los Señores RUDY ARIEL BRIZUELA MEJIA, SANDRO EXEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ y OTROS por suponerlos responsables de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio del señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES Y LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01–71 de la pieza del A-Quo) 2) Que una vez celebrada la Audiencia Inicial, el citado Juzgado en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), Resolvió: (SIC): “PRIMERO: Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los señores RUDY ARIEL BRIZUELA MEJIA, SANDRO EXEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ, SANTOS RIGOBERTO MENDOZA BONILLA Y EDWIN ALBERTO RODRIGUEZ CARRASCO a quien se les supone responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de JHONY ANDRES SALGADO FUENTES y LA ADMINISTRACION PÙBLICA. SEGUNDO: revóquensele las medidas que le fueron impuestas a los acusados en audiencia de declaración de imputado; TERCERO: …” (Folios 129–131 de la pieza del A-Quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados WALTER MENDOZA y SARAH JANETH AGUILAR CRUZ, en sus condiciones antes descritas, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, dictó resolución en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en la cual Resolvió: (SIC): “PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR, los Recursos de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y la acusación privada, en contra de la resolución de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro.-SEGUNDO: CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado en contra de los acusados RUDY ARIEL BRIZUELA MEJIA, SANDRO EXEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ, SANTOS RIGOBERTO MENDOZA BONILLA Y EDWIN ALBERTO RODRIGUEZ CARRASCO por suponerlos responsables del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y ALLANAMIENTO DE MORADA en perjuicio de JHONY ANDRES SALGADO FUENTES y LA ADMINISTRACION PUBLICA.” (Folios 23-37 de la pieza del A-Quo) 4) Que la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA, compareció ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor del Señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES, contra la resolución de fecha veintidós (22) de octubre de dos mil diecinueve (2019), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01–15 del Presente Recurso) 5) Que en fecha treinta y uno (31) de mayo del dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 43 del Presente Recurso) CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de octubre del dos mil diecinueve, que declaro sin lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico y Acusadora Privada contra las actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, con relación a la causa instruida contra los señores: RUDY ARIEL BRIZUELA MEJIA, SANDRO EXEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ, SANTOS RIGOBERTO MENDOZA Y EDWIN ALBERTO RODRIGUEZ CARRASCO, por suponerlos responsables de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA Y ABUSO DE AUTROIDAD, en perjuicio del señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la Formalización de la Acción de amparo, “ expone que los hechos que motivan el proceso penal inician el día 21 de diciembre del año 2017, cuando los señores RUDY ARIEL BRIZUELA MEJIA, SANDRO EXEQUIEL ZAVALA HERNANDEZ, SANTOS RIGOBERTO MENDOZA BONILLA Y EDWIN ALBERTO RODRIGUEZ CARRASCO, ingresaron sin autorización del señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES, o de cualquier otro miembro de su familia a su casa, donde se encontraban su esposa e hijos, preguntándole al ofendido donde tenía a las demás personas, cuando él les manifestó que no tenía nada que ver con la huelga, comenzaron a golpearlo incluso lanzar bombas lacrimógenas incluso en el interior de la casa, afectando a los niños, procediendo los acusados a la detención del señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES, sin motivo alguno, sin decomisarle nada, señalando que los acusados ingresaron a la vivienda sin autorización judicial. Manifiesta que después fue trasladado en la patrulla al Puente de Quebrada Seca, para finalmente ser remitido a la Unidad Metropolitana de Prevención, número 11 de El Progreso, Yoro, donde se anotó en el libro de novedades que a las 11:50 de la mañana se llevaron como detenidos al señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES, quien llevaba un teléfono celular, y el señor WALTER ALEXIS ALVAREZ RODRIGUÉZ, quien también llevaba un teléfono celular, llevados a la posta por la autoridad de FUSINA, con el sub Inspector RUDY BRIZUELA y traslado por el policía SANDRO ZAVALA, ROBERTO MENDOZA, Y EDWIN RODRIGUEZ, y puesto a la orden del Ministerio Público por los supuestos delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL, Y USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL. Sigue manifestando que la detención del señor SALGADO FUENTES fue de forma arbitraria en un allanamiento ilegal, sin que haya sido objeto de convalidación el mismo.” CONSIDERANDO: (5) Que la impetrante manifiesta que en la sustanciación de la audiencia inicial se presentaron como medios de prueba:” Testifical, Acta de Inspección Ocular practicada al libro de novedades de fecha 21 de diciembre del 2017 de la posta policial. Al señor Salgado Fuentes solo se le encontró un teléfono celular de lo que quedó constancia en el libro de novedades. En cuanto al escudo policial, supuestamente decomisado, no consta este hecho en el libro de novedades; Además se presentó el Acta de Inspección Ocular al domicilio del ofendido, videos de la detención donde se aprecia el humo de las bombas lacrimógenas salía de la casa y otros medios de prueba. No obstante, todo ello el Juzgado de Letras seccional de El Progreso Yoro, llegó a la convicción de que no se contemplan los elementos del tipo penal atribuido y concluye que no existe responsabilidad penal atribuible por lo que dicta Sobreseimiento Definitivo a favor de los imputados.” CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente invoca como quebrantados los siguientes derechos constitucionales:” Derecho a un Debido Proceso, contenido en el artículo 90 párrafo primero, siendo el objeto de este derecho asegurar la igualdad de las partes en todo tipo de proceso, omitiendo considerar que en este momento procesal se trata de probabilidades no de la certeza con que se juzga en el juicio oral y público, señalando que existen los indicios de la participación de los acusados, sin embargo el Tribunal de Alzada lo que hace es una valoración de prueba tazada, que no está en vigencia, sin aplicar las reglas de la sana critica, y lo que exige la etapa preparatoria es la producción de prueba mínima para sustanciar el requerimiento fiscal no para obtener una condena, de la prueba indiciaria se desprende una alta probabilidad de que los mencionados imputados tuvieron participación en el ilegal y arbitrario allanamiento de morada en perjuicio del señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES, y con ello también la alta probabilidad de haber cometido el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Desde esta perspectiva no ha habido un trato igual ha faltado a la objetividad tanto el Juez instructor como el Tribunal de Alzada.” CONSIDERANDO: (7) Que la amparista manifiesta que además del debido proceso se ha quebrantado el ” Derecho a la Defensa y de Acceso a la Justicia, derechos que también le corresponden a las víctimas, derecho que supone que las partes tengan la oportunidad de alegar, de probar sus derechos e intereses legítimos complementándose con el de igualdad de armas procesales, que ha de ser real y efectivo, señala que se quebranta este derecho cuando el Tribunal de Alzada no obstante de haberse presentado elementos probatorios suficientes que acreditan la plena prueba de haberse cometidos los delitos de allanamiento de morada y abuso de autoridad de donde resultan los indicios racionales de participación de los acusados, el Juez de instrucción dictó sobreseimiento definitivo, más grave resulta el hecho de que habiendo acudido a la Corte de Apelaciones correspondiente para que se enmiende el agravio cometido por el A quo, por el contrario con la valoración de la prueba que hace confirma la resolución recurrida y declara sin lugar la apelación”. CONSIDERANDO: (8) Que El Ad Quem analizados los agravios expuestos por la parte apelante, así como los medios de prueba aportados durante la audiencia inicial, deja establecido: en el numeral SEPTIMO, en su parte conducente “que efectivamente está acreditado que el ofendido JHONY ANDRES SALGADO FUENTES fue detenido y que la fotografías ilustran tal situación, lo que no logran acreditar es que los procesados son quienes se introdujeron a la vivienda del ofendido y lo sacaron, pues el mismo dice que no los pudo identificar, y al que identifica como “el calvo” no dice que él se introdujo a la vivienda, sino que fue quien lo defendió de ser golpeado, situación (allanamiento) que no la acreditan los testigos propuestos por el Ministerio Público quienes reiteran que hubo ingreso de la policía a la casa del ofendido señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES, pero no reconocieron ni mencionan a los agentes que lo hicieron, como tal lo dijo la Juez en la resolución, elemento que resulta indispensable para efectos de una imputación objetiva ya que la responsabilidad penal es personalísima, siendo esto lo que no se visualizó de los elementos de prueba, es decir, la determinación del nombre o al menos una identificación de los acusados. En lo que respecta que el acto de registro no contienen hechos reales porque no hace referencia al celular que le decomisaron a su representado, al respecto señala el Ad quem que el acta de lectura de derechos del detenido, acta de decomiso o secuestro se desprende que quienes la hicieron fueron los agentes de investigación Luis Audilio Alemán Orellana y Erick Javier Aguilar Carranza, no los acusados, por lo cual no se les puede responsabilizar a ellos, por la falta de información acerca del paradero del celular…. Además, señala que el sospechoso fue detenido por personal de FUSINA no por los acusados ya que estos lo que hicieron fue trasladarlo a la posta policial. Por todo ello el Ad quem concluyó en declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto y confirmar el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de los acusados.” CONSIDERANDO: (9) Que, en todo proceso penal existe la figura del imputado, persona sobre la que recae la supuesta participación en un hecho delictivo, individuo que debe estar plenamente individualizado a fin de que las potestades punitivas del Estado se dirijan contra una persona cierta y determinada, respecto de la que deben existir elementos válidos que permitan presumir su participación en la comisión de un delito, solo de esa manera podrá garantizarse la persecución penal. El artículo 102 del Código Procesal Penal, establece que es indispensable la identificación penal del imputado y se hará tomando como base su cédula de identidad, en defecto de esta se le identificará tomando sus datos personales relacionados con su nombre y apellido, sexo lugar y fecha de nacimiento entre otros, dispone además aquellos casos en que haya negativa de colaborar la identificación podrá hacerse por medio de testigos en la forma prescrita para los reconocimientos o por otros medios lícitos que se estimen útiles. CONSIDERANDO: (10) Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que la misma establece, a fin de garantizar el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente, tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales que forman parte del derecho estatal. CONSIDERANDO:(11) Que la Constitución de la República en su artículo 61 garantiza la igualdad ante la ley, derecho que consiste en que las personas deben ser tratadas y consideradas de igual manera, a menos que haya una razón suficiente para no hacerlo, el principio de igualdad exige la aplicación de la ley, pero en modo alguno se puede hacer derivar de él una protección jurídica frente al legislador[2]. Los órganos judiciales son aplicadores de la ley (secundum legem) y, en consecuencia, el único derecho de las personas es el derecho a la legalidad, el estar legalmente sometidos a la ley; ésta igualdad ante la ley consiste en que las normas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias, por lo que no debe concederse privilegios ni obligaciones o cargas que beneficien a unos y graven a otros, encontrándose todos en las mismas condiciones, por lo que la igualdad no es absoluta, más bien, va encaminada a aplicar la ley de acuerdo al caso concreto y a las diferentes circunstancias del mismo. La igualdad de trato a las personas queda vulnerada en el caso de existir una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable, o cuando no exista una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida, debiendo determinarse la distinción arbitraria que resultan de los hechos y el derecho aplicado al momento que vive la sociedad. CONSIDERANDO: (12) Que el Debido Proceso se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, por lo que la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, conduce al atropello de éste, concretamente lo señala el artículo 90 de la Constitución de la República “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Que el derecho al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como “Aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto[3]”. El Debido Proceso está contemplado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 7 inciso 6; 8 incisos 2, 3, 4, 5, referidos a las garantías judiciales a que tiene derecho toda persona sometida a un proceso; Artículos 9, del principio de legalidad y la no retroactividad de la ley; 24 igualdad ante la ley; 25 protección Judicial. Los Estados Partes en la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios artículo 1.1 de la Convención, por constituir normas auto ejecutables, es decir normas incorporadas al derecho interno, por otra parte, en caso de que dichos Estados todavía no hayan establecido, dichas garantías mínimas dentro de su legislación, tienen la obligación internacional de “adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de la Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades Artículo 2. 1 convención americana Sobre Derechos Humanos. Por ello es necesario un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado donde las garantías procesales adquieren sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia[4]. CONSIDERANDO: (13) Que el artículo 82 Constitucional establece que el Derecho de Defensa es inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, derecho reconocido en los instrumentos internacionales, que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, lo consagra en sus artículo 8 como “el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante los tribunales competentes”. Artículo 10 “el derecho de toda persona a ser oída en condiciones de igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial que determine sus derechos y obligaciones”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho de defensa, en su artículo 14. 1. estableciendo “la igualdad de las personas ante los tribunales y cortes de justicia. A ser oída públicamente y con las debidas garantías, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, protege el derecho de defensa, dentro del marco de las garantías judiciales contempladas en el artículo 8.1 señala de igual forma que “las personas tienen derecho a ser oídas con las debidas garantías e indica que tales actuaciones deben hacerse en un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para la determinación de sus derechos y obligaciones”. En consecuencia, el Derecho de Defensa, está estrechamente ligado al debido proceso. CONSIDERANDO: (14) Que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende en un triple e inescindible enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo[5]. A su vez el art.8 de la Convención Americana de Derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica, reconoce a toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Y el artículo 25 establece el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. CONSIDERANDO: (15) Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. En ese orden de ideas el Código Procesal Penal en su artículo 263 establece las etapas de investigación y de juzgamiento, que se desarrollan de acuerdo a lo prescrito en la norma procesal penal. CONSIDERANDO: (16) Que esta Sala de lo Constitucional, después del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida aprecia que ciertamente las partes evacuaron los medios de prueba que consideraron pertinentes para hacer valer sus pretensiones, sin embargo no fue posible acreditar ante el Juzgador la identidad de las personas que pudieron haber participado en los hechos invocados como acciones delictivas, y, es que el proceso penal solo será justo en la medida en que se dé cumplimiento a las normas previamente establecidas en la ley, como garantía para las partes intervinientes en el proceso, es así que para juzgar un ciudadano debe haberse individualizado como persona a través de su identificación por los medios previstos legalmente, en ese orden de ideas es claro que consta en los antecedentes que no fue posible tal identificación de los supuestos imputados. por ello esta Sala considera que la resolución dictada por el Ad quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que no procede acceder al otorgamiento del amparo intentado. En consecuencia, siendo que la resolución impugnada es clara y precisa, señalando el Tribunal de Alzada las razones que tuvo en cuenta para dictarla y dando respuesta a la pretensión de la impetrante conforme a derecho, no procede otorgar el amparo del que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO:(17) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso Amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 102 del Código Procesal Penal; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada ANA LUISA ALVARADO MEJIA a favor del señor JHONY ANDRES SALGADO FUENTES, contra las resolución de fecha veintidós de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones Penal Seccional de judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el número SCO-0172=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.
[2] Rubio Llorente, Francisco “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista Española de Derecho constitucional, No. 31, Madrid, España, 1991, p.20
[3]Arazi Roland, Apud, Rodríguez Rescia Victor Manuel. El Debido Proceso Legal y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.Pág.1296.
[4] Al considerar los elementos anteriores “se pone de manifiesto la importancia trascendental que tiene el proceso, ya que su propia institucionalidad representa el influjo de muchas corrientes de pensamiento que tienen su idea central en el respeto y vigencia de los Derechos Humanos...”. Thompson (José), Apud. Rodríguez Rescia. Pág.1297. Las garantías penales y procesales en el derecho de los derechos humanos, ILANUD, San José, Costa Rica, 1991, pág. 63.
[5] Grillo María Isabel Iride. El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva. http://www.saij.gob.ar/iride-isabel-maria-grillo-derecho-tutela-judicial-efectiva-dacf040088-2004/123456789-0abc-defg8800-40fcanirtcod