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Sentencia AP-1340-21 — Registro 16284

Resumen

Recurso de Amparo contra la sentencia que declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación con relación a el delito de Asesinato en perjuicio. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que al no tener el presentado de fecha veintisiete de julio de dos mil veinte firma y sello de funcionario judicial que lo recibió; no así el escrito de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, que si tiene firma y sello de la secretaria adjunta, es este último escrito el que debe ser tomado para los efectos de computar el término de tres días que tenía la fiscalía para interponer el recurso de apelación, por reunir los requisitos legales correspondientes; en consecuencia, al ser esta fecha la que se toma, se determina que el recurso ha sido presentado extemporáneamente. CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Lilian Irina Funez Portillo, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, que declaró inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de julio de dos mil veinte, con relación a la causa que instruida contra los señores Wilmer Alberto García García y Juan Carlos Garay Rodríguez, por suponerlos responsables del delito de Asesinato en perjuicio de Luis Antonio Rivera Medina. Estima la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de julio de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Agente Fiscal, Abogada Wendy Lemus, presentando requerimiento fiscal contra los señores Wilmer Alberto García García y Juan Carlos Garay Rodríguez, por suponerlos responsables del delito de Asesinato en perjuicio de Luis Antonio Rivera Medina. (Folios 1-5 del expediente del A-quo). 2) En fecha veintidós de julio de dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó auto mediante el cual dispuso: “De oficio REPROGRAMESE la Declaración Testifical con las formalidades de prueba anticipada, señalada en audiencia inicial para el día martes veintidós de julio del año 2020, a las dos de la tarde, para el día MIÉRCOLES DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS DOS DE LA TARDE, a la cual deberán comparecer las partes intervinientes, ordenándosele a la Secretaria Adjunta o en su defecto al receptor del despacho proceda a citarlos en legal y debida forma para que comparezcan el día y hora señalado.- Artículos 80 de la Constitución de la República.- Nota: se señala nueva fecha para la celebración de la audiencia de prueba anticipada, en virtud de que a la hora señalada la Suscrita Juez de turno así como las Abogadas Fiscales del Ministerio Publico se encontraban ambas en audiencias de declaración de imputados relativas a los exp. 81-2020 y 1340-2005, realizándose las mismas consecutivamente, finalizando dichas audiencias a las 4:15 p.m., haciéndose constar asimismo, que a la hora señalada se encontraba presente la Defensa Pública el Abogado Wilmer Leiva, motivo por el cual, se reprograma la audiencia antes señalada. Artículos: 4, 5, 14,154, 226, 237.1 A, 237 B, 246, 253, 277 del Código Procesal Penal y 80 la Constitución de la República. NOTIFIQUESE.” (Folio 36 la pieza del A-quo). 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Irina Funez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; contra el auto relacionado en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, dictó sentencia mediante la cual resolvió: “…DECLARAR INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Fiscal del Ministerio Público contra el auto de fecha veintidós (22) de julio de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Letras Penal Unificado de este Sección Judicial, en el proceso instruido contra el procesado WILMER ALBERTO GARCIA GARCÍA por el delito de ASESINATO en perjuicio LUIS ANTONIO RIVERA MEDINA…” (Folios 5-6 del expediente del Ad-quem). 4) Que la recurrente, la Abogada Lilian Irina Funez Portillo, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 1, 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dos de noviembre de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Oscar Alexander Luna Zuniga, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió declarar inadmisible por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de fecha veintidós de julio de dos mil veinte; aduciendo la impetrante que tal resolución es violatoria de derechos fundamentales por considerar de pleno derecho la Corte de Apelaciones extemporáneo el recurso de apelación y con el mismo coartar el derecho de la justicia a la sociedad y el principio de debida técnica recursiva al no solicitarle al Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula el informe correspondiente para esclarecer el error material con respecto a la fecha consignada y así darle el impulso procesal que correspondía al recurso de apelación interpuesto, ya que es hasta ese momento en que el Ministerio Público se da cuenta que esta Corte de Apelaciones tomó equivocadamente la fecha indebida que colocó el secretario por un error material, ya que el acuse de recibo del presentado de la copia del Ministerio Público. Por lo que, a simple vista se puede determinar que el recurso no estaba extemporáneo. CONSIDERANDO (4): Que la Corte de Apelaciones fundamenta su resolución en que se observa que la defensa interpuso recurso de apelación en fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, tal como se observa en el presentado que obra a folio 41 vuelto, y al computar los tres días concedidos en el Código Procesal Penal para interponer dicho recurso, se observa que existen dos escritos, uno del recurso de apelación y otro de expresión de agravios, el primero de ellos con fecha manuscrita veintisiete de julio de dos mil veinte y el otro de fecha veintiocho de julio del mismo año; sin embargo, del escrito de fecha veintisiete de julio se aprecia que a la fecha en que se presentó, el término ya había transcurrido en toda su extensión, en virtud de haber quedado notificado del auto apelado en fecha veintidós de julio de dos mil veinte, por lo que el término de tres días empezó a correr al día siguiente de dicha notificación, el cual se le vencía hasta el día veintisiete de julio del mismo año, asimismo se aprecia que no tiene el sello y firma del funcionario judicial que lo recibió; no así el escrito de expresión de agravios de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, el cual tiene la firma y sello de la secretaria adjunta, por lo que, ese último escrito es el que se toma en cuenta a los efectos que computar el término de los tres días que tenía el Ministerio Público para presentar el recurso de apelación, por reunir los requisitos de legalidad que la respaldan. CONSIDERANDO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha externado su criterio fundamentándose en que la fiscal interpuso recurso de apelación en escrito separado en fecha veintiocho de julio de dos mil veinte y al computar la Corte los tres días que concede el articulo 256 segundo párrafo del Código Procesal Penal para interponerlo, se observa que dicho término ya había transcurrido por lo que se declara inadmisible el recurso por extemporáneo. CONSIDERANDO (7): Que vistos los antecedentes del caso, la Sala de lo Constitucional coincide con el parecer de la Corte de Apelaciones ya referida, al considerar que al no tener el presentado de fecha veintisiete de julio de dos mil veinte firma y sello de funcionario judicial que lo recibió; no así el escrito de fecha veintiocho de julio de dos mil veinte, que si tiene firma y sello de la secretaria adjunta, es este último escrito el que debe ser tomado para los efectos de computar el término de tres días que tenía la fiscalía para interponer el recurso de apelación, por reunir los requisitos legales correspondientes; en consecuencia, al ser esta fecha la que se toma, se determina que el recurso ha sido presentado extemporáneamente. CONSIDERANDO (8): Que se ha analizado exhaustivamente el planteamiento de la recurrente, en el sentido de no encontrarse conforme con la resolución del Tribunal Ad-Quem, no obstante, el haberse comprobado que no se han infringido las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, y por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZADAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1340-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL