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Sentencia AP-1350-22 — Registro 15883

Resumen

Otorgamiento de acción de amparo en consulta al no haber admitido Tribunal de sentencias medios de prueba de reconocimiento en rueda y dictamen de trabajo social en relación a la causa instruida contra imputado, por suponerlo responsable de los delitos de PARRICIDIO Y HOMICIDIO

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional emite las siguientes valoraciones en cuanto a su objeto de tutela. La Sala observa que los considerandos de la sentencia guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva.- Que tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por el recurrente, por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala, a través del recurso de amparo, podrá revisar esa actividad jurisdiccional.- Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta, mediante la cual se ha otorgado el amparo interpuesto, por vulneración de los derechos fundamentales del Derecho de Defensa y el Debido Proceso invocados por el recurrente"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional emite las siguientes valoraciones en cuanto a su objeto de tutela. La Sala observa que los considerandos de la sentencia guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva.- Que tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por el recurrente, por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala, a través del recurso de amparo, podrá revisar esa actividad jurisdiccional.- Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta, mediante la cual se ha otorgado el amparo interpuesto, por vulneración de los derechos fundamentales del Derecho de Defensa y el Debido Proceso invocados por el recurrente"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidos.-VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha seis (6) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, Fiscal del Ministerio Publico, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Tela, departamento de Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor SANTOS ROBERTO RIVERA AVILES, por suponerlo responsable de los delitos de PARRICIDIO Y HOMICIDIO, en perjuicio de YARLI ALBERTO RIVERA RIOS y FRANCISCO GRANADOS REYES.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 82 y 90 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha treinta (30) de junio del año dos mil veintidós(2022), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, interponiendo recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Tela, departamento de Atlántida.-Folio 01 al 06 de la pieza de Corte de Apelaciones).-2) Que en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida FALLÓ:PRIMERO: OTORGANDO LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, contra la resolución de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Tela, departamento de Atlántida, donde se tiene como imputado al señor SANTOS ROBERTO RIVERA AVILES, por suponerlo responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio YARLI ALBERTO RIVERA RIOS y por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de FRANCISCO GRANADOS REYES.- SEGUNDO: Restablecer los derechos fundamentales vulnerados por el Tribunal de Sentencias de Tela, departamento de Atlántida, respecto a la inobservancia del debido proceso, derecho de defensa…”(Folio 133 al 136 de la pieza de Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha nueve (9) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. -CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. -Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. -CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].-CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. -Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. -En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.-CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando violación del derecho de defensa y al debido proceso legal, contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la Republica. -Expresa el recurrente, que existe violación al debido proceso por parte del tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida, porque en la audiencia de Proposición de medios de prueba, celebrada en fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), en el expediente no. 22-2022 donde se tiene como imputado al señor SANTOS ROBERTO RIVERA AVILES, por suponerlo responsable de los delitos de PARRICIDIO Y HOMICIDIO, en perjuicio de YARLI ALBERTO RIVERA RIOS y FRANCISCO GRANADOS REYE, el tribunal de Sentencia no admitió la evacuación del medio de prueba reconocimiento en rueda el cual iba a ser practicado a los testigos SANTOS JOSE BUSTILLO ORTEZ y al señor JOSE CELIO LOPES REDONDO en vista que ambos testigos no conocen con generales de ley al encausado, conociéndolo solamente con un alias el primero y el segundo no logra su identificación ya que el mismo solo brinda seguridad al momento que sucedieron los hechos, de igual forma se inadmitió el medio de prueba consistente en dictamen de trabajo social No. 2021-0801-200-674 considerando que el mismo no tiene ninguna relación al hecho que se investiga.-CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la argumentación de la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que sirvió de base para su decisión de otorgar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió otorgar por unanimidad de votos el amparo de mérito, luego de considerar que hubo violación al debido proceso y al derecho de defensa.-La Honorable Corte de Apelaciones estimó los extremos siguientes: “QUINTO: Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal según lo establece el artículo 198; aunado a ello el artículo 317 de la precitada norma legal señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes en la misma audiencia el Juzgado debe resolver mediante auto motivado sobre la admisión o inadmisión de la prueba en el entendido que solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, también puede ser rechazado un medio de prueba cuando sea ilícito. En el presente caso el Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida inadmitió los medios de prueba reconocimiento en rueda y pericial consistente en dictamen social número 2021-0101-049 propuestos por el Ministerio Publico, por considerar desproporcionado el primero y el segundo por impertinente, inadmisión que el recurrente considera violatorio del derecho de defensa y debido proceso. SEXTO: El Tribunal de Sentencia de Tela, Atlántida consideró que el medio de prueba reconocimiento en rueda es desproporcionado de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Código Procesal Penal el cual expresa “Lugar de celebración de las audiencias. Las audiencias se llevaran a cabo y las Sentencias se dictaran en los lugares habilitados para tal fin por la Corte Suprema de Justicia, en este caso los Tribunales de Sentencia; excepcionalmente las actuaciones judiciales podrán realizarse fuera de la sede del Tribunal de Sentencia o fuera de su competencia territorial como lo señala el artículo anterior (126 CPP) siempre que acrediten uno o más de los extremos siguientes: …” Agregando el Tribunal recurrido que el reconocimiento en rueda viene a ser una diligencia propia de la etapa preparatoria, especialmente a ser practicada durante la investigación preliminar. El argumento anterior se considera erróneo por cuanto el articulo 127 hace referencia a las audiencias del Juicio Oral y Público como tal y no a la práctica de un medio de prueba como lo es el reconocimiento en rueda que en todo caso corresponde al Órgano Jurisdiccional buscar la forma en que se practicara el mismo, pues no puede tildarse de desproporcional un medio de prueba bajo el argumento de que no se cuenta con el espacio físico para su práctica, dado que bajo el principio de tutela judicial afectiva corresponde a los Juzgados y Tribunales remover los impedimentos que imposibiliten la práctica de un medio de prueba, por otro lado no es cierto que el reconocimiento en rueda sea un medio de prueba exclusivo de la etapa de investigación o preparatoria, en todo caso si el problema que aprecia el Tribunal es de temporalidad en su práctica por considerar que de hacerlo se corre el riesgo que el testigo haya sido previamente instruido para identificar al acusado, tal aseveración es una apreciación meramente subjetiva, pues una cosa es la admisión de un medio de prueba en la etapa de Juicio Oral y Público y otra cosa es la valoración que le dará el Tribunal a ese medio de prueba en su momento oportuno. SEPTIMO: Respecto a la inadmisión del dictamen de trabajo social por considerar el Tribunal recurrido que es un medio de prueba impertinente dado que a pretensión probatoria con la que fue propuesto la excluye del campo de la pericia. Se considera que tal argumento es contradictorio pues el mismo Tribunal de Sentencia al resolver el Recurso de Reposición reconoce que quien solicitó la colaboración de la Trabajadora Social comparezca también a ratificar el dictamen elaborado por ella y que fue a pedido de otro perito (psiquiatra) en razón de lo anterior no puede tildarse de impertinente un dictamen pericial que es complementario a otro dictamen que fue admitido en el Juicio. OCTAVO: Que por las razones anteriormente expuestas procede otorgar la acción de amparo por haberse violentado los derechos fundamentales de debido proceso y derecho de defesa encontrando que la resolución recurrida violenta los derechos invocados como vulnerados.”-CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional emite las siguientes valoraciones en cuanto a su objeto de tutela. La Sala observa que los considerandos de la sentencia guardan coherencia con aspectos sustantivos del debido proceso. Al valorar estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva.- Que tal como ha fundamentado su fallo el Ad quem, resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por el recurrente, por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala, a través del recurso de amparo, podrá revisar esa actividad jurisdiccional.- Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta, mediante la cual se ha otorgado el amparo interpuesto, por vulneración de los derechos fundamentales del Derecho de Defensa y el Debido Proceso invocados por el recurrente. -PARTE DISPOSITIVA O FALLO .-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que Otorgó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha doce (12) de mayo del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Tela, departamento de Atlántida, en relación a la causa instruida contra el señor SANTOS ROBERTO RIVERA AVILES, por suponerlo responsable de los delitos de PARRICIDIO Y HOMICIDIO, en perjuicio de YARLI ALBERTO RIVERA RIOS y FRANCISCO GRANADOS REYES.-. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para la debida restitución de los derechos conculcados y demás efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1350-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”