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Sentencia AP-1369-21 — Registro 14999

Resumen

Acto recurrido que otorga amparo contra la del a-quo, con relacion a la suspension del ejercicio profesional del abogado defensor del señor Julio Cesar Ramos Urbina, en el juicio que se le sigue por suponerlo responsable a título de autor del delito de Tráfico de Drogas en su Modalidad de Transporte

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." ... Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo de dos mil veintidós. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo promovido por el Abogado Jarvy Adolfo Cruz Lara, a favor de Sí Mismo, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha nueve de septiembre dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra Julio Cesar Ramos Urbina, a quien se le supone responsable a título de autor del delito de Tráfico de Drogas en su Modalidad de Transporte. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en su perjuicio, los derechos consagrados en los artículos 65, 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha seis de diciembre de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, departamento de Olancho, el Abogado Jorge Alejandro Rivas, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento en contra del señor Julio Cesar Ramos Urbina, a quien se le supone responsable a título de autor de la comisión del delito de Tráfico de Drogas en su Modalidad de Transporte, en perjuicio de la Salud Pública. (Folios 1-3 de la pieza del A-quo) 2) En fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, departamento de Olancho, celebró audiencia de prosecución del proceso, resolvió: “Tal como lo ha solicitado el Ministerio público siendo que en repetidas ocasiones se ha reprogramado esta audiencia siendo debidamente notificado el Abogado de la defensa y no ha comparecido, asimismo, no ha comparecido a esta audiencia, se procederá tal como lo establece el artículo 118 párrafo tercero del Código Procesal Penal, declarando el abandono de la defensa por parte del Abogado JARVI ADOLFO CRUZ LARA, y por ende deberá ser suspendido por el termino de tres (3) meses, para lo cual para que pueda surtir los efectos legales correspondientes se libre oficio con el objetivo de poner en conocimiento de esta resolución al Colegio de Abogados de Honduras, de igual manera tal como lo ha solicitado el Ministerio Público y según lo establece el artículo 179 del Código Procesal Penal, en referencia al peligro de fuga del imputado, siendo que el mismo su defensor ha sido notificado en varias ocasiones de esta audiencia y no han comparecido basándome en el artículo antes mencionado 179 del Código Procesal Penal, específicamente en el numeral 4, se ordena se libren las respectivas órdenes de captura al señor JULIO CESAR RAMOS URBINA por suponérsele responsable del delito de TRAFICO DE DROGA EN SU MODALIDAD DE TRANSPORTE perjuicio de LA SALUD PUBLICA, Asimismo, de oficio Nómbrese Abogada RUTH ILIANA VALDEZ CRUZ en su condición de Defensora Pública, con carnet número 16672 del Colegio de Abogados de Honduras, adscrita a este Juzgado, para que represente al imputado JULIO CESAR RAMOS URBINA en el presente Juicio.” (Folio 62 vuelto del antecedente) 3) En fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, compareció ante la Corte Tercera de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado Jarvy Adolfo Cruz Lara, interponiendo recurso de amparo a favor de Sí Mismo, en contra de la resolución de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, considerando que el mismo le violenta los derechos consagrados en los artículos 65, 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 1-7 de la pieza del A-quo) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…1.-OTORGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado JARVY ADOLFO CRUZ LARA, contra la resolución de fecha nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, departamento de Olancho, en consecuencia, dicha resolución no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir su derecho fundamental de defensa y debido proceso.” (Folios 39-41 vuelto de la pieza del A-quo) 5) Que en fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos de la garantista. El impetrante formaliza la garantía de amparo a favor de sí mismo argumentando los extremos que a continuación se resumen. Expresa, que a eso de las diez 10:00 de la mañana del día lunes 13 de septiembre, fuE informado por la Secretaria por Ley que estaba en calidad de suspendido por abandono de defensa según artículo 118, en el expediente 100-2020 del señor JULIO CESAR RAMOS URBINA, por el delito de TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PUBLICA a quien por no asistir a una audiencia de prosecución quedaba suspendido en el ejercicio de mi profesión.- Relata el recurrente que debido a que su estado de salud en fecha 09 de septiembre era muy crítico, no fue posible asistir a las instalaciones del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO. La CONSTANCIA MEDICA que presentó es de un diagnostico medico por INTOXICACION ALIMENTICIA, debido a una cena del día 08 de septiembre, éste tenía alimentos echados a perder, por lo que el recurrente manifiesta haber presentado síntomas de dolor abdominal, vasca y diarrea aguda; a quien el doctor recomendó mantenerse en reposo por el término de tres días debido a la intoxicación alimenticia. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que sirvió de base para su decisión de otorgar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió otorgar por unanimidad de votos el amparo de mérito, luego de considerar que hubo violación de los derechos al debido proceso y defensa. La honorable corte de apelaciones estimó los extremos siguientes: “Que según lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la Republica: “El derecho de defensa es inviolable…”. En relación al artículo 90 de la Constitución de la Republica: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”, preceptos que se le han violentado al recurrente en virtud de que a pesar de haber presentado una Constancia Medica que reconoce su incapacidad laboral, extendida por un médico competente en el ejercicio de su profesión, la cual fue recibida por la Secretaria del Tribunal y agregada al expediente; sin embargo, la mencionada Secretaria no colocó la constancia de recibido en la misma, lo que no es responsabilidad del recurrente. Asimismo, arbitrariamente el Tribual no le da valor a la constancia bajo argumentos que en ningún momento contradicen ni redarguyen de falsedad el contenido de la Constancia, causando indefensión del solicitante y violentando el debido proceso.” De manera que, para la Corte de Apelaciones, a raíz de los alegatos presentados por el recurrente, junto con la documentación que hizo llegar al proceso, le lleva a determinar que se le han conculcado el derecho al debido proceso, y además el derecho de defensa. Por lo que accede a otorgar amparo a favor del Abogado YARVY ADOLFO CRUZ LARA. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que esta Sala coincide con el razonamiento esgrimido por la Alzada en este caso, siendo que se estima que la decisión del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Departamento de Olancho, denota arbitrariedad desde el momento en el que considera, la suspensión del referido profesional por motivos de abandono de defensa. Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. Que este Alto Tribunal concluye de todo lo anteriormente relacionado, que la Alzada, al emitir la sentencia objeto de estudio, ha hecho acopio en forma oportuna, de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, estableciendo el otorgamiento de la garantía de amparo invocada, al resultar del presente trámite que la resolución impugnada fue dictada sin el debido fundamento legal y bajo razonamientos inmotivados, con lo cual se ha causado disminución a la garantía del debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Este Alto Tribunal encuentra entonces que ciertamente una decisión judicial que no sea debidamente fundada en ley no podría hacer valer estos fundamentales derechos reconocidos en la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, que OTORGÓ el recurso de amparo presentado por el Abogado JARVY ADOLFO CRUZ LARA, a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil veintidós, Certificación de la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta que se registra bajo el expediente 1369-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”