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Sentencia AP-1238-22 — Registro 15880

Resumen

Otorgamiento parcial de acción de amparo en consulta con relación a la inadmisión de la totalidad de medios de prueba propuestas por la defensa de recurrente en la causa que se le instruya por suponerlo responsable del delito de Usurpación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad.[1] De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no ser exhausto en su motivación, al no contestar los argumentos de la defensa degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando al recurrente en su resolución. CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al Debido Proceso invocado por el recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por la defensa del encartado, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada del Tribunal de Sentencia de Nacaome Valle. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga parcialmente el recurso de amparo interpuesto"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mil veintidos. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, que otorgó parcialmente el recurso de amparo interpuesto por el Abogado GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES, en su condición de representante procesal del señor SANTOS HERNANDEZ ORTIZ, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencias de la Ciudad de Nacaome departamento de Valle, en audiencia de proposición de medios de prueba de fecha veintitrés de febrero del dos mil veintidós (2022), con relación a la causa instruida contra el señor SANTOS HERNANDEZ ORTIZ por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio del señor HERIBERTO CRUZ OSORTO. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 64, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1)Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, departamento de Valle, el Abogado ISAI EVENOR CAMPO RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento Fiscal contra el señor SANTOS HERNANDEZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de USURPACION DE TERRENO, en perjuicio del señor HERIBERTO CRUZ OSORIO. 2) Que en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintidós (2022) el Tribunal de Sentencias de Nacaome, departamento de Valle RESOLVIÓ: Inadmitir la totalidad de los medios de prueba propuestos por la Defensa Técnica…” (Folio 84 al 88 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil veintidós (2022), compareció ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, el Abogado GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES, interponiendo recurso de Amparo, a favor del señor SANTOS HERNANDEZ ORTIZ, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencias de la Ciudad de Nacaome, departamento de Valle, en Audiencia de Proposición de Medios de Prueba, de fecha veintitrés de febrero del dos mil veintidós (2022), con relación a la causa instruida contra el señor SANTOS HERNANDEZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de USURPACION en perjuicio del señor HERIBERTO CRUZ OSORTO. 4) Que en fecha diecisiete (17) de marzo del año dos mil veintidós (2022), la Secretaria de la Sala de lo Constitucional, RESUELVE: Declárese Incompetente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el Abogado GUSTAVO ENRIQUE QUIROZ CANALES, a favor de SANTOS HERNANDEZ ORTIZ, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de Nacaome, departamento de Valle, en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintidós (2022), por no tener competencia para conocer del mismo. Por lo que se ordena remitir los antecedentes a la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, por ser esta el Tribunal Competente. (Folio 12 de la pieza de amparo) 5) la Corte de Apelaciones departamental de Choluteca y Valle, fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintidós (2022) luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLO: PRIMERO: OTORGAR PARCIALMENTE el recurso o acción de amparo, presentada por el abogado GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES, actuando en su condición de representante procesal del señor SANTOS HERNADEZ ORTIZ.- SEGUNDO: Se ordena la admisión de los medios de prueba…”.-Folio 51 al 61 de la pieza de Corte de Apelaciones) 7) Que en fecha doce (12) de agosto del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No.244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Consulta la Sentencia de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones departamental de Choluteca y Valle, que Otorgó Parcialmente el Recurso de Amparo interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintidós dictada por el Tribunal de Sentencia de Nacaome departamento de Valle, que contiene la inadmisión de los medios de prueba propuesto por la defensa del imputado en la Audiencia de Proposición de Pruebas; Con relación a la causa instruida contra el señor SANTOS HERNANDEZ ORTIZ, por suponerlo responsable del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de HERIBERTO CRUZ OSORTO. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada lo siguiente: “El Honorable Tribunal de Sentencia del departamento de Valle en audiencia de proposición de medios de prueba, se declararon impertinentes todos los medios de prueba de la defensa técnica, razón por la cual se interpuso el correspondiente recurso de reposición el cual a su vez fue declarado sin lugar, por dicho Tribunal. En una clara violación al Principio de Igualdad de Armas, Derecho Material de Defensa, Principio de Contradicción y Tutela Judicial Efectiva, Principios y Garantías que emanan de la Constitución de la Republica.” CONSIDERANDO (5): Que la Sentencia proferida por el Ad quem, mediante la cual resuelve Otorgar Parcialmente el Recurso de Amparo interpuesto por la Defensa. En el numeral trece establece lo siguiente: “…El articulo 317 penúltimo y último párrafo del Codigo Procesal Penal señala: “Los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenda probar. Después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días, el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita. En relación al artículo 200 que dispone: “Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sea objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará dispuesto a las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos solo si son pertinentes y se refieren directa o indirectamente al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la vedad y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”. Sigue exponiendo el A quem de conformidad a la normativa procesal penal, que regula la prueba, estimamos que en el presente caso se ha violentado los derechos de la tutela judicial efectiva, defensa e igualdad de armas procesales, en vista que el Tribunal de Sentencia de Nacaome inadmitido prueba propuesta por el amparista en juicio, existiendo presupuestos legitimadores para admitirla; tal es el caso del medio de prueba inspección judicial al expediente número 1703-20179-00052, contentivo de requerimiento fiscal incoado contra el señor SABINO GONZALES, por el delito de LESIONES Y AMENAZAS en perjuicio de SANTOS HERNANDES ORTIZ, para inspeccionar específicamente el folio uno, denuncia 06-2019 de fecha diecisiete de febrero de ese mismo año e informe final de investigación de fecha veinticinco de abril de ese mismo año, con lo que pretende demostrar la defensa el lugar donde se encontraba el señor SANTOS HERNANDEZ el día que sucedieron los supuestos hechos de usurpación y el estado en que se encontraba. Así mismo el medio de prueba consistente en inspección judicial al expediente número 1703-2019-00039 contentivo del requerimiento fiscal incoado contra SANTOS HERNANDEZ y MARIA CONCEPCION, por el delito de usurpación de terreno en perjuicio de JORGE LUIS CASSIS LEIVA, para inspeccionar específicamente los folios 1,2 y 5, denuncia 62-2019, inspección ocular 222-2019 y álbum fotográfico, con el que pretende demostrar la defensa que ese expediente contiene la descripción del mismo lugar que se está mencionando en los hechos del requerimiento fiscal 021-2021 radicado con ese numero en el Tribunal de Sentencia de Nacaome Valle. Tomando en consideración el rechazo a estos medios de prueba que hace el A-quo, no tienen una debida motivación y no permite una legitima igualdad de armas, ya que son medios de prueba que aportan por la defensa en base a una estrategia que pretende desvincular a su representado de los hechos imputados, no considerándose impertinentes, inútiles, ni desproporcionales, debiendo ser importantes evacuar los mismos por la comprobación de sus extremos, recordando que el juez tendrá oportunidad de valorar estos medios de prueba y en base a la sana critica, estimar su valor o no probatorio.” Estimando por todo lo antes expuesto la Corte que debe otorgarse el Amparo. CONSIDERANDO (6): Que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal, según lo establece el Artículo 198; Aunado a ello el precepto 317 de la misma norma adjetiva señala que los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretende probar. Por ello después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres días el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquéllas. Como bien lo indica la autoridad que decide sobre el Amparo que ahora se revisa, solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita; Situación que no ocurre en el caso sub júdice, soslayando el artículo 199 del Código Procesal Penal que dice: “Medios de Prueba Permitidos. Los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio, aunque no esté expresamente regulado en este Código, siempre que sean objetivamente confiables. En lo no previsto en este Código se estará a lo dispuesto en las normas que regulen el medio de prueba que más se asemeje. Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir. Obviando el Tribunal de Sentencia motivar su resolución en lo establecido en el precepto ut supra relacionado. La ley penal adjetiva claramente establece los supuestos en los cuales un medio de prueba será inadmitido, legalidad que inobservo el A quo al momento de emitir la resolución por la cual inadmite los medios de prueba de la defensa. CONSIDERANDO (7): Siguiendo lo plasmado en el considerando anterior, para esta Sala resulta importante subrayar que la Corte de Apelaciones, ha desarrollado de una manera equilibrada el artículo 80 de la Constitución de la Republica, que en su interior contiene el derecho a la Tutela Judicial Efectiva. La Corte Suprema de Justicia la desarrolla como un principio el cual está compuesto por 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. En este prius lógico podemos concluir que La Tutela tiene como función procesal garantizar un debido proceso a quienes acuden al Juzgado o Tribunal. Su cometido es proveer ciertos derechos que se vuelven de aplicación ineludible por su carácter garantista. En la misma línea su aplicación pretende asegurar una correcta configuración del derecho procesal con igualdad de oportunidades para las partes involucradas, con decisiones a favor o en contra, que satisfagan las pretensiones de seguridad jurídica que tiene la sociedad.[1] De esta manera podemos concluir que el Tribunal de Sentencia al no ser exhausto en su motivación, al no contestar los argumentos de la defensa degrada la Tutela Judicial Efectiva y por otro lado la Corte de Apelaciones suple dicho principio amparando al recurrente en su resolución. CONSIDERANDO (8): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República; observando esta Sala de lo Constitucional la vulneración del derecho fundamental al Debido Proceso invocado por el recurrente, ello ante la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, reglas determinadas en el Código Procesal Penal en relación a la inadmisión de los medios de prueba propuestos por la defensa del encartado, las que solo podrán rechazarse si son manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria, actuación que fue obviada del Tribunal de Sentencia de Nacaome Valle. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta que Otorga parcialmente el recurso de amparo interpuesto. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca Y Valle de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil veintidós (2022) en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GUSTAVO EDUARDO QUIROZ CANALES. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA - NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero de dos mil veintitrés, certificación de la Sentencia de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1238-2022.

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CARLOS ALBERTO ALNMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Alvarenga, E. A. . (2021). El Principio Pro Actione como criterio de interpretación para acceder al Proceso Judicial: Un principio interpretativo que permite hacer real el acceso a la justica en la primera instancia de un proceso. La Revista De Derecho, 42(1), 111–116. https://doi.org/10.5377/lrd.v42i1.12934