Sentencia AP-1363-22 — Registro 16094
Resumen
En Consulta la resolución que otorgó el recurso de amparo con relación al delito de Violación a los Derechos de Propiedad Industrial. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 108, 303, 304 y 322 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (7) Que el Ad quem deja establecido en su resolución, dictada de acuerdo a los antecedentes, ” que se ha violentado el Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional, ya que deben respetarse las formalidades que exige la ley, esto en relación con los artículos 293 y 284 del Código Procesal Penal, en cuanto a los requisitos para interponer el requerimiento fiscal, por todo ello la resolución dictada por la A quo es violatoria del Debido Proceso, Derecho de Defensa y la Tutela Judicial Efectiva, ya que al no existir en la ley penal adjetiva ese requisito (del domicilio exacto del imputado) para admitir el requerimiento fiscal su resolución viola las garantías constitucionales ya referidas. En consecuencia: 1.- OTORGA EL AMPARO; 2.- Ordena a la juez de Primera instancia proceda admitir el requerimiento fiscal y librar la correspondiente orden de captura, sin perjuicio que, una vez habido y sometido al proceso penal, el Juez de la causa pueda efectuar una valoración a las medidas cautelares a imponer de conformidad al artículo 172 del código procesal penal.” CONSIDERANDO: (8) Que analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la Justicia Constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por la recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, quebrantó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el amparista, al inobservar una interpretación errónea en cuanto a los requisitos establecidos en la ley adjetiva para la admisión del requerimiento fiscal. El pronunciamiento en la sentencia venida en Consulta, es Conforme a Derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de Acceso a la Justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial Efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de Amparo impetrado.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 284 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 293 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre de dos mil veintidós. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que otorgó el recurso de amparo presentado por la Abogada Eugenia Menardi Marconi, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, con relación a la causa instruida contra el señor Samuel Kontorovsky Castillo, por suponerlo responsable del delito de Violación a los Derechos de Propiedad Industrial, en perjuicio de la sociedad mercantil AMPM, S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 80, 108, 303, 304 y 322 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, el Abogado Moisés Eduardo Montiel Núñez, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Samuel Kontorovsky Castillo, por suponerlo responsable del delito de Violación a los Derechos de Propiedad Industrial, en perjuicio de la sociedad mercantil AMPM, S.A. (Folios 1-3 del expediente del A-quo) 2) En fecha dos de junio de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, resolvió: “…PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto por la abogada MEISY MABEL MEZA, agente fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Se mantiene la resolución emitida por el órgano jurisdiccional dos de junio del año dos mil veintiuno, aplicando la norma establecida en el articulo 273 numeral 1 CPP, ampliando su investigación en cuanto a la localización del ciudadano SAMUEL KONTOROVSKY CASTILLO. CÚMPLASE.” (Folios 43-45 vuelto del expediente del A-quo) 3) En fecha siete de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada Eugenia Menardi Marconi, presentando recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución alusiva en el numeral que antecede, por considerar la peticionaria que le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 80, 108, 303, 304 y 322 de la Constitución de la República. (Folios 1-3 del expediente del Ad-quem) 4) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha siete de septiembre de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: OTORGAR el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EUGENIA MENARDI MARCONI, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha dos (02) de junio del dos mil veintiuno (2021), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, Cortés, contentivo en el Requerimiento Fiscal contra SAMUEL KONTOROVSKY CASTILLO, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en perjuicio de LA EMPRESA AMPM SOCIEDAD ANONIMA. SEGUNDO: Ordena que la Jueza de primera instancia proceda Admitir el requerimiento fiscal y librar la correspondiente orden de captura, sin perjuicio que, una vez habido y sometido al proceso penal, el Juez de la causa pueda efectuar una valoración de las Medidas Cautelares a imponer de conformidad a los Arts. 172 en adelante del Código Procesal Penal. - Y MANDA: Que, una vez notificado el presente fallo, se remitan los autos en CONSULTA a la Honorable Corte Suprema de Justicia. -NOTIFIQUESE.” (Folios 30-33 vuelto del antecedente) 5) Que en fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: (1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en CONSULTA la sentencia de fecha siete (07) de septiembre del dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro sula, departamento de Cortés, mediante la cual se Otorgó la Acción de Amparo presentado contra la Resolución dictada, por el Juzgado de Letras de la misma Sección Judicial, en relación a la causa instruida contra el señor SAMUEL KONTOROVSKY CASTILLO, por el delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL, en perjuicio de la EMPRESA AMPM SOCIEDAD ANÓNIMA. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, expone ” en la sentencia recurrida, que la resolución contra la que se reclama es la dictada por el A quo mediante la cual se ha violentado el debido proceso (art. 90 constitucional) y el derecho de Petición (art. 80 constitucional), exponiendo el Ministerio Público como recurrente en la causa de mérito que de conformidad con el artículo 25 del Código Procesal Penal, dicho ente Fiscal es el encargado de ejercer la acción penal pública y estando realizadas las investigaciones preliminares con la cuales se acredita la supuesta existencia del ilícito penal de Violación a la Propiedad Industrial, así como la participación del imputado SAMUEL KONTOROVSKY CASTILLO, en el mismo, por lo que la fiscalía encontrándose previamente autorizada por el ofendido ( tal como lo exige el artículo 26 numeral 8 del código procesal penal) procedió a presentar requerimiento fiscal en contra del señor KONTOROVSKY CASTILLO, por suponerlo responsable del comisión del delito de VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL en perjuicio de la empresa AMPM, Sociedad Anónima, requerimiento fiscal que no fue admitido por la Jueza, por el hecho de desconocerse el domicilio del imputado, violentándose el Derecho Constitucional de Acceso a la Justicia, así como el Debido Proceso, pues ya el Código Procesal establece los requisitos para la admisibilidad de un requerimiento fiscal y la finalidad de las medidas cautelares, la cual no es otra de asegurar la presencia del imputado en el proceso penal a fin de garantizar que los delitos no queden impunes y que si bien es cierto el delito de VIOLACIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (ahora delito de USO ILEGÍTIMO DE DISTINTIVOS O MARCAS REGISTRADAS) no es considerado dentro de los delitos de impacto social, sin embargo los Derechos de Propiedad Industrial se encuentran protegidos por la Constitución de la República y Tratados Internacionales, asimismo se encuentran penados en el artículo 394 del Código Penal.” CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem señala “que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, departamento de Cortés, de fecha 02 de junio del año 2021, en su parte dispositiva RESUELVE: 1.- Mantener la resolución de fecha tres de febrero del año dos mil veinte, en virtud de que si bien es cierto el ente acusador presenta un informe con registros migratorios, padrón fotográfico, antecedentes penales y actas de vigilancia, en la cual se hacen diligencias investigativas sobre el domicilio del imputado SAMUEL KONTOROVSKY CASTILLO, no es menos cierto que se establece Colonia Bella vista, San pedro Sula, siendo esta colonia muy extensa con avenidas y calles, numero de casa, lo que hace muy difícil la realización de la citación al imputado, por lo que el Ministerio Público siendo el encargado de la investigación preliminar, puede hacer valer lo establecido en el artículo 272 numeral 1 del CPP, que faculta al Ministerio Público a citar a cualquier persona que pueda aportar datos relacionados a los hechos que se investigan como a la persona que interpone la denuncia (FELIX ALEJANDRO SUAZO SOTO) apoderado legal de la Empresa ofendida.” CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en el considerando siete (7) de su resolución deja establecido: “que efectivamente con la anterior resolución dictada por el A quo, se ha violentado el Derecho de Defensa señalado en el artículo 82 constitucional pues en el segundo párrafo dicho artículo establece; “Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes” y la Jueza con dicha resolución limita de alguna forma el acceso de ejercitar la acción penal pública que por ley tiene el Ministerio Público como representante de la sociedad, puesto que el artículo 293 del Código Procesal Penal, que contiene los requisitos para el requerimiento fiscal, en ninguno de sus numerales señala que debe de consignarse el domicilio exacto del imputado como tal así lo establece la Jueza, a pesar de que el Ministerio Público le presentó un informe con registros migratorios, padrón fotográfico, antecedentes policiales y actas de vigilancia en la cual se hacen diligencias investigativas sobre el domicilio del imputado.” CONSIDERANDO (7) Que el Ad quem deja establecido en su resolución, dictada de acuerdo a los antecedentes, ” que se ha violentado el Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional, ya que deben respetarse las formalidades que exige la ley, esto en relación con los artículos 293 y 284 del Código Procesal Penal, en cuanto a los requisitos para interponer el requerimiento fiscal, por todo ello la resolución dictada por la A quo es violatoria del Debido Proceso, Derecho de Defensa y la Tutela Judicial Efectiva, ya que al no existir en la ley penal adjetiva ese requisito (del domicilio exacto del imputado) para admitir el requerimiento fiscal su resolución viola las garantías constitucionales ya referidas. En consecuencia: 1.- OTORGA EL AMPARO; 2.- Ordena a la juez de Primera instancia proceda admitir el requerimiento fiscal y librar la correspondiente orden de captura, sin perjuicio que, una vez habido y sometido al proceso penal, el Juez de la causa pueda efectuar una valoración a las medidas cautelares a imponer de conformidad al artículo 172 del código procesal penal.” CONSIDERANDO: (8) Que analizados los antecedentes esta Sala desde el prisma de la Justicia Constitucional debe asegurar a las partes una tutela efectiva de sus derechos fundamentales, del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por la recurrente, aprecia la Sala, que la autoridad recurrida, quebrantó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por el amparista, al inobservar una interpretación errónea en cuanto a los requisitos establecidos en la ley adjetiva para la admisión del requerimiento fiscal. El pronunciamiento en la sentencia venida en Consulta, es Conforme a Derecho, aplicando al caso concreto la normativa previamente establecida en la ley, el fallo dictado contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan los derechos de las partes en juicio. Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de Acceso a la Justicia, Debido Proceso, Defensa, Tutela Judicial Efectiva entre otros no menos importantes. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta que Otorga el recurso de Amparo impetrado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 6 y 13 b) de la Ley Sobre la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 48, 68 párrafo 2do,de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en CONSULTA dictada en fecha siete de septiembre del año dos mil veintidós, Dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada EUGENIA MENARDI MARCONI, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1363-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL