Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-1128-21 — Registro 15357

Resumen

Resolución que confirma Sobreseimiento definitivo y reforma sobreseimiento provisional,con relación a la causa instruida contra imputados, por suponerlos responsables de los delitos de Manifestaciones Ilícitas, Atentado, Daños a Equipamento y Lesiones, en perjuicio de otros derechos fundamentales, La Secretaria de Seguridad, El Orden Público y Aniel Alfredo Sánchez

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de mayo de dos mil veintidós. VISTO el recurso de amparo interpuesto por la abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCICO MORAZÁN, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; con relación a la causa instruida contra los señores ALEX MAURICIO LAGUNA BANEGAS, JOSUÉ RAFAEL FONSECA MENDOZA, EDUARDO JOSÉ MOLINA FLORES, JOEL EDGARDO ROJAS REYES y CRISTOPHER ALEXANDER FLORES ENAMORADO, por suponerlos responsables de los delitos de MANIFESTACIONES ILÍCITAS, ATENTADO, DAÑOS A EQUIPAMIENTO Y LESIONES, en perjuicio de OTROS DERECHO FUNDAMENTALES, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, EL ORDEN PÚBLICO y ANIEL ALFREDO SÁNCHEZ, respectivamente. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente estima que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, en cuanto a declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el A-Quo el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, pues carece de una motivación suficiente, en donde no existe concordancia entre lo señalado en la norma y la conclusión a la que arribó el A-Quem una vez valorada la prueba, lo cual no se hizo en forma conjunta y armónica, además le falta sustento legal y lógico por estar alejada a los hechos controvertidos. CONSIDERANDO: Que la ley dispone, que se dictará sobreseimiento definitivo: 1) cuando resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión. CONSIDERANDO: Que de la resolución recurrida en amparo se desprende, que la referida Corte de Apelaciones en su motivación declara ha lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados y no ha lugar el interpuesto por el Ministerio Público. Confirma el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo a JOEL EDGARDO ROJAS REYES y EDUARDO JOSÉ MOLINA FLORES por el delito de DAÑOS A EQUIPAMIENTO en perjuicio de la POLICIA NACIONAL; confirma el sobreseimiento definitivo dictado a favor de EDUARDO JOSÉ MOLINA FLORES por el delito de DESORDENES PÚBLICOS en perjuicio del ORDEN PÚBLICO; revoca el auto de formal procesamiento dictado a JOEL EDGARDO ROJAS REYES y EDUARDO JOSÉ MOLINA FLORES por el delito de INCENDIO CUALIFICADO AGRAVADO en perjuicio de la SEGURIDAD COLECTIVA y en su lugar que se dicte un sobreseimiento definitivo; reforma el sobreseimiento provisional dictado a favor de JOEL EDGARDO ROJAS REYES y EDUARDO JOSÉ MOLINA FLORES por el delito de ATENTADO en perjuicio del ORDEN PÚBLICO y MANIFESTACIONES ELÍCITAS en perjuicio de OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES, y reforma el sobreseimiento provisional dictado a los cinco imputados por el delito de LESIONES, en perjuicio de ANIEL ALFREDO SANCHEZ, y en su lugar que se dicte un sobreseimiento definitivo, al estimar que en cuanto al delito de incendio agravado cualificado, no se logró acreditar que el bien jurídico vida haya sido objeto de vulneración a través de la quema de la motocicleta, asimismo, no se acreditó si en realidad concurren los elementos típicos de la conducta y los elementos subjetivos el delito de lesiones; en cuanto al atentado, no se precisó de forma cierta que lo detonado fuera una bomba molotov o un petardo, ni que los policías hayan sido agredidos para evitar el cumplimiento de sus funciones; en el delito de reuniones y manifestaciones ilícitas, no se evidenció que haya habido una convocatoria con el fin de cometer delitos, ni que los asistentes portaran armas, ni que los imputados hayan formado parte de los asistentes activos en la manifestación; y en cuanto al delito de desórdenes públicos, no existen elementos de prueba que indiquen que haya producido un grave temor en la población por ese acto, o que se haya puesto en peligro la vida, salud o el patrimonio de la población. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por la recurrente, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, por lo que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.

POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 99, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 296 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada SANDRA LORENA ZÚNIGA GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda a devolver los autos al lugar de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintidós, certificación de la resolución de fecha seis de mayo de dos mil veintidós, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-1128=2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL