Sentencia AP-1182-21 — Registro 18475
Resumen
Corte de Apelaciones declaró parcialmente con lugar recurso de apelación interpuesto por la Defensa Privada, contra resolución dictada por Juzgado de primera instancia que dictó auto de formal procesamiento contra imputado por suponerlo responsable del delito de Femicidio Agravado, hecho ocurrido en la celda de detención de mujeres de la Policía Nacional; dicha Corte reformó la resolución en relación a la calificación del delito por el tipo penal de Homicidio, por considerar que los hechos acusatorios no se ajustan en el tipo penal de femicidio. No obstante, la Sala de Constitucional considera la necesidad apremiante de que este caso sea tratado con perspectiva de género.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional al momento de examinar de manera exhaustiva y analítica todos y cada uno de los argumentos expuestos encuentra por una parte que la denuncia que se hace mediante garantía constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por el tribunal de alzada se funda básicamente en dos puntos esenciales, el primero que corresponde a la calificación supuestamente errónea del delito cometido en contra de quien en vida fuera la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez; y segundo, la omisión del tribunal ad quem de motivar su resolución tomando en consideración la perspectiva de género, la cual es necesaria para corresponder a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado hondureño en materia de derechos humanos..."..."con relación a la errónea calificación de la corte de apelaciones, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado una amplia, consistente y sólida jurisprudencia encaminada a señalar, con plena claridad, que el ámbito de aplicación del Amparo no faculta en los términos dispuestos por los artículos 183 constitucional y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional a entrometerse en asuntos que son propios o exclusivos de los órganos jurisdiccionales de instancia. Es decir, las normas antes citadas indican con claridad que el Recurso de Amparo tiene como propósito: a), o b)..en virtud de que la calificación del delito corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia penal, siendo este un asunto de instancia que se encuentra fuera de las atribuciones de la jurisdicción constitucional, procede denegar el Amparo por este motivo. Sin embargo, cabe mencionar que la calificación del delito que realiza el juez de lo penal como resultado de la audiencia inicial, es imperfecta y por tanto provisional, debido a que se funda en apenas una mínima actividad probatoria. De manera que, la calificación realizada en esta etapa del proceso no es vinculante para el Ministerio Público, pudiendo el agente de dicha entidad punitiva del Estado acusar por el delito que objetivamente considere pertinente, como tampoco lo es para el Tribunal de Sentencia que conozca del juicio oral y público, quien con fundamento y base de lo que se acredite y alegue en el proceso, podrá dictar la sentencia de acuerdo con la Ley y el Derecho..."..."debido a que la calificación del delito es un asunto privativo de los órganos de instancia, este alto tribunal de Justicia no está de ninguna manera aprobando o desaprobando la calificación de la Corte de Apelaciones, sin embargo, estima de importancia subrayar cuando dicho tribunal señala que la relación desigual de poder, es un concepto que debe entenderse desde el punto de vista social, o sea las expectativas que tienen las mujeres para alcanzar su autonomía o poder de decisión en todos los ámbitos de su vida, lo cual se traduce en la posibilidad real de disfrutar de sus derechos humanos. Así mismo, la Sala de lo Constitucional, sigue y asiente lo referido por el Tribunal de Alzada, cuando haciendo alusión a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, expresa que dicho tribunal tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), hace suya la Recomendación número 19 del Comité de la CEDAW, mediante la cual establece que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada. De igual forma, este Alto Tribunal de Justicia se adhiere a lo actuado por la Corte de Apelaciones cuando de conformidad con el Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), entiende que, conforme a esa misma Convención, violencia contra la mujer, “es cualquier acción o conducta en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Sin embargo, entendiendo al igual que lo hace la Corte Interamericana sobre derechos Humanos, cuando invocando esa definición de violencia contra la mujer, deja claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente la violación de la Convención de Belem do Pará, pues bien, se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de las víctimas..."..."este Alto Tribunal de Justicia, no obstante lo anterior, estima que cada órgano jurisdiccional de instancia debe analizar asuntos como el de marras, tomando en cuenta que la violencia contra las mujeres es una realidad; así mismo la discriminación basada en estereotipos de género son parte de la forma generalizada de pensamiento y conducta de nuestra sociedad;..."..."Otro elemento que conduce a la necesidad apremiante de que este caso sea tratado con perspectiva de género es que ocurre en un ámbito de supresión de ciertos derechos, en virtud de que los sucesos ocurren dentro del tiempo de “toque de queda”, por razones de salud pública. Todos estos elementos de vulnerabilidad: víctima mujer, privada de libertad bajo custodia policial, y en un marco de restricción de derechos, permite percibir que los servidores del Estado asignados a la estación policial no tienen conciencia del “deber reforzado” que les obliga a tomar consideraciones especiales en caso de personas, que como en el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, pertenecen a un sector de la población que requieren de una “protección especial” dada las condiciones de vulnerabilidad que son producto de una sociedad en la que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres..."..."El juzgamiento con perspectiva de género debe partir desde la aceptación sin reparos en las diferencias que la sociedad impone por razones de género, exigiendo un celo mayúsculo por parte de los agentes de seguridad cuando se relacionan con personas del sexo femenino. De ocurrir un hecho como el de mérito, la investigación debe tomar en cuenta consideraciones especiales previstas en protocolos especiales como: El Protocolo de Minessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) , el protocolo de Estambul o Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamiento crueles inhumanos o degradantes (1999); y más específicamente el citado por las garantistas, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio). Y el juzgamiento con perspectiva de género supone que el juzgador debe elegir aquella interpretación que se más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Dicho criterio de preferencia interpretativa se ha de reflejar en la aplicación del principio “favor debilis” en este caso tomando en consideración la vulnerabilidad a las que han sido sometidas las mujeres en nuestro país..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 198 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
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Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
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Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional al momento de examinar de manera exhaustiva y analítica todos y cada uno de los argumentos expuestos encuentra por una parte que la denuncia que se hace mediante garantía constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por el tribunal de alzada se funda básicamente en dos puntos esenciales, el primero que corresponde a la calificación supuestamente errónea del delito cometido en contra de quien en vida fuera la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez; y segundo, la omisión del tribunal ad quem de motivar su resolución tomando en consideración la perspectiva de género, la cual es necesaria para corresponder a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado hondureño en materia de derechos humanos..."..."con relación a la errónea calificación de la corte de apelaciones, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado una amplia, consistente y sólida jurisprudencia encaminada a señalar, con plena claridad, que el ámbito de aplicación del Amparo no faculta en los términos dispuestos por los artículos 183 constitucional y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional a entrometerse en asuntos que son propios o exclusivos de los órganos jurisdiccionales de instancia. Es decir, las normas antes citadas indican con claridad que el Recurso de Amparo tiene como propósito: a), o b)..en virtud de que la calificación del delito corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia penal, siendo este un asunto de instancia que se encuentra fuera de las atribuciones de la jurisdicción constitucional, procede denegar el Amparo por este motivo. Sin embargo, cabe mencionar que la calificación del delito que realiza el juez de lo penal como resultado de la audiencia inicial, es imperfecta y por tanto provisional, debido a que se funda en apenas una mínima actividad probatoria. De manera que, la calificación realizada en esta etapa del proceso no es vinculante para el Ministerio Público, pudiendo el agente de dicha entidad punitiva del Estado acusar por el delito que objetivamente considere pertinente, como tampoco lo es para el Tribunal de Sentencia que conozca del juicio oral y público, quien con fundamento y base de lo que se acredite y alegue en el proceso, podrá dictar la sentencia de acuerdo con la Ley y el Derecho..."..."debido a que la calificación del delito es un asunto privativo de los órganos de instancia, este alto tribunal de Justicia no está de ninguna manera aprobando o desaprobando la calificación de la Corte de Apelaciones, sin embargo, estima de importancia subrayar cuando dicho tribunal señala que la relación desigual de poder, es un concepto que debe entenderse desde el punto de vista social, o sea las expectativas que tienen las mujeres para alcanzar su autonomía o poder de decisión en todos los ámbitos de su vida, lo cual se traduce en la posibilidad real de disfrutar de sus derechos humanos. Así mismo, la Sala de lo Constitucional, sigue y asiente lo referido por el Tribunal de Alzada, cuando haciendo alusión a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, expresa que dicho tribunal tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), hace suya la Recomendación número 19 del Comité de la CEDAW, mediante la cual establece que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada. De igual forma, este Alto Tribunal de Justicia se adhiere a lo actuado por la Corte de Apelaciones cuando de conformidad con el Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), entiende que, conforme a esa misma Convención, violencia contra la mujer, “es cualquier acción o conducta en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Sin embargo, entendiendo al igual que lo hace la Corte Interamericana sobre derechos Humanos, cuando invocando esa definición de violencia contra la mujer, deja claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente la violación de la Convención de Belem do Pará, pues bien, se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de las víctimas..."..."este Alto Tribunal de Justicia, no obstante lo anterior, estima que cada órgano jurisdiccional de instancia debe analizar asuntos como el de marras, tomando en cuenta que la violencia contra las mujeres es una realidad; así mismo la discriminación basada en estereotipos de género son parte de la forma generalizada de pensamiento y conducta de nuestra sociedad;..."..."Otro elemento que conduce a la necesidad apremiante de que este caso sea tratado con perspectiva de género es que ocurre en un ámbito de supresión de ciertos derechos, en virtud de que los sucesos ocurren dentro del tiempo de “toque de queda”, por razones de salud pública. Todos estos elementos de vulnerabilidad: víctima mujer, privada de libertad bajo custodia policial, y en un marco de restricción de derechos, permite percibir que los servidores del Estado asignados a la estación policial no tienen conciencia del “deber reforzado” que les obliga a tomar consideraciones especiales en caso de personas, que como en el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, pertenecen a un sector de la población que requieren de una “protección especial” dada las condiciones de vulnerabilidad que son producto de una sociedad en la que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres..."..."El juzgamiento con perspectiva de género debe partir desde la aceptación sin reparos en las diferencias que la sociedad impone por razones de género, exigiendo un celo mayúsculo por parte de los agentes de seguridad cuando se relacionan con personas del sexo femenino. De ocurrir un hecho como el de mérito, la investigación debe tomar en cuenta consideraciones especiales previstas en protocolos especiales como: El Protocolo de Minessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) , el protocolo de Estambul o Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamiento crueles inhumanos o degradantes (1999); y más específicamente el citado por las garantistas, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio). Y el juzgamiento con perspectiva de género supone que el juzgador debe elegir aquella interpretación que se más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Dicho criterio de preferencia interpretativa se ha de reflejar en la aplicación del principio “favor debilis” en este caso tomando en consideración la vulnerabilidad a las que han sido sometidas las mujeres en nuestro país..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional al momento de examinar de manera exhaustiva y analítica todos y cada uno de los argumentos expuestos encuentra por una parte que la denuncia que se hace mediante garantía constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por el tribunal de alzada se funda básicamente en dos puntos esenciales, el primero que corresponde a la calificación supuestamente errónea del delito cometido en contra de quien en vida fuera la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez; y segundo, la omisión del tribunal ad quem de motivar su resolución tomando en consideración la perspectiva de género, la cual es necesaria para corresponder a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado hondureño en materia de derechos humanos..."..."con relación a la errónea calificación de la corte de apelaciones, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado una amplia, consistente y sólida jurisprudencia encaminada a señalar, con plena claridad, que el ámbito de aplicación del Amparo no faculta en los términos dispuestos por los artículos 183 constitucional y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional a entrometerse en asuntos que son propios o exclusivos de los órganos jurisdiccionales de instancia. Es decir, las normas antes citadas indican con claridad que el Recurso de Amparo tiene como propósito: a), o b)..en virtud de que la calificación del delito corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia penal, siendo este un asunto de instancia que se encuentra fuera de las atribuciones de la jurisdicción constitucional, procede denegar el Amparo por este motivo. Sin embargo, cabe mencionar que la calificación del delito que realiza el juez de lo penal como resultado de la audiencia inicial, es imperfecta y por tanto provisional, debido a que se funda en apenas una mínima actividad probatoria. De manera que, la calificación realizada en esta etapa del proceso no es vinculante para el Ministerio Público, pudiendo el agente de dicha entidad punitiva del Estado acusar por el delito que objetivamente considere pertinente, como tampoco lo es para el Tribunal de Sentencia que conozca del juicio oral y público, quien con fundamento y base de lo que se acredite y alegue en el proceso, podrá dictar la sentencia de acuerdo con la Ley y el Derecho..."..."debido a que la calificación del delito es un asunto privativo de los órganos de instancia, este alto tribunal de Justicia no está de ninguna manera aprobando o desaprobando la calificación de la Corte de Apelaciones, sin embargo, estima de importancia subrayar cuando dicho tribunal señala que la relación desigual de poder, es un concepto que debe entenderse desde el punto de vista social, o sea las expectativas que tienen las mujeres para alcanzar su autonomía o poder de decisión en todos los ámbitos de su vida, lo cual se traduce en la posibilidad real de disfrutar de sus derechos humanos. Así mismo, la Sala de lo Constitucional, sigue y asiente lo referido por el Tribunal de Alzada, cuando haciendo alusión a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, expresa que dicho tribunal tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), hace suya la Recomendación número 19 del Comité de la CEDAW, mediante la cual establece que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada. De igual forma, este Alto Tribunal de Justicia se adhiere a lo actuado por la Corte de Apelaciones cuando de conformidad con el Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), entiende que, conforme a esa misma Convención, violencia contra la mujer, “es cualquier acción o conducta en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Sin embargo, entendiendo al igual que lo hace la Corte Interamericana sobre derechos Humanos, cuando invocando esa definición de violencia contra la mujer, deja claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente la violación de la Convención de Belem do Pará, pues bien, se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de las víctimas..."..."este Alto Tribunal de Justicia, no obstante lo anterior, estima que cada órgano jurisdiccional de instancia debe analizar asuntos como el de marras, tomando en cuenta que la violencia contra las mujeres es una realidad; así mismo la discriminación basada en estereotipos de género son parte de la forma generalizada de pensamiento y conducta de nuestra sociedad;..."..."Otro elemento que conduce a la necesidad apremiante de que este caso sea tratado con perspectiva de género es que ocurre en un ámbito de supresión de ciertos derechos, en virtud de que los sucesos ocurren dentro del tiempo de “toque de queda”, por razones de salud pública. Todos estos elementos de vulnerabilidad: víctima mujer, privada de libertad bajo custodia policial, y en un marco de restricción de derechos, permite percibir que los servidores del Estado asignados a la estación policial no tienen conciencia del “deber reforzado” que les obliga a tomar consideraciones especiales en caso de personas, que como en el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, pertenecen a un sector de la población que requieren de una “protección especial” dada las condiciones de vulnerabilidad que son producto de una sociedad en la que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres..."..."El juzgamiento con perspectiva de género debe partir desde la aceptación sin reparos en las diferencias que la sociedad impone por razones de género, exigiendo un celo mayúsculo por parte de los agentes de seguridad cuando se relacionan con personas del sexo femenino. De ocurrir un hecho como el de mérito, la investigación debe tomar en cuenta consideraciones especiales previstas en protocolos especiales como: El Protocolo de Minessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) , el protocolo de Estambul o Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamiento crueles inhumanos o degradantes (1999); y más específicamente el citado por las garantistas, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio). Y el juzgamiento con perspectiva de género supone que el juzgador debe elegir aquella interpretación que se más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Dicho criterio de preferencia interpretativa se ha de reflejar en la aplicación del principio “favor debilis” en este caso tomando en consideración la vulnerabilidad a las que han sido sometidas las mujeres en nuestro país..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 92 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional al momento de examinar de manera exhaustiva y analítica todos y cada uno de los argumentos expuestos encuentra por una parte que la denuncia que se hace mediante garantía constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por el tribunal de alzada se funda básicamente en dos puntos esenciales, el primero que corresponde a la calificación supuestamente errónea del delito cometido en contra de quien en vida fuera la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez; y segundo, la omisión del tribunal ad quem de motivar su resolución tomando en consideración la perspectiva de género, la cual es necesaria para corresponder a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado hondureño en materia de derechos humanos..."..."con relación a la errónea calificación de la corte de apelaciones, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado una amplia, consistente y sólida jurisprudencia encaminada a señalar, con plena claridad, que el ámbito de aplicación del Amparo no faculta en los términos dispuestos por los artículos 183 constitucional y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional a entrometerse en asuntos que son propios o exclusivos de los órganos jurisdiccionales de instancia. Es decir, las normas antes citadas indican con claridad que el Recurso de Amparo tiene como propósito: a), o b)..en virtud de que la calificación del delito corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia penal, siendo este un asunto de instancia que se encuentra fuera de las atribuciones de la jurisdicción constitucional, procede denegar el Amparo por este motivo. Sin embargo, cabe mencionar que la calificación del delito que realiza el juez de lo penal como resultado de la audiencia inicial, es imperfecta y por tanto provisional, debido a que se funda en apenas una mínima actividad probatoria. De manera que, la calificación realizada en esta etapa del proceso no es vinculante para el Ministerio Público, pudiendo el agente de dicha entidad punitiva del Estado acusar por el delito que objetivamente considere pertinente, como tampoco lo es para el Tribunal de Sentencia que conozca del juicio oral y público, quien con fundamento y base de lo que se acredite y alegue en el proceso, podrá dictar la sentencia de acuerdo con la Ley y el Derecho..."..."debido a que la calificación del delito es un asunto privativo de los órganos de instancia, este alto tribunal de Justicia no está de ninguna manera aprobando o desaprobando la calificación de la Corte de Apelaciones, sin embargo, estima de importancia subrayar cuando dicho tribunal señala que la relación desigual de poder, es un concepto que debe entenderse desde el punto de vista social, o sea las expectativas que tienen las mujeres para alcanzar su autonomía o poder de decisión en todos los ámbitos de su vida, lo cual se traduce en la posibilidad real de disfrutar de sus derechos humanos. Así mismo, la Sala de lo Constitucional, sigue y asiente lo referido por el Tribunal de Alzada, cuando haciendo alusión a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, expresa que dicho tribunal tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), hace suya la Recomendación número 19 del Comité de la CEDAW, mediante la cual establece que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada. De igual forma, este Alto Tribunal de Justicia se adhiere a lo actuado por la Corte de Apelaciones cuando de conformidad con el Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), entiende que, conforme a esa misma Convención, violencia contra la mujer, “es cualquier acción o conducta en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Sin embargo, entendiendo al igual que lo hace la Corte Interamericana sobre derechos Humanos, cuando invocando esa definición de violencia contra la mujer, deja claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente la violación de la Convención de Belem do Pará, pues bien, se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de las víctimas..."..."este Alto Tribunal de Justicia, no obstante lo anterior, estima que cada órgano jurisdiccional de instancia debe analizar asuntos como el de marras, tomando en cuenta que la violencia contra las mujeres es una realidad; así mismo la discriminación basada en estereotipos de género son parte de la forma generalizada de pensamiento y conducta de nuestra sociedad;..."..."Otro elemento que conduce a la necesidad apremiante de que este caso sea tratado con perspectiva de género es que ocurre en un ámbito de supresión de ciertos derechos, en virtud de que los sucesos ocurren dentro del tiempo de “toque de queda”, por razones de salud pública. Todos estos elementos de vulnerabilidad: víctima mujer, privada de libertad bajo custodia policial, y en un marco de restricción de derechos, permite percibir que los servidores del Estado asignados a la estación policial no tienen conciencia del “deber reforzado” que les obliga a tomar consideraciones especiales en caso de personas, que como en el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, pertenecen a un sector de la población que requieren de una “protección especial” dada las condiciones de vulnerabilidad que son producto de una sociedad en la que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres..."..."El juzgamiento con perspectiva de género debe partir desde la aceptación sin reparos en las diferencias que la sociedad impone por razones de género, exigiendo un celo mayúsculo por parte de los agentes de seguridad cuando se relacionan con personas del sexo femenino. De ocurrir un hecho como el de mérito, la investigación debe tomar en cuenta consideraciones especiales previstas en protocolos especiales como: El Protocolo de Minessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) , el protocolo de Estambul o Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamiento crueles inhumanos o degradantes (1999); y más específicamente el citado por las garantistas, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio). Y el juzgamiento con perspectiva de género supone que el juzgador debe elegir aquella interpretación que se más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Dicho criterio de preferencia interpretativa se ha de reflejar en la aplicación del principio “favor debilis” en este caso tomando en consideración la vulnerabilidad a las que han sido sometidas las mujeres en nuestro país..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional al momento de examinar de manera exhaustiva y analítica todos y cada uno de los argumentos expuestos encuentra por una parte que la denuncia que se hace mediante garantía constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por el tribunal de alzada se funda básicamente en dos puntos esenciales, el primero que corresponde a la calificación supuestamente errónea del delito cometido en contra de quien en vida fuera la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez; y segundo, la omisión del tribunal ad quem de motivar su resolución tomando en consideración la perspectiva de género, la cual es necesaria para corresponder a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado hondureño en materia de derechos humanos..."..."con relación a la errónea calificación de la corte de apelaciones, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado una amplia, consistente y sólida jurisprudencia encaminada a señalar, con plena claridad, que el ámbito de aplicación del Amparo no faculta en los términos dispuestos por los artículos 183 constitucional y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional a entrometerse en asuntos que son propios o exclusivos de los órganos jurisdiccionales de instancia. Es decir, las normas antes citadas indican con claridad que el Recurso de Amparo tiene como propósito: a), o b)..en virtud de que la calificación del delito corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia penal, siendo este un asunto de instancia que se encuentra fuera de las atribuciones de la jurisdicción constitucional, procede denegar el Amparo por este motivo. Sin embargo, cabe mencionar que la calificación del delito que realiza el juez de lo penal como resultado de la audiencia inicial, es imperfecta y por tanto provisional, debido a que se funda en apenas una mínima actividad probatoria. De manera que, la calificación realizada en esta etapa del proceso no es vinculante para el Ministerio Público, pudiendo el agente de dicha entidad punitiva del Estado acusar por el delito que objetivamente considere pertinente, como tampoco lo es para el Tribunal de Sentencia que conozca del juicio oral y público, quien con fundamento y base de lo que se acredite y alegue en el proceso, podrá dictar la sentencia de acuerdo con la Ley y el Derecho..."..."debido a que la calificación del delito es un asunto privativo de los órganos de instancia, este alto tribunal de Justicia no está de ninguna manera aprobando o desaprobando la calificación de la Corte de Apelaciones, sin embargo, estima de importancia subrayar cuando dicho tribunal señala que la relación desigual de poder, es un concepto que debe entenderse desde el punto de vista social, o sea las expectativas que tienen las mujeres para alcanzar su autonomía o poder de decisión en todos los ámbitos de su vida, lo cual se traduce en la posibilidad real de disfrutar de sus derechos humanos. Así mismo, la Sala de lo Constitucional, sigue y asiente lo referido por el Tribunal de Alzada, cuando haciendo alusión a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, expresa que dicho tribunal tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), hace suya la Recomendación número 19 del Comité de la CEDAW, mediante la cual establece que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada. De igual forma, este Alto Tribunal de Justicia se adhiere a lo actuado por la Corte de Apelaciones cuando de conformidad con el Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), entiende que, conforme a esa misma Convención, violencia contra la mujer, “es cualquier acción o conducta en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Sin embargo, entendiendo al igual que lo hace la Corte Interamericana sobre derechos Humanos, cuando invocando esa definición de violencia contra la mujer, deja claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente la violación de la Convención de Belem do Pará, pues bien, se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de las víctimas..."..."este Alto Tribunal de Justicia, no obstante lo anterior, estima que cada órgano jurisdiccional de instancia debe analizar asuntos como el de marras, tomando en cuenta que la violencia contra las mujeres es una realidad; así mismo la discriminación basada en estereotipos de género son parte de la forma generalizada de pensamiento y conducta de nuestra sociedad;..."..."Otro elemento que conduce a la necesidad apremiante de que este caso sea tratado con perspectiva de género es que ocurre en un ámbito de supresión de ciertos derechos, en virtud de que los sucesos ocurren dentro del tiempo de “toque de queda”, por razones de salud pública. Todos estos elementos de vulnerabilidad: víctima mujer, privada de libertad bajo custodia policial, y en un marco de restricción de derechos, permite percibir que los servidores del Estado asignados a la estación policial no tienen conciencia del “deber reforzado” que les obliga a tomar consideraciones especiales en caso de personas, que como en el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, pertenecen a un sector de la población que requieren de una “protección especial” dada las condiciones de vulnerabilidad que son producto de una sociedad en la que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres..."..."El juzgamiento con perspectiva de género debe partir desde la aceptación sin reparos en las diferencias que la sociedad impone por razones de género, exigiendo un celo mayúsculo por parte de los agentes de seguridad cuando se relacionan con personas del sexo femenino. De ocurrir un hecho como el de mérito, la investigación debe tomar en cuenta consideraciones especiales previstas en protocolos especiales como: El Protocolo de Minessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) , el protocolo de Estambul o Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamiento crueles inhumanos o degradantes (1999); y más específicamente el citado por las garantistas, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio). Y el juzgamiento con perspectiva de género supone que el juzgador debe elegir aquella interpretación que se más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Dicho criterio de preferencia interpretativa se ha de reflejar en la aplicación del principio “favor debilis” en este caso tomando en consideración la vulnerabilidad a las que han sido sometidas las mujeres en nuestro país..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"la Sala de lo Constitucional al momento de examinar de manera exhaustiva y analítica todos y cada uno de los argumentos expuestos encuentra por una parte que la denuncia que se hace mediante garantía constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por el tribunal de alzada se funda básicamente en dos puntos esenciales, el primero que corresponde a la calificación supuestamente errónea del delito cometido en contra de quien en vida fuera la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez; y segundo, la omisión del tribunal ad quem de motivar su resolución tomando en consideración la perspectiva de género, la cual es necesaria para corresponder a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado hondureño en materia de derechos humanos..."..."con relación a la errónea calificación de la corte de apelaciones, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado una amplia, consistente y sólida jurisprudencia encaminada a señalar, con plena claridad, que el ámbito de aplicación del Amparo no faculta en los términos dispuestos por los artículos 183 constitucional y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional a entrometerse en asuntos que son propios o exclusivos de los órganos jurisdiccionales de instancia. Es decir, las normas antes citadas indican con claridad que el Recurso de Amparo tiene como propósito: a), o b)..en virtud de que la calificación del delito corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia penal, siendo este un asunto de instancia que se encuentra fuera de las atribuciones de la jurisdicción constitucional, procede denegar el Amparo por este motivo. Sin embargo, cabe mencionar que la calificación del delito que realiza el juez de lo penal como resultado de la audiencia inicial, es imperfecta y por tanto provisional, debido a que se funda en apenas una mínima actividad probatoria. De manera que, la calificación realizada en esta etapa del proceso no es vinculante para el Ministerio Público, pudiendo el agente de dicha entidad punitiva del Estado acusar por el delito que objetivamente considere pertinente, como tampoco lo es para el Tribunal de Sentencia que conozca del juicio oral y público, quien con fundamento y base de lo que se acredite y alegue en el proceso, podrá dictar la sentencia de acuerdo con la Ley y el Derecho..."..."debido a que la calificación del delito es un asunto privativo de los órganos de instancia, este alto tribunal de Justicia no está de ninguna manera aprobando o desaprobando la calificación de la Corte de Apelaciones, sin embargo, estima de importancia subrayar cuando dicho tribunal señala que la relación desigual de poder, es un concepto que debe entenderse desde el punto de vista social, o sea las expectativas que tienen las mujeres para alcanzar su autonomía o poder de decisión en todos los ámbitos de su vida, lo cual se traduce en la posibilidad real de disfrutar de sus derechos humanos. Así mismo, la Sala de lo Constitucional, sigue y asiente lo referido por el Tribunal de Alzada, cuando haciendo alusión a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, expresa que dicho tribunal tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), hace suya la Recomendación número 19 del Comité de la CEDAW, mediante la cual establece que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada. De igual forma, este Alto Tribunal de Justicia se adhiere a lo actuado por la Corte de Apelaciones cuando de conformidad con el Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), entiende que, conforme a esa misma Convención, violencia contra la mujer, “es cualquier acción o conducta en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Sin embargo, entendiendo al igual que lo hace la Corte Interamericana sobre derechos Humanos, cuando invocando esa definición de violencia contra la mujer, deja claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente la violación de la Convención de Belem do Pará, pues bien, se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de las víctimas..."..."este Alto Tribunal de Justicia, no obstante lo anterior, estima que cada órgano jurisdiccional de instancia debe analizar asuntos como el de marras, tomando en cuenta que la violencia contra las mujeres es una realidad; así mismo la discriminación basada en estereotipos de género son parte de la forma generalizada de pensamiento y conducta de nuestra sociedad;..."..."Otro elemento que conduce a la necesidad apremiante de que este caso sea tratado con perspectiva de género es que ocurre en un ámbito de supresión de ciertos derechos, en virtud de que los sucesos ocurren dentro del tiempo de “toque de queda”, por razones de salud pública. Todos estos elementos de vulnerabilidad: víctima mujer, privada de libertad bajo custodia policial, y en un marco de restricción de derechos, permite percibir que los servidores del Estado asignados a la estación policial no tienen conciencia del “deber reforzado” que les obliga a tomar consideraciones especiales en caso de personas, que como en el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, pertenecen a un sector de la población que requieren de una “protección especial” dada las condiciones de vulnerabilidad que son producto de una sociedad en la que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres..."..."El juzgamiento con perspectiva de género debe partir desde la aceptación sin reparos en las diferencias que la sociedad impone por razones de género, exigiendo un celo mayúsculo por parte de los agentes de seguridad cuando se relacionan con personas del sexo femenino. De ocurrir un hecho como el de mérito, la investigación debe tomar en cuenta consideraciones especiales previstas en protocolos especiales como: El Protocolo de Minessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) , el protocolo de Estambul o Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamiento crueles inhumanos o degradantes (1999); y más específicamente el citado por las garantistas, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio). Y el juzgamiento con perspectiva de género supone que el juzgador debe elegir aquella interpretación que se más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Dicho criterio de preferencia interpretativa se ha de reflejar en la aplicación del principio “favor debilis” en este caso tomando en consideración la vulnerabilidad a las que han sido sometidas las mujeres en nuestro país..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará), art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 294 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 114 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de diciembre de dos mi veintidós. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO y DORA LILITH CALIX RODRIGUEZ, en su condición de Acusadoras Privadas, contra la resolución dictada por La Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha Treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Sin Lugar el recurso de reposición presentado contra la sentencia dictada en el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento, dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); en la causa instruida contra el señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 y 95 de de A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, comparecieron ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, las Abogadas DEYSI GARCIA, GERMAN REYES y HECTOR CONTRERAS, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento Fiscal contra el señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de la señora KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ. (Folios 23 al 28 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha veintidós de abril del año dos mil veintiuno, el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, emitió resolución en la cual: “RESUELVE: DICTAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra el imputado JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, quien es mayor de edad, soltero, hondureño, Agente Policial originario del Municipio de Gracias, departamento de Lempira con domicilio especial en la ciudad de Tegucigalpa, con Tarjeta de Identidad 1301-1991-00179, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, hecho ocurrido el domingo siete de febrero del año dos mil veintiuno, en la celda destinada para la detención de mujeres en las instalaciones de la Unidad Departamental número 10 de la Policía Nacional en La Esperanza Intibucá.- 2.- DISPONE: Que el encausado JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, cumpla la medida cautelar siguiente: a) PRISION PREVENTIVA, medida esta tendrá vigencia durante la tramitación del juicio, en la Dirección Nacional de Fuerza Especiales en la Colonia 21 de Octubre, en la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.-“ (Folios 192 al 217 del Tomo I de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuesto contra la resolución de la que se hace relación en el numeral anterior, de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó sentencia en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, en la cual FALLA: “PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa privada del acusado JAROL ROLANDO SARMIENTO, contra el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, dictado contra del acusado por el delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ, dictado por el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, departamento de Intibucá, el veintidós de abril del dos mil veintiuno.- SEGUNDO: SE REFORMA LA RESOLUCION RECURRIDA, en consecuencia se dicta contra el acusado JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO POR EL DELITO DE HOMICIDIO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ…”(Folios 17 al 43 de la Segunda Pieza de antecedentes). 4) Que en fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, actuando en su condición de Procuradora de Derechos Humanos del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras COFADEH y como Acusadora Privada en el Proceso de mérito, compareció ante la citada Corte de Apelaciones, presentando Recurso de Reposición contra la resolución de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, relacionada en el numeral que antecede. (Folios 51 al 55 de la Segunda Pieza de antecedentes). 5) Que en fecha treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Corte de Apelaciones de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó resolución en la cual resolvió: (Sic) “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN que ha planteado la Abogada KAROL JANTH CARDENAS CHINCHILLA, en su condición de Acusadora Privada personada en el proceso penal que se le sigue al acusado HAROLD ROLANDO PERSOMO SARMIENTO, a quien se le supone responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ.- SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCION EMITIDA POR ESTE TRIBUNAL.-…” 6) Que las recurrentes Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO Y DORA LILITH CALIX RODRIGUEZ, actuando en su condición de Acusadoras Privadas, comparecieron ante este Tribunal, en fecha uno de noviembre del año dos mil veintiuno, reclamando amparo contra la decisión del Ad-quem, de fecha treinta de agosto del año dos mil veintiuno, por estimar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 65, 68 y 183 de de 7) Que en fecha siete de noviembre del año dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de del Ministerio Público. (Folio 136 del recurso de amparo). FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO(2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO(3): Que consta en autos que las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS Y DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO al formalizar la garantía constitucional de amparo en su condición de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras COFADEH, conformando equipo de acusación privada con la abogada DORA LILITH CALIX RODRIGUEZ, exponen que han sido violentados los derechos fundamentales de acceso a la justicia, petición, protección judicial contenidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras. CONSIDERANDO(4): Que las impetrantes de Amparo citan violación de los artículos 59 de la Constitución de la República; el 1.1, 8 y 25 de la Convención americana sobre derechos humanos; asimismo los artículos 3 y 7 incisos a y b de la Convención Belem do Pará; 1 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres CEDAW. CONSIDERANDO(5): Que con relación al derecho de acceso a la justicia efectiva, las comparecientes señalan que la corte modificó la calificación del delito basándose en una interpretación sesgada y reducida del delito de femicidio, entendiéndolo únicamente en el ámbito privado de una relación de pareja, sin tomar en cuenta que la víctima se encontraba en una situación de subordinación o dependencia respecto del autor del delito, quien se aprovechó de la vulnerabilidad física o mental de la víctima para cometer el hecho, actuando con alevosía, aprovechando intencionalmente la indefensión de la víctima para cometer el hecho punible, ocultarlo y procurarse con ello impunidad. CONSIDERANDO(6): Que de conformidad con lo anterior, las Amparistas denuncian que la corte de apelaciones no garantizó el derecho a los recursos judiciales de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 25 de la Convención Americana sobre derechos humanos, asimismo, no se garantizó la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la cual entró en vigor el 5 de marzo de 1995 y que fue ratificada por Honduras. Asimismo, las comparecientes denuncian que la Corte de Apelaciones de la ciudad de Comayagua, dictó en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno sentencia mediante la cual declaró con lugar en forma parcial el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa del imputado, recalificando el delito de Femicidio Agravado a Homicidio Simple. CONSIDERANDO(7): Que las impetrantes reclaman que la Corte de Apelaciones no aplico la teoría de género, desestimando que los hechos se perpetraron de un marco de la realidad social y cultural hondureña, en la que existen relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Por otra parte, no se consideró que, en este país, las mujeres en condición de arresto no están preparadas para repeler agresiones, en especial cuando el agresor es la propia persona que tiene la responsabilidad de cuidarla y protegerla. CONSIDERANDO(8): Que el alegato de las garantistas se funda en que la resolución que impugnan no se argumentó en forma adecuada. En contraste consideran que la juez A quo, emitió su resolución de forma suficientemente motivada, resolviendo de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal en su artículo 294 párrafo último, el cual establece que en la celebración de la audiencia inicial se deberá efectuar la mínima actividad probatoria, con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado. CONSIDERANDO(9): Que las impetrantes de amparo establecen que para la corte de apelaciones, no se configuran en el presente caso, los elementos de tipo penal del delito de Femicidio. La corte, señala que la relación desigual de poder no se refiere a una diferencia física entre el hombre y la mujer, sino que se refiere desde un punto de vista social, a la lucha que consiste en conquistar el poder de decisión de la víctima. Las impetrantes señalan que el Código Penal establecido en el artículo 208 del Código Penal, dice: "Comete delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género." En ese sentido, son considerados femicidios las muertes violentas que denotan una motivación o contexto que se funda en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género. Por su parte, el artículo 210 del Código Penal define las razones desiguales de poder entre hombres y mujeres basados en el género, como: "Cuando la muerte o la violencia aparece como una manifestación de discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo, haya o no una relación previa entre agresor y víctima, y con independencia de que se produzca en un contexto público y privado." Luego las impetrantes agregan que, las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y cualquier manifestación de discriminación hacia la mujer, debe analizarse a la luz de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Honduras, los cuales de conformidad con el artículo 18 de la Constitución de la República forman parte del derecho interno. Citan también el Código Penal, según el cual, las razones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género, se producen cuando la muerte o la violencia aparecen como una manifestación de discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo. CONSIDERANDO(10): Que en complemento a lo anterior, conforme a los instrumentos internacionales, la discriminación contra la mujer implica una distinción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el goce o ejercicio por la mujer de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Para las impetrantes, Keyla Martinez sufrió violencia en base a los roles y estereotipos de género que se asignan dentro una sociedad y momento histórico determinados. Es decir, la violencia contra la mujer es en sí una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, tal y como ha establecido el Comité CEDAW. CONSIDERANDO(11): Que Las comparecientes resaltan que precisamente, la base del delito de femicidio, es la relación desigual, y esta como una manifestación de discriminación. Para entenderlo así, las garantistas enfatizan que: “es evidente que existió una conducta diferenciada por parte del agente policial JAROL PERDOMO con el trato hacia KEYLA MARTÍNEZ con respecto al resto de hombres detenidos, que finalmente concluye en la muerte violenta de KEYLA” Por otra parte, las comparecientes denuncian que la Corte hizo una interpretación errónea del caso, al establecer que el delito es homicidio porque así lo establece el dictamen preliminar de autopsia, sin tomar en cuenta que según la terminología médica, esta expresión es para aclarar que no es muerte accidental. CONSIDERANDO(12): Que respecto de lo anterior, las garantistas enfatizan en que los médicos no califican el delito, sino que esto es potestad del ente acusador. Igualmente, al tratarse de la muerte violenta de una mujer, se debe tomar en cuenta, para determinar si ocurrió por razones de género, el perfil del supuesto perpetrador. Para ello, las impetrantes establecen lo siguiente: “En el caso de JAROL PERDOMO el Ministerio Público acreditó mediante el medio de prueba consistente en video, como el imputado objetivizó a la víctima, asimismo con la declaración del testigo protegido CK-21, la cual fue muy contundente para determinar la dinámica de cómo ocurrieron los hechos, pues el mismo señaló que ese día se encontraba en la celda de hombres con diez personas más. A eso de la una y cincuenta de la madrugada aproximadamente del día siete de febrero del dos mil veintiuno, él observó cuando paso el agente Jarol Perdomo se dirigía a la celda donde estaba Keyla Martinez, escuchó el sonido de las llaves cuando abría el candado y escuchó el ruido del portón al abrirse, que transcurrido de unos cinco a seis minutos, lo observó salir de la celda. Al interrogatorio de una de las partes ¿cómo identificar al agente Jarol Perdomo?, contestó, que lo pudo identificar debido a que esta era la persona encargada de ingresar en la celda a los detenidos, acción que había realizado por varias ocasiones esa noche, además en otros momentos, cuando lo había encontrado en lugares diferentes a la posta lo reconocía plenamente. Hechos acreditados con el dictamen del laboratorio de Médico Forense número 2021-0801- 501-01639. En relación a las cámaras de seguridad del comedor que se encuentra interior de la estación policial UDEP10, elaborado por los Peritos Forenses Edy Fabricio García y Edwin Joel Andriws. Se demuestran acciones y movimientos del agente Jarol Perdomo (identificado como el individuo #2) antes, durante y después de cometer el hecho, el video capta: 1) Cuando se dirige al área donde se encuentra las celdas, 2) En el momento en el cual retorna, se queda en una esquina del área, utilizando un celular 3) El momento en el que ingresa a esa área un segundo agente e inmediatamente retorna, y es detenido por el policía hoy identificado como Jarol Perdomo, 4) posteriormente llevan colgando de sus cuatro miembros, a la joven Keyla de la celda con ayuda de otros policías observándose su cuerpo inerte.” CONSIDERANDO(13): Que Las amparistas argumentan que de conformidad a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres o (CEDAW), en su artículo 1 define "Discriminación contra la mujer como: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.” De acuerdo al Comité de la CEDAW, expresan las amparistas, entre los derechos y libertades que pueden ser menoscabados por razones de discriminación contra la mujer, se encuentran el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros. Por lo que para las impetrantes resulta evidente que el presente caso es, la muerte violenta de una mujer por razones de género. Lo categorizan señalando que se trata de: a) una joven mujer con proyección profesional y de asistencia social; b) fue arrestada en plena pandemia del COVID-19 por la violación del toque de queda; c) las autoridades policiales en lugar de conducirla a su lugar de residencia o retenerla en la guardia, la ingresan en una celda en condiciones de arresto que no son propias de su condición de mujer (en un sitio policial en el que solamente hay hombres y no mujeres policías); d) siendo sometida a una acción que tiene todos los indicios de haberse tratado de un intento de agresión sexual, que concluyó la muerte de Keyla (Femicidio) a manos del agente Jarol Rolando Perdomo. Lo cual, señalan las impetrantes es una evidente manifestación de una relación desigual de poder, en primer lugar, por encontrarse KEYLA MARTINEZ bajo custodia policial, siendo el agente policial JAROL PERDOMO el encargado de las llaves de la celda. Las censoras enfatizan en que esta relación desigual de poder se agrava por la condición de mujer de la víctima, es más, de ser la única mujer detenida y al encontrarse ingerida de bebidas alcohólicas lo que la coloca en una posición de mayor vulnerabilidad. CONSIDERANDO(14): Que para las censoras, el tratarse este caso de la muerte violenta de una mujer, debe tomarse en cuenta el contexto de violencia contra las mujeres en el que vive Honduras, relativa a homicidios por razón de género, según el Observatorio contra la violencia de la UNAH se han registrado durante el 2020 a la fecha, 229 muertes violentas de mujeres dentro del marco de los toques de queda implementado por la pandemia del Covid-19, marco dentro del cual pasó lo ocurrido a Keyla Martinez. Citan a la CEDAW, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Belem do Pará, como instrumentos ratificados por el Estado de Honduras, los cuales regulan lo referente a la violencia contra las mujeres, partiendo del reconocimiento en el artículo 3 del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia como un derecho humano. Igualmente, el articulo 7 incisos A, que obliga al Estado a: “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal Agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación." Y a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.” CONSIDERANDO(15): Que dentro de este marco, las censoras manifiestan que es importante el reconocimiento del tipo penal de femicidio, como parte de la debida diligencia que debe tener el Estado, contra actos de violencia contra las mujeres, para prevenir la repetición de estos hechos. Es decir, la muerte violenta de mujeres por razones de género, es tipificada en Honduras como femicidio, lo que constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Por lo que, cualquier investigación en casos de femicidio realizada por autoridades nacionales debe tener en cuenta las disposiciones convencionales en materia de derechos de la mujer, y las censoras refieren para ello el uso del Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio), el cual se basa en las normas y los instrumentos internacionales y regionales ratificados por Honduras en materia de derechos humanos. Dicho modelo de protocolo se encuentra encaminado a fortalecer la respuesta de los sistemas penales y la capacidad de los Estados para investigar, perseguir y sancionar las muertes violentas de mujeres por razones de género, es por ello que, resulta importante su observancia por parte de los operadores judiciales al momento de analizar una muerte violenta de mujeres. Conforme a dicha herramienta de actuación el femicidio constituye la forma más extrema de violencia en contra de la mujer y la cual puede ocurrir en el ámbito familiar o en el espacio público, además puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por agentes del Estado. Asimismo, según el Protocolo Modelo, pueden identificarse distintas modalidades del femicidio, entre ellas, el femicidio no íntimo, el que define como: “La muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación". Igualmente, en razón de estándares internacionales el Protocolo Modelo identifica los femicidios en dos categorías: Los activos o directos y los pasivos o indirectos. Entre los femicidios pasivos o indirectos se encuentran los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos o agentes del Estado. Es por ello, que al analizar el tipo penal de femicidio, se debe tener en cuenta que, el Protocolo Modelo establece que esta conducta puede ser cometida tanto en un espacio privado como público y ser cometida tanto por particulares como por agentes estatales. Esto último se refuerza si se toma en cuenta que el Protocolo Modelo al referirse al sujeto activo del femicidio establece Sujeto activo (particular o estatal). CONSIDERANDO (16): Que la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, por unanimidad de votos, reformó el auto de formal procesamiento calificando el delito de femicidio a homicidio. Para lo anterior, la corte de apelaciones describió los elementos que deben tomarse en cuenta para hacer la calificación jurídica del caso, señalando que el delito de Femicidio de acuerdo con la redacción del tipo penal contenido en el artículo 208 del Código Penal de la Republica de Honduras, es un delito que sólo lo comete el varón y la víctima sólo puede ser una mujer. La motivación para cometer el ilícito debe basarse en una relación desigual de poder por motivos de género, y la conducta sería la de quitarle la vida a la víctima mujer. CONSIDERANDO(17): Que la corte de apelaciones señala que la construcción del tipo objetivo no presenta mayor problema y que se presenta simplemente el privar de la vida a una mujer por razones de género; es decir, los elementos típicos objetivos son: a) existencia previa de una vida humana; b) que esa vida sea la de una mujer; c) la extinción de esa vida física por parte de un tercero; sin embargo, señala el tribunal de alzada, el problema se presenta respecto al tipo subjetivo, ya que sin duda se trata de una conducta que debe realizarse en forma dolosa, es decir, con intención. Sin embargo, esa intención de privar de la vida a una mujer, observa la corte, debe realizarse por "razones de género", es decir por desprecio, odio, desdén por las mujeres, lo que debe manifestarse en la intencionalidad, en la parte subjetiva, emocional del sujeto activo. CONSIDERANDO(18): Que al referirse al desarrollo argumental del apelante, el tribunal de alzada aprecia dos aspectos: El primero, es que debe entenderse que la calificación de los hechos en la audiencia inicial, es meramente provisional; y el segundo, que aunque la calificación de los hechos sea provisional, esta debe de ajustarse a derecho, es decir conforme a los alcances del artículo 294 del Código Procesal Penal. Dicha norma, expresa la corte, dispone que en la audiencia inicial es suficiente la mínima actividad probatoria, con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídica penal y la probabilidad de participación del imputado. Sobre la relevancia jurídica penal, esta está referida no sólo a la importancia que resulta para el derecho penal la persecución y eventual sanción de la conducta, sino, la calificación de la misma, aunque sea de manera provisional. No obstante, para la corte, cabe enfatizar que además la calificación legal del hecho debe nacer de la exigencia del principio de legalidad, o sea la adecuación de los hechos al marco jurídico regulado en la norma penal, encuadrándose a la descripción dispuesta en dicha norma. CONSIDERANDO(19): Que la corte de apelaciones plantea de manera resumida los hechos expuestos en el requerimiento fiscal ratificados posteriormente en la audiencia inicial, así: “El día sábado 6 de febrero de 2021, cuando aproximadamente las 11.30 de la noche la joven Keyla Patricia Martinez Rodríguez en compañía del doctor Edgar José Velásquez se conducían en un vehículo tipo turismo propiedad del doctor Edgar José Velásquez, cuando ese momento transitaban frente al lugar nominado barrio Plaza de Armas frente a la estación de buses de la frontera de esta ciudad de La esperanza, departamento de Intibucá en ese momento son interceptados por dos patrullas con número 791 y 724, ambas patrullas asignadas a UDEP número 10 de La Esperanza Intibucá, esas patrullas iban al mando del inspector de policía Jonás del Cid y el subinspector Brayan Banegas, quienes en ese momento requieren a Keyla Patricia Martinez y a Edgar José Velásquez y les dan detención aludiendo que es por violentar el PCM 126-021-2021, que contiene o establece el toque de queda que prohíbe la circulación después de las 9 pm de la noche y también los reportes policiales por encontrarse ingeridos de bebidas alcohólicas, en ese momento son llevados a la estación ambas personas. Keyla Patricia Martinez y Edgar José Velásquez fueron ingresados en condición de detenidos y recibidos por el señor Policía Danilo Vásquez, que en esos momentos cumplía una función de turno en la comandancia de guardia cuya función fue en ese momento es anotar todas las novedades que sucede en esa estación policial UDEP número 10 de la ciudad de La Esperanza, así también son entregados en ese momento al señor y que es miembro de la policía el señor Jairo Rolando Perdomo Sarmiento quien en ese momento cumplía el rol de turno en la UDEP número 10, el cual es asistente del comandante de guardia… su función es recibir a los detenidos, vigilar, custodiar y salvaguardar la vida y la integridad física de cada una de las personas que están en su condición de detenidos en la posta judicial durante todo su turno, cuando son recibidos les leen los derechos por los motivos ya establecidos así mismo, pues también se estableció que la joven Keyla Patricia Martinez fue la única … persona femenina detenida en ese momento en esa posta policial y es llevada a una celda destinada a la detención de mujeres, esa celda queda contiguo a la celda donde estaban detenidos los varones… que fueron un total de 11 personas con el doctor Edgar José Velásquez, siguiendo pues con la cronología de los hechos siendo aproximadamente las 2 de la madrugada del domingo 7 de febrero del año 2021 el agente de policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, cumplía el rol … la vigilancia de los detenidos en ese momento se ve al agente hacer movimientos sospechosos y sin ninguna justificación alrededor de las celdas de las detenidos siendo que se estableció que el agente Jarol Rolando Perdomo Sarmiento era la única persona que tiene acceso y es la única persona en posesión de las llaves de la celda y aproximadamente a la 1.51 de la madrugada este agente Jarol Rolando Perdomo Sarmiento sin ninguna justificación entra en la celda donde estaba la joven referida Keyla Patricia Martinez Rodríguez, su señoría en este acto el agente Jarol Rolando Perdomo Sarmiento rompió con todos los protocolos con todos los procedimientos establecidos para el abordaje para las personas o las mujeres en las celdas en virtud de que cuando ella al ingresar a dicha celda fue ingresada por personal femenino, en ese momento Jarol Rolando Perdomo ingresó a la celda sin ninguna justificación sin ninguna razón. Asimismo pues en ese momento es cuando le causa la muerte Keyla Patricia Martinez y la causa de muerte es por asfixia por sofocación obturación de los orificios respiratorios invirtiendo o para ejecutar este hecho aproximadamente cinco minutos, y seguidamente sale de la celda de manera fría y no reporta ninguna situación anómala...” CONSIDERANDO(20): Que tomando en cuenta lo anterior, la corte de apelaciones señala que los hechos planteados por la acusación no se ajustan o enmarcan en el tipo penal del femicidio, al considerar los aspectos siguientes: “a) La relación desigual de poder, no resulta un tema del derecho natural, por lo que no se tiene en cuenta las diferencias físicas por naturaleza, entre hombre y mujer, como que generalmente el hombre tiene mayor fuerza física y que esta sea aprovechada para afectar a la mujer, sino es desde el punto de vista social, la lucha que existe por conquistar el poder de decisión, en los diferentes ámbitos de la sociedad, o por menguar las expectativas que tenga la mujer para alcanzar el poder de decisión en todos los ámbitos de la sociedad, o la posibilidad de disfrute de sus derechos humanos; b) por cuestión de género; aquí la teoría de los derechos humanos hace la distinción entre sexo y género, señalando al primero, como la condición con la que se nace, y el segundo, el estado de cómo se siente o se identifica, es por ello que el tipo penal se quedaría corto cuando se trata de parejas del mismo sexo, pero de géneros diferentes, lo que trastocaría el requisito de "motivos de género", respecto a este requisito, la doctrina científica establece que un delito se comete por razones de genero cuando se den algunas de las circunstancias a saber: a) la victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, b) a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida de la víctima o actos de necrofilia, c) existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, d) haya existido entre el sujeto activo y la victima relación sentimental, afectiva o de confianza, e) existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso lesiones del sujeto activo en contra de la víctima f) la victima haya sido incomunicada por el agresor cualquiera sea el tiempo a la privación de la víctima y que este acto sea parte de la premeditación del agresor, g) que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público; de los hechos de relato de la acusación, no se extraen ninguna de las circunstancias señaladas por la doctrina científica, sobre la existencia de motivos de género, en la comisión del delito contra la víctima, siendo más propio para el delito de homicidio, que se regula en el artículo 192 del Código Penal Vigente que señale: "Quien da muerte a una persona”, siendo claro que ante la ausencia de motivos especiales para causar la muerte a la víctima, el encuadre típico de los hechos concuerda con la conducta descrita en la norma penal contenida en el artículo 192 antes citada: respecto al tema del delito de Femicidio adoptada por algunas legislaciones, existe jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, quien teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el Comité de la CEDAW en su recomendación número 19 establece que la violencia contra la mujer se basa se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada; relatando el artículo 1 de la Convención "Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como privado”, de ahí que la Corte Interamericana sobre derechos Humanos, ha invocado la definición de Violencia contra la Mujer del Comité CEDAW, dejando claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente una violación de la Convención de Belem do Para, pues bien se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de las víctimas. Por lo tanto, es preciso demostrar que se trata de actos dirigidos o planificados hacia las mujeres, que resulten agravados por su condición de tales o que afecten de manera diferente o en mayor proporción.", citamos para ello los Casos Ríos y otros versus Venezuela. Sentencia de 28 de enero de 2009. Caso Fernández Ortega y otros versus México, sentencia de 30 de agosto de 2010. Que los jueces y magistrados en sus decisiones, ejercen en prima facie, el control de Convencionalidad, lo que traducido en el principio de constitucionalización de los tratados, que regula el artículo 16 párrafo último de la Constitución de la Republica de Honduras; el mismo principio de legalidad que establece el artículo 1 párrafo penúltimo del Código Penal, al establecer las reglas de interpretación de la ley penal, señala al interprete Judicial además del principio de interpretación legal, también criterios de género, el caso es que la dinámica de los hechos planteados por la acusación, indiciariamente allegados al tribunal A-quo, no encuentran cabida en un enfoque de género, para la configuración de figura penal como la traída a discusión ante esta instancia, por las consideraciones ya sentadas por este Tribunal de Apelación, en cuya consecuencia resulta una garantía del principio de legalidad, la reforma de la calificación jurídica dada a los hechos, por un delito de Homicidio, regulado en el artículo 192 Código Penal Vigente.” CONSIDERANDO(21): Que la corte de apelaciones, al concluir su exposición y refiriéndose al sobreseimiento provisional peticionado por la defensa en su condición de parte apelante, señala que la prueba aportada genera la causa probable, de que la muerte de la joven detenida haya sido de manera Homicida y no suicidio, por lo que no cabría dictar un sobreseimiento provisional; además, señala el tribunal de alzada que, en relación con la participación del imputado en los hechos, la prueba no aporta meras sospechas, toda vez que las pruebas señalan que: a) la detenida ha perdido la vida de manera homicida, b) que la defunción ocurre mientras ésta se encontraba detenida dentro de una celda policial, c) que dicha celda policial estaba a cargo de la custodia del hoy acusado, quien además portaba las llaves de la celda, y d) que éste es la persona que permanece cercano a la celda y que se orienta hacia esta, después de perderse en esa dirección y reaparecer unos minutos después antes del descubrimiento por otros agentes policiales. Entonces, según la corte, estos elementos descritos, no colocan al acusado en la mera sospecha, sino en la probable realización del hecho imputado. CONSIDERANDO(22): Que la Sala de lo Constitucional al momento de examinar de manera exhaustiva y analítica todos y cada uno de los argumentos expuestos encuentra por una parte que la denuncia que se hace mediante garantía constitucional de amparo en contra de la resolución dictada por el tribunal de alzada se funda básicamente en dos puntos esenciales, el primero que corresponde a la calificación supuestamente errónea del delito cometido en contra de quien en vida fuera la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez; y segundo, la omisión del tribunal ad quem de motivar su resolución tomando en consideración la perspectiva de género, la cual es necesaria para corresponder a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado hondureño en materia de derechos humanos. CONSIDERANDO (23): Que con relación a la errónea calificación de la corte de apelaciones, la Sala de lo Constitucional ha desarrollado una amplia, consistente y sólida jurisprudencia encaminada a señalar, con plena claridad, que el ámbito de aplicación del Amparo no faculta en los términos dispuestos por los artículos 183 constitucional y 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional a entrometerse en asuntos que son propios o exclusivos de los órganos jurisdiccionales de instancia. Es decir, las normas antes citadas indican con claridad que el Recurso de Amparo tiene como propósito: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. CONSIDERANDO(24): Que en virtud de que la calificación del delito corresponde a los órganos jurisdiccionales en materia penal, siendo este un asunto de instancia que se encuentra fuera de las atribuciones de la jurisdicción constitucional, procede denegar el Amparo por este motivo. Sin embargo, cabe mencionar que la calificación del delito que realiza el juez de lo penal como resultado de la audiencia inicial, es imperfecta y por tanto provisional, debido a que se funda en apenas una mínima actividad probatoria. De manera que, la calificación realizada en esta etapa del proceso no es vinculante para el Ministerio Público, pudiendo el agente de dicha entidad punitiva del Estado acusar por el delito que objetivamente considere pertinente, como tampoco lo es para el Tribunal de Sentencia que conozca del juicio oral y público, quien con fundamento y base de lo que se acredite y alegue en el proceso, podrá dictar la sentencia de acuerdo con la Ley y el Derecho. CONSIDERANDO(25): Que en relación con el segundo motivo del Amparo de mérito, referido a la motivación carente de perspectiva de género, este Alto Tribunal de Justicia observa que al respecto fueron motivo de debate algunos aspectos atinentes a la perspectiva de género, para el caso la concurrencia del elemento: “Relaciones desiguales de poder basadas en el género”. CONSIDERANDO(26): Con relación a lo que expusieron las garantistas, estas señalaron básicamente lo siguiente: a) El Ad-quem no aplico la teoría de género, pues no tomó en cuenta la realidad social y cultural hondureña; b) no tomó en cuenta que las mujeres en condición de arresto no están preparadas para repeler agresiones, especialmente cuando el agresor es la propia persona que tiene la responsabilidad de cuidarla y protegerla (el hecho ocurre bajo custodia policial); c) las autoridades policiales en lugar de conducirla a su lugar de residencia o retenerla en la guardia, la ingresan en una celda en condiciones de arresto que no son propias de su condición de mujer (en un sitio policial en el que solamente hay hombres y no mujeres policías); d) supuestos indicios de agresión sexual. Con relación al contexto de violencia contra las mujeres en Honduras, las garantistas mencionan que según el Observatorio contra la violencia de la UNAH se registran desde el 2020 al 21 de octubre de 2022, 229 muertes violentas de mujeres dentro del marco de los toques de queda implementado por la pandemia del Covid-19. CONSIDERANDO(27): Que el Tribunal de Alzada sobre este mismo punto señaló que para la concurrencia del delito de Femicidio, la muerte debe producirse por "razones de género”, como elemento subjetivo del tipo penal, explicando en ese sentido que, se trata de una conducta que debe realizarse en forma dolosa, es decir, con intención. Aclara además que, la expresión: “razones de género", indica actuar en forma manifiesta motivado por desprecio, odio, desdén por las mujeres. De esta manera, la corte de apelaciones concluye manifestando que los hechos planteados por la acusación no se ajustan o enmarcan en el tipo penal del femicidio. CONSIDERANDO(28): Que debido a que la calificación del delito es un asunto privativo de los órganos de instancia, este alto tribunal de Justicia no está de ninguna manera aprobando o desaprobando la calificación de la Corte de Apelaciones, sin embargo, estima de importancia subrayar cuando dicho tribunal señala que la relación desigual de poder, es un concepto que debe entenderse desde el punto de vista social, o sea las expectativas que tienen las mujeres para alcanzar su autonomía o poder de decisión en todos los ámbitos de su vida, lo cual se traduce en la posibilidad real de disfrutar de sus derechos humanos. Así mismo, la Sala de lo Constitucional, sigue y asiente lo referido por el Tribunal de Alzada, cuando haciendo alusión a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, expresa que dicho tribunal tomando en cuenta lo establecido en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), hace suya la Recomendación número 19 del Comité de la CEDAW, mediante la cual establece que la violencia contra la mujer se caracteriza por estar basada en el sexo, lo que significa que (…) está dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta de manera desproporcionada. De igual forma, este Alto Tribunal de Justicia se adhiere a lo actuado por la Corte de Apelaciones cuando de conformidad con el Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), entiende que, conforme a esa misma Convención, violencia contra la mujer, “es cualquier acción o conducta en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”. Sin embargo, entendiendo al igual que lo hace la Corte Interamericana sobre derechos Humanos, cuando invocando esa definición de violencia contra la mujer, deja claro que no todo acto de violencia que sufre una mujer conlleva necesariamente la violación de la Convención de Belem do Pará, pues bien, se requiere que los hechos se basen en el género o sexo de las víctimas. CONSIDERANDO(29): Que este Alto Tribunal de Justicia, no obstante lo anterior, estima que cada órgano jurisdiccional de instancia debe analizar asuntos como el de marras, tomando en cuenta que la violencia contra las mujeres es una realidad; así mismo la discriminación basada en estereotipos de género son parte de la forma generalizada de pensamiento y conducta de nuestra sociedad; por lo que en este caso debe hacerse un análisis partiendo de estas dos realidades cotidianas. En este caso, llama la atención el hecho particular de que la joven Keyla Patricia Martínez Rodríguez haya perdido la vida en un contexto de detención en una posta policial, en donde no existen condiciones idóneas para salvaguardar la vida e integridad física de las personas que allí son retenidas, varones y especialmente mujeres; en el caso de estas últimas por la falta de personal femenino que garantice su seguridad e indemnidad personal. Otro elemento que conduce a la necesidad apremiante de que este caso sea tratado con perspectiva de género es que ocurre en un ámbito de supresión de ciertos derechos, en virtud de que los sucesos ocurren dentro del tiempo de “toque de queda”, por razones de salud pública. Todos estos elementos de vulnerabilidad: víctima mujer, privada de libertad bajo custodia policial, y en un marco de restricción de derechos, permite percibir que los servidores del Estado asignados a la estación policial no tienen conciencia del “deber reforzado” que les obliga a tomar consideraciones especiales en caso de personas, que como en el caso de Keyla Patricia Martínez Rodríguez, pertenecen a un sector de la población que requieren de una “protección especial” dada las condiciones de vulnerabilidad que son producto de una sociedad en la que las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres. El análisis judicial debe tomar en consideración la interseccionalidad, para así determinar la desigualdad de poder que subyacen en las actuaciones de la autoridad y específicamente los servidores o agentes del Estado. El juzgamiento con perspectiva de género debe partir desde la aceptación sin reparos en las diferencias que la sociedad impone por razones de género, exigiendo un celo mayúsculo por parte de los agentes de seguridad cuando se relacionan con personas del sexo femenino. De ocurrir un hecho como el de mérito, la investigación debe tomar en cuenta consideraciones especiales previstas en protocolos especiales como: El Protocolo de Minessota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016) , el protocolo de Estambul o Manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamiento crueles inhumanos o degradantes (1999); y más específicamente el citado por las garantistas, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (femicidio/feminicidio). Y el juzgamiento con perspectiva de género supone que el juzgador debe elegir aquella interpretación que se más favorable a la vigencia de los derechos humanos. Dicho criterio de preferencia interpretativa se ha de reflejar en la aplicación del principio “favor debilis” en este caso tomando en consideración la vulnerabilidad a las que han sido sometidas las mujeres en nuestro país. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 80, 82, 90, 92, 183, 301, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321 y 323 de la Constitución de la Republica; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2, 4 No. 5, 41, 63, y 114 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el amparo interpuesto por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO y DORA LILITH CALIX RODRIGUEZ, en su condición de Acusadoras Privadas, contra la resolución dictada por La Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha Treinta (30) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), que declaró Sin Lugar el recurso de reposición presentado contra la sentencia dictada en el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Formal Procesamiento, dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Intibucá, en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil veintiuno (2021); en la causa instruida contra el señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO, en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTINEZ RODRIGUEZ.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veintitrés. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA Y DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO, en su condición de acusadoras privadas en el proceso penal que se le instruye al señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO; contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, que falla DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO y DORA LILITH CALIX RODRIGUEZ, contra la resolución dictada en fecha treinta de agosto del dos mil veintiuno, por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua; en relación a la causa instruida contra el señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO AGRAVADO en perjuicio de KEYLA PATRICIA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. CONSIDERANDO (1): Que consta de los antecedentes de la revisión del presente recurso, que la Abogada KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, en su condición de acusadora privada, compareció ante esta Sala en fecha uno de noviembre de dos mil veintiuno, interponiendo acción de Amparo. Una vez efectuado el trámite que determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, se dictó sentencia en fecha nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), denegando dicho Recurso de Amparo. CONSIDERANDO (2): Que las recurrentes, Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA y DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO, en su condición de acusadoras privadas, en fecha nueve de febrero de dos mil veintitrés, elevan a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición contra la sentencia que emitiera este Alto Tribunal, por no compartir el criterio jurídico expresado, ya que al denegar el recurso de amparo, considera que violenta el principio de tipicidad ya que la garantía presentada le apunta a la teoría del delito, la cual hay respaldo en el aspecto procesal, así también en la norma de fondo para la aspiración de tener justicia y certeza jurídica; por lo tanto, la competencia de corte es conocer y resolver garantías constitucionales como amparos por violaciones de derechos fundamentales tal como lo manifiesta la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (3): Que del estudio de la presente causa y del escrito de Reposición interpuesto por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA y DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO, en su condición de acusadoras privadas, se desprende que la sentencia que recurre mediante la garantía de amparo emitida por esta Sala en fecha nueve de diciembre del dos mil veintidós que le deniega la Acción de Amparo interpuesta en su momento, siendo notificada a la recurrente de manera personal el ocho (8) de enero del dos mil veintitrés y al haber interpuesto el Recurso de Reposición el nueve (9) de febrero del dos mil veintitrés (2023), es evidente que lo realizó fuera del plazo señalado en el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que prevé que el Recurso de Reposición se deberá de interponer en el acto de la notificación o al día siguiente y no como en el presente caso que se presentó fuera de dicho plazo establecido. CONSIDERANDO (4): Que si bien es cierto, en la notificación personal de la resolución del recurso de amparo realizada a la recurrente, se estableció una fecha diferente a la que correspondía, sin embargo, dicha diligencia ha producido todos sus efectos legales al no haber reclamado su nulidad, teniendo esta Sala por subsanado ese defecto y por tal razón, se entiende que la actividad surgida del acto de comunicación ha producido sus efectos, los hechos se han convalidado y se valoran con arreglo a las disposiciones previstas para el caso, lo cual nos ha llevado a conocer el fondo del recurso de reposición planteado. CONSIDERANDO (5): Que la finalidad del recurso de amparo es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible. En tal sentido, se aprecia que la resolución emitida por este Tribunal, cuya reposición se solicita, se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según se creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 183, 303, 304, 313 atribución 5ta. y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., 187, 188 y 189 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICION interpuesto por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA y DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO, por EXTEMPORANEO. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. VISTA la solicitud de nulidad de resolución presentada por las Abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO Y DORA LILI CALIX, en su condición de procuradoras de Derechos Humanos del Comité de Familiares detenidos y desaparecidos de Honduras (COFADEH) y acusadoras privadas en el proceso penal que se le instruye al señor JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO, para que se subsane notificación y se anule la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés; asimismo se declare con lugar el recurso de reposición de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, por considerar que por un error involuntario se plasmó fecha diferente; por lo que se solicita se tenga por subsanado tanto la fecha como el año. CONSIDERANDO (1): Que revisado que ha sido el escrito de subsanación de notificación presentado por las referidas abogadas, se aprecia en el numeral primero que las recurrentes hacen referencia a un personamiento realizado a fin de notificarse de la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil veintitrés; resultando evidente que la fecha antes referida aún no ha llegado, puesto que el escrito de subsanación fue presentado ante esta Sala en fecha dos de junio de dos mil veintitrés; apreciándose a simple vista que faltan alrededor de cinco meses para que llegue dicha fecha. CONSIDERANDO (2): Que revisados que han sido los antecedentes puede apreciarse que las recurrentes, nuevamente establecen fecha distinta a la correspondiente, tal como se aprecia en el numeral primero del escrito de solicitud de subsanación de notificación de fecha dos de junio de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO (3): Que tal como se dejó claramente establecido en el considerando cuarto de la resolución de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, en donde esta Sala declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por las abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO Y DORA LILI CALIX; se reconoce que se estableció una fecha diferente a la que correspondía y que dicha diligencia había producido todos sus efectos legales al no haber reclamado su nulidad; teniendo en consecuencia por subsanado tal defecto; entendiéndose que la actividad surgida del acto de comunicación ha producido sus efectos legales y los hechos se han convalidado. CONSIDERANDO (4): En tal sentido, esta Sala es del parecer que las abogadas KAROL JANETH CARDENAS CHINCHILLA, DORA EMPERATRIZ OLIVA GUIFARRO Y DORA LILI CALIX, deberán estarse a lo ordenado en el recurso de reposición de fecha dos de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, resulta procedente declarar sin lugar la nulidad planteada por las recurrentes, por las razones expuestas. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 182, 186, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 41, 42, 45, 47, 63, 64, 65, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de nulidad de la cual se ha hecho mérito, por las razones ya expuestas. Y MANDA: Que una vez notificada la presente resolución, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil veintitrés, certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, y las Resoluciones de fechas dos de mayo y veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1182-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LASALA DE LO CONSTITUCIONAL.