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Sentencia AP-1289-22 — Registro 16244

Resumen

Denegatoria de acción de amparo en consulta en relación a la causa instruida contra uno de los impetrantes, por suponerlo responsable del delito de Usurpación,considerando la Sala reformar sentencia de acción de merito al sobreseer la misma al contar ésta con causales de inadmibilidad

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

7): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (8): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. -En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, como se ha dicho ya, el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.-CONSIDERANDO (9): Que del examen in extenso de las diligencias se observa que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numerales 1° y 3º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como así lo ha dejado establecido la Corte de Alzada en su sentencia.-CONSIDERANDO (10): Que, de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (12): Que al evidenciarse en el trámite de mérito las causales de inadmisibilidad ya antes relacionadas, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente reformar la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 3), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta que fuera dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que Denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO LEZAMA PADILLA, en su condición personal y miembro de la Junta Directiva de la Empresa Asociativa Campesina “Las Águilas” y favor del Señor JULIAN VALDEZ MORALES, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor JULIAN VALDEZ MORALES, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de la señora MIRIAM ELIZABETH SANCHEZ.-; Y EN SU LUGAR SE SOBRESEE el recurso de amparo referido, al advertirse la concurrencia de las causales de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1 y 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."7): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (8): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. -En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, como se ha dicho ya, el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.-CONSIDERANDO (9): Que del examen in extenso de las diligencias se observa que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numerales 1° y 3º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como así lo ha dejado establecido la Corte de Alzada en su sentencia.-CONSIDERANDO (10): Que, de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (12): Que al evidenciarse en el trámite de mérito las causales de inadmisibilidad ya antes relacionadas, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente reformar la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 3), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta que fuera dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que Denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO LEZAMA PADILLA, en su condición personal y miembro de la Junta Directiva de la Empresa Asociativa Campesina “Las Águilas” y favor del Señor JULIAN VALDEZ MORALES, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor JULIAN VALDEZ MORALES, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de la señora MIRIAM ELIZABETH SANCHEZ.-; Y EN SU LUGAR SE SOBRESEE el recurso de amparo referido, al advertirse la concurrencia de las causales de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1 y 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidos. -VISTO: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que Denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO LEZAMA PADILLA, en su condición personal y miembro de la Junta Directiva de la Empresa Asociativa Campesina “Las Águilas” y favor del Señor JULIAN VALDEZ MORALES, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor JULIAN VALDEZ MORALES, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de la señora MIRIAM ELIZABETH SANCHEZ.- Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 90 y 103 comprendidos en la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinte (22) de octubre del año dos mil tres (2003) la Abogada ALAIN KRESKIN DIAZ ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentó requerimiento Fiscal contra el señor JULIAN VALDEZ MORALES, por suponerlo responsable del delito de USURPACION DE UN DERECHO REAL, en perjuicio de MIRIAN ELIZABETH SANCHEZ.-(Folio 01 al 04 de la pieza del Juzgado).-2)Que en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), el Tribunal de Sentencias de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLO: PRIMERO: DECLARAR al acusado JULIAN VALDEZ MORALES, de generales anteriormente detalladas, penalmente responsable como actor directo del delito de USURPACION, en perjuicio de la propiedad de MIRIAM ELIZABETH SANCHEZ SOLANO, y por ende previo abono del tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva se le condena a sufrir en el Centro Penal de Comayagua, departamento de Comayagua, la pena principal de DOS AÑOS DE RECLUSION además a las accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil a trabajos en obras públicas o labores dentro del Centro Penal durante el tiempo de las penas principales.- SEGUNDO: Se declara al condenado JULIAN VALDEZ MORALES, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido, siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda.- TERCERO: No procede condenar en costas al acusado JULIAN VALDEZ MORALES.- (Folio 31 de la pieza del Juzgado).-3)Que en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022), el señor JOSE ALFREDO LEZAMA PADILLA, en su condición personal y Miembro de la Junta Directiva de la Empresa de Asociación Campesina “Las Águilas”, compareció ante la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, interponiendo Recurso de Amparo a a favor del Señor JULIAN VALDEZ MORALES, contra la resolución de fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencias de Comayagua, departamento de Comayagua.-(Folio 01 al 05 de la pieza del Juzgado).-4) Que en fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintidós (2022), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, FALLÓ: DENEGANDO LA ACCION DE AMPARO, que se ha hecho relación.- (Folio 41 al 42 de la pieza de Corte de Apelaciones).-5) Que en fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil veintidos (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el articulo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5): Que La acción de amparo se contrae a que en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil veinte, (2020) la Sala Segunda del Tribunal de Sentencias de Comayagua, dictó Sentencia Condenatoria contra JULIAN VALDEZ MORALES, por el delito de USURPCION en perjuicio de la señora MIRIAM ELIZABETH SANCHEZ LOZANO, en dicha sentencia condenatoria se ordena el desalojo del inmueble usurpado y condena al entonces procesado a una pena de DOS (2) años de reclusión, de la sentencia dictada se notificó el Abogado Defensor Privado TIRSO SADY ULLOA, en la cual no se interpuso Recurso de Casación, adquiriendo así firmeza el fallo, una vez que la sentencia condenatoria firme fue remitida ante el Juzgado de Ejecución, y estando ordenado el desalojo del inmueble objeto del proceso, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, mediante resolución judicial de fecha veinticuatro (24) de enero del año 2022, el Juzgado de Ejecución emite orden de ejecución del desalojo, nombrando como Juez Ejecutor al Abogado AMADO ORELLANA, Juez de Paz del Municipio de La Villa de San Antonio, del Departamento de Comayagua, de esta resolución se notificó al Abogado TIRSO SADY ULLOA, en su condición de Defensor del sentenciado, quien no recurrió esta resolución; por lo que en fecha dos (2) de febrero del 2022, el Juez Ejecutor abogado AMADO ORELLANA, procedió a realizar el desalojo ordenado en la sentencia, poniendo en posesión del bien inmueble a la señora MIRIAM ELIZABETH SANCHEZ LOZANO y ante tal accionar es que se ha interpuesto la presente acción de amparo.-CONSIDERANDO (6): Que en la sentencia objeto de examen, la Alzada fue del parecer porque se denegase la acción de amparo intentada, al estimarse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46.1 y 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, mismo que establece que es inadmisible el recurso de amparo cuando se aleguen violaciones de mera legalidad y los actos hayan sido consentidos por el agraviado, entendiendo la ley como tales aquellos contra los cuales no se hubieran ejercido, dentro de los términos legales, los recursos o acciones legales, salvo los casos de probada imposibilidad para su interposición.-La Alzada consideró que, en el caso de autos, que tanto la sentencia condenatoria en que se ordena el desalojo del inmueble usurpado y condena al entonces procesado a una pena de DOS (2) años de reclusión, de la sentencia dictada se notificó el Abogado Defensor Privado TIRSO SADY ULLOA, en la cual no se interpuso Recurso de Casación, adquiriendo así firmeza el fallo, una vez que la sentencia condenatoria firme fue remitida ante el Juzgado de Ejecución, y estando ordenado el desalojo del inmueble objeto del proceso, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia, mediante resolución judicial de fecha veinticuatro (24) de enero del año 2022, el Juzgado de Ejecución emite orden de ejecución del desalojo, nombrando como Juez Ejecutor al Abogado AMADO ORELLANA, Juez de Paz del Municipio de La Villa de San Antonio, del Departamento de Comayagua, de esta resolución se notificó al Abogado TIRSO SADY ULLOA, en su condición de Defensor del sentenciado, y tampoco recurrió esta resolución. .-Por lo cual, esta Sala advierte que, efectivamente, las resoluciones señaladas en el recurso, podían haber sido recurridas y al no haberlo hecho así, dichos actos han sido evidentemente consentido por la agraviado.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado.-CONSIDERANDO (8): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. -En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, como se ha dicho ya, el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado.-CONSIDERANDO (9): Que del examen in extenso de las diligencias se observa que el Tribunal de Alzada ha advertido correctamente el advenimiento de la causal de inadmisibilidad regulada por el Artículo 46 numerales 1° y 3º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, como así lo ha dejado establecido la Corte de Alzada en su sentencia.-CONSIDERANDO (10): Que, de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.-CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento.-CONSIDERANDO (12): Que al evidenciarse en el trámite de mérito las causales de inadmisibilidad ya antes relacionadas, resulta acorde, por mandato de la ley, el sobreseimiento de las actuaciones; y al no haber sido así advertido por la Alzada en el fallo objeto de examen, resulta procedente reformar la sentencia venida en consulta, y en acatamiento a la ley, atendiendo los razonamientos aquí establecidos, deriva procedente, a criterio de esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobreseer el presente recurso de amparo, al constar en el trámite la causal de inadmisibilidad anteriormente relacionada.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 3), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia venida en consulta que fuera dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, que Denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO LEZAMA PADILLA, en su condición personal y miembro de la Junta Directiva de la Empresa Asociativa Campesina “Las Águilas” y favor del Señor JULIAN VALDEZ MORALES, contra la resolución de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil veintidós (2022), dictada por el Tribunal de Sentencias de Comayagua, departamento de Comayagua, en relación a la causa instruida contra el señor JULIAN VALDEZ MORALES, por suponerlo responsable del delito de USURPACION, en perjuicio de la señora MIRIAM ELIZABETH SANCHEZ.-; Y EN SU LUGAR SE SOBRESEE el recurso de amparo referido, al advertirse la concurrencia de las causales de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1 y 3 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 1289-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL