Sentencia AP-1234-21 — Registro 16011
Resumen
Sentencia declaró inadmisible recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de San Pedro Sula, Cortés en causa contra recurrentes por suponerlos responsables del delito de Usurpación en perjuicio de Exportadora del Atlántico S A; La Autoridad estimó que la resolución recurrida no es impugnable conforme a ley por lo que no puede abrogarse a revisar resoluciones que la ley no permite, por lo que no se vulneran derechos constitucionales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por la recurrente..."..."de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 47 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 139 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 320 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por la recurrente..."..."de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NADEIZDA WALESKA PAZ ELENCOFF a favor de los señores HUMBERTO ÁVILA ÁVILA, ÁNGEL GABRIEL FIGUEROA HERNÁNDEZ, LEONIDAS MEJÍA VÁSQUEZ, PABLO CHACÓN, HÉCTOR RAMOS OLIVA y SANTOS RIGOBERTO CABRERA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno; en relación a la causa instruida contra los señores HUMBERTO ÁVILA ÁVILA, ÁNGEL GABRIEL FIGUEROA HERNÁNDEZ, LEONIDAS MEJÍA VÁSQUEZ, PABLO CHACÓN, HÉCTOR RAMOS OLIVA y SANTOS RIGOBERTO CABRERA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLÁNTICO, S.A.. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem, en fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, es violatoria de los derechos de defensa, debido proceso, libertad, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y la retroactividad de la ley penal contenidos en los artículos 82, 89, 90 y 96 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se aprecia, que la recurrente estima que el A-Quem al declarar inadmisible el recurso de apelación violenta el derecho a la defensa y el debido proceso por cuanto debió corregir de oficio lo resuelto por el A-quo, a fin de impedir posteriores nulidades, pues en una posición de comodidad procesal en vez de examinar dichos extremos, actuó contrario a lo dispuesto en el artículo 9 de Código Procesal Penal, ya que la medida de desalojo es improcedente, ya que carece de fundamentación legal para decretar la misma, pues al momento de decretarla se encontraba en vigencia el Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal, el cual favorece a sus representados y se debió aplicar la excepcionalidad del principio de retroactividad de la ley materia penal. CONSIDERANDO: Que de los antecedentes se desprende la resolución dictada por el Ad-quem en fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante la cual se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados contra la resolución dictada por el A-quo en fecha veintidós de marzo de dos mil veintiuno, al estimar que la resolución recurrida no se encuentra dentro de la gama legalmente establecida de resoluciones dispuestas por el legislador como apelables, según lo establecido en el artículo 354 del Código Procesal Penal, por lo que al no ser impugnable, el derecho al recurso sede ante dicha disposición y no puede el Ad-quem abrogarse la revisión de resoluciones que la ley no permite. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución adoptada por el Ad-Quem contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión a los derechos constitucionales alegados por la recurrente. CONSIDERANDO: Que de lo expresado anteriormente esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 90, 103, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 47, 139, 316 y 320 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada NADEIZDA WALESKA PAZ ELENCOFF a favor de los señores HUMBERTO ÁVILA ÁVILA, ÁNGEL GABRIEL FIGUEROA HERNÁNDEZ, LEONIDAS MEJÍA VÁSQUEZ, PABLO CHACÓN, HÉCTOR RAMOS OLIVA y SANTOS RIGOBERTO CABRERA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno; en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NADEIZDA WALESKA PAZ ELENCOFF, contra la resolución dictada por esta Sala el quince de agosto de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la recurrente a favor de los señores HUMBERTO ÁVILA ÁVILA, ÁNGEL GABRIEL FIGUEROA HERNÁNDEZ, LEONIDAS MEJÍA VÁSQUEZ, PABLO CHACÓN, HÉCTOR RAMOS OLIVA y SANTOS RIGOBERTO CABRERA, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno; en relación a la causa instruida contra los señores HUMBERTO ÁVILA ÁVILA, ÁNGEL GABRIEL FIGUEROA HERNÁNDEZ, LEONIDAS MEJÍA VÁSQUEZ, PABLO CHACÓN, HÉCTOR RAMOS OLIVA y SANTOS RIGOBERTO CABRERA, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada EXPORTADORA DEL ATLÁNTICO, S.A.. CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada NADEIZDA WALESKA PAZ ELENCOFF, presenta escrito mediante el cual interpone recurso de reposición contra la resolución de fecha quince de agosto del corriente año, que sobresee la presente acción de amparo, estableciendo que el objetivo que se pretende al interponer el presente recurso es que se revise el procedimiento que se utilizó en la formación de la decisión cuestionada, ya que la misma transgrede normas de carácter constitucional y con jerarquía de derechos humanos, además, indica que los argumentos utilizados para declarar el sobreseimiento son muy escuetos, pues no describe de manera clara y precisa por qué son desechadas sus alegaciones iniciales al interponer el amparo. CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha quince de agosto de dos mil veintidós, sobreseyó el recurso de mérito, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se limitó a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. Asimismo, la Sala no puede verter pronunciamiento sobre los argumentos planteados en la acción de amparo, pues los mismos no son de recibo, ya que dichos argumentos no fueron planteados y conocidos por el A-quo y como consecuencia de ello tampoco por el Ad-Quem. CONSIDERANDO: Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 de la Ley antes citada, establece nueve causales de inadmisibilidad de las acciones de amparo, y en su último párrafo dispone que dentro del trámite del mismo éste podrá ser sobreseído tan luego como conste en auto una causal de inadmisibilidad, y habiéndose constatado en autos la causal primera, procedía en consecuencia sobreseer la presente acción de amparo. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NADEIZDA WALESKA PAZ ELENCOFF, contra la resolución dictada por esta Sala el quince de agosto de dos mil veintidós, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de enero de dos mil veintitrés, certificación de las Resoluciones de fechas quince de agosto y trece de octubre de dos mil veintidós, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1234-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA
SALA DE LO CONSTITUCIONAL.