Sentencia AP-1218-22 — Registro 15692
Resumen
Acto recurrido que sobreseyó amparo contra la del a-quo, con relación a la causa instruida contra los impetrantes por suponerlos responsables a título de autores del delito de Usurpación. En perjuicio de los impetrantes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..." Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento..." Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse …"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la resolución de fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que sobreseyó el recurso de amparo presentado por la Abogada Elsa María Corea Reyes, a favor de los señores Eulalio Armando Rubio Elia, Nicolasa Casco, María Guillermina Romero, Leopoldo Eugenio Mena Calderón, Lorenza Núñez, José Santos Zelaya Núñez y María Diky Vegas Núñez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Tania Samara Cárcamo Oliva, Nicolasa Casco, Lorena Núñez, Emilio Vasquez, Manases Joel Espinal García, María Demetria Vegas Núñez, María Diki Vegas Núñez, Cristina Manuel Torres Vindel, Fernando José Canales Rivas, María Guillermina Romero, Reimundo Arriola, Nora Isabel Torres Corea y Otros, por suponerlos responsables a título de autores del delito de Usurpación, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Empresa Inversiones y Servicios del Sur S.A. de C.V. y Sociedad Inversiones Agro Industriales, S. de R.L. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 11, 59, 62, 65, 80, 89, 90, 104, 344, 345 y 348 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) En fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Agente Fiscal del Ministerio Público, Abogado Osmin Alvarado Durán Paz, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Tania Samara Cárcamo Oliva, Nicolasa Casco, Lorena Núñez, Emilio Vasquez, Manases Joel Espinal García, María Demetria Vegas Núñez, María Diki Vegas Núñez, Cristina Manuel Torres Vindel, Fernando José Canales Rivas, María Guillermina Romero, Reimundo Arriola, Nora Isabel Torres Corea y Otros, por suponerlos responsables a título de autores del delito de Usurpación, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Empresa Inversiones y Servicios del Sur S.A. de C.V. y Sociedad Inversiones Agro Industriales, S. de R.L. (Folios 1-6 del tomo I de los antecedentes) 2) En fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, el Abogado José Antonio Sauceda Mairena, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Inversiones Agroindustriales, S. de R.L., presentando solicitud para que se señale nueva fecha y hora y orden de desalojo de bienes inmuebles. (Folio 447 vuelto del tomo II de los antecedentes) 3) En fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, dictó auto el cual literalmente dice: “…Admítase el escrito que antecede presentado por el abogado JOSE ANTONIO SAUCEDA MAIRENA en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S DE R.L. en la causa que se instruye a los señores LEOPOLDO MENA CALDERÓN Y OTROS por el delito de USURPACIÓN en perjuicio de la empresa referida. En cuanto a lo solicitado por el peticionario este tribunal ORDENA practicar diligencia de DESALOJO para el día JUEVES VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS a las ocho de la mañana, del inmueble establecido en la escritura pública, bajo lo instrumentos No. 24 d fecha 14 de febrero de 1997, el cual tiene las siguientes características: A) Lote número uno (1) ubicado hacia el lado Nor-Este de todo el terreno, denominado "Fracción de terreno del Lote número tres (3), con una extensión superficial del 330.78. Manzanas. B) Lote Numero dos (2), ubicado hacia el lado Nor-Oeste de todo el terreno y que resulto de la partición de la hacienda la Florida, con una extensión de 92.39 manzanas. C) Lote número tres (3), ubicado hacia el lado Sur-Este de todo el terreno denominado el Nuevo Denuncio, con una extensión superficial de 4.21 manzana, con un total de 427.56 manzanas, todos estos ubicados en el valle del Ojochal" Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca. Asimismo nombrese como juez ejecutor al escribiente CARLOS FRANCISCO AGUILAR MACIAS, a quien se hará saber su nombramiento para su aceptación y demás efectos legales correspondientes, póngase en posesión al propietario del inmueble, diligencia que deberá practicarse con el auxilio de la policía nacional preventiva y policía militar del orden público. Para tal efecto librese los oficios respectivos para que den seguridad al juez ejecutor nombrado, librando oficios al Comisionado de Derechos humanos de esta ciudad, a fin de que presencien el acto y así garantizar los derechos de las personas. Artículos 80, 90, 303, 304, y 321 de la Constitución de la Republica, 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos. NOTIFÍQUESE.” (Folio 448 del tomo II de los antecedentes) 4) En fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, la Abogada Elsa María Corea Reyes, presentando recurso de amparo a favor de los señores Eulalio Armando Rubio Elia, Nicolasa Casco, María Guillermina Romero, Leopoldo Eugenio Mena Calderón, Lorenza Núñez, José Santos Zelaya Núñez y María Diky Vegas Núñez, contra el auto referido en el numeral que antecede, estimando el recurrente que con el acto reclamado se le han violado a sus representados, los derechos consagrados en los artículos 11, 59, 62, 65, 80, 89, 90, 104, 344, 345 y 348 de la Constitución de la República. (Folios 1-10 de la pieza del Ad-quem) 5) Siguiendo el procedimiento que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…Esta Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en nombre del Estado de Honduras, y en aplicación a los Artículo, 90,89, 65, 68, 104 y 183, de la Constitución de la República; 3, 8, 10 y 11 Declaración Universal sobre de los Derechos Humanos; 5, 13, 21, 22 y 25 De la Convención Americana; 227 del Código Penal; 41, 42,46 numeral 3,49 numeral 3, 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional 61, 63 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; por UNANIMIDAD DE VOTOS: RESUELVE: PRIMERO: SOBRESEER EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada ELSA MARIA COREA REYES, actuando en su condición de Defensora Privada de los señores Eulalio Armando Rubio Elia, Nicolasa Casco, María Guillermina Romero, Leopoldo Eugenio Mena Calderón, Lorenza Núñez, José Santos Zelaya Núñez, María Diky Vegas Núñez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca en fecha veintisiete (27) de Mayo del año dos mil veintidós (2022), en la causa penal instruida contra los señores EULALIO ARMANDO RUBIO, ELIA NICOLASA, MARIA GUILLERMINA MENA ROMERO, LEOPOLDO EUGENIO CALDERON, LORENZA NUÑEZ, JOSÉ SANTOS ZELAYA NUÑEZ, MARIA DIKY VEGAS NUÑEZ, por suponerlos responsables del delito de USURPACIÓN en perjuicio de la empresa INVESIONES AGROINDUSTRIALES S.DE. R. L. y EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A.- SEGUNDO: Envíese la resolución en trámite de consulta obligatoria a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. - Redactó la Magistrada Propietaria IVONNE CLARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE.-.” (Folios 60-69 vuelto de la pieza del Ad-quem) 6) Que en fecha nueve de agosto de dos mil veintidós, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada, como ya queda dicho, por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que sobreseyó el recurso de amparo presentado por la Abogada Elsa María Corea Reyes, a favor de los señores Eulalio Armando Rubio Elia, Nicolasa Casco, María Guillermina Romero, Leopoldo Eugenio Mena Calderón, Lorenza Núñez, José Santos Zelaya Núñez y María Diky Vegas Núñez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Tania Samara Cárcamo Oliva, Nicolasa Casco, Lorena Núñez, Emilio Vasquez, Manases Joel Espinal García, María Demetria Vegas Núñez, María Diki Vegas Núñez, Cristina Manuel Torres Vindel, Fernando José Canales Rivas, María Guillermina Romero, Reimundo Arriola, Nora Isabel Torres Corea y Otros, por suponerlos responsables a título de autores del delito de Usurpación, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Empresa Inversiones y Servicios del Sur S.A. de C.V. y Sociedad Inversiones Agro Industriales, S. de R.L. CONSIDERANDO (6): Que de acuerdo con el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones en su sentencia, lo alegado por el amparista son cuestiones de mera legalidad y no del recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala aprecia que efectivamente, tal y como ha sido advertido por el Tribunal de Apelación, que “CONSIDERANDO (4): Del análisis realizado al libelo del recurso, se desprende que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintidós (la resolución de fecha veintiséis de mayo es inexistente señalada por la amparista), en la que se ordena para el día jueves veintitrés de junio del año dos mil veintidós practicar desalojo de cinco inmuebles ubicado en el municipio de Marcovia propiedad de EMPRESA INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S. DE R.L. y EMPRESA INVERSIONES Y SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., que se describen en los instrumentos públicos números 24 de fecha catorce (14) de febrero del año 1997, y primera copia de escritura pública de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil (2000), siendo notificado el amparista el 14 de junio del año 2022, no obstante, la amparista no interpuso recurso de reposición y es hasta el día veintiuno de junio interpone recurso de amparo. Al realizar el análisis este Tribunal de Alzada encuentra una causal relevante de inadmisibilidad, la que se enmarca en el artículo 46 numeral 1 que dispone: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”, entendiendo por cuestiones de mera legalidad, aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el Juez Ordinario, y que las actuaciones realizadas por el A-quo, aun cuando están vinculadas con la normativa constitucional, intrínsicamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ordena el desalojo, que fue tomada posterior a decretar un auto de formal procesamiento por el delito de Usurpación, que fue debidamente motivado, al encontrar que el ofendido tenía acreditado el derecho de propiedad sobre el inmueble, mientras la otra parte (los imputados) no sustenta su derecho sobre la propiedad, ya que no tienen ningún título que les ampare su supuesto derecho, ni tampoco ha sido anulado las escrituras públicas de la parte denunciante. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente señala que la resolución que ordena el desalojo Vulnera Derechos como ser: Presunción de Inocencia (artículos 89 de la Constitución de la Republica, 11 de la Declaración Universal Sobre de los Derechos Humanos); Debido Proceso (artículo 90 Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 21 de la Convención Americana Sobre de los Derechos Humanos) derecho de petición (artículo 80 de la Constitución de la Republica), derecho a la vida, (Artículos 65 de la Constitución de la Republica, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), Integridad física (68 de la Constitución de la República), de Familia (artículo 11 de la Constitución de la Republica, 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), A la alimentación y vivienda (artículo 25 Convención Americana de Derechos Humanos), a ser oído de forma imparcial, (artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), a la no injerencia en la vida privada, familiar y hogar (artículo 5 de la Convención Americana de los Sobre Derecho Humanos, protección judicial, 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), a elegir su propio lugar de residencia (artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), derecho a la libertad de expresión e información (artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), Derecho a la propiedad (artículo 104 de la Constitución de la Republica); el pedidor muestra su inconformidad con la decisión adoptada por el A-quo, al ordenar el desalojo de los habitantes del Valle de Ojochal, del municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca, al estimar que el desalojo fue ordenado de manera general, sin haber tenido la oportunidad de defenderse, sin haber sido oídos y vencidos en juicio, sin haber sido sujetos a un proceso, por lo que es importante pronunciarnos sobre los supuestos derechos conculcados. CONSIDERANDO (6): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (7): Que del examen de las diligencias y la decisión adoptada por el A-quo el 27 de mayo del año 2022, la misma se encuentra dictada conforme a derechos, no estimándose que se ha violentando los derechos de Presunción de Inocencia (artículos 89 de la Constitución de la Republica, 11 de la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos), Debido Proceso (artículos 90 Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 21 de la Convención Americana Sobre de los Derechos Humanos) derecho a la vida, (artículos 65 de la Constitución de la Republica, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), Integridad Física (68 de la Constitución de la Republica), de Familia (artículos 11 de la Constitución de la Republica, 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), A la alimentación y vivienda (articulo 25 Convención Americana de Derechos Humanos), A ser oído de forma imparcial, (artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), A la no injerencia en la vida privada, familiar y hogar (artículo 5 de la Convención Americana de los Sobre Derecho Humanos, protección Judicial, 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), a elegir su propio lugar de residencia (artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), derecho a la libertad de expresión e información (artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos), Derecho a la propiedad (Artículo 104 de la Constitución de la Republica), pues habiendo sido acreditado el derecho de propiedad de los denunciantes el A-Quo dictó un auto de formal procesamiento y posteriormente ordenó el desalojo teniendo a la vista el título de dominio de propiedad del denunciante, por lo cual, tal como lo dispone el artículo 227 del Código Penal el cual establece que “Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce de la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado, y en el caso de autos al estar acreditado en autos la propiedad de los denunciantes, está legitimado el Juez para ordenar un desalojo y no se considera que se ha vulnerado ninguno de los derechos constitucionales, señalados por el amparista.” CONSIDERANDO (8): Que efectivamente, conforme lo dispone el Artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO (9): Que esta Sala ha sostenido que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que existió pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como ha quedado ya relacionado. CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO (11): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal concuerda con los razonamientos expuestos en la sentencia que se revisa, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, la cual ha advertido con acierto que las argumentaciones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, correspondía conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), el sobreseimiento del recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, sin que resulte disminución alguna de los derechos y garantías reconocidas por nuestro texto constitucional y habiendo sido así observado y resuelto por el Tribunal de Alzada en su fallo, resulta procedente CONFIRMAR la sentencia venida en consulta y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 46 numeral 8), 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, que sobresee la acción de amparo interpuesta por la Abogada Elsa María Corea Reyes, a favor de los señores Eulalio Armando Rubio Elia, Nicolasa Casco, María Guillermina Romero, Leopoldo Eugenio Mena Calderón, Lorenza Núñez, José Santos Zelaya Núñez y María Diky Vegas Núñez, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidós, con relación a la causa instruida contra los señores Tania Samara Cárcamo Oliva, Nicolasa Casco, Lorena Núñez, Emilio Vasquez, Manases Joel Espinal García, María Demetria Vegas Núñez, María Diki Vegas Núñez, Cristina Manuel Torres Vindel, Fernando José Canales Rivas, María Guillermina Romero, Reimundo Arriola, Nora Isabel Torres Corea y Otros, por suponerlos responsables a título de autores del delito de Usurpación, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada Empresa Inversiones y Servicios del Sur S.A. de C.V. y Sociedad Inversiones Agro Industriales, S. de R.L..-Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de noviembre de dos mil ventidós, certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintidós, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-1218-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL