Sentencia AP-1297-21 — Registro 15763
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación a favor de recurrente; confirmó resolución dictada por Juzgado de Primera Instancia que decretó varias medidas de aseguramiento registral, la ejecución de otras sobre bienes inmuebles de varias personas naturales y jurídicas solicitadas por recurrente, con el libramiento de los Oficios correspondientes al Instituto de la Propiedad y el Registro Mercantil; La Autoridad recurrida considera que puede decretarse medidas cautelares de aseguramiento en cualquier etapa del proceso y con el propósito de preservar la disponibilidad de los bienes; Es del parecer que no existen elementos de juicio para considerar que además del aseguramiento es necesario adoptar una incautación material, ya que el recurrente identificó en fase administrativa las cantidades que cada empresa supuestamente recibe y detalla los cheques que se extendieron; Por lo que la Jueza debe atender lo regulado en el Código de Comercio la inscripción en cuanto a derecho, por lo que procede confirmar la resolución impugnada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"luego del estudio del acto reclamado en amparo, esta Sala de lo Constitucional estima que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se encuentra apegada a derecho y puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. En consecuencia, ya la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1, señala que es inadmisible la acción de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, es decir cuando el recurrente en un amparo alegue la violación o centre su alegato de vulneración en una ley secundaria y no propiamente en derechos constitucionales agraviados, circunstancia que en la norma citada anteriormente le da el carácter de inadmisible, siendo el criterio de esta Sala, que se sobresea la acción de amparo interpuesta por la recurrente por alegarse cuestiones de mera legalidad que no son parte de su control Constitucional..."..."Como lo es el caso que nos ocupa que los alegatos invocados por la recurrente son violaciones propias de mera legalidad lo que conlleva por mandato expreso de la Ley Sobre Justicia Constitucional a que se sobresean las diligencias por existir la causa de inadmisibilidad antes descrito..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 64 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de noviembre del dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas CARLA CRISTINA PAVÓN NAVARRO Y KARINA VARELA, a favor DEL ESTADO DEL ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con Jurisdicción Nacional, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, en fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, con relación a las diligencias de medica precautoria cautelar de aseguramiento de bienes contra los bienes cuyos titulares de derecho son los señores OSCAR ROLANDO URIARTE, NASRY JUAN ASFURA ZABLAH, NILVIA ETHEL CASTILLO CRUZ, WILMER GERARDO RODRIGUEZ LÓPEZ Y CINTHIA ELIZABETH BORJAS VALENZUELA y las sociedades mercantiles CEMENTOS S.A. (CESA), DESARROLLO DE CONSTRUCCIONES EQUIPO, S.A. (DECOESA) E INVERSIONES VARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (INVASA). Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 16, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, la Agente Fiscal, la Abogada Carla Cristina Pavón Navarro, presentando escrito en donde se cumplimenta lo ordenado por el órgano jurisdiccional en fecha once de marzo de dos mil veintiuno, con relación a la solicitud de aseguramiento de bienes contra los señores Oscar Rolando Uriarte, Nasry Juan Asfura Zablah, Nilvia Ethel Castillo Cruz, Wilmer Gerardo Rodríguez López y Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y las sociedades mercantiles Cementos S.A. (CESA), Desarrollo de Construcciones Equipo, S.A. (DECOESA) e Inversiones Varias Sociedad Anónima (INVASA). (Folios 1-9 del antecedente). 2) En fecha diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, dictó auto mediante el cual resolvió: “…1) Admitir el presente escrito derivado del auto de admisión de la solicitud de aseguramiento de fecha once (11) de marzo del año en curso (2021), presentado por la abogada CARLA CRISTINA PAVÓN NAVARRO, Fiscal del Ministerio Público, junto con la copia de cheques librados a favor de las Sociedades Mercantiles y de los titulares de derecho, así como la copia de la certificación librada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en materia de Corrupción en relación a la declaración del testigo protegido, mismos que se mandan agregar a sus demás antecedentes. 2) Decretar medida de aseguramiento registral sobre los bienes inmuebles con número de matrículas siguientes: 1304208 de Cinthia Elizabeth Borjas, 426848 de Nilvia Ethel Castillo, 880424 de Oscar Rolando Uriarte el 50% del inmueble y 1223996, 1226160 de Wilmer Gerardo Rodríguez Nilvia Ethel Castillo, 880424 de Oscar Rolando Uriarte el 50% del inmueble y 1223996, 1226160 de Wilmer Gerardo Rodriguez López. 3) Decretar medida de aseguramiento registral sobre la parte social correspondiente al señor Nasry Asfura de las Sociedades Mercantiles CEMENTOS CESA e INVASAS; y en su totalidad sobre la Sociedad Mercantil DECOESA y su inmueble con matrícula 1562832-HH018, HH019 y HH020, asiento 1. 4) Ejecutar la medida de aseguramiento registral en relación a los bienes inmuebles con números de matrículas 491796 y 305725 ordenado en el auto de admisión de fecha once (11) de marzo del año en curso (2021), a nombre de Nasry Asfura. 5) Librar los oficios correspondientes al Instituto de la Propiedad de Francisco Morazán y Danlí, así mismo al Registro Mercantil de Francisco Morazán, para que procedan a darle cumplimiento a lo ordenado.- 6) Se decreta secretividad de actuaciones misma que se mantendrá hasta que se realice la inscripción de la medida registral. - NOTIFIQUESE….” (Folios 36-37 vuelto del antecedente). 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Carla Cristina Pavón Navarro, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, falló: (Sic) “…1) Declarando NO HA LUGAR el recurso interpuesto por la Fiscal.-2) CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 143-147 del antecedente). 4) Que las recurrentes, las Abogadas Carla Cristina Pavón Navarro y Karina Varela, comparecieron ante este Tribunal, en fecha quince de noviembre de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, los derechos consagrados en los artículos 16, 80, 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por la Abogada Carla Cristina Pavón Navarro, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual resolvió declarar no ha lugar el recurso interpuesto por el Ministerio Público y confirmar la resolución apelada, fundamentando la misma en que lo argumentado por el recurrente en su apelación, refiere además de realizar la inscripción registral deberá ponerse dichos bienes a la disposición de la OABI, en consecuencia, no se cuestiona por el ente fiscal que la medida de aseguramiento se realizó y fue la de registral, debe ponderarse los principios que rigen o la finalidad misma de las medidas como lo son la idoneidad, necesidad, adecuación, justificación, razonabilidad e inclusive debe realizarse el valor económico relevante, así como la proporcionalidad; siendo importante aclarar que si bien no se tiene en la ley de Privación una distinción certera entre el aseguramiento y la incautación misma de los bienes; identificándose plenamente en el caso de mérito los mismos, encontrándose asegurados de forma registral cada uno de ellos, por lo que de conformidad a los principios señalados y habiéndose identificado los valores, no corresponde a este momento procesal, proceder a la incautación de los mismos, ya que con dicha medida se evita que los bienes pretendidos, puedan ser negociados, gravados, distraídos, transferidos o pueden sufrir deterioro, extravío o destrucción, limitándose con ello el poder adquisitivo de dichos bienes, asimismo, deben considerarse los derechos de terceros de buena fe exentos de culpa. CONSIDERANDO (4): Que de la lectura del presente recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CARLA CRISTINA PAVON NAVARRO, se desprende que la misma alega que le causa agravio y lo traduce como una vulneración de derechos constitucionales, no compartiendo la decisión de la Corte de Apelaciones porque según la recurrente no existe una ley especial (Decreto 27-2010) vigente y un órgano con jurisdicción nacional para conocer sobre los procesos de privación definitiva sobre bienes que se presuman ilícitos y que estén enmarcados en las causales del articulo 11 o en su defecto por bienes equivalentes según el articulo 12, proceso que hasta el momento se encuentra en la etapa administrativa. CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando la recurrente que el tribunal Ad-Quem hace una valoración incorrecta de la especialidad del articulo 9, decreto 27-2010, en virtud que dicho decreto contempla las medidas precautorias cautelares de aseguramiento a interponer en este procedimiento especial que ha de seguirse para el cumplimiento y aplicación de esta ley, que en ningún momento ha sido reformada ni denegada, aplicando así de manera parcializada la supletoriedad establecida en el Código Procesal Civil, que el legislador contempló para procesos no dispositivos, cuando el decreto 27-2010 establece en el articulo 9, relativo a las normas aplicables, el cual dice que la tramitación del proceso de privación definitiva de dominio estará sujeta exclusivamente a las disposiciones de la presente ley, excepcionalmente en los casos no previstos, se aplicaran en su orden las disposiciones establecidas en la ley especial de lavado de activos en el Código Procesal Penal o en el Código Procesal Civil, aplicando una supletoriedad inexistente del decreto 27-2010 que establece claramente las medidas precautorias cautelares de aseguramiento en sus articulo 32 y 33 de la referida ley, pues esta hace referencia a bienes relacionados con actividades cometidas con transgresión a las leyes, tales como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y aquellos que atenten contra la Administración Pública y no a procesos declarativos como en los que se ha fundamentado el Ad-Quem. CONSIDERANDO (6): Que expone la recurrente en su escrito de formalización del presente recurso, que la resolución que decretó sin lugar el recurso de apelación en todos sus agravios y pretensiones, y que confirma la resolución apelada, así como la del recurso de reposición, mismas que fueron emitidas sin una motivación sobre lo resuelto, violentando el debido proceso, tutela judicial efectiva, derecho de defensa, principio de legalidad aunado al de especialidad, así como lo establecido en los artículos 80, 82 y 94 de la Constitución de la República, ya que impide de entrada, el cumplimiento en cuanto a la finalidad y objetivos de la creación de la ley, específicamente en el artículo 1, relativo a la finalidad, el cual establece que esta ley tiene por finalidad la lucha contra la criminalidad organizada de conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y demás instrumentos internacionales ratificados por Honduras. CONSIDERANDO (7): Que la Corte de Apelaciones Penal con Competencia y Jurisdicción en Materia de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, establece en su resolución de fecha once de agosto de dos mil veintiuno que, conforme lo establece la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, puede decretarse medidas cautelares precautorias o de aseguramiento en cualquier etapa del proceso y con el propósito de preservar la disponibilidad de los bienes. El proceso consta de dos etapas; la administrativa y la judicial, encontrándonos en el caso que nos ocupa en la primera de ellas, en la que se inicia la investigación que deberá concluir, bien por el cierre administrativo o por la presentación de la acción de privación de dominio ante el órgano jurisdiccional; por lo que se desprende que el Ministerio Público ha iniciado la investigación de la procedencia de los bienes cuestionados como ilícitos o que se presumen ilícitos y que se ha solicitado su aseguramiento ante el órgano jurisdiccional competente con el único propósito de preservar los mismos y que no sean trasladados a terceros. Si bien el dueño de los bienes puede acreditar la procedencia licita de los mismos, esto podrá hacerlo durante la investigación que se está realizando o en caso de judicializarse en el proceso conforme al procedimiento respectivo, lo argumentado por la recurrente en apelación, refiere que además de realizar la inscripción registral, deberá ponerse dichos bienes a la disposición de la OABI, en consecuencia, no se cuestiona por el ente fiscal, que la medida de aseguramiento se realizó. CONSIDERANDO (8): Continúa manifestando la referida Corte de Apelaciones que si bien, no se tiene en la ley de privación de dominio una distinción certera entre el aseguramiento y la incautación misma de los bienes, en el caso de mérito, se identifican plenamente los mismos, encontrándose asegurados de forma registral cada uno de ellos; por lo que, habiéndose identificado los valores, no corresponde a este momento procesal, proceder a la incautación, ya que con dicha medida se evita que los bienes pretendidos puedan ser negociados, gravados, distraídos, transferidos, o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción, limitándose con ello el poder adquisitivo de dichos bienes. De conformidad a la valoración económica, este Tribunal de Alzada considera que no existen elementos de juicio que permitan considerar de manera razonable que además del aseguramiento es necesario adoptar medidas cautelares de carácter material, no se justifica una incautación material, pues el ente fiscal, identificó en esta fase administrativa las cantidades que cada empresa supuestamente recibe y detalla los cheques que se extendieron según los antecedentes. En consecuencia, no procede a este momento la incautación material, debiendo la jueza atender de conformidad al Código de Comercio la inscripción que corresponde en cuanto a derecho, por tanto, estima declarar no ha lugar el recurso y se confirma la resolución apelada con las observaciones contenidas. CONSIDERANDO (9): Así las cosas, luego del estudio del acto reclamado en amparo, esta Sala de lo Constitucional estima que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno, se encuentra apegada a derecho y puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. En consecuencia, ya la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numeral 1, señala que es inadmisible la acción de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad, es decir cuando el recurrente en un amparo alegue la violación o centre su alegato de vulneración en una ley secundaria y no propiamente en derechos constitucionales agraviados, circunstancia que en la norma citada anteriormente le da el carácter de inadmisible, siendo el criterio de esta Sala, que se sobresea la acción de amparo interpuesta por la recurrente por alegarse cuestiones de mera legalidad que no son parte de su control Constitucional. CONSIDERANDO (10): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su artículo 46 prescribe: “De la inadmisibilidad de la acción. Es inadmisible el Recurso de Amparo. 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)… El órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad”. Como lo es el caso que nos ocupa que los alegatos invocados por la recurrente son violaciones propias de mera legalidad lo que conlleva por mandato expreso de la Ley Sobre Justicia Constitucional a que se sobresean las diligencias por existir la causa de inadmisibilidad antes descrito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 89, 90, 94, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 46.1 y 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada CARLA CRISTINA PAVON NAVARRO, a favor del Estado de Honduras; contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con Jurisdicción Nacional, en fecha once de agosto de dos mil veintiuno. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de diciembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1297-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL