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Sentencia AP-1381-21 — Registro 15308

Resumen

Acto recurrido que otorgó amparo contra la del a-quo, con relación a la causa instruida contra varios por supuesta responsabilidad de delitos de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de uso comercial, Extorsión Continuada y Asociación Ilícita respectivamente, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en su sentencia dictada en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), al otorgar el recurso de amparo, en vista que está acreditada la vulneración al debido proceso, ya que el tribunal de primera instancia rechazo la admisión de los medios de prueba transcripción de escuchas telefónicas, vaciado telefónico, reconocimiento fotográfico y varios teléfonos celulares, sin la motivación requerida, al no haber aplicado los razonamientos establecidos en el artículo 199 del Código Procesal Penal para determinar la inadmisibilidad de la prueba señalada..." ..." Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia, Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de septiembre de dos mil veintidós.-VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BETRAND a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Extorsión; con relación a la causa instruida contra el señor LUIS ANTONIO FLORES MATUTE, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y contra de los señores GUSTAVO ASDRUAL NUÑEZ OLIVA, EVELYN SARAI CASTILLO ZELAYA, ELIAS DABIEL ORDOÑEZ, JOHAN SADDY MARTINEZ BENEGAS y FRANCISCO ANTONIO SALGADOS MEJIA por los delitos de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-286 Y BB 426 y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ETADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), la Abogada ELSY ANDINO, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentó Requerimiento Fiscal contra los señores GUSTAVO ASDRUBAL NUÑEZ OLIVA, EVELYN SARAI CASTILLO ZELAYA, ELIAS DABIEL ORDOÑEZ, JOHAN SADDY MARTINEZ BENEGAS y FRANCISCO ANTONIO SALGADO MEJIA, por suponerlos responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-286 Y BB 426 y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, contra el señor LUIS ANTONIO FLORES MATUTE, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folio 01 al 16 de la pieza del Juzgado).-2) Que el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en materia de Extorsión en fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).- RESOLVIO: De los medios de prueba presentados por la Defensa, incidente correspondiente a las escuchas el cual ratificara el perito a folio 277 a 358 del expediente judicial: por unanimidad falla declarar ha lugar el informe de sinopsis y análisis de escuchas de pericias realizada por el perito EDGAR CRUZ CRUZ, por considerar este Tribunal que tiene un vicio de nulidad, por no haberse obtenido respetando las garantías constitucionales… (Folio 532 al 534 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha veinticuatro (8) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), compareció ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, la Abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BETRAND, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO interponiendo Recurso de Amparo, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).- dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en la causa instruida en contra de los señores GUSTAVO ASDRUVAL NUÑEZ OLIVA, EVELYN SARAI CASTILLO ZELAYA, ELIAS DABIEL ORDOÑEZ, JOHAN SADDY MARTINEZ BENEGAS y FRANCISCO ANTONIO SALGADOS MEJIA, por suponerlos responsable del delito de EXTORSION CONTINIADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-286 Y BB 426, contra el señor LUIS ANTONIO FLORES MATUTE, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y contra de los señores GUSTAVO ASDRUAL NUÑEZ OLIVA, EVELYN SARAI CASTILLO ZELAYA, ELIAS DABIEL ORDOÑEZ, JOHAN SADDY MARTINEZ BENEGAS y FRANCISCO ANTONIO SALGADOS MEJIA por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ETADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 9 la pieza de corte de apelaciones).- 4) Que en fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, FALLA: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTRAND, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en la causa que se le instruye contra los señores GUSTAVO ASDRUVAL NUÑEZ OLIVA y LUIS ANTONIO FLORES MATUTE, por suponerlos responsables del delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDOS BB-286 Y BB 426, contra el señor LUIS ANTONIO FLORES MATUTE, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y contra GUSTAVO ASDRUVAL NUÑEZ OLIVA, LUIS ANTONIO FLORES MATUTE, EVELYN SARAY CASTILLO ZELAYA , ELIAS DANIEL ORDONEZ, JOHAN SADDY MARTINEZ BANEGAS y FRANCISCO ANTONIO SALGADO MEJIA, por suponerlos responsables del delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por la vulneración del derecho contemplado en el artículo 82 y de la garantía establecida en el artículo 90 de la Constitución de la República…”( folio 37 al 44 de la pieza de Corte de Apelaciones).-5) Que en fecha dos (2) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BETRAND a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021) dictada por el Tribunal de Sentencias con Competencia Nacional en Materia de Extorsión; con relación a la causa instruida contra el señor LUIS ANTONIO FLORES MATUTE, por suponerlo responsable del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y contra de los señores GUSTAVO ASDRUAL NUÑEZ OLIVA, EVELYN SARAI CASTILLO ZELAYA, ELIAS DABIEL ORDOÑEZ, JOHAN SADDY MARTINEZ BENEGAS y FRANCISCO ANTONIO SALGADOS MEJIA por los delitos de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-286 Y BB 426 y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ETADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Mataría de Extorsión, manifestando que la resolución de fecha uno (01) de noviembre del años dos mil veintiuno (2021), emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Mataría de Extorsión, violentó el debido proceso al haberle inadmitido los medios de prueba escuchas telefónicas, con lo que pretendía acreditar que escucha vinculaba a cada imputado con el número de teléfono o IMEI. De igual manera al haberse denegado la admisión de los medios de prueba vaciados telefónicos y denuncias admitidas como anexos a pericias, genera impunidad y las victimas con tal resolución contradictoria, quedan desprotegidas y el principio acusatorio maniatado, ya que considera que la admisión de los mismos no es desproporcional ni excesiva en relación al resultado que se pretende conseguir para el esclarecimiento de los hechos. También refiere que se le ha violentado el derecho a la Tutela Judicial efectiva, al haber rechazado la admisión de los medios de prueba en referencia sin motivación alguna y de igual manera establece que se le violento el derecho de defensa, al señalar que la inadmisión de los medios de prueba mencionados, le limito el derecho de aportar pruebas que tienen las partes en todo proceso.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en su sentencia dictada en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), al otorgar el recurso de amparo, en vista que está acreditada la vulneración al debido proceso, ya que el tribunal de primera instancia rechazo la admisión de los medios de prueba transcripción de escuchas telefónicas, vaciado telefónico, reconocimiento fotográfico y varios teléfonos celulares, sin la motivación requerida, al no haber aplicado los razonamientos establecidos en el artículo 199 del Código Procesal Penal para determinar la inadmisibilidad de la prueba señalada. -CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 199 y 320 del Código Procesal Penal; FALLA: Confirmado la sentencia de fecha veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de octubre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha trece (13) de septiembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1381-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL