Sentencia AP-1411-22 — Registro 16285
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra resolución que resuelve el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria con relación a la causa instruida el delito de tráfico de drogas en su modalidad de transporte, en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre del año dos mil veintidós.-VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado LENIN AGUIRRE DURÓN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veintidós, que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra la sentencia absolutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, de fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra GABRIEL OMAR CASTILLO ARIAS, por suponerlo responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE, en perjuicio de la SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente es del criterio que la Alzada recurrida emitió una resolución incongruente entre su razonamiento y la fundamentación jurídica que le sirve de asidero para decretar la sentencia absolutoria toda vez que la conducta del indiciado se encuentra al tipo penal contenido en el artículo 311 del Código Penal, el cual no exige una cantidad mínima de la droga decomisada al imputado.-CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición se aprecia que el recurrente invoca como vulnerados los derechos contenidos en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, entre otros.-CONSIDERANDO: Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho, toda vez que el medio de prueba consistente en la copia del dictamen toxicológico no fue ratificado por el Perito Forense que lo extendió, motivo por el cual, carece de eficacia probatoria conforme al artículo 200 relacionado al artículo 165 del Código Procesal Penal, motivo por el que no debió valorarse dicho medio de prueba por adolecer de los elementos objetivos y subjetivos para su correcta valoración por adolecer de vicio de nulidad ya relacionados, motivo por el cual señala la Alzada no se logra acreditar la vinculación del imputado con el tipo penal por el que acusa el Ministerio Público, extremo que indica se determina de la causa de merito.-CONSIDERANDO: Que esta Sala Constitucional aprecia que, el acto reclamado dictado por la Alzada contiene la motivación y fundamentación en derecho, cumplimiento con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.-CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa el recurrente su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el asunto, apreciando que la Alzada ha expuesto con claridad los hechos y los fundamentos de Derecho en que basa su razonamiento, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos, principios y garantías que rigen el proceso.-CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República.-CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 440-H último párrafo del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado LENIN AGUIRRE DURÓN, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós (22) de julio del año dos mil veintidós; al apreciar esta Sala que la autoridad recurrida se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya. Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintitrés (24) días del mes de marzo del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Resolución de fecha siete (7) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1411-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL