Sentencia AP-1389-22 — Registro 16142
Resumen
Sentencia resuelve recurso de apelación contra auto dictado por juzgado de primera instancia en causa contra imputado por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio de Víctima; La Autoridad recurrida consideró que con las pruebas aportadas lo que corresponde es decretar sobreseimiento provisional conforme a las reglas de la sana crítica
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"los motivos en que la recurrente basa su recurso de amparo versan en alegatos propios de instancia como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, los que son susceptibles de la Garantía de Amparo cuando esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo..."..."para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su convicción, así como que su juicio de valoración el cual es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92[1], dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso..."..."esta Sala aprecia después del análisis de las alegaciones en que basa la denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, advirtiendo que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer la presente causa, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 316 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 320 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"los motivos en que la recurrente basa su recurso de amparo versan en alegatos propios de instancia como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, los que son susceptibles de la Garantía de Amparo cuando esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo..."..."para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su convicción, así como que su juicio de valoración el cual es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92[1], dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso..."..."esta Sala aprecia después del análisis de las alegaciones en que basa la denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, advirtiendo que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer la presente causa, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de diciembre del año dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto emitido en fecha trece (13) de agosto del año dos mil veintiuno, dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra de JEISON DANIEL SUAZO MARTINEZ, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio de KEVIN ORLANDO MARADIAGA. CONSIDERANDO: Que los alegatos en que la impetrante basa su recurso, son referentes a la valoración de las pruebas que realizó el Ad-quem para emitir el sobreseimiento provisional al que se opone, señalando que con la prueba de cargo evacuada se acreditó tanto la comisión del delito como la participación del encausado, motivo por el que la repitente es de la opinión que corresponde el auto de formal procesamiento en dicha causa. CONSIDERANDO: Que la recurrente indica en su escrito de interposición que con el acto reclamado se han vulnerado entre otros los derechos contenidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que los motivos en que la recurrente basa su recurso de amparo versan en alegatos propios de instancia como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, los que son susceptibles de la Garantía de Amparo cuando esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo penal de que se trata, así como que concurran indicios racionales de que la persona imputada tiene un grado razonable de probabilidad de haber podido incurrir en los hechos tipificados como delito, no exigiendo la ley, la existencia de un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que el encausado es culpable de la comisión del delito que se le atribuye; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la resolución impugnada, se aprecia que el Tribunal de Segunda Instancia mediante la valoración de las pruebas forma su convicción, así como que su juicio de valoración el cual es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, y dan cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el artículo 92[1], dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso. CONSIDERANDO: Que aun cuando la recurrente ha señalado el quebrantamiento del debido proceso y la tutela judicial efectiva, esta Sala aprecia después del análisis de las alegaciones en que basa la denunciante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido el caso, advirtiendo que para emitir el fallo respectivo, la autoridad recurrida resolvió el mismo, respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana crítica y valorando las pruebas allegadas a la audiencia inicial, siendo además, según estima esta Sala, que la resolución adoptada por el Tribunal denunciado contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a la Garantía del Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer la presente causa, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha catorce (14) de enero del año dos mil veintidós, por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la Resolución de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1389-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] El artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor.