Sentencia AP-115-22 — Registro 15921
Resumen
Se interpuso recurso de amparo contra la resolución que resolvió el recurso de apelación y dicto sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida por el delito de Discriminacion. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 59, 60, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Que el término discriminación de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hace referencia al trato de inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una persona o grupo de personas por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, políticos, etéreos, ideológicos, lingüísticos, de ubicación geográfica, de filiación, de discapacidad y de estatus migratorio, entre otros. El Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, ha definido a la discriminación como:[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
“CONSIDERANDO (10): Que, en el caso de la jurisdicción penal, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete al juez o tribunal que conoce del asunto litigioso. En el presente caso, es objeto de amparo, la consideración del Tribunal Ad Quem respecto a la imputación de una acción típica que debe ser conocida y juzgada por la jurisdicción penal, a juicio del Actor Penal; mientras que debe ser libremente sobreseída, a criterio del Letrado defensor privado. Es aparente, sin embargo, que ha resuelto indebidamente la Corte de Apelaciones concernida, al fundamentar jurídicamente su resolutivo en un tipo penal ya derogado, como es el contenido en el artículo 321 del Código Penal (Decreto 144-83).-CONSIDERANDO (11): Que, el artículo 321 del Código Penal (Decreto 144-83), en referencia, fue derogado expresamente con el advenimiento del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), publicado en la Gaceta No. 34, 940 del viernes 10 de mayo de 2019; constando su abrogación en el artículo 634 del Código Penal vigente y sustitución por una norma penal más favorable, en términos de su penología, como son las estipuladas en el título VI (Discriminación con ocasión del ejercicio de derechos) de la Parte Especial del Código Penal. Lo anterior, en interpretación conforme del contenido preceptivo del artículo 615 del vigente Código Penal (Decreto No. 130-2017), respecto la retroactividad de la Ley Penal más favorable; y, a la vez, reconociendo primacía, por parte del Estado de Honduras, a lo convencionalmente normado por el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (12): Que, por todo lo cual, a efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y las defensas del orden jurídico constitucional, precaviendo en el presente caso, la subsistencia de defectos procesales y la aplicación indebida de normas penales derogadas expresamente por lex posteriori; y con vistas a la aplicación, en su caso, de preceptiva penal más favorable en el ordenamiento jurídico hondureño, como ha quedado visto y explicitado, procedería la estimatoria de la presente garantía de amparo; pues si bien la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de mérito dentro del ámbito de su competencia; no menos cierto es lo ha hecho sin sujeción a derecho vigente y legalmente aplicable; por lo cual, procede otorgar la presente acción de Amparo, a los efectos consabidos de que se emita nueva resolución, por parte de la honorable Corte de Apelaciones Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida; con motivación y fundamentación judicial acorde a derecho congruente, vigente y de fondo.”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 338 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 321 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 634 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de diciembre del dos mil veintidós.-VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada JANY VICTORINA DEL CID MARTINEZ, a favor de la Ciudadana KATHERINE JALIL SUAZO BERNARDEZ y DEL PUEBLO GARIFUNA DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la causa instruida contra la señora FATIMA MARIA KALED LUNA por suponerla responsable del delito de DISCRIMINACION en perjuicio de la Ciudadana Garífuna KATHERINE JALIL SUAZO BERNANDEZ. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria a lo dispuesto en los artículos 59, 60, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES : 1) Que en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Abogada YANORY DE JESUS RAMOS, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra la señora FATIMA MARIA KALED LUNA por suponerla responsable del delito de DISCRIMINACION en perjuicio de la señora KATHERINE JALIL SUAZO BERNARDEZ. (Folios 01–08 la pieza del A-Quo).-2) Que en fecha trece (13) de octubre de dos mil veinte (2020), el citado Juzgado dicto Audiencia Inicial, en el cual Resolvió: “Siendo que la audiencia inicial tiene como finalidad acreditar la plena prueba de la existencia del delito denunciado y acreditar el mínimo indicio racional de participación del imputado en el ilícito denunciado o participación en el hecho, asimismo luego de haber escuchado a las partes intervinientes incorporados por el ministerio público y la Defensa Privada, asimismo con la declaración de los testigos propuestos por el Ministerio Publico y la defensas ha escuchado la victima KATHERINE JALIL SUAZO BERNARDEZ, quien estableció que todo esto surgió a raíz de que ella participará en el reinado de la feria isidra en el año 2018, en la cual ella gano y la señora Fátima apoyaba a Isabela Sánchez, y que como esta no quedo de nada, ella se molestó y que un día que paso por la tienda de la señora Fátima esta le hiso muecas y eso a ella le molesto y que por las redes se dijo de que ahora que ella había sido electa y que como el alcalde es negro todo corozal y Sambo Creek van hacer las reinas pero este el Alcalde Jerry Sabio, y que ella se dio cuenta cuando vio en la televisión la repetición del reinado en la cual les ofendían tratando de que ahora solo corozal y Sambo iban a participar en el reinado cabe destacar que a preguntas de la suscrita si la señora FATIMA le dijo a ella personalmente que era garífuna o alguna otra ofensa, contestando que no a ella no pero que un día que paso por la tienda le hiso mala cara y muecas, a preguntas entonces la señora Fátima no te ha ofendido a ti, contestando no, solo me hiso muecas y mala cara y con la declaración del testigo JOSETH ANTONY ZUNIGA, quien estableció que cuando el reinado muchas personas hablaron del reinado diciendo que ahora que el alcalde era negro todas las reinas iban a ser de corozal y Sambo, y que eso molesta porque todos somos iguales, y que la señora Fátima lo fue a buscar, él no estaba y le dejo el número de teléfono en la llamo y le dijo que le disculpara que ella es Cristiana y no ha querido ofender a nadie y que él dijo que la disculpara, a preguntas a quien ofendieron pues directamente en las redes al Alcalde Jerry Sabio, con la declaración de los testigo de descargo PEGGUI MABEL JHONSON, quien únicamente estableció que ella es afrodescendiente, y que a ella no le ofenden porque ellos se tratan de negros, y que nunca ha escuchado que la señora Fátima ofenda a nadie, la Suscrita considera que el Ministerio Publico lo que debió haber presentado es una querella ante el Tribunal de Sentencia, porque la víctima no ha dicho que la señoras Fátima la haya ofendido personalmente sino que en las redes aparece el logo de la tienda de ella, pero que en si ella no la ha ofendido personalmente, por lo que la Suscrita considera lo procedente es dictar un sobreseimiento provisional a favor del encausado ya que la VICTIMA NO ha expresado que la señora Fátima la ha discriminado , únicamente le hiso muecas, el Ministerio Publico solicito auto de formal procesamiento en contra de la imputada y la Defensa de la imputada quien ha solicitado un sobreseimiento definitivo a favor de su representada y después del estudio y análisis exhaustivo del presente requerimiento y de conformidad a las reglas de la sana critica, así como el análisis de la prueba documental y testifical y siendo que la VICTIMA no ha dicho que la imputada la haya ofendido y es la persona que pudiera acreditar de manera clara y directa la participación de la encausada en la comisión del presente ilícito. Por lo que no se ha llegado a establecer claramente que la imputada hubiese participado en la comisión del ilícito de discriminación en perjuicio de KATHERINE JALIL SUAZO BERNARDEZ por lo tanto al NO concurrir los elementos de la de la tipificación legal del delito de discriminación en la que ha podido participar la imputada pero no así existe probanza suficiente de que la misma, participo en dicha acción, lo procedente es dictar un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL y en relación a lo que consagra el artículo 295 del Código Procesal Penal y en estricto apego al artículo 92 Constitucional, 294 y 295 del Código Procesal Penal, POR LO TANTO es procedente es dictar un SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del imputado FATIMA JALIL SUAZO BERNARDEZ a quien se le supone responsable del delito de DES CRIMINACION en perjuicio de KATHERINE JALIL SUAZO BERNARDEZ , todo en base a lo que dispone el artículo 294 párrafo tercero del Código Procesal Penal, en el que literalmente se establece que la parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con aquellos que se incorporen, en relación con lo que se establece en el artículo 92 de La Constitución de la República el que literalmente dice que: solo podrá decretarse auto de formal procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice y 294 numeral 1 del Código Procesal Penal, en que se establece que, El Juez dictará sobreseimiento provisional sí, no obstante haber plena prueba de la comisión del delito, no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el mismo, pero las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvo y existe, además la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos elementos de prueba, 22 numeral 2, 24 numeral 1 y 116 del Código Penal Vigente, ya que no hay indicio racional de que la imputada haya tenido participación en el mismo, pues la victima que es TESTIGO PRESENCIAL DEL HECHO no ha dicho que la imputada la ha discriminado únicamente que le hizo muecas pero existe la posibilidad que en el término de cinco (5) años, para acreditar la participación de la imputada, pues hasta este momento únicamente existe la sospecha de la participación de la encausada en la comisión del ilícito. y extiéndase la carta de libertad provisional a favor del imputado. Acto seguido queda cerrada la presente audiencia siendo las TRES CON TREINTA MINUTOS DE LA TARDE, firmando para constancia La Suscrita Juez, La Representante del Ministerio Público, La Defensa PRIVADO y el encausado, ante La Secretaria Adjunta del despacho que da fe.” (Folios 53–64 de la pieza del A-Quo).-3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la Abogada YADIRIS OYUELA en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado OSCAR A. LUNA en su condición de apoderado legal de la señora FATIMA MARIA KALED, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) Falló: “Primero: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha 13 de octubre del año 2020 dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial. Segundo: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada contra la resolución de fecha 13 de octubre del año 2020 dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial. Tercero: REVOCAR la resolución dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial el día 13 de octubre del año 2020 a fin de que la señora juez en la audiencia Ad-Hoc que para tal efecto se señala dicte el correspondiente sobreseimiento definitivo.” (Folios 14–27 de la pieza del Ad-Quem).-4) Que la Abogada JANY VICTORINA DEL CID MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, vía correo electrónico ante este Tribunal en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil veintidós (2022), interpuso acción de amparo a favor de la Ciudadana KATHERINE JALIL SUAZO BERNARDEZ y DEL PUEBLO GARIFUNA DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 01–05 del Presente Recurso).-5) Que en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 28 del Presente Recurso).-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. -CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, con relación a la causa instruida contra la señora FATIMA MARIA KALED LUNA por suponerla responsable del delito de DISCRIMINACION en perjuicio de la Ciudadana Garífuna KATHERINE JALIL SUAZO BERNARDEZ; mediante la cual declara lo siguiente: “Primero: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de fecha 13 de octubre del año 2020 dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial. Segundo: Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada contra la resolución de fecha 13 de octubre del año 2020 dictada por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial. (…)”; argumentando en Motivación Probatoria y Jurídica de tal resolutivo,[1] que del análisis probatorio no determinó que se hubiere cometido por la señora FATIMA MARIA KALED LUNA el delito de Discriminación, precavido en el artículo 321 del Código Penal (Decreto 144-83), el cual es sancionado con una pena de tres (3) a cinco (5) años de reclusión, y multa de cuatro (4) a siete (7) Salarios Mínimos; manifestando el voto unánime del Colegiado su convicción de que nunca se probó que la imputada hubiere realizado expresiones peyorativas, constitutivas del delito de discriminación, en perjuicio de la señora KATHERINE JALIL SUAZO BERNANDEZ, por pertenecer ésta a la comunidad garífuna o afrodescendiente; no habiéndose probado tampoco, en audiencia inicial, que el hecho delictivo imputado constituya el delito de Discriminación.-CONSIDERANDO (4): Que, en formalización de su recurso de amparo, compareció la Abogada JANY VICTORINA DEL CID HERNÁNDEZ, en su condición de Agente de Tribunales de la fiscalía del Ministerio Público, expresando que dicha resolución contraviene y disminuye el derecho fundamental contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, precepto garante del derecho a un debido proceso, según el cual nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; percibiendo tal infracción al dispositivo garante, con relación a lo preceptuado en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal, que establece el deber de motivación de las resoluciones judiciales dictadas en materia penal, por cuanto es deber del juzgador expresar los hechos y fundamentos de derecho en que basa su resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido, función jurisdiccional que no se observa en el caso de autos, ya que no se aprecia que el Ad Quem apoyara su decisión en conclusiones razonables, derivadas y deducidas de las pruebas evacuadas en la Audiencia Inicial; no explicando tampoco que circunstancias fueron tomadas en consideración para no atribuirle valor a la prueba de cargo aportada por el ente acusador. No obstante, señala la garantista, el Ad Quem omite precisar los elementos probatorios que le sirvieron de sustento para arribar a su conclusión.-CONSIDERANDO (5): Que sigue señalando la amparista, Abogada JANY VICTORINA DEL CID HERNÁNDEZ, en abundancia de criterios sobre la procedencia del recurso, que el Tribunal de Justicia recurrido, apoyo su decisión sobre criterios y razonamientos meramente subjetivos; por lo que vicia la sentencia objeto de amparo la insuficiencia valorativa en que incurre la jurisdicción para desacreditar la prueba de cargo aportada por el Ministerio Público, a la luz de los artículos 59 y 60 de la Constitución de la República; 2 y 4 de la Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Tal inobservancia a los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales, omite la valoración de la mínima actividad probatoria, requerida en el momento procesal de la Audiencia Inicial por el artículo 294 del Código Procesal Penal; en la cual logró acreditarse los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal determinado en el artículo 321 (Sic.), el cual transcribe en sus elementos descriptivos de tipo; al ser evidente el ataque discriminativo ejecutado por la imputada, acción lesiva a la dignidad humana que encuadra en la ley penal sustantiva, al expresar palabras y frases discriminativas en contra de la comunidad garífuna, de la cual la ofendida forma parte. Por todo lo cual solicita de la Sala el otorgamiento de la presente acción de amparo, en vista a existir ultraje a los derechos tutelados por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (6): Que el término discriminación de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hace referencia al trato de inferioridad, exclusión o estigmatización dado a una persona o grupo de personas por motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, políticos, etéreos, ideológicos, lingüísticos, de ubicación geográfica, de filiación, de discapacidad y de estatus migratorio, entre otros. El Comité de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas, ha definido a la discriminación como:[...] toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas.[2]-CONSIDERANDO (7): Que participa el debido proceso legal de la búsqueda de la verdad, con respeto a las garantías procesales del imputado. De lo anterior, se desprende que es menester probar los hechos a quien ejerce la Acusación, no pudiendo presuponerse, o dar por equivalente análogo, ninguno de los requisitos de tipo. La acreditación debida del denominado tipo garantía,[3] significa que, sin la concurrencia de todos y cada uno de los elementos de tipo, debidamente probados y razonados ante la jurisdicción penal, con base a legalidad escrita, previa y estricta; no podría tenerse como acreditada evidencia probatoria de la existencia de un delito, acorde la norma iusfundamental del artículo 92 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (8): Que, también ha expresado la Sala de lo Constitucional, siguiendo la garantía del debido proceso, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, se hace necesario mantener la inviolabilidad del derecho de defensa en el decurso del proceso; que se asegure el derecho a ser oído en toda causa, o procedimiento, y el conocimiento de la imputación; así como la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba, así como la equiparación de posiciones entre las partes, o entre una parte y el Estado, ante el órgano jurisdiccional competente. Lo cual conlleva como implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trata. Asimismo, con base al principio de legalidad, se reafirma que el sobreseimiento podrá solo acordarse por los motivos previstos en ley;[4] en concordancia a los términos garantes que ya establece el artículo 294, párrafos tercero y cuarto, del Código Procesal Penal, cuya letra refiere: “La parte que pretenda evacuar elementos de prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez resolverá únicamente con aquellos que se incorpore. De inmediato el Juez pronunciará resolución: 1) Dictando sobreseimiento provisional; 2) Dictando sobreseimiento definitivo; y, 3) Decretando auto de prisión o declaratoria de reo”.- CONSIDERANDO (9): Que, la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO (10): Que, en el caso de la jurisdicción penal, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales conforme a lo establecido en los artículos 141 y 338 del Código Procesal Penal. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta; así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete al juez o tribunal que conoce del asunto litigioso. En el presente caso, es objeto de amparo, la consideración del Tribunal Ad Quem respecto a la imputación de una acción típica que debe ser conocida y juzgada por la jurisdicción penal, a juicio del Actor Penal; mientras que debe ser libremente sobreseída, a criterio del Letrado defensor privado. Es aparente, sin embargo, que ha resuelto indebidamente la Corte de Apelaciones concernida, al fundamentar jurídicamente su resolutivo en un tipo penal ya derogado, como es el contenido en el artículo 321 del Código Penal (Decreto 144-83).-CONSIDERANDO (11): Que, el artículo 321 del Código Penal (Decreto 144-83), en referencia, fue derogado expresamente con el advenimiento del nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), publicado en la Gaceta No. 34, 940 del viernes 10 de mayo de 2019; constando su abrogación en el artículo 634 del Código Penal vigente y sustitución por una norma penal más favorable, en términos de su penología, como son las estipuladas en el título VI (Discriminación con ocasión del ejercicio de derechos) de la Parte Especial del Código Penal. Lo anterior, en interpretación conforme del contenido preceptivo del artículo 615 del vigente Código Penal (Decreto No. 130-2017), respecto la retroactividad de la Ley Penal más favorable; y, a la vez, reconociendo primacía, por parte del Estado de Honduras, a lo convencionalmente normado por el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.-CONSIDERANDO (12): Que, por todo lo cual, a efectos de hacer prevalecer el principio de legalidad y las defensas del orden jurídico constitucional, precaviendo en el presente caso, la subsistencia de defectos procesales y la aplicación indebida de normas penales derogadas expresamente por lex posteriori; y con vistas a la aplicación, en su caso, de preceptiva penal más favorable en el ordenamiento jurídico hondureño, como ha quedado visto y explicitado, procedería la estimatoria de la presente garantía de amparo; pues si bien la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de mérito dentro del ámbito de su competencia;[5] no menos cierto es lo ha hecho sin sujeción a derecho vigente y legalmente aplicable; por lo cual, procede otorgar la presente acción de Amparo, a los efectos consabidos de que se emita nueva resolución, por parte de la honorable Corte de Apelaciones Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida; con motivación y fundamentación judicial acorde a derecho congruente, vigente y de fondo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 4, 59, 60, 80, 82, 90, 92, 96, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1), 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 8.1, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.-REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA .- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), Certificación de la Sentencia de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil veintidós (2022) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0115-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folios veintiséis vuelto y veintisiete frente de la pieza de Apelaciones.
[2] COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Observación General N°18, HRI/GEN/1Rev.2. Párr. 7 al 13.
[3] En general, se habla se habla de tipo garantía al designar el principio de legalidad en materia penal.
[4] Ver: Romero Pradas, M. ª Isabel. El sobreseimiento (2002). Valencia: Tirant monografías. Pág. 24.
[5]
Siguiendo la continuada línea jurisprudencial adoptada por la Sala de lo Constitucional en derecho comparado constitucional, en particular las sentencias SSTC 50/1984, 23/1987, 50/1988, 90/1990, 359/1993, 205/2000 proferidas por el Tribunal Constitucional (TC) español – según las cuales si bien no existe un derecho constitucional general al acierto judicial: “… (Si) podrán dar lugar al amparo constitucional cuando la interpretación y aplicación de la norma en que se funden resulte arbitraria o manifiestamente irrazonable, se apoye en una causa legal inexistente, o sea fruto de un error patente”. Vid. Montero Aroca, Juan y Flors Matíes, José. Amparo constitucional y proceso civil. Valencia: Tirant lo Blanch Editores, 2008. Págs. 80 y 81.