Sentencia AP-1311-22 — Registro 15882
Resumen
Inadmisibilidad de practica de reconocimiento en rueda solicitado por Ministerio Público en su condición de recurrente con las formalidades de la prueba anticipada con relación a la causa instruida contra imputada, por suponerla responsable del delito de Homicidio con Dolo Eventual,confirmando la Sala la consideración de Ad quem en que no resultando ello óbice para asumir la existencia de un “parte de Tránsito”, documento con el cual se acreditan los participante en el accidente, considerándose,que dicho medio de prueba resulta desproporcionado; contando además con la oportunidad de que los testigos comparezcan a la audiencia inicial respectiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(2): Que la sentencia que se conoce en consulta, es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós declaró NO HA LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora KAREN CECILIA SOLER MEJÍA, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO CON DOLO EVENTUAL, en perjuicio de BERNARDO DIAZ, la cual se fundamentó en las consideraciones referidas en el Antecedente numeral 2) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que, de la lectura detenida de la sentencia de amparo, se colige la razonabilidad de lo actuado por el Tribunal garante; la cual resulta en congruencia a análogos fallos de amparo, en los cuales se declara que la fundamentación para declarar inadmisibles nuevos medios de prueba propuestos en la etapa de juicio oral y público, concerniría en inicio, a la propia instancia donde se ventila la causa; y, sólo de forma extraordinaria, en el supuesto de ostensible infracción al derecho de defensa, a la tutela que ofrece la garantía jurisdiccional de la Constitución. CONSIDERANDO (4): Tal supuesto no ha ocurrido en el presente caso, si bien, al denegársele a la parte actora los reconocimientos en rueda propuestos por el Ministerio Público, no se le impide observar la proporcionalidad, utilidad y pertinencia de la oferta probatoria en las grandes audiencias del proceso, tales como la Audiencia Inicial; como bien señala el resolutivo del Juzgado A Quo que es objeto de amparo. Además, es imperativo, al realizar dicha Audiencia observar el contenido del artículo 294, párrafos tercero y cuarto, del Código Procesal Penal, cuya letra refiere: “La parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con aquellos que se incorpore. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo”. CONSIDERANDO (5): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en ponderación a la impartición de justicia penal pronta y cumplida; finalidad del proceso establecida en los artículos 303 y 304 la Constitución de la República, con relación a lo prescrito en el artículo 8 del Código Procesal Penal vigente. CONSIDERANDO (6): Que la resolución venida en consulta atiende debidamente la exigencia de procurar la integridad de los principios procesales constitucionales, al dirimir aspectos de legalidad por vía de garantía, en los parámetros de admisibilidad de la prueba; verificándose que los criterios sostenidos discrepantes sostenidos en amparo no trascienden al núcleo esencial del derecho de defensa y del debido proceso, por todo lo cual, procede su confirmatoria."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 297, párrafo tercero y cuarto (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del dos mil veintidós. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que denegó el recurso de amparo presentado por el Abogado José Dagoberto Martínez, a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Karen Cecilia Soler Mejía, por suponerla responsable del delito de Homicidio con Dolo Eventual, en perjuicio de Bernardo Diaz. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representado, los derechos consagrados en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha treinta de junio de dos mil veintidós, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado José Dagoberto Martínez, presentando recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora Karen Cecilia Soler Mejía, por suponerla responsable del delito de Homicidio con Dolo Eventual, en perjuicio de Bernardo Diaz; auto mediante el cual se declaró inadmisible, por el Juzgado de instancia, la práctica de la diligencia consistente en reconocimiento en rueda de la señora Karen Cecilia Soler Mejía, con las formalidades de la prueba anticipada, por parte de las testigos Reyna Isabel Mejía García y Yarixa Lizeth Castillo Reyes. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a su representación procesal, los derechos consagrados en los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República. (Folios 1-5 de los antecedentes) 2) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: DENEGANDO la Acción Constitucional de AMPARO promovida por el Abogado JOSE DAGOBERTO MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual "Declarar Sin Lugar la solicitud presentada por el abogado Cristiam Fernando Ortiz quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público consistente en el Reconocimiento en rueda...", presentada en la causa que se sigue contra la señora KAREN CECILIA SOLER MEJIA, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO CON DOLO EVENTUAL en perjuicio de BERNARDINO DIAZ. SEGUNDO: REMITIR EN CONSULTA OBLIGATORIA, para y ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia la presente Sentencia. - Y MANDA: Que una vez notificadas las partes del presente fallo, la Secretaria de cumplimiento a lo ordenado en el numeral segundo de la parte dispositiva de ésta sentencia.- NOTIFIQUESE.”; lo cual tuvo motivación y fundamento en que, si bien el Agente fiscal omite en el libelo de amparo presentado consignar que a la señora Soler Mejía se le sigue proceso por considerarla responsable de la comisión del delito de Homicidio con dolo eventual y Conducción Temeraria; no resulta ello óbice para asumir la existencia de un “parte de Tránsito”, documento con el cual se acreditan los participante en el accidente, considerándose, por ende, que el reconocimiento en rueda solicitado resulta desproporcionado; contando además con la oportunidad de que los testigos comparezcan a la audiencia inicial respectiva. (Folios 19-20 vuelto del antecedente) 3) Que en fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que manda la Constitución de la República que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta, es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós declaró NO HA LUGAR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra la señora KAREN CECILIA SOLER MEJÍA, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO CON DOLO EVENTUAL, en perjuicio de BERNARDO DIAZ, la cual se fundamentó en las consideraciones referidas en el Antecedente numeral 2) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (3): Que, de la lectura detenida de la sentencia de amparo, se colige la razonabilidad de lo actuado por el Tribunal garante; la cual resulta en congruencia a análogos fallos de amparo, en los cuales se declara que la fundamentación para declarar inadmisibles nuevos medios de prueba propuestos en la etapa de juicio oral y público, concerniría en inicio, a la propia instancia donde se ventila la causa; y, sólo de forma extraordinaria, en el supuesto de ostensible infracción al derecho de defensa, a la tutela que ofrece la garantía jurisdiccional de la Constitución. CONSIDERANDO (4): Tal supuesto no ha ocurrido en el presente caso, si bien, al denegársele a la parte actora los reconocimientos en rueda propuestos por el Ministerio Público, no se le impide observar la proporcionalidad, utilidad y pertinencia de la oferta probatoria en las grandes audiencias del proceso, tales como la Audiencia Inicial; como bien señala el resolutivo del Juzgado A Quo que es objeto de amparo. Además, es imperativo, al realizar dicha Audiencia observar el contenido del artículo 294, párrafos tercero y cuarto, del Código Procesal Penal, cuya letra refiere: “La parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con aquellos que se incorpore. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo”. CONSIDERANDO (5): Que, el Juez Constitucional a quien compete el conocimiento y tramitación de la acción de Amparo, deberá ejercer su acción constitucional en ponderación a la impartición de justicia penal pronta y cumplida; finalidad del proceso establecida en los artículos 303 y 304 la Constitución de la República, con relación a lo prescrito en el artículo 8 del Código Procesal Penal vigente. CONSIDERANDO (6): Que la resolución venida en consulta atiende debidamente la exigencia de procurar la integridad de los principios procesales constitucionales, al dirimir aspectos de legalidad por vía de garantía, en los parámetros de admisibilidad de la prueba; verificándose que los criterios sostenidos discrepantes sostenidos en amparo no trascienden al núcleo esencial del derecho de defensa y del debido proceso, por todo lo cual, procede su confirmatoria. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, 316 No.1 y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 51, 63, 67, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, en fecha dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1311-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL