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Sentencia AP-1122-21 — Registro 16241

Resumen

Resolución que confirma sobreseimiento definitivo con relación a la causa instruida contra imputada por suponerla responsable del delito de Daños en perjuicio de impetrante,argumentando éste que la falta de valoración de medios de prueba le ha violentado la garantía del debido proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(11): Que esta Sala debe insistir que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. Como es sabido, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, por medio del cual se procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico. CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[2], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[3], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (14): Que en este sentido se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. CONSIDERANDO (16): Que, de acuerdo con lo anterior, y luego de un análisis in extenso de los antecedentes de mérito, se puede apreciar que las alegaciones del recurrente en este caso no son de recibo por cuanto no se observa que el Tribunal de Alzada haya actuado de manera arbitraria o ilegitima en su decisión, en tanto que la autoridad recurrida no ha hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación atinente al asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO (17): Que esta Sala advierte que la sentencia impugnada que fuera emitida por la Alzada hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie iniquidad o desafuero en perjuicio del Estado. CONSIDERANDO (18): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (19): Que de todas las consideraciones antes relacionadas, así como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no aprecia, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta, y así debe declararse"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...(11): Que esta Sala debe insistir que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. Como es sabido, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, por medio del cual se procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico. CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[2], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[3], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (14): Que en este sentido se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. CONSIDERANDO (16): Que, de acuerdo con lo anterior, y luego de un análisis in extenso de los antecedentes de mérito, se puede apreciar que las alegaciones del recurrente en este caso no son de recibo por cuanto no se observa que el Tribunal de Alzada haya actuado de manera arbitraria o ilegitima en su decisión, en tanto que la autoridad recurrida no ha hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación atinente al asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO (17): Que esta Sala advierte que la sentencia impugnada que fuera emitida por la Alzada hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie iniquidad o desafuero en perjuicio del Estado. CONSIDERANDO (18): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (19): Que de todas las consideraciones antes relacionadas, así como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no aprecia, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta, y así debe declararse"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Sentencia y la Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de octubre de dos mil veintidós VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por el Abogado AMÍLCAR UMANZOR CONTRERAS, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a la causa instruida contra el señor KAROL YERARDIN CASTRO GARAY por suponerlo responsable del delito de DAÑOS en perjuicio del Señor AMÍLCAR UMANZOR CONTRERAS. Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 64, 70, 80, 82, 90, 321, 323 y 325 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha seis (06) de marzo de dos mil veinte (2020), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento De Francisco Morazán, la Abogada CARLOTA LAGOS PORTILLO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra la Señora KAROL YERALDIN CASTRO GARAY, por suponerla responsable del delito de DAÑOS, en perjuicio del Señor AMÍLCAR UMANZOR CONTRERAS. (Folios 01–22 de la pieza del A-Quo) 2) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020), el citado Juzgado dicto Acta de Audiencia Inicial en el cual Decretó: (SIC): “…SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de la Señora KAROL YERALDIN CASTRO GARAY, por suponerla responsable del delito de DAÑOS, en perjuicio de AMÍLCAR UMANZOR CONTRERAS.- Se ordena el cese de las medidas cautelares que ha venido cumpliendo la ahora imputada y extender la respectiva carta de Libertad Definitiva, haciéndose ver a las partes que tienen el derecho a ejercitar los recursos que en derecho corresponden…”. (Folios 41–45 de la pieza del A-Quo) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado GILBERTO VÉLEZ VENTURA, en su condición de Apoderado Legal de la Señora KAROL YERALDIN CASTRO GARAY, por suponerla responsable del delito de DAÑOS, en perjuicio de AMÍLCAR UMANZOR CONTRERAS, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, dicto sentencia en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en la cual Resolvió: (SIC): “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 115-117 de la pieza del A-Quo) 4) Que el Abogado AMÍLCAR UMANZOR CONTRERAS, compareció ante este Tribunal en fecha veinte (20) de octubre de dos mil veintiuno (2021), interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 60, 64, 70, 80, 82, 90, 321, 323 y 325 de la Constitución de la República. (Folios 01–14 del Presente Recurso) 5) Que en fecha veintitrés (23) de mayo de dos mil veintidós (2022), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 48 del Presente Recurso) DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del Estado de Honduras, la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, resolvió declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el acusador privado en contra de una resolución emitida por parte del JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, que en fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte decidió decretar un sobreseimiento definitivo a favor de la imputada, al considerar que concurría a su favor una causa de inculpabilidad, considerando que la encartada, si bien causó daños materiales a la ventana de la casa del ofendido, obró impulsada por fuerza irresistible o miedo insuperable explicando en su motivación que ésta tenía un temor fundado que retuvieran a su menor hija y que su propósito era recuperarla de donde asumió estaba siendo retenida injustamente. En la sentencia de apelación de mérito, el Tribunal de Alzada estimó la confirmatoria de la decisión de la juez A Quo, por cuanto consideró que, efectivamente, concurría la causa de inculpabilidad del miedo insuperable establecido por la ley, señalando la Alzada que el miedo se originó en la imputada por la asumida pérdida de su menor hija. ALEGACIÓN DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que, según las alegaciones presentadas por el peticionario, éste consideró violentadas en su perjuicio el derecho de igualdad, la garantía a un debido proceso y del derecho de defensa, los que, según expuso en su escrito de interposición de la presente acción constitucional, se transgredieron básicamente por tres motivos: 1. La sentencia denunciada resulta ser incongruente porque la juez de letras estaba obligada conforme a ley a condenar al resarcimiento o reparación de los daños, lo cual considera el recurrente que es una omisión que demuestra que el tratamiento de la acusada ha sido privilegiado, ello en detrimento del derecho a la igualdad que debe ser respetado por la autoridad del Estado; 2. Se cuestiona la valoración de los elementos probatorios realizado por la juez, los que, según el quejoso, en ningún momento demostraron la existencia de la causa de inculpabilidad declarada; 3. Se disputa que el Tribunal de Alzada no admitiera prueba en el recurso de apelación interpuesto, siendo que el impetrante consideró que la parte contraria, o sea la defensa, introdujo nuevos hechos en la audiencia inicial, los que eran desconocidos por la parte actora porque la imputada manifestó en un inicio que actuó por miedo a que le quitaran a su hija y la defensa señaló posteriormente que ésta realizó el hecho impulsada por un miedo insuperable; RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (7): Que, de conformidad con el Código Penal anterior, aplicable al asunto de mérito, se establecía como “causas de inculpabilidad” a la fuerza irresistible o al miedo insuperable. El legislador pareció haber equiparado a estas causales como una sola, pero doctrinariamente sabemos que son distintas. La fuerza irresistible se produce cuando una fuerza ajena anula la voluntad del sujeto en cuestión, mediante el empleo sobre él de una fuerza física irresistible o absoluta que desencadena en la comisión de delito. En el miedo insuperable no se contempla la fuerza física irresistible pues ésta actúa sobre el cuerpo, excluyendo el comportamiento humano. Algunos tratadistas han definido o aproximado una definición del miedo insuperable, entendiéndolo como un estado emocional, mismo que puede llegar a ser de mayor o menor intensidad y que se produce por el temor fundado de un mal grave, inminente y efectivo, que nubla la inteligencia y domina la voluntad del sujeto, afectándolo de un modo intenso en su capacidad de elección. CONSIDERANDO (8): Que refiriéndose a las causas de exculpación en general, el tratadita español MIR PUIG ha dicho acertadamente que la responsabilidad penal no solo decae cuando el sujeto del injusto se encuentra en condiciones psíquicas distintas a las normales (que es el caso de la inimputabilidad), sino cuando actúa en una situación motivacional anormal a la cual el hombre medio hubiera sucumbido. Se dice entonces que se ha obrado en situación de “no exigibilidad”, porque se entiende que el Derecho no considera exigible a nadie resistir a una presión motivacional excepcional que el hombre medio no podría soportar. Nos recuerda el jurista español que, en estas son causas que excluyen la responsabilidad penal y que, en el caso específico del miedo insuperable, entendida en la doctrina como una causa de exculpación, la anormalidad motivacional—que es común a todas las causas de exclusión—no procede de una anormalidad del sujeto, sino de una anormalidad de la situación[1] En la doctrina y jurisprudencia penal ha sido generalmente aceptado que deben concurrir varios elementos para estimar la existencia de esta causa de inculpabilidad, destacándose primeramente la presencia de un temor que coloque al sujeto en un estado emocional de tal intensidad que le prive del normal uso de la razón y, además, que el miedo sea inspirado en un hecho efectivo, real y acreditado, que resulte ser además insuperable para el sujeto. CONSIDERANDO (9): Que del examen de las decisiones de los órganos jurisdiccionales en cuestión si bien se aprecia que la motivación ofrecida tanto por la A Quo como por el Tribunal de Alzada ha sido limitada y no nos han ofrecido una explicación amplia que refleje un estudio minucioso y definible del miedo insuperable en el caso específico de la imputada, los razonamientos plasmados en las resoluciones que se examinan si bien pudieron ser más explicitas, resultan ser suficientes para justificar sus decisiones y para cumplir con el deber de motivación que manda la ley, pues no se advierte que haya mediado arbitrariedad de parte de los órganos jurisdiccionales en la emisión de sus resoluciones, sino que las mismas derivan de la apreciación que han hecho de las pruebas aportadas en este momento del proceso, función que les compete conforme lo manda la legislación procesal penal. CONSIDERANDO (10): Que, con respecto a las violaciones alegadas por el peticionario, esta Sala se pronuncia de la siguiente manera: 1. Sobre la condena al resarcimiento o reparación del daño, la Sala está al tanto que la ley penal establece que la exención de la responsabilidad penal declarada en el caso del numeral 1 del artículo 25 no comprende la responsabilidad civil, pero la propia norma indica que de ésta deberán responder los que hubieren causado el miedo o ejercido la fuerza.En todo caso, tal condena no competía ser declarada por la juez de letras en la audiencia inicial, en este supuesto, quien considere que le asiste este derecho podrá hacerlo valer por la vía judicial ordinaria que corresponda de conformidad con la ley.Por otro lado, la incongruencia alegada por el recurrente resulta impropia en este respecto, por cuanto la sentencia que se denuncia ha dado respuesta a las alegaciones que las partes han sometido al tribunal, el cual ha decidido sobre los mismos de tal manera que la incongruencia alegada es inexistente y tampoco esta decisión puede considerarse como un trato desigual en perjuicio del recurrente por el solo hecho de ser desfavorable a sus intereses; 2. Con respecto a la valoración de los elementos probatorios y que éstos no demostraron la existencia de la causa de inculpabilidad declarada, esta Sala ha sido enfática en afirmar que la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito a él o a los imputados en una causa criminal, es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración medie la arbitrariedad y/o se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, situación que tampoco se aprecia de las actuaciones objeto de examen. La Sala ha dicho que la posibilidad de control constitucional respecto a la formación de la convicción judicial sobre hechos constitutivos de delito existe, pero está limitada a determinados supuestos en los que la justicia constitucional puede intervenir, como aquellos casos en los que en la valoración de la prueba haya mediado arbitrariedad, error, o que para tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso, situaciones que no se advierten en el presente caso, como ya se dijo. 3. Con relación a la admisión o no de medios de prueba en la tramitación del recurso de apelación, esta es una decisión potestativa del Tribunal de Alzada, el cual por ley tiene la facultad de admitir o rechazar el recibimiento a prueba en el procedimiento de la apelación siendo la misma admisible solamente en los supuestos expresamente establecidos por la ley, estimando esta Sala que la no admisión de prueba en este caso estuvo debidamente justificado por el Ad Quem y no puede este hecho por sí mismo considerarse como una violación al debido proceso o al derecho de defensa.

CONSIDERANDO (11): Que esta Sala debe insistir que corresponde a la jurisdicción penal ordinaria y no a la justicia constitucional determinar si los elementos probatorios aportados en el proceso penal resultan o no suficientes para acreditar si un acusado tuvo o no participación en los hechos que se le han imputado, correspondiendo esta función jurisdiccional con el principio de la libre valoración de la prueba. Como es sabido, nuestro sistema se orienta hacia dicho principio, por medio del cual se procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial que la prueba deba ser valorada conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”, que conllevan a un análisis racional y lógico de la prueba. Así entonces, el juzgador no debe estar sujeto a la prueba bajo un esquema aritmético, sino racional y lógico. CONSIDERANDO (12): Que dicho lo anterior, es oportuno establecer que esta Sala asiente con lo declarado por el Tribunal Constitucional español en cuanto a que la vigencia del principio de la libre valoración de la prueba impide a la jurisdicción constitucional decidir si las pruebas han sido correctamente valoradas por los tribunales de instancia[2], por lo que su decisión en torno a ello debe limitarse inter alia a: 1) Valorar cuantitativamente si ha existido una “mínima actividad probatoria”, o sea si ha habido o no prueba que pueda estimarse racionalmente de cargo; y, 2) Valorar cualitativamente si la prueba conduce razonablemente a dar por ciertos los hechos que incriminan al acusado, es decir, si la valoración judicial no es arbitraria o irracional. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[3], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (14): Que en este sentido se ha enfatizado que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. CONSIDERANDO (15): Que esta Sala ha insistido que el recurso de amparo no constituye un recurso de instancia, pues está destinado a la protección constitucional ante violaciones a preceptos de esa índole y debería ser evidente que para la apreciación de estas violaciones deben presentarse razonamientos concretos que expliquen a este Alto Tribunal cómo estas violaciones surgen del acto reclamado en amparo, y así acordar en su caso, la debida protección y consecuente restitución a estos derechos. CONSIDERANDO (16): Que, de acuerdo con lo anterior, y luego de un análisis in extenso de los antecedentes de mérito, se puede apreciar que las alegaciones del recurrente en este caso no son de recibo por cuanto no se observa que el Tribunal de Alzada haya actuado de manera arbitraria o ilegitima en su decisión, en tanto que la autoridad recurrida no ha hecho más que ceñir sus decisiones a las disposiciones que contempla la legislación atinente al asunto que nos ocupa. CONSIDERANDO (17): Que esta Sala advierte que la sentencia impugnada que fuera emitida por la Alzada hace acopio de la normativa aplicable al caso según la materia, con lo cual no se prevé disminución de derechos o garantías constitucionales, en tanto que la autoridad jurisdiccional denunciada se ha limitado a aplicar la ley al caso que fue llamada a resolver, lo cual han hecho sin que medie iniquidad o desafuero en perjuicio del Estado. CONSIDERANDO (18): Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, no advirtiendo esta Sala que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO (19): Que de todas las consideraciones antes relacionadas, así como del estudio de las actuaciones de mérito, esta Sala no aprecia, como ya queda dicho, que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, por lo que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta, y así debe declararse. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, F A L L A: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado AMÍLCAR UMANZOR CONTRERAS, a favor de SÍ MISMO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintiuno (2021); Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.» «CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. VISTO el recurso de reposición interpuesto por el abogado AMÍLCAR UMANZOR CONTRERAS, contra la sentencia dictada por esta Sala en fecha trece de octubre de dos mil veintidós en el recurso de amparo interpuesto por la referida profesional del derecho, a favor del SÍ MISMO, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO: Que esta Sala observa que en la resolución contra la cual se recurre, se han pronunciado en forma motivada las razones por las que se consideró procedente la denegatoria de la acción constitucional de amparo intentada por el recurrente. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia que tales razonamientos se encuentran apegados a derecho y no advierte que de la resolución emitida o de las alegaciones del impetrante puedan establecerse razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda, por lo que resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que se ha interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: Declarar SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida y se proceda al archivo de las presentes actuaciones. CÚMPLASE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA, PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.»

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo de dos mil veintidós, certificación de la Sentencia y la Resolución de fechas trece de octubre y veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1122-2021.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] MIR PUIG, Derecho Penal Parte General, 4ª edición, TEC FOTO, Barcelona, 1996, Págs. 608-609

[2] PICÓ I JUNOY, “Las garantías constitucionales del proceso”, Bosch Editor, Barcelona, 2012, págs. 199-200

[3] APC 631-12: AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11