Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1228-21 — Registro 15761

Resumen

Sentencia declaró no ha lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por Juzgado de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional que otorgó prórroga de medida de aseguramiento sobre bienes de recurrente por el término de nueve meses contados a partir del mes de marzo hasta el 11 de diciembre del dos mil veintiuno con relación a la imposición de medidas de aseguramiento sobre bienes de la Sociedad Mercantil Chanel Resort S A de C V; La Autoridad recurrida consideró que la prórroga concedida por el Juzgado es procedente dentro de los plazos que determina la ley por lo mismo procede su confirmación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"el artículo 33 de Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, antes relacionado, es clara cuando dispone las medidas de aseguramiento podrán durar doce (12) meses, las que podrán ser prorrogadas por un término igual por una sola vez. La palabra prorrogar de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, significa continuar, dilatar, extender algo por un tiempo determinado, y lógicamente esa fue la intención del legislador en la tantas veces mencionada Ley en su artículo 33 dejando establecida la prórroga por un término igual, es decir doce meses (un año), pero para que se hable de prórroga lógicamente hablamos de la resolución mediante la cual se decretaron las medidas de aseguramiento que vencieron en fecha 12 de marzo del 2020, en esa orden de ideas, como el legislador concede una prórroga por un término igual significa, que las medidas de aseguramiento debían continuar el día 13 de marzo del 2020, para que igualmente vencieran un año después es decir el 13 de marzo del 2021. Si el Ente acusador dejo transcurrir el tiempo sin solicitar la prórroga tal como lo señala la ley, obviamente no estaremos hablando de una prórroga de las medidas de aseguramiento, y es que el procedimiento no debe ni puede seguirse al arbitrio de las partes, acomodando las disposiciones legales al antojo de quien está conociendo un asunto en el que se pueden quebrantar derechos de los ciudadanos. En el caso que nos ocupa el ente acusador no hizo uso de la prórroga por lo tanto esta no existe, y lo realizado ante el A quo y confirmado por el Ad quem quebranta los derechos del impetrante. En consecuencia, siendo que el Ministerio Público dejó transcurrir un año sin promover la acción de privación de dominio, lo que correspondía conforme la ley es la revocatoria de las medidas de aseguramiento. En consecuencia, es evidente que se ha quebrantado el Debido Proceso, el Derecho de Defensa además de negársele al recurrente una Tutela Judicial Efectiva..."..."el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. que debe prevalecer desde el momento mismo en que se inicia la investigación puesto que de ella dependerá el desarrollo de un futuro proceso o el cierre de un expediente investigativo; debiendo considerar desde un primer momento que todas las actuaciones de las autoridades están sujetas a la ley y no sobre la misma, por otra parte la normativa Sobre Derechos Humanos de los que el Estado forma parte, deben considerarse en cada actuación de la autoridad, reconociendo que el Estado de Derecho está sujeto a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales y no la a las disposiciones individuales, que tiendan a deteriorar ese Estado de Derecho. Por otra parte, no debe de olvidarse que debe existir un plazo razonable, con la finalidad de impedir que los acusados, sospechosos, imputados, permanezcan largo tiempo bajo acusación o investigación sin resultados y asegurar que su situación jurídica se decida de manera pronta y con justicia. Entendiendo de este modo que el Plazo Razonable, es inherente al Debido Proceso por lo que su inobservancia llevada a extremos irrazonables quebranta los derechos reconocidos por la Constitución y confrontan los Tratados Internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos..."..."ésta Sala considera que se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente, procede en consecuencia restituir el derecho quebrantado; haciendo prevalecer la ley y sus principios, que sostienen el Estado de Derecho. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En efecto y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Amparista, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos..."

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 62 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. que debe prevalecer desde el momento mismo en que se inicia la investigación puesto que de ella dependerá el desarrollo de un futuro proceso o el cierre de un expediente investigativo; debiendo considerar desde un primer momento que todas las actuaciones de las autoridades están sujetas a la ley y no sobre la misma, por otra parte la normativa Sobre Derechos Humanos de los que el Estado forma parte, deben considerarse en cada actuación de la autoridad, reconociendo que el Estado de Derecho está sujeto a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales y no la a las disposiciones individuales, que tiendan a deteriorar ese Estado de Derecho. Por otra parte, no debe de olvidarse que debe existir un plazo razonable, con la finalidad de impedir que los acusados, sospechosos, imputados, permanezcan largo tiempo bajo acusación o investigación sin resultados y asegurar que su situación jurídica se decida de manera pronta y con justicia. Entendiendo de este modo que el Plazo Razonable, es inherente al Debido Proceso por lo que su inobservancia llevada a extremos irrazonables quebranta los derechos reconocidos por la Constitución y confrontan los Tratados Internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Luis Alfredo Galeano Ordoñez, a favor de la sociedad mercantil Chanel Resort, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, que declaró No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, en fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, con relación a la imposición de medidas de aseguramiento sobre bienes de la Sociedad Mercantil Chanel Resort, S.A. de C.V. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada, el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha once de marzo de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, la Agente Fiscal, el Abogado Luis Estrada, presentando solicitud para que se decreten medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento sobre bienes productos, instrumentos o ganancias que provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas indistintamente si estas se han realizado en el extranjero, contra el señor Bruce Aaron Beckner. (Folios 1-5 del antecedente) 2) En fecha veinte de enero de dos mil veintiuno, el Juzgado de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, en la celebración de la audiencia de prórroga de medida de aseguramiento, resolvió: “…Habiendo escuchado a las partes y siendo que desde que se presentó la solicitud en marzo en el año dos mil diecinueve no consta ninguna otra diligencia por parte del Ministerio Público desde la fecha que fue presentada, es decir, han transcurrido nueve meses sin contar el tiempo desde que estamos en pandemia, el Ministerio Público tuvo el tiempo para hacer las diligencias investigativas, de las cuales no hay constancia de que se haya hecho algo en ese tiempo; por lo que esta Juzgadora resuelve otorgar la prórroga de la medida de aseguramiento por el término de nueve meses contados a partir del mes de marzo, es decir, que se vencería dicha prórroga el ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (2021), conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley sobre Privación Definitiva de Bienes de Origen Ilícito; si no tienen nada más que manifestar las partes.” (Folios 41-46 del antecedente) 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Luis Alfredo Galeano Ordoñez, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil Chanel Resort, S.A. de C.V., contra la resolución ilustrada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos, falló: (Sic) “…1) Declarar NO HA LUGAR los recursos de apelación interpuestos.-2.-CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 57-61 del antecedente) 4) Que el recurrente, Luis Alfredo Galeano Ordoñez, compareció ante este Tribunal, en fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil Chanel Resort, S.A. de C.V., afirmando que la decisión adoptada por el Ad-quem, que ha sido relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representada el derecho consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veinte de mayo de dos mil veintidós, ésta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, en la acción de mérita, el escrito presentado por el Abogado Luis Alfredo Galeano Ordoñez, en su condición antes indicada, omitiendo dar la vista de las presentes diligencias al Fiscal, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 No. 2 Constitucional, relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución de fecha Primero de marzo del dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, mediante la cual resuelve CONFIRMAR la resolución de prórroga de la Medida de Aseguramiento Sobre Bienes de la Sociedad Mercantil CHANEL RESORT, S.A., DE C.V., por el término de nueve meses contados a partir del mes de marzo hasta el 11 de diciembre del dos mil veintiuno, dictada por el JUZGADO DE PRIVASIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, CON JURISDICCIÓN NACIONAL, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente, en la Formalización de Acción de Amparo señala como hechos que motivan la acción los siguientes:” Que a su representada la Sociedad Mercantil CHANEL, RESORT, S.A., DE C.V., se le sigue la IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, decretada por el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional de la ciudad de Tegucigalpa contras las Cuentas de Ahorro y Cheques perteneciente a mi poderdante en diferentes Bancos Nacionales. Además, explica que la medida de aseguramiento fue dictada por primera vez en fecha 13 de marzo del 2019, misma que venció en fecha 12 de marzo del 2020. Como ampliación por segunda vez se dictó la medida de aseguramiento por nueve (9) meses, emitida por el mismo Juzgado en fecha 20 de enero del 2021, venciendo dicha medida el 11 de diciembre del 2021.” CONSIDERANDO: (5) Que el impetrante invoca el artículo 33 párrafo 5to. De la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito que dispone: “… transcurrido el término de doce (12) meses después de dictadas y ejecutadas las medidas de aseguramiento, sin que el Ministerio Público haya promovido la acción de privación del dominio estas pueden ser revocadas. El término indicado en este artículo puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente”, señalando que la prórroga es la prolongación del vencimiento de un plazo, aplazamiento de un acto o hecho. Alargamiento de un plazo. Señalando que la primera solicitud de MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, presentada por el Ministerio Fiscal se inició el 13 de marzo del 2019, venciendo el día 12 de marzo del 2020, sin que los agentes del Ministerio Público hayan solicitado una prórroga en tiempo y forma y de conformidad y de conformidad con el mismo artículo dicho término podrá ser prorrogado por un término igual y se empezará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente. Lo que significa que el Ministerio Público debió presentar la ampliación de la medida antes de su vencimiento o sea antes del 12 de marzo del 2020, pero el Ministerio Público presentó la ampliación de dicha medida un año después, y el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional concedió dicha ampliación en fecha 20 de enero del 2021. Violentando tanto el A quo como el Ministerio Público la referida ley en su artículo 33, además de violentar el derecho al Debido Proceso y el Derecho de Defensa de su representada, establecidos en el artículo 90 y 82 de la Constitución de la República.” CONSIDERANDO: (6) Que el amparista manifiesta que el artículo 439 del Código Penal Vigente establece: “incurre en lavado de activos quien por si o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento, o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos. Cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual o industrial, el patrimonio cultural, la explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando cometidos por él o por un tercero…”. Señala que el artículo antes relacionado limita al Ministerio Público pues este ente debió probar antes la existencia de un delito precedente. Por lo que el accionar del Ministerio Público y el Juez A quo, al aprobar una supuesta ampliación de una medida de aseguramiento tiempo después de haber vencido la misma cometen los delitos de PREVARICATO ADMINISTRATIVO, establecido en el artículo 498 del Código Penal y ABUSO DE AUTORIDAD establecido en el artículo 499 siempre del Código Penal Vigente.” CONSIDERANDO: (7) Que el Tribunal de Alzada en el acápite de la Motivación, numeral cinco (5) deja establecido: “Si bien los agravios de los apelantes se refieren exclusivamente al hecho de que desde el 2019 se inició el proceso de aseguramiento de los Bienes, pero no por orden del Juzgado A quo, en el expediente sometido a nuestro conocimiento consta que la acción de privación de dominio se inició el 13 de marzo del 2019 y a partir de la resolución de fecha 20 de marzo del 2019 es que el juzgado ordena el aseguramiento de los bienes por la convalidación y concede una prórroga que vence el 11 de diciembre del 2021, que está dentro de los términos legales y las facultades que le otorga la ley. En el No. 6 señala “Relacionando los fundamentos legales transcritos, las fechas de presentación de las solicitudes y los argumentos expuestos por las partes a la Corte consideró que la prórroga concedida es procedente dentro de los plazos que determina la ley por lo mismo procede su confirmación. En consecuencia, confirmó la resolución impugnada y Denegó el Recurso de Apelación interpuesto.” CONSIDERANDO: (8) Que la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, artículo 33 en su parte conducente dispone: “Transcurrido el término de doce (12) meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares de aseguramiento, sin que el Ministerio Público haya promovido la acción de privación del dominio, estas pueden ser revocadas. El término indicado en este artículo puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez, (las negritas son nuestras) y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente. CONSIDERANDO: (9) Que el artículo 33 de Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, antes relacionado, es clara cuando dispone las medidas de aseguramiento podrán durar doce (12) meses, las que podrán ser prorrogadas por un término igual por una sola vez. La palabra prorrogar de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, significa continuar, dilatar, extender algo por un tiempo determinado, y lógicamente esa fue la intención del legislador en la tantas veces mencionada Ley en su artículo 33 dejando establecida la prórroga por un término igual, es decir doce meses (un año), pero para que se hable de prórroga lógicamente hablamos de la resolución mediante la cual se decretaron las medidas de aseguramiento que vencieron en fecha 12 de marzo del 2020, en esa orden de ideas, como el legislador concede una prórroga por un término igual significa, que las medidas de aseguramiento debían continuar el día 13 de marzo del 2020, para que igualmente vencieran un año después es decir el 13 de marzo del 2021. Si el Ente acusador dejo transcurrir el tiempo sin solicitar la prórroga tal como lo señala la ley, obviamente no estaremos hablando de una prórroga de las medidas de aseguramiento, y es que el procedimiento no debe ni puede seguirse al arbitrio de las partes, acomodando las disposiciones legales al antojo de quien está conociendo un asunto en el que se pueden quebrantar derechos de los ciudadanos. En el caso que nos ocupa el ente acusador no hizo uso de la prórroga por lo tanto esta no existe, y lo realizado ante el A quo y confirmado por el Ad quem quebranta los derechos del impetrante. En consecuencia, siendo que el Ministerio Público dejó transcurrir un año sin promover la acción de privación de dominio, lo que correspondía conforme la ley es la revocatoria de las medidas de aseguramiento. En consecuencia, es evidente que se ha quebrantado el Debido Proceso, el Derecho de Defensa además de negársele al recurrente una Tutela Judicial Efectiva. CONSIDERANDO (10): Que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos[1]. El Jus Puniendi es un poder jurídico que el Derecho Objetivo concede al Estado para garantizar el mantenimiento del orden jurídico y restablecerlo cuando ha sido perturbado, este derecho que tiene el Estado para castigar las conductas delictivas que ciertamente ponen en peligro o destruyen bienes jurídicos protegidos penalmente. Este poder jurídico no puede ser utilizado al libre arbitrio pues tiene sus límites y fundamentos, en la Constitución de la República y en los Tratados Internaciones de los que el Estado forma parte, como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (11): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. que debe prevalecer desde el momento mismo en que se inicia la investigación puesto que de ella dependerá el desarrollo de un futuro proceso o el cierre de un expediente investigativo; debiendo considerar desde un primer momento que todas las actuaciones de las autoridades están sujetas a la ley y no sobre la misma, por otra parte la normativa Sobre Derechos Humanos de los que el Estado forma parte, deben considerarse en cada actuación de la autoridad, reconociendo que el Estado de Derecho está sujeto a la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales y no la a las disposiciones individuales, que tiendan a deteriorar ese Estado de Derecho. Por otra parte, no debe de olvidarse que debe existir un plazo razonable, con la finalidad de impedir que los acusados, sospechosos, imputados, permanezcan largo tiempo bajo acusación o investigación sin resultados y asegurar que su situación jurídica se decida de manera pronta y con justicia. Entendiendo de este modo que el Plazo Razonable, es inherente al Debido Proceso por lo que su inobservancia llevada a extremos irrazonables quebranta los derechos reconocidos por la Constitución y confrontan los Tratados Internacionales como la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. CONSIDERANDO (12): Que, por lo antes expuesto, ésta Sala considera que se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente, procede en consecuencia restituir el derecho quebrantado; haciendo prevalecer la ley y sus principios, que sostienen el Estado de Derecho. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. En efecto y como resultado del estudio de los antecedentes existe vulneración de los derechos constitucionales del Amparista, por lo que deben restituirse las cosas a su estado anterior y restablecerse sus derechos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los Artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No.2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8,9, de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. PRIMERO: FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, a favor de la Sociedad Mercantil CHANEL RESORT, S.A., DE C.V., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha Primero de marzo del dos mil veintiuno. SEGUNDO: Que, en consecuencia, a lo establecido por esta Sala, el Tribunal de Alzada, profiera nueva sentencia en concordancia a los Principios y Garantías que se han establecidos en el iter del presente fallo. Restableciendo los Derechos que se han conculcados al recurrente. - Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, debiendo restablecerse los derechos del recurrente. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1228-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] http://www.iidh.ed.cr/siii/index_fl.htm Biblioteca Católica digital.