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Sentencia AP-1449-22 — Registro 16019

Resumen

Sentencia declaró con lugar recursos de apelación y revocó sobreseimientos definitivos dictados por Juzgado de Primera Instancia que consideró válido el Informe de Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el que no elaboró pliegos de responsabilidad civil, administrativa ni ningún informe con indicios de responsabilidad penal para remitirse al Ministerio Público; El juzgador concluyó que, al no existir responsabilidad penal, el proceso se extingue y procede emitir las cartas de libertad; La Autoridad recurrida rechazó las razones para dictar dichos sobreseimientos definitivos e indicó que el Tribunal Fiscalizador no tiene atribución para determinar responsabilidad penal, ello corresponde únicamente a los tribunales de justicia; Además, el Juzgador se apartó del fallo de la Sala de lo Constitucional emitida previamente el 5-11-2019 que otorgó parcialmente recurso de amparo a favor de recurrentes en vista de no haberse agotado previamente el procedimiento ante el TSC; Consideró que el sobreseimiento definitivo no es el medio para restituir el derecho de defensa de los encausados, el cual se ordenó en dicho fallo de amparo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"En fecha cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia remitió de vuelta los antecedentes al Juzgado de instrucción, en virtud haber recibido una certificación de la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se resolvió los recursos de Amparo acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, fallando por unanimidad de votos, otorgar el amparo parcialmente a favor de los encausados, en virtud de no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas. En dicha sentencia se ordena la restitución del derecho a un debido proceso, determinándose que previamente el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley..."..."siguiendo con el hilo conductor, el momento procesal en que se encontraba el proceso al minuto de emitirse la supra mencionada sentencia de la Sala de lo Constitucional, era la audiencia preliminar, en la cual se dictó auto de apertura a juicio. Así, era al Juez de instrucción a quien correspondía y como en efecto se hizo, ejecutar la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, quien en observancia al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determinó en su sentencia de manera concreta la conducta a cumplir, siendo esta: “en virtud de no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas, en consecuencia: Se ordena la restitución del derecho del debido proceso por vía del derecho de defensa y a ser oído por autoridad competente, debiéndose para ello proveer que el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley”. Que así las cosas, esta Sala manifiesta que el análisis de la vulneración de derechos fundamentales en estas acciones de amparo que hoy se conocen, deben limitarse a determinar si la sentencia dictada en los amparos acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, ha sido debidamente ejecutada, es decir, observando y acatando la conducta precisa dispuesta en la parte resolutiva de la misma..."..."ya esta Sala ha manifestado en la sentencia aludida y que fue ejecutada, la vulneración al principio - derecho al debido proceso, por violación del derecho de defensa, que consistió en no haberse agotado la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, ya que, en las actividades atinentes a la liquidación y reintegro de viáticos debieron ser conocidos en principio, dentro del ámbito administrativo y esta postura la avala la Corte de Apelaciones recurrida disposición que manda..."..."se reitera que la acción de amparo que hoy se conoce ha sido interpuesta dentro del procedimiento realizado en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en los amparos acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, acatando a cabalidad lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, antes relacionado, dentro del cual manda que se “…ordene la realización o ejecución del acto omitido, y en su caso proceda a ordenar la inmediata cesación de la violación declarada, disponiendo lo necesario para evitar toda nueva violación, perturbación, peligro o restricción…”. Así las cosas, y habiéndose realizado el acto omitido, y siendo que es condición sine qua non conforme al artículo 92 constitucional que solo podrá dictarse auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que o los imputados sea autor o cómplices, y al haberse determinado la existencia del delito imputado en las etapas procesales que manda la ley, se ordena el cese inmediato de la vulneración al debido proceso otorgando el amparo interpuesto, revocando la sentencia recurrida y se ordena a la alzada dicte sentencia confirmando la emitida por el juez de instrucción..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"En fecha cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia remitió de vuelta los antecedentes al Juzgado de instrucción, en virtud haber recibido una certificación de la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se resolvió los recursos de Amparo acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, fallando por unanimidad de votos, otorgar el amparo parcialmente a favor de los encausados, en virtud de no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas. En dicha sentencia se ordena la restitución del derecho a un debido proceso, determinándose que previamente el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley..."..."siguiendo con el hilo conductor, el momento procesal en que se encontraba el proceso al minuto de emitirse la supra mencionada sentencia de la Sala de lo Constitucional, era la audiencia preliminar, en la cual se dictó auto de apertura a juicio. Así, era al Juez de instrucción a quien correspondía y como en efecto se hizo, ejecutar la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, quien en observancia al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determinó en su sentencia de manera concreta la conducta a cumplir, siendo esta: “en virtud de no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas, en consecuencia: Se ordena la restitución del derecho del debido proceso por vía del derecho de defensa y a ser oído por autoridad competente, debiéndose para ello proveer que el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley”. Que así las cosas, esta Sala manifiesta que el análisis de la vulneración de derechos fundamentales en estas acciones de amparo que hoy se conocen, deben limitarse a determinar si la sentencia dictada en los amparos acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, ha sido debidamente ejecutada, es decir, observando y acatando la conducta precisa dispuesta en la parte resolutiva de la misma..."..."ya esta Sala ha manifestado en la sentencia aludida y que fue ejecutada, la vulneración al principio - derecho al debido proceso, por violación del derecho de defensa, que consistió en no haberse agotado la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, ya que, en las actividades atinentes a la liquidación y reintegro de viáticos debieron ser conocidos en principio, dentro del ámbito administrativo y esta postura la avala la Corte de Apelaciones recurrida disposición que manda..."..."se reitera que la acción de amparo que hoy se conoce ha sido interpuesta dentro del procedimiento realizado en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en los amparos acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, acatando a cabalidad lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, antes relacionado, dentro del cual manda que se “…ordene la realización o ejecución del acto omitido, y en su caso proceda a ordenar la inmediata cesación de la violación declarada, disponiendo lo necesario para evitar toda nueva violación, perturbación, peligro o restricción…”. Así las cosas, y habiéndose realizado el acto omitido, y siendo que es condición sine qua non conforme al artículo 92 constitucional que solo podrá dictarse auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que o los imputados sea autor o cómplices, y al haberse determinado la existencia del delito imputado en las etapas procesales que manda la ley, se ordena el cese inmediato de la vulneración al debido proceso otorgando el amparo interpuesto, revocando la sentencia recurrida y se ordena a la alzada dicte sentencia confirmando la emitida por el juez de instrucción..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice:

“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre de dos mil veintidós. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Amparo interpuestos: 1. por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor del señor JOSE FRANCISCO QUIROZ MEJIA, (REG. 1449-2021), 2. Por los Abogados IRMA YAMILETH LOPEZ Y GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, a favor del señor CELINO ARISTIDES AGUILERA AMADOR (REG. 1455-2021), 3. Por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, a favor del señor TEODORO BONILLA EUCEDA (REG. 1463-2021) 4. Por la Abogada CARMEN CELINA CABALLERO a favor de la señora LILIAM EMELINA MALDONADO SIERRA, (REG. 1469-2021) y 5. Por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de los señores JORGE ALBERTO RIVERA AVILES y JULIO CESAR BARAHONA HENRIQUEZ (REG. 245-2022); todos contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en relación a la causa instruida contra los señores JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, TEODORO BONILLA EUCEDA, JULIO CESAR BARAHONA HENRIQUEZ, JOSE FRANCISCO QUIROZ MEJIA, CELINO ARISTIDES AGUILERA AMADOR y LILIAM EMELINA MALDONADO SIERRA, por suponerlos responsables del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA ESTADO DE HONDURAS y ABUSO DE AUTORIDAD. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90, 92, 95 183 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, el Abogado ISAIAS OLIVA PALMA, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, por suponerlo responsable de la Comisión de SESENTA (60) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS y CIENTO TREINTA Y UN (131) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD; TEODORO BONILLA EUCEDA, por suponerlo responsable de la Comisión de OCHENTA Y OCHO (88) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS y CATORCE (14) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD; JULIO CESAR BARAHONA HENRIQUEZ, por suponerlo responsable de la Comisión de SESENTA Y SIETE (67) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS; JOSE FRANCISCO QUIROZ MEJIA, por suponerlo responsable de la Comisión de NOVENTA Y TRES (93) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS; CELINO ARISTIDES AGUILERA AMADOR por suponerlo responsable de la Comisión de SETENTA Y OCHO (78) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS, y por TRES (3) delitos de USO DE DOCUMENTOS PRIVADOS FALSOS; y LILIAM EMELINA MALDONADO SIERRA, por suponerla responsable de la comisión de SESENTA Y SIETE (67) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS; en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-14 del Tomo I la pieza de los Antecedentes) 2) Que en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó su resolución en la cual resolvió: 1.- Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, por suponerlo responsable de la comisión de (60) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS y ciento treinta y un (131) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en consecuencia, emítase la correspondiente carta de libertad definitiva. 2.- Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor TEODORO BONILLA EUCEDA, por suponerlo responsable de la comisión de ochenta y ocho (88) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS y la comisión catorce (14) delitos de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, en consecuencia, emítase la correspondiente carta de libertad definitiva. 3.- Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JULIO CESAR BARAHONA HENRIQUEZ, por suponerlo responsable de sesenta y siete (67) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA; en consecuencia, emítase la correspondiente carta de libertad definitiva. 4. Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JOSE FRANCISCO QUIROZ MEJIA, por suponerlo responsable de la comisión de noventa y tres (93) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA; en consecuencia, emítase la correspondiente carta de libertad definitiva. 5. Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor CELINO ARISTIDES AGUILERA AMADOR, por suponerlo responsable de setenta y ocho (78) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA; en consecuencia, emítase la correspondiente carta de libertad definitiva. 6. Dictar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora LILIAM EMELINA MALDONADO SIERRA, por suponerla responsable de sesenta y siete (67) delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA; en consecuencia, a) se revocan las medidas cautelares impuestas y emítase las correspondientes cartas de libertad definitiva…” (Folios 940-946 del Tomo V de la pieza principal) 3) Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, compareció ante el citado Juzgado, el Abogado ISAIAS OLIVA PALMA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y en representación del ESTADO DE HONDURAS interponiendo recurso de apelación contra la resolución de fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, relacionada en el numeral precedente. (Folios 972-978 del Tomo V de la pieza principal) 4) Que la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, dictó resolución en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual resolvió: “Declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Fiscalía y revoca la resolución apelada….” (Folios 12-19 de la segunda pieza de los Antecedentes) 5) Que en fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, compareció ante este Tribunal la Abogada NILIA RAMOS GONZALES, interponiendo acción de amparo a favor del señor JOSE FRANCISCO QUIROZ MEJIA, (Reg. 1449-2021), contra la sentencia de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Ad-quem, afirmando que la misma es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90, 92 y 95 de la Constitución de la República. (Folios 01-14 del recurso de amparo) 6) En fecha catorce de diciembre de dos mil veintiuno, comparecieron ante esta Sala, los Abogados IRMA YAMILETH LOPEZ y SALOMON BERRIOS, interponiendo recurso de Amparo a favor del señor CELINO ARISTIDES AGUILERA AMADOR; (Reg. 1455-2021) y la Abogada CARMEN CELINA CABALLERO ESCOBAR, interponiendo amparo a favor de la señora LILIAM EMELINA MALDONADO SIERRA, (Reg. 1469-2021); La Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, interponiendo acción de amparo a favor del señor TEODORO BONILLA EUCEDA, (Reg. 1463-2021) todos los recursos contra la resolución de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno de que se ha hecho relación. (Folios 17-22, 40-45 y 78-82 del recurso de amparo) 7) Que en fecha veinte de enero de dos mil veintidós, la Sala dispuso acumular los recursos de amparo registrados con los números 1449-2021, 1455-2021 y 1469-2021, al apreciar que dichas acciones van dirigidas contra el mismo acto reclamado, siendo lo procedente para mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia. (Folio 56 del recurso de amparo) 8) Que en fecha veinte de febrero de dos mil veintidós, el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo recurso de amparo a favor del señor JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, registrado en este Tribunal con el número 245-2022, contra la resolución de fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno. (Folio 142-148 del expediente de amparo) 9) Que en fecha siete de marzo de dos mil veintidós la Sala de lo Constitucional dispuso acumular el Recurso de amparo registrado con el número SCO-1463-2021, a los recursos acumulados con los números 1449-2021, 1455-2021 y 1469-2021, al apreciar que dichas acciones van dirigidas contra el mismo acto reclamado, siendo lo procedente para mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia. Asimismo, resuelve dar vista de los autos a los recurrentes por el término de cuarenta y ocho horas para que formalizaran sus acciones. (Folio 104 del expediente de amparo) 10) Que en fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, la Sala tuvo por formalizados en tiempo y forma los recursos de amparo interpuestos por los Abogados IRMA YAMILETH LOPEZ Y GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, CARMEN CELINA CABALLERO, NILIA RAQUEL RAMOS Y DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ; posteriormente en fecha dieciséis de mayo se tuvo por formalizado el recurso presentado por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, omitiendo dar vista de los autos al fiscal del despacho de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 141 y 172 del Expediente de Amparo) 11) Que en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós la Sala de lo Constitucional dispuso acumular el Recurso de amparo registrado con el número SCO-245-2022, a los recursos acumulados con los números 1449-2021, 1455-2021, 1463 y 1469-2021, al apreciar que dichas acciones van dirigidas contra el mismo acto reclamado, siendo lo procedente para mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación con el artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. – CONSIDERANDO TRES (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada contra la resolución dictada por la Corte De Apelaciones Penal Con Competencia Nacional En Materia De Corrupción, en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del Juzgado De Letras Penal Con Competencia Nacional En Materia De Corrupción, en relación a la causa instruida contra los señores JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, TEODORO BONILLA EUCEDA, JULIO CESAR BARAHONA HENRIQUEZ, JOSE FRANCISCO QUIROZ MEJIA, CELINO ARISTIDES AGUILERA AMADOR y LILIAM EMELINA MALDONADO SIERRA, por suponerlos responsables de varios delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PÚBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA ESTADO DE HONDURAS y ABUSO DE AUTORIDAD. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que como antecedentes, esta Sala de lo Constitucional avala los apuntados por la Jueza de Instrucción, en la resolución, en fechas tres al veinte y uno de mayo del año dos mil dieciocho, fecha en la cual se celebró la Audiencia Inicial en el proceso seguido contra los señores Liliam Emelina Maldonado, Teodoro Bonilla Euceda, Celino Arístides Aguilera Amador, José Francisco Quiroz Mejía, Julio César Barahona Henríquez y Jorge Alberto Rivera Avilés. Antecedentes que se relatan así: (SIC) “Al término de la audiencia se dictó Auto de Formal Procesamiento por los supuestos delitos de Malversación de Caudales Públicos y Abuso de Autoridad. La resolución anteriormente aludida fue apelada por la Defensa y confirmada por esta Corte de Apelaciones por resolución de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil dieciocho (2018). En fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), el juzgado de instrucción celebro la Audiencia Preliminar, dictando el veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) el Auto de Apertura a Juicio, por tanto, los autos fueron turnados y remitidos al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. El expediente fue devuelto al juzgado instructor nuevamente en fecha cinco (5) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), paralizándose la causa, en virtud del recibo de la certificación de la sentencia dictada por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que resuelve los recursos de Amparo acumulados AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, fallando por unanimidad de votos, otorgar el amparo parcialmente a favor de los encausados, en virtud de no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas. En consecuencia, ordenó la restitución del derecho del debido proceso por vía del derecho de defensa y a ser oído por autoridad competente, debiéndose para ello prever que el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley. Salvo en relación con el delito de Uso de Documentos Privados Falsificados que se imputa al encausado Celino Arístides Aguilera Amador, el cual deberá continuarse. El juzgado de Letras, instructor de la causa, en cumplimiento de la sentencia de amparo, mediante oficio 120-2020 JLPMC de fecha veinte y ocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020), dio cuenta del fallo al Tribunal Superior de Cuentas para su conocimiento y decisión. SEGUNDO: El catorce (14) de octubre del año dos mil veinte y uno (2021), el Juzgado de Letras recibió oficio de notificación No 0497-2021 -SG-TSC de copia del informe No 005-2019-DGSD-CSJ-B, de la investigación Especial Practicada al Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial (CSJ), en el periodo comprendido del 11 de octubre del 2013 al 08 de marzo de 2016, Informe contentivo de cinco (5) conclusiones basadas en recomendaciones a mejorar la gestión de la institución a su cargo de investigación especial realizada a la asignación de viáticos y compra de pasajes para los ex miembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSS), tomando como fundamento legales los Artículos 79 y 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. TERCERO: Recibido el informe de investigación especial del TSC, el A-quo recibió de la Defensa escritos petitorios pidiendo sobreseimiento definitivo, acompañando constancias emitidas por la Secretaria General del TSC haciendo constar que en relación con el informe No. 0OS12019-DGSD-CSJ-8, los imputados no tienen responsabilidad administrativa, civil ni penal, indicando que no se emitieron pliegos de responsabilidad civil, administrativa ni penal. Del examen de las conclusiones del informe No 005-2019-DGSD-CSJ-B y de las constancias adjuntas, en vista que no se estable la situación planteada de no responsabilidad, tampoco refieren sí se efectuarán los pagos reparados, el Juzgado de Letras ordenó al Tribunal Superior de Cuentas giren instrucciones a los auditores firmantes del informe o auditor a cargo del informe de investigación especial recibido para su pronunciamiento. En fecha 26 de octubre 2021, el Juzgado de Letras recibió oficio No 3314-2021 de la presidencia del TSC, acompañado del memorando No 605 2021-GASGIPSCI, que contiene el pronunciamiento del auditor a cargo del informe de auditoría No O0O5-2019-DGSD-CSJ-B estableciéndose que: 1. Que la investigación especial se dirigió a los objetos del gasto: viáticos nacionales, viáticos al exterior, pasajes al exterior otorgados a los consejeros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en el periodo comprendido del 11 de octubre de 2013 al 3 de marzo de 2016, que derivó de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal que se práctica a la Corte Suprema de Justicia, determinación que se tomó para atender la petición contenida por el Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Corrupción. 2. La investigación especial se efectuó en cumplimiento de las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas aplicando los procedimientos establecidos en la normativa interna para el desarrollo de la investigación, con el objetivo de verificar el cumplimiento legal, en este caso específico, del reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para los funcionarios y empleados del Poder Judicial y disposiciones presupuestarias. 3. Que el informe producto de la investigación especial se notificó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, instancia que le corresponde el cumplimiento de las recomendaciones conforme a los Artículos 39 y 79 de la Ley Orgánica, también al Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción en respuesta al contenido del oficio No 120-2020-JLPMC. 4. De la investigación especial, se determinaron hallazgos de auditoría de asignación de viáticos para giras al exterior incumpliendo el itinerario del plan de gira, los cuales no fueron reintegrados por los beneficiarios, determinando un perjuicio económico al Estado de Honduras por treinta mil cuatrocientos dólares americanos (USD30,400.00), que los exconsejeros realizaron las devoluciones a la Tesorería General del Tribunal Superior de Cuentas. 5. En vista de que el perjuicio económico al Estado de Honduras por treinta mil cuatrocientos dólares americanos (USD30,400.00) y Quince mil Lempiras 15,000.00, fue recuperado mediante los pagos efectuados por los exconsejeros, no se elaboraron pliegos de responsabilidad civil para estos exfuncionarios, tampoco se emitieron pliegos de responsabilidad administrativa, ni se elaboró informe con indicios de responsabilidad penal para ser remitido al Ministerio Público. De lo anterior, el juzgado de letras colige que, al no existir responsabilidad penal, el proceso se extingue, siendo procedente emitir las correspondientes cartas de libertad definitiva, así mismo realizar las suspensiones de las medidas cautelares impuestas, así como la liberación del gravamen de los bienes en garantía, y la devolución de caución monetaria rendidas debiéndose librar los correspondientes oficios para su efecto. Por tanto, resuelve decretar un sobreseimiento definitivo a los señores Liliam Emelina Maldonado, Teodoro Bonilla Euceda, Celino Arístides Aguilera Amador, José Francisco Quiroz Mejía, Julio César Barahona Henríquez y Jorge Alberto Rivera Avilés, por todos los delitos calificados en el Auto de Formal Procesamiento.” CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Fiscal del Ministerio Público Isaías Oliva Palma, interpuso Recurso de Apelación contra los sobreseimientos definitivos dictados, expresando los agravios siguientes: Estimó el Ministerio Público que la resolución del 01 de noviembre de 2021 causa agravio a la sociedad al no reparar la jurisdicción que, la sentencia que resuelve los recursos de Amparo acumulados AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, fallando por unanimidad de votos, otorgar el amparo parcialmente a favor de los encausados, la Sala de lo Constitucional la dicta en el sentido estricto de no acreditar la responsabilidad penal de los encausados, sino más bien (como la misma lo indica) encontrar indicios de responsabilidad. Así se puede estimar en el considerando 46 ... Causa agravio que él A-quo sobresea la causa no en base al informe No. 00S-2019-DGSD-CSJ-B del Tribunal Superior de Cuenta, sino más bien basado en el oficio que a instancia particular del órgano jurisdiccional, emitió el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Cuentas. Hace la observación que el auditor del TSC realiza conclusiones en el informe, por alguna razón alejado de lo que verdaderamente importa, no concluyendo en referencia a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, es decir en relación con sí existe o no indicios de responsabilidad penal. indica que, si bien el Informe No 005-2019 DGSD-CSJ-B, como se ha mencionado, por razones desconocidas, no refiere expresamente en conclusiones, la existencia de responsabilidad civil, administrativa o penal plantea un perjuicio económico que asciende a más $30,400.00, que, a su criterio, supone al menos, indicio de una Malversación de Caudales Públicos. Al plantear que no se encontraron informes de las giras realizadas, pues muchas de ellas solo existieron en la imaginación del pagador judicial que desembolsó el peculio público, en cuanto las mismas eran ficticias, supone a criterio del despacho fiscal, un indicio de Abuso de Autoridad por parte del expresidente y vicepresidente del Consejo de la Judicatura. Argumenta que, no tomar en cuenta todos los comentarios, hallazgos e indicios mencionados en el informe, el A quo con su resolución genera graves infracciones y pone en precario la seguridad jurídica del Estado en cuanto, avala y justifica la Malversación de Caudales Públicos. A su criterio, con el solo hecho de pagar una ínfima y bizantina cantidad de dinero, en relación con lo defalcado, es una burla para el pueblo hondureño a quien ahora se le obliga a entender que de manera "legal" sustrajeron los dineros, con menosprecio a la función del Poder Judicial, que paradójicamente se enaltece de "dar a cada uno lo que le corresponde" Justicia que en la presente causa y en palabras del pueblo "ha brillado por su ausencia". En ese orden de ideas el despacho fiscal, solicita se analice el informe No 005-2019 DGSD-CSJ-B; mediante el cual, se ha determinado una serie de hallazgos, que son indicios de la comisión del delito de Malversación de Caudales Públicos. Debe tomarse en consideración que el Tribunal Superior de Cuentas, al descubrir su análisis especial, no se exige más de su competencia, pues como lo indica la Sala Constitucional, no es función del TSC, encontrar culpable penalmente a los encausados, eso es función del Tribunal de Sentencias al realizar valoraciones para determinar si los fondos del Estado fueron bien manejados, realizando recomendaciones correspondientes en aras de que la administración de dichos fondos se realice de la forma más efectiva posible, pero que al encontrar indicios de mala administración o malversación de estos dineros, se proceda a poner en conocimiento a la autoridad competente, en este caso al A quo, sobre tal irregularidad y se proceda a deducir la responsabilidad penal que corresponde. CONSIDERANDO SEIS (6): Que los apelados y hora recurrentes contestan los agravios expuestos así: “… la Fiscalía interpreta equivocada y erróneamente lo decidido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su Sentencia del 5 de noviembre del 2019. Respecto al contenido del considerando 46 de dicha sentencia, el Ministerio Público pretende que, independientemente que ya se agotó la vía administrativa por medio del TSC en ejecución de la sentencia de amparo, se les deduzca a los imputados responsabilidad penal, cuando el Artículo 5 del Reglamento General de la Ley Orgánica del TSC, claramente establece: "Las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal, constituyen un régimen especial, que por su naturaleza, fines y competencia tiene preminencia sobre cualquier otra ley General o Especial que verse sobre la misma materia." En este sentido, aducen que, no puede el Ministerio Público deducir responsabilidad penal a sus representados, cuando el Tribunal Superior de Cuentas, basado en el examen de los actos o hechos que realizaron los sindicados como funcionario durante su gestión administrativa, mediante una auditoria especial, no encontró indicio alguno de responsabilidad penal, y además, que la acusación sola podría proceder previo a informe del Tribunal Superior de Cuentas y no en base a una auditoría realizada por ellos mismos; y si el informe y memorándum no determino un perjuicio económico al ser reintegrado el monto debido, no se elaboró informe con indicios de responsabilidad penal producto de la investigación especial. Agregan que, es claro y definido que los viáticos no constituyen caudales públicos y que su uso irregular es reparable administrativamente, por ende, concluyen que no cabe deducirles responsabilidad penal por esta causa. Siguen exponiendo los ahora recurrentes en su contestación de agravios, que el recurrente desconoce la relevancia del cumplimiento de la sentencia de amparo de fecha cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, y apuntan literalmente lo siguiente: “…es contrastante e Imperioso como relevante el principio de relatividad debe aplicarse de Inmediato, de oficio, por cuanto, es la efectividad del cumplimiento de dicha sentencia un criterio importante y trascendente en el Juicio de amparo cuyo cumplimiento claramente se consigna en el Artículo 63, párrafo segundo, 65 y 114 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, efectividad a cumplirse como obligatoriedad de cualquier autoridad y en toda instancia, como así, además, se contrasta en lo dispuesto en el Artículo 183 de la Constitución de la República y la efectividad en su cumplimiento respecto al cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido pronunciamiento (Acevedo Jaramillo Vs. Perú, 2006). Y que no pueda cuestionarse al menos argumentarla con una apreciación errónea en un recurso de apelación.” Aducen que la Sala de lo Constitucional relaciona que, si bien que es cierto, el Tribunal Superior de Cuentas no determina responsabilidad penal, porque esta atribución pertenece exclusivamente al órgano Jurisdiccional, el Ministerio Público solo podía proceder a consecuencia de un informe del Tribunal Superior de Cuentas y no de una auditoria inventada por órgano no competente en la materia. Indican que las demás alegaciones del Ministerio Público con respecto a que la Jueza sobresea la causa, no en base al informe No. 005-2019-DGSD.CSJ-B emitido por el Tribunal Superior de Cuentas sino a un oficio a instancia particular del órgano jurisdiccional, en este caso, asusta la ignorancia del Fiscal, ya que un órgano jurisdiccional no es un particular sino un Poder del Estado que actúa de oficio porque tiene la potestad de hacerlo por mandato de la ley. En definitiva, según su parecer, todo lo que el Ministerio Público considera agravios es consecuencia de su desconocimiento del fallo de la Sala de lo Constitucional que ordena la restitución del derecho al debido proceso, por vía del derecho de defensa que el mismo Ministerio Público violentó al interponer requerimiento Fiscal, sin que se hubiera agotado el procedimiento administrativo que mandaba la ley, pretendiendo ahora y sin fundamento revocar mediante el recurso interpuesto un sobreseimiento definitivo, ya no tiene lugar la judicialización porque al violentar el debido proceso el ente acusador con un requerimiento fiscal viciado de ilegalidad cerró el camino, ya que estaríamos ante un doble juzgamiento causado por la mala praxis acusatoria. Señalan que, lo procedente era que el juzgado de instancia dictara el sobreseimiento tan pronto recibiera las diligencias por la vulneración de derechos constitucionales desde la presentación de la acusación, sin agotarse el procedimiento administrativo correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas y en obediencia al fallo de la Sala que aseguran tiene el carácter de cosa juzgada. La resolución recurrida, apuntan, no fue por propia discrecionalidad del órgano judicial, sino por ser una consecuencia inevitable del fallo que otorga amparo, debiendo dictarse el sobreseimiento inmediatamente, sin esperar el pronunciamiento del el Tribunal Superior de Cuentas, ya que el informe debió ser previo a la Judicialización y no posterior, estimando que en el remoto caso de haber resultado indicio de responsabilidad, ya no tiene caso la Judicialización porque se violentó el debido proceso y la Fiscalía con el requerimiento fiscal viciado de ilegalidad, cerro el camino, ya que se estaría ante el doble juzgamiento, insisten en señalar que el sobreseimiento definitivo está ajustado a derecho valorando el medio de prueba consistente en el memorándum de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno que hace constar que el perjuicio al Estado por $30,400.00 dólares y L15,000.00 lempiras fue recuperado mediante pagos efectuados por los ex consejeros, por ello no se elabora pliegos de responsabilidad civil, tampoco se emitieron pliegos de responsabilidad administrativa no se elaboró Informe con Indicios de responsabilidad penal para ser remitido al Ministerio Público. Recalcan que es un hecho público y notorio en Infinitas resoluciones que emite el Tribunal Superior de Cuentas cuando investiga el uso irregular de viáticos nacionales o extranjeros, resolver que, si es responsable el investigado, está en la obligación de devolver la cantidad entregada por ese concepto, no lo devuelven, ordena se deduzca de su salario si trabaja en una Institución del Estado que les entrego los valores de viáticos y, por último, demanda las cantidades de dinero por el recibidas en concepto de viáticos. Finalizan alegando que, el ente acusador, al momento de determinar la procedencia de un sobreseimiento definitivo en favor de los encausados, no toma en consideración los hallazgos determinados a los que hace referencia el capítulo III del Informe 0052019 -DGSD-CSJ-B. señalando los recurrentes en su contestación de agravios que “…de la sentencia de amparo de fecha 05 de noviembre de 2019 de la Honorable Sala de lo Constitucional y la procedencia procesal del dictado del sobreseimiento definitivo por la Jueza de Instancia en favor de los sindicados, teniendo como norte y guía que, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, es “Interprete último y definitivo de la Constitución”; y proferida una sentencia que otorga el amparo “el responsable del agravio deberá cumplirla tan pronto como se haya puesto en su conocimiento el sobreseimiento definitivo resuelto”, SEGUNDO: En primer término, la sentencia del 05 de noviembre del 2019 recaída en los recursos de amparo penal registrados bajo los números 0567, 0569, 0571, 0573,0574, 0577, 0578 y 0648-2018, en efecto, la Sala al analizar la procedencia de la Intervención previa del TSC, en el considerando 44 concluye que las actividades atinentes a la liquidación y reintegro de viáticos son extremos que deben ser conocidos en principio, dentro del ámbito administrativo. CONSIDERANDO SIETE (7): Que manifiesta la Corte de Apelaciones Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, que la resolución dictada en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno y que se conoce en el presente amparo, que esta Sala de lo Constitucional en su sentencia, es del parecer que los encausados deben responder de sus actos u omisiones ante el Tribunal Superior de Cuentas por ser esta la entidad dispuesta constitucionalmente para verificar el cumplimiento de obligaciones de liquidación y devolución de dichos fondos. Señala segunda instancia que el hecho de haberse prescindido del procedimiento ante el Tribunal Superior de Cuentas supone en contra de los imputados, la privación del derecho a ser sometidos a un debido proceso, al haberse disminuido el derecho que tienen a la defensa. Entre otros aspectos, el derecho a la defensa se conculca, si existiendo como ocurre en el presente caso, la oportunidad de someterse a un régimen procesal menos gravoso se omite deliberadamente este, agravándose su situación. La Corte de Apelaciones remarca en su sentencia que: (SIC) “La Sala reconoce que, en el presente caso, resulta evidente que las imputaciones nacen de la presunta omisión de liquidar viáticos y del reintegro de valores en concepto de viáticos no utilizados, lo cual no debe conllevar al reclamo y deducción de responsabilidad en vía penal, sin antes completar la vía administrativa ante la entidad competente o sea ante el STC en su condición de órgano fiscalizador del Estado por disposición constitucional. Se reconoce el carácter preeminente el Tribunal Superior de Cuentas para fiscalizar a posteriori los fondos y bienes del Estado, y no contradice ni se opone al ejercicio de la acción penal pública del Ministerio Público, todo lo contrario, la preeminencia es un complemento que permite, que de manera previa a la acción penal se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del Tribunal Superior de Cuentas, TERCERO: En el considerando 45 de la sentencia, la Honorable Sala explica que encuentra que el Artículo 50 de la Ley Orgánica del TSC, explica claramente el procedimiento a seguir, en casos como el de mérito, en que presuntamente hubo infracciones a la obligación de liquidad y reembolsar fondos recibidos en calidad de viáticos, señala el legislador que cuando del examen de estos actos y hechos se describen indicios de responsabilidad civil o penal, el auditor interno de la entidad procederá a ponerlo en conocimiento del tribunal, quien a su vez, lo comunicara a la Procuraduría General de la República para que instruya las acciones civiles que fueran procedentes y al Ministerio Público o al Procurador General de la República cuando proceda, para el ejercicio de la acción penal, La Sala determina en este considerando que de conformidad a lo establecido en el citado Artículo 50, que ante el incumplimiento de los encausados de las obligaciones de liquidar y proceder a la correspondiente devolución de viáticos debió seguirse y cumplirse el procedimiento de fiscalización. De manera que nunca debió procederse por la vía penal sin agotar el procedimiento legalmente establecido, CUARTO: En el considerando 46 de la sentencia, la Honorable Sala citando su propia jurisprudencia (SCO0099-2018 y $C00583-2018 del 30 de enero del 2019), explica que en el considerando 38 del precitado fallo si bien es cierto que el TSC no determina la responsabilidad penal porque eso vulneraria una serie de libertades y derechos constitucionales y además, porque es una atribución que pertenece exclusivamente al ámbito jurisdiccional, o sea, que es propia del Poder Judicial, considera correcto interpretar lo siguiente de conformidad a la Constitución así: “el TSC como ente rector de control de los recursos públicos, al constatar indicios de la presunta comisión de un delito posterior a todas las etapas investigativas que realiza, informe al Ministerio Público para que presente el caso ante el Poder Judicial, siendo correcto la remisión que haga el TSC al constatar los Indicios racionales de la comisión de un delito, esto no significaría que determina la responsabilidad penal de los supuestos imputados que sean acusados por el ente fiscal con base al información proporcionado por dicho ente fiscalizador. En la parte dispositiva de la sentencia, la Sala ordena la restitución del derecho al debido proceso por vía del derecho de defensa y a ser oído por autoridad competente, debiéndose por ello proveer que el presente asunto sea conocido por el TSC para que actuase de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la Ley. QUINTO: Tomando como fundamento las consideraciones de hecho y derecho de la sentencia de amparo que esta Corte ha tenido a bien trascribir, resulta evidente en este caso, la vulneración al principio derecho al debido proceso, por violación del derecho de defensa, al no agotarse la procedencia de la intervención previa del TSC, ya que, en las actividades atinentes a la liquidación y reintegro de viáticos deben ser conocidos en principio, dentro del ámbito administrativo. En tal sentido, esta Corte de Apelaciones, en aplicación del espíritu teleológico del párrafo segundo del Artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que manda ”...el órgano Jurisdiccional, al dictar la sentencia (de amparo) tendrá siempre en cuenta que su finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la violación”, estima que la única forma posible de restituir ese derecho conculcado en cumplimiento efectivo de la sentencia de amparo, restituyendo el pleno derecho de defensa violado a los encausados, era retrotrayendo el proceso a etapas precluidas, es decir al acto mismo de la presentación y admisión del requerimiento fiscal. Sigue señalando la Corte de apelaciones que, para la restauración del derecho inobservado, en su momento el Juzgado de Letras debió realizar, luego de recibir los autos del proceso el 5 de noviembre del 2019, dos acciones concretas y específicas: 1). - Declarar de oficio la nulidad absoluta de todos los actos procesales posteriores y derivados del auto que admitió el requerimiento fiscal. 2). Ordenar, como en efecto lo hizo, en cumplimiento de la sentencia y en procura de la restitución del derecho del debido proceso por vía del derecho de defensa a ser oído previamente por autoridad competente, proveer que el presente asunto fue conocido por el Tribunal Superior de Cuentas. La consecuencia inmediata de la primera acción era la paralización del proceso, la devolución de los antecedentes, las pruebas y demás documentos a la Fiscalía, pudiendo dejar el órgano Judicial instructor una copia certificada del proceso en el archivo judicial. Al no disponerlo de esta manera, optando por dejar el proceso penal paralizado, pero activo y a la espera del Informe de la Investigación especial del TSC, procedía la misma acción de nulidad ex oficio, tan pronto se recibiera dicho Informe el 14 de octubre del año 2021, o bien cuando se recibió el 26 de octubre 2021, oficio No 3314-2021 de la presidencia del TSC acompañado del memorando No 605 2021-GASGIPSCI, qua contiene el pronunciamiento del auditor a cargo del Informe de auditoría No 005-2019-DGSD-CSJ-B, por ende, prima facie, esta Corte de Apelaciones, como primera conclusión, sostiene que el dictado del sobreseimiento definitivo no es procedente, por cuanto: 1).El sobreseimiento definitivo no es la resolución Judicial atinente ni encaminada a la restitución plena del derecho de defensa violado a los encausados según la sentencia de amparo. 2). Para garantizar a los imputados ser oídos por autoridad competente, previa a la acción penal, al no agotarse la procedencia de la Intervención previa del TSC, restituyendo el derecho conculcado y en cumplimiento efectivo de la sentencia de amparo, la acción procesalmente procedente del juzgado era retrotraer el proceso a la investigación preliminar, decretando nulidad absoluta de todas las actuaciones procesales a partir del auto de admisión del requerimiento fiscal. 3). El sobreseimiento definitivo se decreta sin atender el contenido básico del Informe especial de investigación de TSC que determina un perjuicio económico al Estado de Honduras, sin tomar en cuenta los presupuestos procesales exigidos que Informan el dictado de este tipo de resolución, no respetando el momento procesal oportuno, según las consideraciones de hecho y derecho que sobre estos puntos exponemos en los numerales siguientes.” CONSIDERANDO OCHO(8): Señala el Ad quem en su sentencia que al revisar detenidamente los fundamentos Jurídicos contenidos en la motivación de la resolución del uno de noviembre de dos mil veintiuno esgrimidos basamentos del sobreseimiento definitivo, detectó una motivación insuficiente, consistente en un resumen de las posiciones de las partes en la Audiencia Preliminar, y que como fundamento únicamente se trascribe literalmente las conclusiones del memorando No 605 2021-GASGIPSCI, que contiene el pronunciamiento del auditor a cargo del Informe de auditoría No 005-2019-DGSD-CSI-B que establece lo siguiente: (SIC) “…1). Que la investigación especial se dirigió a los viáticos nacionales, viáticos al exterior otorgados a Los Consejeros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en el periodo comprendido del 11 de octubre de 2013 al 8 de marzo de 2016, que derivó de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento Legal, que se practicó para atender la petición contenida por el Juzgado de Letras de lo Penal en Materia de Corrupción, 2). La investigación especial se efectuó en cumplimiento de las atribuciones del Tribunal Superior de Cuentas, con el objetivo de verificar el cumplimiento legal del reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para los funcionarios y empleados del Poder Judicial, 3). Que el informe se notificó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, instancia que le corresponde el cumplimiento de las recomendaciones conforme a los Artículos 39 y 79 de la Ley Orgánica, también al Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción 4). La investigación especial determinó hallazgos de auditoría de asignación de viáticos para giras al exterior incumpliendo el itinerario del plan de gira, los cuales no fueron reintegrados por los beneficiarios, determinando un perjuicio económico al Estado de Honduras por treinta mil cuatrocientos dólares americanos (USD30,400.00) que los exconsejeros realizaron las devoluciones a la Tesorería General del Tribunal Superior de Cuentas. 5). En vista de que el perjuicio económico al Estado de Honduras por treinta mil cuatrocientos dólares americanos (USD30,400.00) y Quince mil Lempiras (L.15,000.00), fue recuperado mediante los pagos efectuados por los exconsejeros, no se elaboraron pliegos de responsabilidad civil para estos exfuncionarios, tampoco se emitieron pliegos de responsabilidad administrativa ni se elaboró un informe con indicios de responsabilidad penal para ser remitido al Ministerio Público.” Advierte la alzada que el A-quo basó su criterio en las conclusiones anteriormente trascritas, para posteriormente determinar que al no existir responsabilidad penal, el proceso se extingue, siendo procedente dictar un sobreseimiento definitivo emitir las correspondientes cartas de libertad definitiva, así misma realizar las suspensiones de las medidas cautelares impuestas, la liberación del gravamen de los bienes en garantía, y la devolución de caución monetaria rendidas debiéndose librar los correspondientes oficios para su efecto a los imputados. CONSIDERANDO NUEVE(9): Que la Corte de Apelaciones señala como inadmisible el dictado del sobreseimiento definitivo basado en las conclusiones del memorando No 605 2021-GASGIPSCI, que contiene el pronunciamiento del auditor a cargo del informe de auditoría No 005-2019-DGSD-CSJ-B; y menos que con base en ello la señora jueza concluyera que al no existir responsabilidad penal, el proceso se extingue. Expone que de manera errónea con este criterio la jurisdicción reconoce al Tribunal Superior de Cuentas una potestad que constitucionalmente no tiene atribuida, como es determinar la responsabilidad penal por un hecho con apariencia de delito, manifiesta que esa facultad corresponde únicamente a los tribunales de justicia, apuntando la falta de congruencia entre este criterio con la responsabilidad judicial derivada de la Constitución y la ley que impone a los jueces y magistrados el rol de tercero imparcial. Señala la Corte de apelaciones en su sentencia que la Juez se apartó del criterio de la Sala de lo Constitucional contenidos en la sentencia de amparo, aduciendo que si bien la Sala reconoce la vulneración al derecho de defensa, ordena la restitución del mismo disponiendo para ello que previamente se requiera la investigación previa del Tribunal Superior de Cuentas, que reconoce al mismo tiempo el carácter preeminente de e s t e para fiscalizar a posteriori los fondos y bienes del Estado, concluyendo la alzada lo siguiente:

(SIC) “…entiende la preeminencia como un complemento que permite, que de manera previa a la acción penal se ejercite el sistema de control fiscalizador por parte del TSC, asegurando que el TSC no determina la responsabilidad penal porque eso vulneraria una serie de libertades y derechos constitucionales y además, porque es una atribución que pertenece exclusivamente al ámbito jurisdiccional. De otro lado, dictar un sobreseimiento definitivo basado en que, según el A-quo, del informe y el memorándum referenciados no se determina responsabilidad penal de los encausados, acusa desconocimiento del contenido básico del principio acusatorio que asigna el rol de acusar y demostrar los hechos de la acusación a un tercero, ajeno al juez, en este caso al Ministerio Público, en el entendido que, habiéndose restituido el derecho de defensa violado, al haberse agotado la previa intervención del TSC en las actividades atinentes a la liquidación y reintegro de viáticos, tal y como lo ordenó la Sala de lo Constitucional, tomando en cuenta que la investigación especial concluida determina hallazgos de auditoría de asignación de viáticos los cuales no fueron reintegrados por los beneficiarios en su momento, determinando perjuicio económico al Estado de Honduras por USD30,400.00, pero que no obstante, dichos fondos fueron recuperados, ya que los ex consejeros, posteriormente a la acción penal, realizaron las devoluciones a la Tesorería General del Tribunal Superior de Cuentas, por tanto, el TSC, en vista que el perjuicio económico al Estado fue recuperado, no elaboro pliegos de responsabilidad civil, tampoco pliegos de responsabilidad administrativa, ni elaboró informe con indicios de responsabilidad penal para ser remitido el Ministerio Público, tomando además en cuenta que, en materia penal el hecho mismo de resarcir el perjuicio económico al Estado de Honduras por USD30,400.00 al requerimiento del TSC, se cumple únicamente con las obligaciones civiles derivas del delito. En consecuencia, no es fundamento razonable para dictar un sobreseimiento definitivo, tomar únicamente en cuenta que no obstante que la auditoria del TSC determinó un perjuicio económico al Estado, no elaboró informe con Indicios de responsabilidad penal para ser remitido al Ministerio Público, por cuanto, la actuación de la justicia, al recibo del informe No 005-2019-DGSD-CSJ-B y del memorando No 605 2021-GASGIPSCI, habiendo decretado la nulidad de las actuaciones procesales, debió limitarse a notificar, remitir y poner en conocimiento del Ministerio Público y a las partes el informe de auditoría para su consideración y estudio, dejando a salvo de esta manera la facultad constitucional del control y monopolio de la acción penal, ya que conforme dispone el Artículo 232 de la Constitución de la República “corresponde al Ministerio Público el ejercicio oficioso de la acción penal pública”, de modo que a la vista del informe rendido por el TSC, correspondía únicamente al Ministerio Público considerar y determinar lo procedente…” como ser retrotraer el proceso a la investigación preliminar y con base a los hallazgos del informe de auditoría, en análisis conjunto con el resto de material probatorio, correspondía al Ministerio Público determinar si ordenaba o no, el archivo del respectivo expediente o bien pedía, por escrito, al Juez de Letras competente que lo autorizara para suspender la persecución penal, o dar al proceso el trámite del procedimiento abreviado o pedir que se dicte sobreseimiento definitivo, o, en su caso, presentar un nuevo requerimiento fiscal. CONSIDERANDO DIEZ(10): Que no conforme con la respuesta jurisprudencial brindada por el Ad-quem, la defensa técnica de los imputados interpusieron los Amparos siguientes: los interpuestos: 1. por la Abogada NILIA RAQUEL RAMOS, a favor del señor JOSE FRANCISCO QUIROZ MEJIA, (REG. 1449-2021), 2. Por los Abogados IRMA YAMILETH LOPEZ Y GERMAN SALOMON AMADOR BERRIOS, a favor del señor CELINO ARISTIDES AGUILERA AMADOR (REG. 1455-2021), 3. Por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, a favor del señor TEODORO BONILLA EUCEDA (REG. 1463-2021) 4. Por la Abogada CARMEN CELINA CABALLERO a favor de la señora LILIAM EMELINA MALDONADO SIERRA, (REG. 1469-2021) y 5. Por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO, a favor de los señores JORGE ALBERTO RIVERA AVILES y JULIO CESAR BARAHONA HENRIQUEZ (REG. 245-2022), ordenando la Sala que todos fueran acumulados para terminar en una sola sentencia. CONSIDERANDO ONCE (11): Que, de la lectura de las interposiciones de los recursos de amparo, coinciden los recurrentes en manifestar que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados, los derechos consagrados en los artículos 82, 89, 90, 92, 95 183 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO DOCE (12): Que los recurrentes coinciden con su pretensión en los escritos de formalización de las acciones de amparo interpuestas manifestado similares posiciones jurídicas que las antes transcritas en las contestaciones de agravios. CONSIDERANDO TRECE (13): Que la Sala de lo Constitucional estima necesario ubicar en el tiempo el proceso penal que hoy se dirime, en ese sentido es menester apuntar que: 1.- se interpuso requerimiento fiscal y se celebró la Audiencia Inicial en el proceso seguido contra los señores Liliam Emelina Maldonado, Teodoro Bonilla Euceda, Celino Arístides Aguilera Amador, José Francisco Quiroz Mejía, Julio César Barahona Henríquez y Jorge Alberto Rivera Avilés; audiencia que culminó con Auto de Formal Procesamiento por los supuestos delitos de Malversación de Caudales Públicos y Abuso de Autoridad a todos los encausados. 2.- La resolución anteriormente aludida fue apelada por la Defensa y confirmada por la Corte de Apelaciones en fecha veinticinco de julio del año dos mil dieciocho. 3.- En fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, el Juzgado de instrucción celebró la Audiencia Preliminar, dictando el veinte de septiembre del año dos mil dieciocho el Auto de Apertura a Juicio remitiéndose los antecedentes al Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, para la celebración de Juicio Oral y Público. 4.- En fecha cinco de noviembre del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia remitió de vuelta los antecedentes al Juzgado de instrucción, en virtud haber recibido una certificación de la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se resolvió los recursos de Amparo acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, fallando por unanimidad de votos, otorgar el amparo parcialmente a favor de los encausados, en virtud de no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas. En dicha sentencia se ordena la restitución del derecho a un debido proceso, determinándose que previamente el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que la Ley de Justicia Constitucional establece, entre otros, el procedimiento a seguir una vez interpuesta la garantía o acción de amparo, en ese sentido, el último párrafo del artículo 52 de esa ley especial, establece que una vez admitido el recurso, se envían comunicaciones a efecto de hacer del conocimiento la orden del envío de los antecedentes, estableciéndose que dicha orden no obsta para que la autoridad recurrida siga con el conocimiento del asunto hasta el momento para dictar sentencia definitiva; por lo que en aplicación a tal disposición legal el proceso penal continuó hasta el momento procesal ubicado entre la finalización de la audiencia preliminar en la cual se dictó un auto de apertura a juicio y el envío de los antecedentes al Tribunal de Sentencia, aun y cuando esta disposición legal permite que se desarrolle el juicio oral y público y al mismo tiempo ordena detenerlo hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Esto es así, para garantizar el respeto a derechos fundamentales vulnerados en el decurso del proceso, lo que, una vez así determinado por la Sala de lo Constitucional, al dictar una sentencia amparando al recurrente, todo quedará sin valor y efecto, a partir de la resolución en que se determine haberse cometido el acto vulnerador, de esa manera se restituye el goce del derecho fundamental violentado. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que, siguiendo con el hilo conductor, el momento procesal en que se encontraba el proceso al minuto de emitirse la supra mencionada sentencia de la Sala de lo Constitucional, era la audiencia preliminar, en la cual se dictó auto de apertura a juicio. Así, era al Juez de instrucción a quien correspondía y como en efecto se hizo, ejecutar la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, quien en observancia al artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, determinó en su sentencia de manera concreta la conducta a cumplir, siendo esta: “en virtud de no haberse agotado previamente el procedimiento correspondiente ante el Tribunal Superior de Cuentas, en consecuencia: Se ordena la restitución del derecho del debido proceso por vía del derecho de defensa y a ser oído por autoridad competente, debiéndose para ello proveer que el presente asunto sea conocido por el Tribunal Superior de Cuentas, para que actúe de conformidad a las atribuciones otorgadas por la Constitución y la ley”. Que así las cosas, esta Sala manifiesta que el análisis de la vulneración de derechos fundamentales en estas acciones de amparo que hoy se conocen, deben limitarse a determinar si la sentencia dictada en los amparos acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, ha sido debidamente ejecutada, es decir, observando y acatando la conducta precisa dispuesta en la parte resolutiva de la misma. CONSIDERANDO DIECISEIS(16): Que, la Corte de Apelaciones es del parecer que para cumplimentar lo ordenado por la Sala de lo Constitucional, es decir, restituir el derecho a la defensa, la única forma posible de restituir ese derecho conculcado en cumplimiento efectivo de la sentencia de amparo, era retrotrayendo el proceso a etapas precluidas, es decir al acto mismo de la presentación y admisión del requerimiento fiscal. En ese sentido, señala que el A-quo debió en primer lugar declarar de oficio la nulidad absoluta de todos los actos procesales posteriores y derivados del auto que admitió el requerimiento fiscal o en su defecto procedía decretar la nulidad tan pronto se recibiera el informe enviado por el TSC en fecha catorce de octubre del año dos mil veintiuno, o bien cuando se recibió el oficio No 3314-2021 de la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas acompañado del memorando No 605 2021-GASGIPSCI, el veintiséis de octubre del año dos mil veintiuno, contentivo del pronunciamiento del auditor a cargo del Informe de auditoría No 005-2019-DGSD-CSJ-B; es decir, decretar nulidad absoluta de actuaciones y retrotraer el proceso hasta el momento de la presentación del requerimiento. Y, en segundo lugar, a juicio de la alzada, una vez decretada la nulidad, comenzar un proceso desde la etapa administrativa, es decir, el informe brindado por el Tribunal Superior de Cuentas debía ser enviado al Ministerio Público, para que este, en el ejercicio de sus funciones, analizara el mismo y determinara la existencia de indicios racionales de la comisión de delitos. CONSIDERANDO DIECISIETE(17): Que, ya esta Sala ha manifestado en la sentencia aludida y que fue ejecutada, la vulneración al principio - derecho al debido proceso, por violación del derecho de defensa, que consistió en no haberse agotado la intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, ya que, en las actividades atinentes a la liquidación y reintegro de viáticos debieron ser conocidos en principio, dentro del ámbito administrativo y esta postura la avala la Corte de Apelaciones recurrida. No obstante, la alzada manifiesta la improcedencia del sobreseimiento definitivo y motiva: 1). El sobreseimiento definitivo no es la resolución Judicial atinente ni encaminada a la restitución plena del derecho de defensa violado a los encausados según la sentencia de amparo. 2). Para garantizar a los imputados ser oídos por autoridad competente, previa a la acción penal, al no agotarse la procedencia de la Intervención previa del Tribunal Superior de Cuentas, restituyendo el derecho conculcado y en cumplimiento efectivo de la sentencia de amparo, la acción procesalmente procedente del juzgado era retrotraer el proceso a la investigación preliminar, decretando nulidad absoluta de todas las actuaciones procesales a partir del auto de admisión del requerimiento fiscal. 3). El sobreseimiento definitivo se decreta sin atender el contenido básico del Informe especial de investigación del Tribunal Superior de Cuentas, que determina un perjuicio económico al Estado de Honduras, sin tomar en cuenta los presupuestos procesales exigidos que Informan el dictado de este tipo de resolución, no respetando el momento procesal oportuno, según las consideraciones de hecho y derecho que sobre estos puntos exponemos en los numerales siguientes. CONSIDERANDO DIECIOCHO(18): Que, de manera resumida es menester señalar que lo que determina la Corte de Apelaciones a ejecutar, es comenzar desde el auto de admisión del requerimiento fiscal, un nuevo proceso sobre los mismos hechos que ya fueron juzgados en cada una de las etapas procesales, y que si bien, los imputados no han sido juzgados en juicio oral y público, si hubo contradictorio en la valoración de medios de prueba en audiencia inicial, y si hubo formalización de acusación en audiencia preliminar, por lo que las etapas ejecutadas en dicho juicio no deben volver a repetirse, pues con ello se estaría vulnerando el artículo 96 constitucional. Por ello es fundamental manifestar que en vista de la inobservancia del procedimiento establecido en la Ley especial del Tribunal Superior de Cuentas, fundamentada en que el derecho penal es la última ratio, la sanción a la violación al debido proceso, consiste en dejar sin valor y efecto lo actuado a partir del momento en que se encontraba el proceso penal al conocerse la sentencia de amparo, en virtud de haberse violentado el debido proceso garantizado a los imputados, y se apunta el momento procesal, puesto que no se trata de dar una oportunidad al ente acusador para volver a comenzar el proceso penal, como señala la alzada al apuntar literalmente: “…La consecuencia inmediata de la primera acción era la paralización del proceso, la devolución de los antecedentes, las pruebas y demás documentos a la Fiscalía, pudiendo dejar el órgano Judicial instructor una copia certificada del proceso en el archivo judicial…”, ya que con ello, la aplicación de justicia se estaría decantando por decisiones proteccionistas al salvar errores procedimentales y vulneraciones a derechos fundamentales cometidas por el Estado, en perjuicio de los particulares, inobservando la declaración constitucional que el hombre o la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. CONSIDERANDO DIECINUEVE(19): Que el amparo que hoy se conoce ha sido interpuesto en la etapa de ejecución del recurso de amparo tantas veces mencionado, mismo que fue inobservado por la alzada consecuencia de una interpretación errónea, estimando adecuado señalar la obligatoriedad del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la ley Sobre Justicia Constitucional disposición que manda que cuando “…la acción de amparo se haya ejercitado por la denegación de un acto o por una omisión, la sentencia ordenará su realización o que se ejecute el acto omitido. Si la autoridad recurrida que motivó el recurso, no procediere inmediatamente a ejecutar lo dispuesto en la sentencia, el Órgano Jurisdiccional, a petición de parte o de oficio, comisionará a otra autoridad del lugar o a un ciudadano, para que con el carácter de Juez Ejecutor, dé el debido cumplimiento a lo mandado a efecto de que ordene la realización o ejecución del acto omitido, y en su caso proceda a ordenar la inmediata cesación de la violación declarada, disponiendo lo necesario para evitar toda nueva violación, perturbación, peligro o restricción; asimismo comunicara lo actuado al Ministerio Público para que ejercite la acción penal correspondiente. El Ejecutor representa al Órgano Jurisdiccional que lo haya nombrado, goza de las prerrogativas de los miembros de dicho Órgano y no podrá negarse a desempeñar el encargo, sino por enfermedad u otro motivo justo, a juicio del Órgano que lo hubiere nombrado. Para la eficacia de lo dispuesto en este artículo, el Órgano Jurisdiccional respectivo, o el Ejecutor, en su caso, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública, y en defecto de ella el de los ciudadanos, quienes están obligados a darlo y serán considerados como agentes de la autoridad.” CONSIDERANDO VEINTE (20): Que se reitera que la acción de amparo que hoy se conoce ha sido interpuesta dentro del procedimiento realizado en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en los amparos acumulados y registrados bajo los números AP-0567-2018, AP-569-2018, AP-0571-2018, AP-573-2013, AP-574-2018, AP0577-2018, AP-05782018, APO648-2018, de fecha cinco de noviembre de dos mil diecinueve, acatando a cabalidad lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, antes relacionado, dentro del cual manda que se “…ordene la realización o ejecución del acto omitido, y en su caso proceda a ordenar la inmediata cesación de la violación declarada, disponiendo lo necesario para evitar toda nueva violación, perturbación, peligro o restricción…”. Así las cosas, y habiéndose realizado el acto omitido, y siendo que es condición sine qua non conforme al artículo 92 constitucional que solo podrá dictarse auto de formal procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que o los imputados sea autor o cómplices, y al haberse determinado la existencia del delito imputado en las etapas procesales que manda la ley, se ordena el cese inmediato de la vulneración al debido proceso otorgando el amparo interpuesto, revocando la sentencia recurrida y se ordena a la alzada dicte sentencia confirmando la emitida por el juez de instrucción. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 59, 69, 82, 90 párrafo primero, 92 reformado, 183, 303, 304 313 Nº 5), 316 Nº 1) de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5), de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2), 4, 5, 7, 9 Nº 2), 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1. OTORGANDO el AMPARO a favor de los encausados CELINO ARISTIDES AGUILERA AMADOR, interpuesto a favor de JOSE FRANCISCO QUIROZ MEJIA, TEODORO BONILLA EUCEDA, LILIAM EMELINA MALDONADO SIERRA, JORGE ALBERTO RIVERA AVILES, y JULIO CESAR BARAHONA HENRIQUEZ, 2.- SE REVOCA la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dos de diciembre de dos mil veintiuno, Y MANDA: 1.- Que la alzada dicte sentencia confirmando la emitida por el juez de instrucción del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno. 2.- Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE. – Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en los Recursos de Amparo Penal Acumulados, registrados en este Tribunal con los números SCO-1449, 1455, 1463, 1469-2021 y 0245-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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