Sentencia AP-1134-21 — Registro 15362
Resumen
Resolución que denegó acción de amparo con relación a la causa instruida contra imputados por los delitos de Usurpación y Daños en CONCURSO REAL en perjuicio de DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA,violentando del derecho de defensa según recurrente pues no se reúnen los presupuestos legitimadores para ordenar un desalojo sin ser escuchados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha uno (1) de Octubre de dos mil veintiuno (2021), cuando señala que el recurrente esta interponiendo el Recurso de Amparo por doce (12) personas que no están siendo acusadas por el delito de Usurpación, ya que esta es dirigida contra los señores José Evelio Euceda Espinal, Luis Alonzo López Alvarenga y Julio Cesar Benítez, a quienes se les está desalojando de los terrenos que supuestamente pertenecen a los señores David Benito Mejía Carrasco, José Mejía Ucles y María Soledad Almudenia Mejía, y que lógicamente no han sido escuchados en el juicio de Usurpación por ser personas distintas a las tres (3) que se acusan por este delito, siendo evidente que no tienen el carácter de imputados y por tanto en esta causa no tienen legitimación alguna para realizar acciones legales en ese sentido. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 101 del Código Procesal Penal"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 101 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICIACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema De Justicia Sala De Lo Constitucional. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil veintidós. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha uno (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021), que denegó el recurso presentado por el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ a favor de los señores EDERMINIO HERRERA GONZALEZ, 2) NELSON ADONIS PALMA MONTES, 3) OLVIN MARTINEZ CASTRO, y OTROS, contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, con relación a la causa instruida contra los Señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA y JULIO CESAR BENITEZ por los delitos de USURPACION Y DAÑOS EN CONCURSO REAL en perjuicio de DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA. Estimando el recurrente que el acto reclamado infringe lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de octubre de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la Abogada CINTHIA G. ALVARENGA en su condición de Agente Fiscal del MINISTERIO PUBLICO, presentando Requerimiento Fiscal contra los ciudadanos JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA y JULIO CESAR BENITEZ, por suponerlo responsable de los delitos de USURPACION Y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de los Señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA. (Folios 01–112 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en la celebración del Acta de Audiencia Inicial el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, Resolvió: (SIC): “1) DECRETAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JULIO RAMIREZ BENITEZ, por suponerlo responsable de los delitos de USURPACION Y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA.- SEGUNDO: Decretar Auto de Formal Procesamiento en contra del señor LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA, por suponerlo responsable de los delitos de USURPACION Y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA.- TERCERO: MANTENER las medidas impuestas en la audiencia de declaración de imputado al imputado referido.- CUARTO: Se ordena el desalojo del bien inmueble, ubicado en la Colonia San Cristóbal, del Municipio de La Lima, Cortes, perteneciente a los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE ENRIQUE MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA, una vez que la presente resolución adquiera carácter de firmeza, para su ejecución se nombra al Juez de Paz de dicha Sección Judicial, quien deberá de personarse en el lugar de los hechos a notificar, dándoles un tiempo prudencial, a efecto que los usurpadores procedan a desalojar de manera pacifica, llevando así todas sus pertenencias personales consigo, debiendo de hacerle la advertencia el Ejecutor de concluido dicho termino se procederá al desalojo forzoso, en aras del derecho a la propiedad que ha sido plenamente acreditado en este proceso. Para tal efecto líbrese comunicación al órgano jurisdiccional ya indicado, quien se deberá de auxiliarse de la Fuerza Pública, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a tal efecto deberá de librar los oficios meritorios.- QUINTO: Declarar Sin Lugar el Sobreseimiento Definitivo solicitado por la defensa del imputado.- En este estado se da por terminada la presente audiencia, quedando notificadas las partes de esta resolución, quienes firman para constancia, ante la Suscrita Juez y el Secretaria Adjunta del despacho que da fe de lo actuado.” (Folio 161-167 de la pieza del A-Quo). 3) Que en fecha veinticinco (25) de febrero de dos mil veinte (2020), el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA HERNANDEZ, en su condición de Apoderado Legal de los Señores 1) EDERMINIO HERRERA GONZALEZ, 2) NELSON ADONIS PALMA MONTES, 3) OLVIN MARTINEZ CASTRO, 4) NORMA ISABEL HERNANDEZ ESPINAL, 5) OSCAR ARIEL CACERES RAMIREZ, 6) JOSE ALONZO ROSALES BANEGAS, 7) MARLON ROLANDO URRUTIA MALDONADO, 8) ROSALINA GUEVARA, 9) ELVIN NAHUN RAPALO BRIONES, 10) AMELIA MONCADA HERCULES, 11) CARLOS OMAR CHAVEZ HERRERA, 12) JENI LETICIA MEJIA LOPEZ, compareció presentando Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), autoridad que una vez seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional dicto Sentencia en fecha uno (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021) en la cual Falló: (SIC): “PRIMERO: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA en su condición de Apoderado Judicial a favor de los señores EDERMINIO HERRERA GONZALEZ, NELSON ADONIS PALMA MONTES, OLVIN MARTINEZ CASTRO, NORMA ISABEL HERNANDEZ ESPINAL, OSCAR ARIEL CACERES RAMIREZ, JOSE ALONZO ROSALES BANEGAS, MARLON ROLANDO URRUTIA MALDONADO, ROSALINA GUEVARA, ELVIN NAHUN RAPALO BRIONES, AMELIA MONCADA HERCULES, CARLOS OMAR CHAVEZ HERRERA, y JENI LETICIA MEJIA LOPEZ, contra la resolución Judicial de fecha 25 de septiembre del año Dos Mil Diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras Penal de esta Sección Judicial, en el proceso instruido contra los señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONSO LOPEZ ALVARENGA y JULIO CESAR BENITEZ por la comisión del delito de USURPACION Y DAÑOS EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de la DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE ENRIQEU MEJIA UCLES y MARIA SOLEDAD ALMUDENA MEJIA. SEGUNDO: Como consecuencia de tal resolución déjese sin valor y efecto la Suspensión Provisional del Acto Reclamado, que esta Corte había dictado.” (Folios 01–19 y 57-68 de la pieza del Ad-Quem) 4) Que en fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil veintiuno (2021), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que DENIEGA el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SANTIAGO DE JESUS MEJIA, a favor de los señores EDERMINIO HERRERA GONZALES, NELSON ADONIS PALMA MONTOS, OLVIN MARTINEZ CASTRO, NORMA ISABEL HERNANDEZ ESPINAL, OSCAR ARIEL CACERES RAMIREZ, JOSE LORENZO ROSALES BANEGAS, MARLON ROLANDO URRUTIA MALDONADO, ROSALINA GUEVARA, ELVIN NAHUN RAPALO BRIONES, AMELIA MONCADA HERCULES, CARLOS OMAR CHAVEZ HERRERA Y JENI LETICIA MEJIA LOPEZ, contra la resolución de fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) dictada por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula; con relación a la causa instruida contra los señores JOSE EVELIO EUCEDA ESPINAL, LUIS ALONZO LOPEZ ALVARENGA, Y JULIO CESAR BENITEZ, por suponerlos responsables de la comisión de los delitos de USURPACION Y DAÑOS EN CONCURSO REAL, en perjuicio de los señores DAVID BENITO MEJIA CARRASCO, JOSE MEJIA ENRIQUE UCLES Y MARIA SOLEDAD ALMUDEMIA MEJIA. CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, manifestando que a sus patrocinados se les ha violentado el derecho de defensa, en vista que no han sido escuchados por un órgano jurisdiccional, en evidente violación a lo establecido en los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal y posteriormente en fecha veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, el tribunal ordena el desalojo de sus clientes, los cuales ante la falta de certeza del propietario de los bienes, han solicitado ante el Instituto de la Propiedad, la respectiva solicitud de expropiación por causa de necesidad pública.- De igual manera considera que se ha violentado el debido proceso al ordenarse el desalojo al lugar denominado Colonia San Cristóbal del Municipio de la Lima, departamentos de Cortes, y no en el asentamiento donde residen sus patrocinados, cometiendo un grave error al ordenar el desalojo pues no se reúnen los presupuestos legitimadores para ordenarlo. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; consiste en el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. Es indiscutible que es de suma importancia la prueba dentro de un proceso penal, partiendo del hecho de que si alguien tiene la razón y no la puede probar, es como si no la tuviera, de ahí proviene la importancia de la prueba en la aplicación del derecho en general y particularmente dentro de un proceso penal, en donde la prueba resulta determinante. El derecho de las partes a probar sus argumentos dentro de un caso en materia penal es el aspecto más importante dentro del derecho procesal penal, pudiendo clasificarse al Código Procesal Penal en dos áreas: La primera que comprendería las normas que regulan el proceso y la segunda las normas que regulan las pruebas. CONSIDERANDO SEIS (6): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en su sentencia dictada en fecha uno (1) de Octubre de dos mil veintiuno (2021), cuando señala que el recurrente esta interponiendo el Recurso de Amparo por doce (12) personas que no están siendo acusadas por el delito de Usurpación, ya que esta es dirigida contra los señores José Evelio Euceda Espinal, Luis Alonzo López Alvarenga y Julio Cesar Benítez, a quienes se les está desalojando de los terrenos que supuestamente pertenecen a los señores David Benito Mejía Carrasco, José Mejía Ucles y María Soledad Almudenia Mejía, y que lógicamente no han sido escuchados en el juicio de Usurpación por ser personas distintas a las tres (3) que se acusan por este delito, siendo evidente que no tienen el carácter de imputados y por tanto en esta causa no tienen legitimación alguna para realizar acciones legales en ese sentido. CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha uno de octubre de dos mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 101 del Código Procesal Penal; FALLA: Confirmado la sentencia de fecha uno (1) de octubre del dos mil veintiuno (2021), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio de dos mil veintidós, certificación de la sentencia de fecha diez de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-1134=2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.