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Sentencia AP-1166-20 — Registro 15358

Resumen

Resolución revocó sobreseimiento provisional y ordena auto de formal procesamiento contra recurrente por suponerlo responsable de los delitos de Abuso De Autoridad, Fraude y Falsificación de Documentos Públicos en concurso real en perjuicio de La Administración y La Fe Pública del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que de los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo y la revisión de los antecedentes, esta Sala advierte que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece de octubre del año dos mil veinte, brinda respuesta a los agravios expuestos tanto por el Ministerio Público, como por las defensas de los encausados contra la resolución dictada en audiencia inicial en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veinte, por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. El recurrente centra su tesis en atención a su inconformidad con la resolución dictada por el Ad-quem, en cuanto a la vulneración del principio del non bis in idem, pero lo cierto es que éstos argumentos no fueron expuestos en el recurso de apelación que se promoviera contra la resolución dictada por el A-quo, por ello en el recurso de reposición que fuera interpuesto por la defensa del encausado Wilson Mejía Murillo, el Ad-quem declara sin lugar el mismo en el argumento que “La Corte da respuesta, destacando que un tribunal de apelación no puede pues, resolver otras cuestiones que aquellas, que le han sido trasladadas, en virtud del principio “Tantum Devolutum Quantum Apellatum”, esto significa que solo de difiere al Tribunal Superior aquello que se apela, en consecuencia los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia a los que no se extiende la pretensión impugnada deben entenderse consentidos por las partes, por lo que devienen firmes y no pueden ser modificados en la segunda instancia”[6].- CONSIDERANDO (9): Que en relación a los asuntos sobre los que debe recaer una sentencia que resuelve un recurso y sus alcances, el artículo 350 del Código Procesal Penal determina que la sentencia que resuelve un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y siempre que no agrave lo ya pretendido ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida (Non Reformatio In Pejus). De la lectura de este precepto contenido en la ley penal adjetiva, se infiere que el Tribunal Superior se encuentra limitado a la prohibición de la reforma de la resolución que se impugna, en perjuicio de la persona imputada y a entrar a conocer sobre situaciones que no hayan sido expuestos como agravios por las partes que impugnan la resolución emitida por el órgano jurisdiccional inferior. En el caso sub júdice, la defensa del encausado Wilson Mejía Murillo, no expuso como agravios en el recurso de apelación promovido contra la resolución dictada por el A-quo en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veinte, la vulneración al principio del non bis in idem, contenido el artículo 95 de la Constitución de la República; dichos argumentos fueron expuestos por el recurrente en Amparo, en el recurso de reposición que interpusiera en fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, contra la resolución dictada por el Ad-quem en fecha trece de octubre del año dos mil veinte.- CONSIDERANDO (10): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala de lo Constitucional que el recurrente en amparo centra sus alegatos de inconformidad con el dictado de la resolución de fecha trece de octubre del año dos mil veinte, en la vulneración al principio del non bis in ídem, derecho fundamental contenido en el artículo 95 de la Constitución de la República, asunto éste que no fue expuesto como agravio en el recurso de apelación promovido, contra la resolución dictada por el A-quo en audiencia inicial, por ello no puede el Ad-quem pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido puestas en revisión de ese Tribunal Superior, en atención a la disposición y limitación contenida en el artículo 350 del Código Procesal Penal, que establece los alcances de la sentencia que resuelve un recurso. Ello sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de los imputados para exponer los referidos argumentos en etapas posteriores al proceso, en orden a mantener incólume la prohibición de no ser juzgada una persona otra vez, por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, que el artículo 95 constitucional le garantiza. En ese orden de ideas esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de agosto del año dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, a favor del señor WILSON MEJIA MURILLO, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020), que declaró ha lugar un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Publico, contra la resolución emitida en Audiencia Inicial celebrada en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil veinte (2020), por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, revocando el sobreseimiento provisional dictado por el delito de Fraude y ordena se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor Wilson Mejía Murillo, asimismo confirma el Auto de Formal Procesamiento contra el señor Wilson Mejía Murillo, por tres delitos de Abuso de Autoridad y tres delitos de Falsificación de Documentos Públicos; con relación a la causa instruida contra el señor WILSON MEJIA MURILLO, CESAR ALEJANDRO IZAGUIRRE y EDIL ANIBAL RODRIGUEZ SANCHEZ por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, FRAUDE Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el Principio del Non Bis In Idem, establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República, relacionado con lo dispuesto en el articulo 7 del nuevo Código Penal vigente, Decreto número 130-2017.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha tres de marzo del año dos mil veinte, el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, remitió a la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, las diligencias instruidas contra el imputado WILSON MEJIA MURILLO, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en concurso real, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio 872fv de la copia de la pieza de antecedentes del Ad-quem)

  1. Que en fecha trece de octubre del año dos mil veinte, la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, dictó resolución mediante la cual Resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declara con lugar el Recurso de Apelación del Ministerio Público. SEGUNDO: REVOCA el Sobreseimiento Provisional por el delito de fraude; y ordena se dicte el Auto de Formal Procesamiento contra el señor WILSON MEJÍA MURILLO por tres (3) delitos de Fraude a título de autor.- CONFIRMA el Auto de Formal procesamiento contra el señor WILSON MEJÍA MURILLO por tres (3) delitos de Abuso de Autoridad y tres (3) delitos de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio del Estado de Honduras. TERCERO: CONFIRMA el Auto de Formal Procesamiento contra el señor EDIL ANÍBAL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ por tres delitos de Fraude a título de autor, tres (3) delitos de Abuso de Autoridad y tres delitos de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio del Estado de Honduras, apreciados en concurso real. CUARTO: REVOCA el Sobreseimiento Provisional por el delito de Fraude; y ordena se dicte el Auto de Formal Procesamiento contra el señor CESAR ALEJANDRO IZAGUIRRE por tres (3) delitos de Fraude apreciando su participación como simple cómplice y.- CONFIRMA el Auto de Formal procesamiento contra el señor CESAR ALEJANDRO IZAGUIRRE por tres (3) delitos de Abuso de Autoridad y tres (3) delitos de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio del Estado de Honduras apreciados en concurso real. QUINTO: Declara sin lugar los Recursos de Apelación de las Defensas…” (Folios del 922-935fv de la copia de la pieza de antecedentes del Ad-quem).- 3) Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil veinte, El Abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, vía correo electrónico interpuso ante este Alto Tribunal, Acción de amparo a favor del señor WILSON MEJIA MURILLO, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha trece de octubre del año dos mil veinte, es ilegal, arbitraria y atentatoria de derechos y libertades fundamentales de su patrocinado, mismos que se encuentra garantizados por nuestra ley fundamental, específicamente en el artículo 95 de la Constitución de la República.-4) Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la Ley sobre Justicia Constitucional. (Folio 27 de los autos).-CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”-CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha trece (13) de octubre del año dos mil veinte (2020), por la Corte de Apelaciones de lo penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en el proceso incoado en contra de los señores WILSON MEJIA MURILLO, EDIL ANIBAL RODRIGUEZ SANCHEZ y CESAR ALEJANDRO IZAGUIRRE por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de FRAUDE, ABUSO DE AUTORIDAD y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN Y FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada en audiencia inicial celebrada en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veinte por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción y revoca el sobreseimiento provisional por el delito de Fraude, ordenando se dicte Auto de Formal Procesamiento contra el señor Wilson Mejía Murillo por tres (3) delitos de Fraude a titulo de autor y confirma el Auto de Formal Procesamiento por tres (3) delitos de Abuso de Autoridad y tres (3) delitos de Falsificación de Documentos Públicos.- CONSIDERANDO (3): Que el recurrente expone en sus alegaciones que se ha vulnerado el principio del Non Bis In Idem, mismo que se encuentra establecido en el artículo 95 de la Constitución de la República, pues ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá se juzgada por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos. Relacionado con lo establecido en el artículo 7 del nuevo Código Penal vigente, Decreto número 130-2017. Sostiene el impetrante que el principio non bis in idem, tal como está estructurado supone que no recaiga duplicidad de sanciones en diferentes ámbitos del derecho, siempre y cuando concurran los requisitos de identidad del sujeto, hecho y fundamento. Esta norma se extiende, del mismo modo, para sanciones del mismo órgano sancionador. A su vez, la tramitación simultánea de dos procedimientos administrativos sancionadores es contraria al principio non bis in idem, por desproporcionada y arbitraria. Representando, además, una amenaza para la seguridad jurídica, pues se corre el riesgo de obtener resoluciones contradictorias y podría presuponer que uno de los órganos está conociendo del procedimiento sin tener competencia para ello. Por tanto, un órgano administrativo, tan pronto advierta o sea advertido de que se están tramitando dos procedimientos por los mismos hechos, debe acudir a las normas sobre conflictos de competencia.-CONSIDERANDO (4): Que, continuando con su exposición, el recurrente en Amparo arguye que, al hacer un análisis de esa triple configuración de elementos que integran el principio non bis in idem, se puede observar en primer lugar la identidad del hecho fáctico. En cuanto al segundo elemento identidad de fundamento, este concurre cuando las sanciones obedecen a la misma perspectiva de la defensa social, la protección del mismo interés jurídico o bien jurídico. En nuestro caso los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y fraude, protegen un mismo bien jurídico, es decir la Administración Pública, en el entendido que lo que se trata de proteger es el correcto y regular funcionamiento de la administración pública, es decir que haya un correcto desempeño de los deberes y funciones que los servidores, funcionarios y empleados públicos que asumen o se les delega con la finalidad de administrar el Estado; y tercer lugar la identidad del sujeto, en este caso se trata de una persona natural, es decir el sujeto activo recae en una misma persona su representado como funcionario público quien firmó actas de recepción de los reactivos que fueron comprados mediante las Licitaciones Privadas, para el suministro de Reactivos para el tratamiento de VIH/SIDA. Quedando plenamente probado en audiencia inicial que su defendido no se puso de acuerdo con alguna persona interesada, es decir con los representantes de la Empresa Droguería y Distribuidora KALYC de Honduras S. de R.L. para defraudar al Estado de Honduras, es decir no se demostró el acuerdo colusorio para causar un perjuicio.- CONSIDERANDO (5): Que el artículo 95 de la Constitución de la República, cuyo contenido ha sido vulnerado a criterio del recurrente en Amparo, con el dictado de la resolución de fecha trece de octubre del año dos mil veinte por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, establece: “Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley, ni podrá ser juzgada otra vez por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos”.-CONSIDERANDO (6): Que el principio del ne bis in ídem, la doctrina la define como la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento; el ne bis in ídem opera en la cosa juzgada material “la verdadera cosa juzgada según se afirma doctrinalmente, es la vinculación en otro proceso penal que produce resolución de fondo firme. Se trata de un instituto procesal, consistente en un vínculo, de naturaleza jurídico-pública, que obliga a los jueces a no juzgar de nuevo lo ya decidido…”[3]; la postura doctrinal antes señalada es lo que recoge el artículo 95 de la Constitución de la República de Honduras; derecho que el impetrante en amparo sostiene le ha sido vulnerado a su representado, al argumentar que en el caso particular se configura ese triple de elementos integrantes del principio del non bis in idem.-CONSIDERANDO (7): Que se puede decir, que los medios de impugnación son, en términos generales, instrumentos puestos por el ordenamiento procesal a disposición de las partes para intentar la modificación o anulación de una resolución judicial, impidiendo que se consoliden sus efectos jurídicos o eliminándolos. Parafraseando a Diego de Diez los recursos son, en suma, aquellos medios de impugnación por los que alguna de las partes pretende un nuevo examen de las cuestiones fácticas o jurídicas abordadas en una resolución no firme que le perjudica, con el objeto que sea anulada, modificada o sustituida por otra que le favorezca. Los recursos se desarrollan dentro del mismo proceso, abriendo una nueva fase[4]. El citado autor sostiene, que con los medios de impugnación se pretende garantizar la correcta aplicación del Derecho en el caso concreto y, consecuentemente, el acierto en las resoluciones, reduciendo al máximo los contingentes errores judiciales, por lo demás inevitable como en cualquier actividad humana. Continua el autor señalando que la posibilidad de yerro puede afectar a: * La aplicación e interpretación de las normas procesales que rigen la tramitación de los procesos; * La aplicación e interpretación de las normas materiales empleadas en la resolución del litigio, esto es la realización del juicio de derecho para resolver la cuestión de fondo; y, * La actividad desplegada para lograr la fijación del relato fáctico, es decir, la actividad de interpretación y valoración de la prueba en pos de la realización del juicio de hecho.[5].-CONSIDERANDO (8): Que de los argumentos esgrimidos por el recurrente en Amparo y la revisión de los antecedentes, esta Sala advierte que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha trece de octubre del año dos mil veinte, brinda respuesta a los agravios expuestos tanto por el Ministerio Público, como por las defensas de los encausados contra la resolución dictada en audiencia inicial en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veinte, por el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. El recurrente centra su tesis en atención a su inconformidad con la resolución dictada por el Ad-quem, en cuanto a la vulneración del principio del non bis in idem, pero lo cierto es que éstos argumentos no fueron expuestos en el recurso de apelación que se promoviera contra la resolución dictada por el A-quo, por ello en el recurso de reposición que fuera interpuesto por la defensa del encausado Wilson Mejía Murillo, el Ad-quem declara sin lugar el mismo en el argumento que “La Corte da respuesta, destacando que un tribunal de apelación no puede pues, resolver otras cuestiones que aquellas, que le han sido trasladadas, en virtud del principio “Tantum Devolutum Quantum Apellatum”, esto significa que solo de difiere al Tribunal Superior aquello que se apela, en consecuencia los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia a los que no se extiende la pretensión impugnada deben entenderse consentidos por las partes, por lo que devienen firmes y no pueden ser modificados en la segunda instancia”[6].- CONSIDERANDO (9): Que en relación a los asuntos sobre los que debe recaer una sentencia que resuelve un recurso y sus alcances, el artículo 350 del Código Procesal Penal determina que la sentencia que resuelve un recurso solo podrá recaer sobre las cuestiones que hayan sido objeto de impugnación y solo podrá modificar la resolución impugnada en perjuicio de la persona imputada, cuando lo impetre alguna otra parte recurrente y siempre que no agrave lo ya pretendido ésta, ante el órgano judicial que dictó la resolución recurrida (Non Reformatio In Pejus). De la lectura de este precepto contenido en la ley penal adjetiva, se infiere que el Tribunal Superior se encuentra limitado a la prohibición de la reforma de la resolución que se impugna, en perjuicio de la persona imputada y a entrar a conocer sobre situaciones que no hayan sido expuestos como agravios por las partes que impugnan la resolución emitida por el órgano jurisdiccional inferior. En el caso sub júdice, la defensa del encausado Wilson Mejía Murillo, no expuso como agravios en el recurso de apelación promovido contra la resolución dictada por el A-quo en fecha dieciséis de febrero del año dos mil veinte, la vulneración al principio del non bis in idem, contenido el artículo 95 de la Constitución de la República; dichos argumentos fueron expuestos por el recurrente en Amparo, en el recurso de reposición que interpusiera en fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, contra la resolución dictada por el Ad-quem en fecha trece de octubre del año dos mil veinte.- CONSIDERANDO (10): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala de lo Constitucional que el recurrente en amparo centra sus alegatos de inconformidad con el dictado de la resolución de fecha trece de octubre del año dos mil veinte, en la vulneración al principio del non bis in ídem, derecho fundamental contenido en el artículo 95 de la Constitución de la República, asunto éste que no fue expuesto como agravio en el recurso de apelación promovido, contra la resolución dictada por el A-quo en audiencia inicial, por ello no puede el Ad-quem pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido puestas en revisión de ese Tribunal Superior, en atención a la disposición y limitación contenida en el artículo 350 del Código Procesal Penal, que establece los alcances de la sentencia que resuelve un recurso. Ello sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de los imputados para exponer los referidos argumentos en etapas posteriores al proceso, en orden a mantener incólume la prohibición de no ser juzgada una persona otra vez, por los mismos hechos punibles que motivaron anteriores enjuiciamientos, que el artículo 95 constitucional le garantiza. En ese orden de ideas esta Sala reitera a manera de conclusión, como ya lo ha dejado plasmado en diferentes sentencias, que el dictado de una resolución que sea contrario a las pretensiones de las partes, no supone per se vulneración a derechos fundamentales. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 92, 95, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado MARIO JOSE CARDENAS RUIZ, a favor del señor WILSON MEJIA MURILLO, contra la resolución de fecha TRECE (13) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dos (2) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022), Certificación de la Sentencia de fecha tres (3) de agosto del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1166-2020.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Cuellar Cruz, Fernández Entralgo, y Gómez Colomer. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico-Práctico), Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2004. pág. 614 y ss. En el proceso penal únicamente gozan de la cosa juzgada material estos dos tipos de resoluciones: 1. Las sentencias, siempre de fondo en este proceso, tanto las absolutorias como las condenatorias; y, 2. Los autos de sobreseimiento definitivo, dictados con ocasión de la audiencia inicial (Art. 294, III-2), CPPHond), o preliminar (Art. 302 párrafo último), al amparo de cualquiera de los números del Art. 296 CPPHond.

[4] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 25.

[5] De Diego Diez, L. Alfredo. Teoría general de los recursos. O.I.M. EDITORIAL S.A. de C.V., Tegucigalpa, M.D.C. (Honduras). Primera edición 17 de febrero de 2014. Pág. 30 y 31.

[6] Ver el acápite cuarto de la motivación y fundamentación jurídica de la resolución de fecha quince de octubre del año dos mil veinte, emitida por le Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia en Materia de Corrupción, en respuesta a los recursos de reposición promovidos por la Defensa, contra la resolución de fecha trece de octubre del año dos mil veinte dictado por el mismo órgano colegiado.