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Sentencia AP-1279-21 — Registro 16243

Resumen

Resolución que declaro sin lugar excepciones de falta de acción para no proseguir un proceso penal y de incompetencia con relación a la causa instruida de Querella contra impetrantes por suponerlos responsables del delito de Daños a la propiedad,considerando recurrentes que éste delito debe dilucidarse por medio de una Ley especial que se ha inobservado instrumentos internacionales(Convenio número 169 de la OIT, artículos 8 y 9; asimismo el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas)

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(13): Que la Constitución de la República establece en su artículo 221 que la Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el Diario oficial La Gaceta. En ese sentido la recurrente argumenta que es competencia para conocer de los delitos que se cometan en la Jurisdicción de San Juan de Linaca, el Tribunal de Tierras, en aplicación de una ley que data del año 1897, e invocando asimismo el derecho consuetudinario que les asiste en atención a la aplicación de los instrumentos de protección de derechos humanos que aduce han sido inobservados con la resolución de la Alzada; no obstante a esos argumentos la Constitución de la República es la norma suprema y de ella dimana el resto del ordenamiento jurídico, y constitucionalmente declara el artículo 60 que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, en Honduras no hay clases privilegiadas. Por ello todos los hondureños son iguales ante la ley; en este contexto no es de recibo el argumento sobre derecho consuetudinario invocado por la recurrente, pues éste tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho. Conceptualmente, es un término opuesto al de derecho escrito y en nuestro abanico de normas legales se encuentra en vigencia el Código Penal y Código Procesal Penal, que son las leyes que rigen las situaciones que versan sobre conflictos de naturaleza de delitos y faltas, los que corresponde resolver a la jurisdicción penal, siendo competencia de los juzgados y tribunales, para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, en atención a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes.-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, fundamentada en disposiciones del Código Procesal Penal, que desarrollan lo relativo a la jurisdicción y competencia para conocer de los delitos y faltas. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone que la decisión del Ad-quem hace a un lado el control de convencionalidad, ante la inobservancia de los artículos 8 y 9 del Convenio número 169 de la OIT; asimismo el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, trasgresiones que no se observan, pues el espíritu de ambos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos es superar las prácticas discriminatorias que afectan a éstos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, por ello el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT, señala que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario; asimismo el artículo 9 indica que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia, medidas que deberán ser observadas por los Tribunales al dilucidar el asunto sometido a su conocimiento, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, pues nos encontramos ante una situación de interposición de excepciones que resuelven si el Tribunal de Sentencia de Choluteca tiene competencia para conocer del delito de daños a la propiedad denunciado.-CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración a los preceptos relacionados de los instrumentos de protección de derechos humanos, invocados por la recurrente, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce"

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convenio 169 de OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, a favor de los señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ, ENRIQUE ANDRES VILLAGRA RIVERA, MARIA LUISA MENDOZA OSORTO, FRANCISCO ANDONI PORTILLO RODAS, FERNANDO NUÑEZ, CLEMENTE IDELFREDO RODAS HERRERA, BETY YOWAY AVILEZ ALVAREZ, BERNABE BACA FLORES, BAYRON ANAEL BACA AVILEZ y SAUL ALCIDES AVILES ALVAREZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021), que resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CHOLUTECA, en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), que resuelve declarar sin lugar las excepciones planteadas por la parte querellada, con relación a la causa instruida de Querella contra los señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ Y OTROS por suponerlos responsables del delito de DAÑOS A LA PROPIEDAD, en perjuicio de la señora LICIA ANTONIA ALVAREZ. Estimando la recurrente que la decisión del Ad-quem hace a un lado el control de convencionalidad el cual debe ser observado y relacionado al emitir los fallos, control de convencionalidad al que están obligados los jueces y órganos colegiados que son responsables de la Tutela Judicial en un Estado de Derecho, específicamente el Convenio número 169 de la OIT, artículos 8 y 9; asimismo el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha uno (01) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado OSCAR ALFREDO BENAVIDES ORDOÑEZ, actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora LICIA ANTONIA ALVAREZ, compareció ante el Tribunal de Sentencia de Choluteca, departamento de Choluteca, interponiendo Querella por el delito de daños a la propiedad, en contra de los señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ, ENRIQUE ANDRES VILLAGRA RIVERA, MARIA LUISA MENDOZA OSORTO, FRANCISCO ANDONI PORTILLO RODAS, FERNANDO NUÑEZ, CLEMENTE ILDEFREDO RODAS HERRERA, BETY YOWAY AVILES, BERNABE BACA FLORES, BAYRON ANAEL BACA AVILES y SAUL ALCIDES AVILES ALVAREZ. (Folios del 01–5 de la pieza de antecedentes del A-Quo).-2) En fecha cinco de diciembre del año dos mil diecisiete, la Abogada Gricelda Espinal, en su condición de Apoderada Legal de los señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ Y OTROS, compareció ante el Tribunal de Sentencia del Departamento de Choluteca, promoviendo las excepciones procesales de falta de acción para no proseguir un proceso penal y la de incompetencia, fundamentando su petición en el artículo 46 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal. (Folio 217fv de la pieza de antecedentes del A-quo).-3) Que en fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), el referido Tribunal celebró Audiencia de Excepción en la cual Resolvió: (Sic): “Declarar sin lugar las excepciones planteadas por la parte querellada, consistente en la excepción por incompetencia y la excepción por falta de acción cuando no haya debido promoverse o cuando no deba proseguirse; la falta de incompetencia se declara sin lugar ya que éste Tribunal es competente para conocer los asuntos por vía de querella, los asuntos de daños; el asunto de daños se puede conocer vía Ministerio Público cuando la parte lo considere así o vía querella que también está dentro de los numerales que establece el 26 del Código Procesal Penal; por tal motivo este Tribunal es competente para conocer dicho delito y en cuestión de la falta de acción cuando no hay debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, en éste momento procesal no se ha desarrollado ningún elemento de prueba o que sea establecer los puntos que ésta parte querellada ha querido demostrar, si bien es cierto presentó las leyes donde dice que el lugar conocido como San Juan de Linaca tiene sus propias leyes, todavía en el proceso no se evacuaron si las personas que hicieron lo que ha manifestado el querellante en la querella estaban legitimados para hacerlo; si pertenecían a la junta, si son parte de los miembros de Linaca, si son parte o están entre esa Ley que faculta a las personas que rigen o viven en Linaca para ejercer su propia acción; aunado a esto que la parte querellada se le rechazaron elementos probatorios que relacionaban a una persona ajena a la causa y como no se han evacuado medios de prueba que van a desarrollar el fondo del asunto, esta suscrita declara sin lugar ambas excepciones y será en el transcurso del juicio oral y público donde ambas partes van a presentar sus alegatos y van a determinar lo que en derecho corresponde; sin perjuicio de que la parte querellada presente un recurso de apelación…” (Folios del 258–262fv de la pieza de antecedentes del A-Quo).-4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, en su condición de Apoderada Legal de los Señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ Y OTROS, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó resolución en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021), mediante la cual Resolvió: (Sic): “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Privada Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, en contra de lo resuelto en la audiencia de fecha veintisiete (27) de Marzo del año dos mil diecinueve (2019), celebrada en el Tribunal de Sentencia en la causa penal que se le instruye a los señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ, ENRIQUE ANDRÉS VILLAGRA RIVERA, MARIA LUISA MENDOZA OSORTO, FRANCISCO ANDONI PORTILLO RODAS, FERNANDO NÚÑEZ, CLEMENTE IDELFREDO RODAS HERRERA, BETY YOWAY AVILÉZ ÁLVAREZ, BERNABÉ BACA FLORES, BAYRON ANAEL BACA AVILEZ y SAÚL ALCIDES AVILES AÁVAREZ, de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, por suponerlo responsable del delito de DAÑOS, en perjuicio de LICIA ANTONIO ALVAREZ.- SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución impugnada…” (Folios del 11-15fv de la pieza de antecedentes del A-Quem).-5) Que la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha doce (12) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de los señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ, ENRIQUE ANDRES VILLAGRA RIVERA, MARIA LUISA MENDOZA OSORTO, FRANCISCO ANDONI PORTILLO RODAS, FERNANDO NUÑEZ, CLEMENTE IDELFREDO RODAS HERRERA, BETY YOWAY AVILEZ ALVAREZ, BERNABE BACA FLORES, BAYRON ANAEL BACA AVILEZ y SAUL ALCIDES AVILES ALVAREZ, contra la resolución dictada en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el Convenio número 169 de la OIT, artículos 8 y 9; asimismo el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. (Folios del 01–06 de los autos).-6) Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 52 de los autos).-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de Amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que en fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, compareció ante este Alto Tribunal, la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ, ENRIQUE ANDRES VILLAGRA RIVERA, MARIA LUISA MENDOZA OSORTO, FRANCISCO ANDONI PORTILLO RODAS, FERNANDO NUÑEZ, CLEMENTE IDELFREDO RODAS HERRERA, BETY YOWAY AVILEZ ALVAREZ, BERNABE BACA FLORES, BAYRON ANAEL BACA AVILEZ y SAUL ALCIDES AVILES ALVAREZ, contra la resolución dictada en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021), por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que resuelve declarar sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Parte Querellada, contra la resolución de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por el A-quo, que declara Sin Lugar las Excepciones de Falta de Acción e Incompetencia de Tribunal, promovidas por la Parte Querellada; considera la recurrente en amparo que la decisión del Ad-quem hace a un lado el control de convencionalidad el cual debe ser observado y relacionado al emitir los fallos, control de convencionalidad al que están obligados los jueces y órganos colegiados que son responsables de la Tutela Judicial en un Estado de Derecho, específicamente el Convenio número 169 de la OIT, artículos 8 y 9; asimismo el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.- CONSIDERANDO (3): Que, en el escrito de interposición y formalización del recurso de Amparo, la recurrente argumenta que el Convenio número 169 de la OIT, que trata de los pueblos indígenas y tribales en países independientes y ratificado por Honduras en el año 1995, forma parte de nuestro derecho interno y por lo tanto norma adjetiva vigente, ampara en el presente caso el Título de San Juan de Linaca, Convenio que le otorga soberanía, autonomía e independencia en la aplicación de su ley y su reglamento, ya que a través del mismo convenio el Título referido fue reconocido por el Poder Ejecutivo a través de su Presidente Constitucional de la República de Honduras en ese entonces Policarpo Bonilla, en fecha 11 de noviembre del año 1897 en la ciudad de Tegucigalpa a favor de los Indios de Linaca, debidamente registrado en el libro 1 páginas 175 y 176 del Registro de la Propiedad del Departamento de Choluteca, por lo que existe una contravención en el fallo emitido por la Corte de Apelaciones en el expediente de mérito, al no tomar en cuenta y en consideración a dicha norma adjetiva que rige las relaciones de los Comuneros o condueños y habitantes que se encuentran dentro de los límites territoriales que enmarca el Título y por el cual están regidos los anteriores en cuanto al uso, la tenencia, el usufructo y el goce de los derechos enmarcados en el Título, así como en el Reglamento de la Ley del Título, aplicable en el caso de existir controversias entre los habitantes de su jurisdicción.-CONSIDERANDO(4): Que el alegato fundamental expuesto por la recurrentes es que la competencia para conocer del delito de Daños a la propiedad, corresponde al Título de San Juan de Linaca a su Ley y a su Reglamento, el cual se encuentra amparado por el tratado ratificado por Honduras, en relación a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificado por Honduras en el año 2007, estableciendo en su artículo 4 que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y a autogobernarse en lo relacionado a sus asuntos internos y locales, tiene derecho asimismo a conservar y fortalecer sus propias instituciones jurídicas; con ello sostiene la recurrente, que las excepciones expuestas no se dirigen a desestimar o dejar sin valor si hay delito o falta, sino a quien se le atribuye la competencia y el fallo de la Corte se limita a declarar sin lugar las excepciones interpuestas, aduciendo que solo los jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia son los llamados a conocer los delitos y faltas.-CONSIDERANDO (5): Que examinados que han sido los antecedentes, esta Sala observa que la cuestión que se recurre en amparo, es la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha dieciocho de junio del año dos mil veintiuno, mediante la cual resuelve Declarar SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensora Privada, contra la resolución de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca, resolviendo declarar sin lugar las excepciones de Falta de Acción e Incompetencia de Tribunal promovidas por la Parte Querellada.-CONSIDERANDO (6): Que, en la motivación de la resolución recurrida, la alzada en el acápite CUARTO, concluye: (Sic) “De conformidad al referido artículo[1] esta Corte de Apelaciones reitera que la falta de competencia alegada por los querellados no procede en virtud que el Tribunal de Sentencia de Choluteca es el competente para conocer de los delitos y en este caso al existir una conversión de la acción en el delito de daños, es procedente que este Tribunal de Sentencia conozca vía querella el proceso penal en referencia. Por ello se debe declarar sin lugar el agravio referente a la denegatoria del Falta de competencia del Tribunal de Sentencia y debe confirmarse la resolución del A-quo…” (Folio 14v de la pieza de antecedentes de Alzada).-CONSIDERANDO (7): Que en la acción constitucional impetrada la recurrente argumenta la vulneración al Convenio número 169 de la OIT, artículos 8 y 9; haciendo especial énfasis en la inobservancia del artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, estableciendo este último precepto que: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.” -CONSIDERANDO (8): Que del examen de los argumentos expuestos por la recurrente en relación a que la competencia para conocer de un delito de Daños a la Propiedad, corresponde a una ley especial inmersa dentro del Título de San Juan de Linaca, por considerar que la misma es de aplicación vigente desde su otorgamiento por el Estado de Honduras y reconocido por el Poder Ejecutivo a través del Presidente Constitucional de la República de Honduras en ese entonces Policarpo Bonilla en fecha 11 de noviembre del año 1897; se hace necesario el desarrollo de los conceptos de jurisdicción y competencia, así tenesmos entonces que la jurisdicción es la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia, integrado por jueces autónomos e independientes. Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada. En palabras del distinguido profesor Eduardo Couture: “Es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución”. De manera más simplificada, la jurisdicción, es el poder de administrar justicia en un territorio, es la potestad pública de conocer y sentenciar los casos judiciales, dentro de su capacidad territorial. Puede la jurisdicción en primer lugar, designar una función, cual es la de decidir de manera vinculante e irrevocable conflictos jurídicos entre partes. Así también entendemos por jurisdicción la potestad, emanada del pueblo, de juzgar y ejecutar lo juzgado, ejercida en nombre del Estado y de forma gratuita por jueces y magistrados independientes. En segundo lugar, surge un concepto de <<Jurisdicción>> más limitado, como <<manifestación de la función jurisdiccional>> por razón de la naturaleza de las normas aplicables. En este sentido se habla de Jurisdicciones <>, <>, <> o <>, encomendadas respectivamente a conjuntos orgánicos especializados (“Jurisdicciones” u “ordenes” en sentido institucional) como consecuencia de la aplicación del principio de división horizontal del trabajo.[2] - CONSIDERANDO (9): Que siguiendo la idea de lo que se define por Jurisdicción, ésta es una función pública, es decir inherente al Estado. La jurisdicción es un servicio público, en virtud del cual todos los ciudadanos tienen el derecho a pedir que la jurisdicción se ejerza, y ese ejercicio no opera de forma arbitraria, sino que está reglado por normas. La jurisdicción corresponde ejercerla a órganos de carácter público. La limitación más importante que pesa sobre la jurisdicción es la de que no puede estar regida más que por la ley y la Constitución que informa aquella. Así tenemos que todos los órganos jurisdiccionales tienen atribuida la potestad jurisdiccional, entendida por la propia Constitución como la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, la que, por motivos diversos, se atribuye a esos órganos en atención a ciertas reglas que determinan y precisan los asuntos en los cuales actuaran con potestad. A ese conjunto de reglas se le denomina competencia, concepto que es definido por GOMEZ COLOMER, como “el conjunto de reglas que determinan la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional particularizado”. El Artículo 137 de la LOAT, la concibe como “la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”.[3] -CONSIDERANDO (10): Que la recurrente en Amparo, invoca la falta de control de convencionalidad, ante la inobservancia según sus argumentos de los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT, asimismo el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el reconocimiento de una ley que rige a los Comuneros de San Juan de Linaca, Jurisdicción del Municipio de Choluteca, ley que data del año 1897; en este punto es importante establecer que el Código Civil que data del año 1906 establece en su artículo 1 que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Siguiendo ese orden de ideas la Constitución de la República manda en el artículo 303 que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y a las leyes. En sus exposiciones la recurrente en Amparo argumenta que dicho reconocimiento de la referida ley les otorga autonomía e independencia a los Comuneros de Linaca, por ser una ley especial aplicada a los vecinos de su jurisdicción, ley que impone derechos y obligaciones, por ello para todos los comuneros que habitan o trabajan dentro del término territorial las resoluciones emitidas por el Juzgado de Tierras son de estricto cumplimiento y según la costumbre del lugar, amparándose en el reconocimiento que se hace a los Pueblos Indígenas y Tribales según el Convenio número 169 de la OIT, ratificado por Honduras en el año 1995, expresando en su artículo 8 sobre el derecho consuetudinario. En relación al derecho consuetudinario que invoca la recurrente, el Código Civil establece en su artículo 2 que la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella. El derecho consuetudinario también llamado usos o costumbres, es una fuente del derecho. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre su cumplimiento; es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto. Tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho. Conceptualmente, es un término opuesto al de derecho escrito.-CONSIDERANDO (11): Que es de vital importancia mencionar que conforme manda la Constitución de la República, Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. En atención a este anhelo de configurarse como un Estado de Derecho, el Gobierno de la República debe sustentarse en los principios de la soberanía popular, la autodeterminación de los pueblos y la democracia participativa, de los cuales se deriva la integración nacional; por ello el artículo 15 de la norma fundamental nos indica que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y de la democracia universal; la recurrente en Amparo argumenta la falta de control de convencionalidad en relación a la observancia del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no obstante los argumentos de la recurrente no son de recibo, ello es así porque ambos instrumentos de protección de derechos humanos, fueron proclamados con el propósito de fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y tribales, evitando todo tipo de discriminación, reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de estos pueblos, a efecto de promover su desarrollo político, económico, social y cultural y poner fin a todas las formas de discriminación y opresión dondequiera que ocurran.-CONSIDERANDO (12): Que el Manual para los mandatos tripartitos de la OIT para Comprender el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), nos refiere que el Convenio se fundamente en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas y reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales, así como el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo. El objetivo del Convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a estos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas. Además, el Convenio cubre una amplia gama de cuestiones relativas a los pueblos indígenas, que incluyen el empleo y la formación profesional, la educación, la seguridad social y la salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, las lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de las fronteras. Ante la interrogante de si los pueblos indígenas y tribales tienen derechos especiales, el manual reafirma que estos pueblos tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que todos los demás seres humanos. Simultáneamente esto implica que las costumbres indígenas no se pueden justificar si violan los derechos universales. En este sentido, el Convenio estipula medidas especiales para asegurar la igualdad efectiva entre los pueblos indígenas y todos los otros sectores de una determinada sociedad. Sin embargo, el requerimiento de medidas especiales no significa que el Convenio disponga que se otorguen privilegios especiales a los pueblos indígenas respecto del resto de la población.-CONSIDERANDO (13): Que la Constitución de la República establece en su artículo 221 que la Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de haber transcurrido veinte días de terminada su publicación en el Diario oficial La Gaceta. En ese sentido la recurrente argumenta que es competencia para conocer de los delitos que se cometan en la Jurisdicción de San Juan de Linaca, el Tribunal de Tierras, en aplicación de una ley que data del año 1897, e invocando asimismo el derecho consuetudinario que les asiste en atención a la aplicación de los instrumentos de protección de derechos humanos que aduce han sido inobservados con la resolución de la Alzada; no obstante a esos argumentos la Constitución de la República es la norma suprema y de ella dimana el resto del ordenamiento jurídico, y constitucionalmente declara el artículo 60 que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, en Honduras no hay clases privilegiadas. Por ello todos los hondureños son iguales ante la ley; en este contexto no es de recibo el argumento sobre derecho consuetudinario invocado por la recurrente, pues éste tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho. Conceptualmente, es un término opuesto al de derecho escrito y en nuestro abanico de normas legales se encuentra en vigencia el Código Penal y Código Procesal Penal, que son las leyes que rigen las situaciones que versan sobre conflictos de naturaleza de delitos y faltas, los que corresponde resolver a la jurisdicción penal, siendo competencia de los juzgados y tribunales, para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, en atención a que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte gratuitamente en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes.-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional vista y analizada que ha sido la resolución impugnada, encuentra que la misma se encuentra ajustada a derecho, fundamentada en disposiciones del Código Procesal Penal, que desarrollan lo relativo a la jurisdicción y competencia para conocer de los delitos y faltas. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone que la decisión del Ad-quem hace a un lado el control de convencionalidad, ante la inobservancia de los artículos 8 y 9 del Convenio número 169 de la OIT; asimismo el artículo 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, trasgresiones que no se observan, pues el espíritu de ambos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos es superar las prácticas discriminatorias que afectan a éstos pueblos y hacer posible que participen en la adopción de decisiones que afectan a sus vidas, por ello el artículo 8 del Convenio 169 de la OIT, señala que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario; asimismo el artículo 9 indica que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia, medidas que deberán ser observadas por los Tribunales al dilucidar el asunto sometido a su conocimiento, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, pues nos encontramos ante una situación de interposición de excepciones que resuelven si el Tribunal de Sentencia de Choluteca tiene competencia para conocer del delito de daños a la propiedad denunciado.-CONSIDERANDO (15): Que, al haberse determinado la no vulneración a los preceptos relacionados de los instrumentos de protección de derechos humanos, invocados por la recurrente, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por la Abogada GRISELDA ESPINAL RIVERA, a favor de los señores EVER PORTILLO, ESTEBAN AMADOR OSORTO, DOUGLAS EPIMENIO RIVERA CRUZ, ENRIQUE ANDRES VILLAGRA RIVERA, MARIA LUISA MENDOZA OSORTO, FRANCISCO ANDONI PORTILLO RODAS, FERNANDO NUÑEZ, CLEMENTE IDELFREDO RODAS HERRERA, BETY YOWAY AVILEZ ALVAREZ, BERNABE BACA FLORES, BAYRON ANAEL BACA AVILEZ y SAUL ALCIDES AVILES ALVAREZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veintiuno (2021). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Hercules.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1279-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] La motivación relaciona el contenido del artículo 54 del Código Procesal penal

[2] Cuéllar Cruz, Rigoberto. Derecho Procesal Penal de Honduras (manual teórico-práctico) / Rigoberto Cuellar y otros. 1a. ed. Tegucigalpa. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Litocom, 2004. Pág. 99 y 101.

[3] Cuéllar Cruz, Rigoberto. Derecho Procesal Penal de Honduras (manual teórico-práctico) / Rigoberto Cuellar y otros. 1a. ed. Tegucigalpa. Proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Litocom, 2004. Pág. 137.