Sentencia AP-1203-21 — Registro 15268
Resumen
Sentencia resolvió recurso de apelación y revocó sobreseimiento provisional decretado por juzgado de primera instancia y decretó sobreseimiento definitivo a favor de imputado por suponerlo responsable del delito de adquisición de vehículo robado en perjuicio de afectado; La Autoridad recurrida consideró que la conducta tipificada como adquisición de vehículo robado ha sido despenalizada y conforme al Código Penal vigente lo correcto es dictar un sobreseimiento definitivo a favor del imputado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la referida Corte de Apelaciones en su motivación revoca el sobreseimiento provisional decretado por el A-quo, al considerar que en el nuevo Código Penal se ha despenalizado la conducta tipificada en el Código anterior de Adquisición de Vehículo Robado, y conforme lo dispuesto en los artículos 615 y 624 numeral 3) del Código Penal vigente, dictar un sobreseimiento definitivo a favor del imputado, es la resolución correcta, pues la conducta imputada al encartado, no encuadra en los delitos de hurto y robo de uso de vehículo automotor en relación con el de receptación contenidos en los artículos 364 y 438 del referido Código, al cual pretende el Ministerio Público que se encuadre..."..."como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 99 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 364 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 438 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 624, 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"la referida Corte de Apelaciones en su motivación revoca el sobreseimiento provisional decretado por el A-quo, al considerar que en el nuevo Código Penal se ha despenalizado la conducta tipificada en el Código anterior de Adquisición de Vehículo Robado, y conforme lo dispuesto en los artículos 615 y 624 numeral 3) del Código Penal vigente, dictar un sobreseimiento definitivo a favor del imputado, es la resolución correcta, pues la conducta imputada al encartado, no encuadra en los delitos de hurto y robo de uso de vehículo automotor en relación con el de receptación contenidos en los artículos 364 y 438 del referido Código, al cual pretende el Ministerio Público que se encuadre..."..."como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes..."..."las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 296 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, el once de junio de dos mil veintiuno; con relación a la causa instruida contra el señor MARCO ANTONIO MATEO MEJÍA, por suponerlo responsable del delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio del señor WALFRE MANOLO GARCÍA CRISOSTOMO (Exp. No. TS-SB-0067-2018). CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en cuanto a la revocación de un sobreseimiento provisional y el posterior decreto de un sobreseimiento definitivo a favor del señor MARCO ANTONIO MATEO MEJÍA, por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, es violatoria de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, ya que dicha resolución carece de requisitos, formalidades, condiciones y exigencias del procedimiento penal, y por ende, una violación al debido proceso, como es el derecho que tienen las partes a obtener un respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, limitando la posibilidad al Ministerio Público de poder desarrollar su pretensión acusatoria. CONSIDERANDO: Que la ley dispone, que se dictará sobreseimiento definitivo: 1) cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión. CONSIDERANDO: Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación revoca el sobreseimiento provisional decretado por el A-quo, al considerar que en el nuevo Código Penal se ha despenalizado la conducta tipificada en el Código anterior de Adquisición de Vehículo Robado, y conforme lo dispuesto en los artículos 615 y 624 numeral 3) del Código Penal vigente, dictar un sobreseimiento definitivo a favor del imputado, es la resolución correcta, pues la conducta imputada al encartado, no encuadra en los delitos de hurto y robo de uso de vehículo automotor en relación con el de receptación contenidos en los artículos 364 y 438 del referido Código, al cual pretende el Ministerio Público que se encuadre. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 296 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 364, 438, 615 y 624 numeral 3) del Código Penal vigente; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de julio de dos mil veintidós. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, contra la resolución dictada por esta Sala el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la recurrente a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, el once de junio de dos mil veintiuno; con relación a la causa instruida contra el señor MARCO ANTONIO MATEO MEJÍA, por suponerlo responsable del delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio del señor WALFRE MANOLO GARCÍA CRISOSTOMO (Exp. No. TS-SB-0067-2018). CONSIDERANDO: Que la Sala, mediante resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós, sobreseyó el recurso de mérito, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se limitó a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso. CONSIDERANDO: Que la recurrente Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, en el escrito mediante el cual interpuso el recurso de reposición, establece que se violenta la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, en cuanto a que su resolución no está fundamentada en derecho, ya que en sus razonamientos se limitó a establecer que el delito de Adquisición de Vehículo Robado ha sido despenalizado en el nuevo Código Penal, vulnerando además el principio de legalidad, pues si bien es cierto el juez tiene una potestad dada por la Ley, este debe ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, haciendo nuevamente un análisis del tipo penal que su criterio se le debe aplicar al imputado. CONSIDERANDO: Que el Recurso de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que esta instituido como un remedio procesal para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que el artículo 46 de la Ley antes citada, establece nueve causales de inadmisibilidad de las acciones de amparo, y en su último párrafo dispone que dentro del trámite del mismo éste podrá ser sobreseído tan luego como conste en auto una causal de inadmisibilidad, y habiéndose constatado en autos la causal primera, procedía en consecuencia sobreseer la presente acción de amparo. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 Y Nº 8, 119, 120, 124 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: 1° DECLARAR SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, contra la resolución dictada por esta Sala el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda; y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los doce días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de las resoluciones de fechas dieciséis de marzo de dos mil veintidós y veinticinco de julio de dos mil veintidós, recaídas en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-1203=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL